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Más de 25 mil personas abortaron en el sistema púb...

Más de 25 mil personas abortaron en el sistema público en 2021

Pasó apenas un año desde que el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aquel 30 de diciembre de 2020, después de incontables movilizaciones, marchas y pañuelazos, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se convirtió en una realidad en nuestro país, y casi 26 mil personas gestantes accedieron a uno desde entonces. Sin embargo, de la aprobación a la aplicación efectiva de la legislación hay un largo trecho. ¿Cómo se desarrolló este primer año con IVE en la Argentina? ¿Qué dicen los números sobre el acceso a este derecho? 

Foto de portada: Miela Sol PH

Según el último informe de Proyecto Mirar, coordinado por el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES)  e Ibis Reproductive Health, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes accedieron a una interrupción legal y voluntaria del embarazo en los servicios de salud del sector público entre enero y junio del 2021. De ellas, 5.600 abortaron en compañía de Socorristas en Red. A su vez, más de seis mil personas de todo el país se contactaron con esta organización en busca de información. El 60 por ciento tenía entre 18 y 28 años y el 4 por ciento eran adolescentes. 

Este estudio busca generar evidencia sobre el acceso a este derecho, impulsar su ampliación y fomentar el diálogo con y entre actores estratégicos. Otro de los datos que se destacan es el que mide la distribución de misoprostol, la medicación utilizada para realizar abortos seguros: en el primer semestre del 2021 se repartieron 18.820 unidades, casi la misma cantidad que en todo el 2020.

La posibilidad de acceder a estadísticas sobre esta temática marca desde un comienzo una gran diferencia con el 2020, cuando el aborto aún estaba en la clandestinidad y las cifras eran meras estimaciones. Sin embargo, las transformaciones no son sólo cuantitativas, sino que esta legislación tuvo impactos en las vivencias cotidianas de personas gestantes y profesionales de la salud.

Viviana Mazur, referente de acceso a IVE/ILE en el Programa Coordinación Salud Sexual, VIH e ITS de CABA, dio cuenta de esto. “Si yo pudiera transmitir la sensación corporal que ahora tenemos cuando atendemos y el cambio que en ese sentido se produjo… Esa cuestión de tener que encontrar las causales, de tener que preguntar, pero no una pregunta que tuviera que ver con el cuidado, sino una pregunta que tenía que ver con fundamentar y así cubrirnos de que no estábamos haciendo una práctica ilegal”, sostuvo y, realizando una comparación con la actualidad, agregó: “La sonrisa de los equipos de los primeros días luego de la aprobación tenía que ver con eso. ‘Ahora es tan sencillo’, decían muchas veces”.

Las desigualdades en el acceso a la IVE

Una de las problemáticas que se identificaron en este estudio fue la inequidad en relación al acceso a este derecho en distintas jurisdicciones del país. Uno de los indicadores que permiten ver esa brecha es la tasa de aborto, que mide la cantidad de interrupciones del embarazo cada 1.000 personas en edad fértil. En CABA, esta es de 5.6; en Tierra del Fuego 4.3; mientras que en Chaco es de 0.9 y en Formosa de 0.6. El promedio nacional es de 3.2. 

Estas diferencias pueden deberse a una mayor disponibilidad de recursos humanos y efectores garantizando servicios, mejores registros de las prestaciones y/o una mayor demanda de la población, entre otros motivos. “Argentina es un país desigual en muchos aspectos. También lo es respecto de las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley. Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan ritmos distintos para esa implementación”, sostuvo Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES.

Esto también puede verse en el número que indica la mortalidad materna, una problemática que no está distribuida de la misma forma en todo el país: las cifras en Formosa, Tucumán, Salta, La Pampa y Chaco son ampliamente superiores al promedio nacional.

Un 0800 para acompañar 

El acceso al aborto no solamente se produjo a través de centros de salud y hospitales, sino que existe una línea telefónica gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva a cargo del Ministerio de Salud de la Nación (0800-222-3444). Según el informe de Proyecto Mirar, más de diez mil seguimientos se iniciaron a partir de contactos telefónicos a esta línea en el primer semestre del 2021. No todos estos llamados terminaron en una interrupción del embarazo, sino que se asesoró a estas personas y se las acompañó en la decisión que eligieron tomar.

Según el informe, no hubo un gran incremento en los llamados en relación a períodos anteriores, lo cual puede deberse a que la línea no fue suficientemente difundida como para amplificar su impacto. Sin embargo, los datos muestran que la capacidad de respuesta por parte de la entidad fue muy buena. 

En sus conclusiones, el estudio sostiene que estas llamadas deben ser entendidas como “una punta de iceberg” de la demanda de IVE/ILE y de las barreras de acceso existentes. 

Palos en la rueda

Además de la Ley 27.610, la interrupción del embarazo también está regulada por el Decreto reglamentario 516/2021 y el protocolo nacional para la atención de esta práctica. Según Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES, este provee certidumbre, con pautas claras para los equipos de salud y autoridades sanitarias, y el reconocimiento efectivo de los derechos. 

Sin embargo, la conquista de esta legislación no marca un punto final en la lucha por el aborto legal: desde el 30 de diciembre del 2020, 35 acciones judiciales fueron iniciadas en perjuicio de esta ley bajo el alegato de inconstitucionalidad. Según Mariela Galeazzi, coordinadora de litigio de Amnistía Internacional Argentina, 18 de las causas que ella monitorea fueron interpuestas contra el Estado nacional y 12 contra los Estados locales. Estas fueron presentadas en CABA, Buenos Aires, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Chubut, La Pampa y San Juan. 

Desde las distintas organizaciones que buscan garantizar este derecho continúan exigiendo que les profesionales que obstaculizan el acceso al aborto o violan la confidencialidad de les pacientes rindan cuentas sobre su accionar. 

La lucha sigue, compañeres

“Esos vínculos que se armaron en el territorio durante la marea operaron mucho, hicieron mucha presión en los territorios. La presencia permanente de las compañeras organizadas fue un apoyo muy importante para la implementación local”, sostuvo Carlota Ramírez, referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires, en entrevista con Proyecto Mirar. Si bien el apoyo político del gobierno nacional y las autoridades locales fueron decisivos para la implementación de esta legislación, las redes feministas siguen siendo la clave para que nuestros derechos se vuelvan una realidad. 

“Sin dudas, el movimiento verde en Argentina marcó un hito en América Latina y el mundo, fue inspiracional por el gran avance que hizo en cuanto el acceso equitativo al aborto, y hay mucho que se pueda aprender sobre su implementación”, analizó Brianna Keefe-Oates, investigadora de salud pública y asesora para Ibis Reproductive Health. 

La organización en las calles, en los barrios y en los espacios de decisión política nos llevó hasta donde estamos hoy. Vivimos en un país que decretó con fuerza de ley el acceso libre, seguro y gratuito al aborto, a la posibilidad de que las personas gestantes decidan sobre sus cuerpos y sus destinos. Pero esto no quiere decir que la lucha haya terminado, sino que recién empieza una nueva batalla:  lograr una implementación federal e igualitaria de este derecho. 

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Periodista y tallerista en Feminacida. Nació en diciembre de 1996. Estudia Ciencias de la Comunicación en la UBA y escribió en la Agencia de Noticias de la carrera (ANCCOM). Co-coordinó el podcast Intimidad Corrompida. Actualmente trabaja como creadora de contenidos para redes.

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