Las ambulancias entran y salen por la calle 5 en Lanzone, con sus sirenas alertando que algo pasa. Cuando ya son varixs lxs vecinxs en las veredas tratando de entender la situación, una persona cae al piso y empieza a convulsionar. Un policía le hace maniobras de resucitación mientras espera que llegue una de las ambulancias, que no está lejos.
“Abrió las puertas de su casa para que entre el aire, empezó a tomar mucha agua y cortó. Se enjuagó la nariz con agua tibia y eso la ayudó a sentirse mejor, pero estuvo toda la noche vomitando. Las otras personas que estaban en esa casa y habían consumido se descompensaron, pero lograron reponerse al rato con las mismas medidas de cuidados”, relata una vecina del barrio Carcova, San Martín.
Pasado el mediodía, las ambulancias y autos con personas en estado de shock llegaban todas juntas a la guardia del Hospital Fleming. Sobre la calle San Ramón familiares de lxs envenenadxs se apiñaban en la puerta de entrada esperando una respuesta o, por lo menos, saber qué les estaba pasando a sus seres queridos.
El miércoles 1° de febrero en algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires se detectaron casos graves de intoxicación por cocaína adulterada. La cifra de fallecidos al cierre de esta edición escala a 23 y las hospitalizaciones, a más de 80. En San Martín, redes de sostén y equipos de salud mayormente conformados por mujeres le pusieron el cuerpo a la situación para contener lxs consumidorxs y sus allegadxs.
Frente al prohibicionismo, un abordaje comunitario
Paola Acevedo es la responsable del consultorio diverso del Hospital Fleming y militante de “El teje de San Martín”. En diálogo con Feminacida, cuenta que el miércoles el hospital “fue una locura”. “Trabajamos arduamente, todo el equipo: desde pediatría, administración hasta promoción estuvimos todas haciendo una cadena de contactos para saber que hacíamos. Desde salud del municipio nos iban diciendo más o menos como era el protocolo para saber a dónde llevar a los casos urgentes”, señala.
Con la preocupación que las desbordaba, y con un nudo en la garganta, lograron atender a todas las personas que llegaban. Ya por la tarde, sentada en su consultorio y con la carga emocional de la jornada transcurrida, agarró su teléfono y comenzó a reenviar a todos sus contactos el mensaje con las medidas de cuidados para usarixs de sustancias.
“Como organización queremos que se empiece a trabajar en una ley de políticas de drogas ya, equipos de reducción de daños en todos los centros de salud de San Martín que trabajen con las voces de los y las usuarias. Hoy tenemos la pérdida de un montón de pibes y pibas y esto se podría haber evitado”, enfatiza Paola.
Lucia Capra es coordinadora de la casa de atención y acompañamiento comunitario “Kuña Guapa” en el barrio Costa Esperanza en José León Suarez. Entre todas las trabajadoras del espacio lo primero que hicieron fue transmitir la información de la manera más clara posible.
¿Qué hacer en caso de haber consumido? Armaron un mensaje y lo enviaron, no solamente a los grupos de trabajo, sino también a las personas que sabían que consumían esta sustancia ya que las venían acompañando: todas ellas estaban en riesgo. Las llamaron por teléfono y a las que no atendían las fueron a buscar. A medida que las cifras de muertes y personas internadas iban incrementando, se enfocaron en no caer en la desesperación. Con las SUBE cargadas, efectivo para remis y la llave del único auto que tienen a disposición acompañaron a diferentes vecinas que querían acercarse a los hospitales pero tenían miedo de ser criminalizadas.
“También tuvimos que acompañar a muchas personas de manera telefónica sobre todo por la angustia que esto les generaba, por no saber si la cocaína que habían consumido estaba o no envenenada. Hay un problema estructural que no se soluciona prohibiendo a la gente que consuma, hay que repensar todo el sistema y este es el momento”, afirma Lucía.
La Casa Convivencial “La Marabunta” está ubicada en el barrio Villa Lynch en San Martín. Manuela Orellano, quien coordina el espacio junto a otras compañeras, caracteriza un día después a ese momento como un escenario casi irreal. A todo el equipo le costó caer en la cuenta de lo que estaba pasando. Activaron sus redes de contención, llamaron a las compañeras que están en situación de consumo o que saben que de vez en cuando consumen para corroborar que estuvieran bien. Hicieron un rastrillaje y a algunas las fueron a buscar para transmitirles la información de lo que estaba pasando y ponerlas en alerta.
Mediante un comunicado en conjunto con otros dispositivos comunitarios, difundieron las medidas de cuidado y los síntomas para prestar atención. Muchas otras llamaron directamente a “La Marabunta” para decir: “Yo tomé y no sé qué hacer”. Manuela cree, como las demás, que el marco legal que existe no funciona: está totalmente caduco y esta situación lo deja en evidencia.
Sentada en la oficina de “La Marabunta”, Cintia, la operadora de turno, toma un mate y dice: “Los chicos no se nos mueren, a los chicos los están matando”. Todas coinciden con que eso lo está haciendo el prohibicionismo, los narcos que plagan los barrios, la policía siendo cómplice activa al participar en la venta, los jueces y fiscales que sostienen este marco legal y que, enfatizan, ya no funciona.
En ese sentido, consideran que es el momento de empezar a discutir seriamente el cambio de paradigma legal y del abordaje. “No podemos hacer foco siempre en la sustancia y no en el proyecto de vida de nuestrxs pibxs”, señala Manuela y agrega: “Esto nos generó un desborde total, ayer y hoy recibimos muchas compañeras en una situación de mucha angustia que nos dicen que en general consumen de esa zona pero ese día no y que si no fuera por eso estarían muertas. Si no salimos del prohibicionismo y repensamos el abordaje de forma comunitaria donde sostenerse, la realidad es que vamos a seguir en el mismo círculo”.
Ese miércoles 2 de febrero por la mañana, Teresa Perez se encontraba restaurando un monolito en memoria de los pibes víctimas de la Masacre de Carcova dado que, al día siguiente, se cumplía un nuevo aniversario. Ella es docente de la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM y estaba con todos y todas las pibas de la calle Aguado. Levantó la mirada hacia el otro lado de la vía que bordea el barrio y le llamó la atención una banda de pibes corriendo hacia el barrio Curita. ¿Qué había pasado? En ese momento, una mujer salió corriendo desde el comedor que está enfrente, llorando desesperadamente. Su cuñado estaba tirado en el piso de la casa convulsionando. Así es cómo Teresa se enteró que estaba circulando cocaína adulterada. Cargó sus cosas en el auto rápidamente y partió al barrio Curita por la calle San Martín, por donde reconoció a dos pibxs tiradxs en la vereda con el sol pegando de frente. El panorama era agobiante: esperaban a las ambulancias pero sabían que el sistema de salud ya estaba colapsando.
“Teníamos miedo porque la lista de personas conocidas que consumen es muy larga. Hace quince años que trabajo acá y nunca había visto esto”, asegura Teresa y continúa: “Hay una responsabilidad del Estado muy grande, la policía y la justicia son los que sostienen toda esta maquinaria y fábrica de violencia, hay que desbaratar eso. Yo no sé cuál es la respuesta, solo sabemos que es mucho trabajo y que nosotros le ponemos el oído, el pecho y el abrazo todos los días, pero las únicas que pagan el narcotráfico en el barrio son las doñas. Me parece que ahí es donde empieza a haber claves por donde salir. Que haya más policías que docentes en un barrio no es la respuesta. Más educación, menos balas; como decían Sandra y Rubén”.