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Castración química en Perú o cómo invisibilizar a las víctimas de abuso sexual

El Consejo de Ministros de Perú aprobó la ley de castración química, una medida ineficaz que centra la atención en sancionar al agresor e invisibiliza a la persona en situación de violencia.


El gobierno peruano envió al Congreso de La República un proyecto de ley que propone la castración química para violadores de niñes, adolescentes y mujeres. Esta medida fue anunciada por el presidente Pedro Castillo y aprobada por el Consejo de Ministros, tras hacerse conocido el caso de una niña de tres años, quien fue víctima de secuestro y abuso sexual en Chiclayo, una ciudad ubicada al norte del país.

La popularidad del suceso conmocionó y movilizó a la ciudadanía en diversas regiones, cuyas consignas exigían justicia para la niña y todas las víctimas que aún esperan. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), cada día 15 niñes son víctimas de violación sexual en el Perú, cifra que no contempla el subregistro de casos no denunciados. Para el presidente Castillo, aplicar “mano dura y medidas más severas contra los depravados” es una manera de contribuir con la implementación de políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia. En ese sentido, la castración química “reduciría el líbido y la actividad sexual” en los agresores para sancionar y prevenir.

Anteriormente, en el 2018, el pleno del Congreso aprobó en primera votación la modificación del Código Penal que incluía la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años y la aplicación de castración química cuando el juez lo decida. La aplicación de cadena perpetua fue aprobada por unanimidad, mientras que la castración química tuvo más de 20 abstenciones y 7 votos en contra.


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Al respecto, la abogada y directora de la organización feminista Demus, Cynthia Silva, señala: “El código penal ya impone cadena perpetúa a todo aquel que abuse de un menor de 14 años. Ante eso la castración química no tiene sentido. Esta medida carece de enfoque de género y muestra un profundo desconocimiento del gobierno. Se está pensando en un castigo ineficaz para el agresor, pero no en el cuidado ni recuperación de la agraviada, ni en las futuras víctimas. Aplicar la castración química es totalmente insostenible y populista”. Cabe resaltar que la desaprobación del mandatario subió de un 46 por ciento en agosto de 2021 a un 67 por ciento en abril de 2022, según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Una radiografía crítica del actual gobierno que tiene a dos tercios del país exigiendo adelanto de elecciones.

“El Gobierno no está teniendo en cuenta lo engorrosos y revictimizantes que pueden ser los procesos de denuncias para las víctimas. Muchos casos tardan alrededor de 10 años en obtener una sentencia y solo así, se podría aplicar la castración química”, continúa la directora de Demus. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el Perú un 29,7 por ciento de presos por violencia sexual de menores aún no tiene sentencia.


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Desde el punto de vista de Silva, “se debe erradicar la cultura de violación, insistir en esta medida solo patologiza y justifica la violación sexual, convirtiendo en ‘monstruos’ o ‘enfermos’ a los agresores cuando en realidad, estas personas son del entorno cercano de la víctima. Suelen ser el papá, el tío, el primo, el profesor, etcétera. Personas comunes que están entre nosotres y buscan imponer su poder. Hablamos de crímenes que tienen detrás una masculinidad dominante y agresiva que es aprendida desde que son niñes. La falsa idea de que los hombres son personas que no pueden controlarse”.

Por otro lado, pese a la precariedad y el ajustado presupuesto en los servicios que brinda el Estado peruano, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Féliz Chero, detalló que el monto destinado a la castración química será calculado de acuerdo al número de condenas por violación a la libertad sexual, en un estimado de 2 millones de soles (más de $530 mil dólares). En esa línea, la Asociación Psiquiátrica Peruana (APP) advirtió a través de un comunicado que “no soluciona el problema” y, además, la administración continua de un fármaco es “muy costosa, y requiere de una estricta supervisión sanitaria y policial”.


¿Quiénes están en contra y a favor de la castración química?

La mediatización del caso no solo ha sido aprovechada por el gobierno de turno sino también por congresistas de Avanza País, Perú Libre y Fuerza Popular. Así como el movimiento ultra conservador y religioso, Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), quienes obstaculizan los avances relacionados al enfoque de género y la Educación Sexual Integral en el país.


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Al mismo tiempo, diversas organizaciones de sociedad civil, colectivas feministas y activistas de derechos humanos se han pronunciado en contra de esta medida que tildan de populista e ineficiente. A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo se manifestó al respecto resaltando que “no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales”. Asimismo, la coordinadora nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) indica que la castración química es una forma de tortura y viola el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del reo. Además de atentar contra los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano, como la Convención Americana y las Convenciones contra la Tortura de Naciones Unidas. 

Políticas públicas con enfoque de género y ESI para prevenir

Expertas en género y derechos humanos coinciden en que la clave está en adoptar medidas preventivas que sean eficientes y aterrizadas en políticas con enfoque de género en todos los niveles, cuya articulación sea principalmente con el sector salud y educación. “Es importante que se trabaje en políticas de igualdad de género, Educación Sexual Integral para relaciones igualitarias y respetuosas, pero sobre todo el conocimiento y respeto de sus cuerpos. Para ello es vital destinar un presupuesto adecuado para que estás políticas puedan llegar a todo el país de manera eficiente. Les niñes tienen derecho a vivir sin miedo, poder expresarse libremente y crecer en entornos sin violencia”, concluye Cynthia Silva.


Este artículo también fue publicado en el medio El Grito del Sur

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Comunicadora y periodista. Dirige diversas campañas de comunicación y creación de contenidos, principalmente en territorios urbanopopulares del Perú. Trabajó como comunicadora de despacho en el Congreso de la República y en campaña de elecciones congresales. Actualmente, se encuentra como comunicadora institucional en la organización feminista Demus.

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