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Ushuaia: no más violentos en las cooperativas

Ushuaia: no más violentos en las cooperativas

Yanira Martínez Ortiz es subsecretaria de Vivienda de Ushuaia y fundadora de la cooperativa Mujeres Cooperativistas. En junio denunció al concejal Javier Branca y a su asesor Maximiliano Rijo por extorsión, amenazas, chantaje y violencia política.

Representada por las abogadas Fabiana Ríos, ex gobernadora de Tierra del Fuego, y Solange Verón, militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Yanira Martínez Ortiz busca que se tomen medidas de protección por parte del poder judicial tales como custodia policial y restricción de acercamiento.

Varones con poder

Yanira Martínez Ortiz llegó en 2010 a Ushuaia. Para empezar a tender vínculos, como toda persona recién mudada a un nuevo lugar, se sumó a la Cooperativa Nuestro Techo, cuyo titular actual es Maximiliano Rijo. Allí fue secretaria durante un período y presidenta en dos oportunidades.

Es en esa cooperativa donde conoció a Javier Branca, con quien estrechó un vínculo de compañerismo, militancia y amistad por los roles que ocupaban en la organización. En 2019 decidieron participar de un espacio político. Branca fue electo como concejal y, posteriormente, Martínez Ortiz fue convocada para estar a cargo de la Subsecretaria de Vivienda de la municipalidad de Ushuaia.

Ambos seguían asociados a la cooperativa porque, hasta el día de hoy, viven en las casas construidas por la organización. De hecho, Javier Branca vive al lado de la casa de Yanira. Por cuestiones políticas, un año después de la elección Branca se distancia del oficialismo de turno y pasa a formar parte de la fuerza opositora. Desde ese momento, el vínculo se rompió.

La persecución y la escalada de violencia empezó luego de marcha del 3 de junio. Yanira había asistido con compañeras de la cooperativa con un cartel que decía: “No más violentos en la cooperativa”. Una consigna feminista extendida por toda la región y que da cuenta de la violencia de género transversal a todos los espacios. Sin ir más lejos, la denunciante cuenta que sacaron la idea de una cooperativa de Uruguay.



A la semana siguiente Yanira fue citada por Maximiliano Rijo, asesor de Javier Branca. Entrevistada por Feminacida, la denunciante cuenta que le dijo que había roto los códigos de respeto establecidos y “superado todos los limites”. En base a eso, le advirtió que estaba dispuesto a exponer cualquier armado con el fin de perjudicarla en el ambiente familiar y laboral.

“Después de la primera reunión quedé aturdida. Estuve una hora sentada en el auto viendo que hacía, como seguía, viendo a qué accedía y a que no”, recuerda Yanira y aclara: “En diez años de amistad no sabes qué puede sacar de contexto, ni qué es lo que puede hacer”.

Al día siguiente la volvieron a llamar porque Branca “tenía más requerimientos”. Fue así que le pidieron concretamente que renuncie a las cooperativas, que deje de organizar el barrio y que no trabaje más con les vecines; “que se corra de su órbita y que desaparezca de todo lo que esté relacionado con él, y que si eso no pasaba, la iban a hacer mierda”. Después de una tercera reunión, Yanira se da cuenta que alguien le había sacado un tornillo de una rueda de su auto y los otros los habían aflojado. Inmediatamente, buscó apoyo familiar e inició el proceso de denuncia penal.


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“La violencia política que se ejerce tiene que ver con correr a las mujeres de los espacios públicos; sean estos de representación social, de economía popular, de instituciones políticas. Son espacios cuya naturalización está puesta en cabeza de los varones. Por lo tanto, para algunos de ellos resulta ‘natural’ ejercer la amenaza y entender que nosotras estamos ahí por un permiso dado. Entonces surgen todas estas cuestiones que menoscaban nuestra subjetividad, nuestra posibilidad de participación”, aporta la abogada Fabiana Ríos y avisa: “No perdamos de vista que meterse con la vida íntima de una mujer no tiene la misma lectura social que meterse con la intimidad de un varón”.


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El estado de la causa

“Cuando hablamos con las abogadas, pensamos que el caso tenía que tomar a la violencia política desde una perspectiva de género. A partir de eso, entendimos que el feminismo se tenía que poner en alerta en todo el país y que esta causa de violencia política por razones de género tenía que hacerse oír”, cuenta Tamara Martínez, hermana de Yanira, en una entrevista con este medio.

Consultada por Feminacida sobre estado actual del proceso legal, la ex gobernadora de Tierra del Fuego indica que la denuncia fue presentada ante un fiscal de turno quien requirió una investigación penal. “El juez también instruyó investigación penal y a esta altura ya nos aceptaron como querellantes, ya se ratificó la denuncia, ya se diligenciaron las pruebas y ya fueron notificados de derechos y garantías ambos imputados. La causa está en plena investigación”, agrega Ríos.

Javier Branca desconoció los hechos aludiendo que la violencia política por razones de género no existía. Sin embargo, se tuvo que desdecir porque vio que había pruebas suficientes.


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“Buscamos que la Justicia otorgue las medidas pertinentes, que los destituya de los cargos públicos que tienen, que salgan de ahí y que no sigan ejerciendo violencia con otras compañeras o compañeros”, manifiesta Tamara Martínez. Por su parte, desde el equipo de abogadas expresan: “Yanira está protegida por una red feminista que la contiene y que la escucha. Pero no hay, por otro lado, otro tipo de contención”. A pocos días de iniciar la feria judicial, urgen medidas de protección concretas para la víctima.

“Cuando una compañera se anima a hablar salen un montón de voces a decir ‘yo estaba igual’. Hacernos escuchar y que una mujer haya podido romper ese silencio, también habilitó a que otras compañeras puedan hablar y contar esas situaciones”, reflexiona la hermana de la denunciante.

Una amenaza de un dirigente político a una compañera cooperativista a partir de un intermediario que pretendía condicionar su vida personal, pública, laboral, familiar, íntima es un hecho de violencia política. “Estos casos hay que usarlos para sentar jurisprudencia, que se haga visible que se trata de una violencia que está tipificada por la ley”, cierra Tamara Martínez.  

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