Un nuevo femicidio se suma a los 140 casos contabilizados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024. El caso de Marcela Costich, asesinada en su vivienda, vuelve a plantear interrogantes sobre la posesión de armas por parte de efectivos policiales acusados de violencia de género y la efectividad de las restricciones y botones antipánico en un contexto de total desprotección hacia las víctimas.
El femicidio de Marcela Costich, a manos de su yerno, Nataniel Thierry Schouten, ocurrió en la localidad bonaerense de General Belgrano. La detención del policía —quien cursaba una licencia médica— se produjo en una finca del Barrio Callegari, donde intentaba cometer otro femicidio contra su ex pareja e hija de la víctima. Ambas mujeres contaban con un botón antipánico, dispositivo que fue activado pero que lamentablemente no pudo evitar la tragedia. Tras la detención de Schouten, las autoridades iniciaron la intervención judicial correspondiente y se encuentran realizando las investigaciones para esclarecer los hechos.
Un caso que caso subraya la necesidad de revisar y mejorar las medidas de protección para las víctimas de violencia de género y garantizar que los dispositivos de seguridad sean efectivos en la prevención de estos crímenes. Ahora bien, ¿qué sucede cuando funcionarios niegan la existencia de la violencia de género y, en consecuencia, desarticulan los organismos y conquistas de la lucha feminista cuya función es combatirla?
En diálogo con Feminacida, Dora Barrancos, socióloga, historiadora y militante feminista, sostiene: "Vivimos un retroceso desquiciado de derechos y particularmente de los que conciernen a las mujeres y disidencias sexo genéricas. Se han eliminado políticas fundamentales con consecuencias directas sobre las víctimas de violencia. No pueden vincularse directamente los últimos femicidios con el abandono de las políticas de atención u protección de las afectadas. Pero no dudo de que se va creando un clima de impunidad que estimula la acción depredadora".
140 femicidios en 2024
Frente desmantelamiento de políticas públicas como la línea 144 y otros programas del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la realidad alarme: cada 37 horas una mujer es asesinada por su pareja o ex pareja en Argentina, según los datos brindados por el Observatorio de Violencia de Género “Ahora Que Si Nos Ven”, a partir del análisis de medios gráficos y digitales a nivel nacional.
La negación de la violencia de género y exacerbación de los discursos de odio propiciados por la Libertad Avanza durante la campaña electoral y ahora que son gobierno ,nos deja al desamparo ante una realidad ineludible: los hogares continúan siendo el lugar más peligroso para las mujeres. Victoria Tesoriero, militante feminista y socióloga, enfatiza: “El terrible retroceso en la situación económica del país junto con los discursos de odio propiciados por un gobierno que llegó a desmantelar todas las políticas de género logradas son aspectos que influyen negativamente en la cantidad de femicidios”.
En este sentido, el citado informe revela que durante julio se perpetraron 15 femicidios. Además, se registraron 155 intentos de femicidios y 14 intentos de femicidios vinculados. El análisis de los casos muestra que el 61% de los ataques fueron cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas. Asimismo, el 35% de estos crímenes tuvieron lugar en la vivienda de la víctima. Lamentablemente, al menos 125 niños, niñas y adolescentes han perdido a sus madres como consecuencia de estos actos.
Al respecto, Raquel Vivanco, fundadora de “Ahora Que Si Nos Ven”, comenta sobre las cifras brindadas en el informe: “Al menos seis femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad o armadas, como en este caso, lo que brinda cierta impunidad a los agresores, que luego cuentan con el encubrimiento cómplice de las fuerzas a las que pertenecen. El retroceso dado con la implementación de la Ley Micaela es evidente, lejos de garantizar el acceso a la justicia y la seguridad a las mujeres en situación de violencia".
Y sobre el rol del Estado, expresa: “No hace más que abonar a la impunidad de los agresores y al recrudecimiento de la violencia machista. Los femicidas no son ni locos ni monstruos. Exigimos el cumplimiento inmediato de las leyes y tratados internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres y LGBTIQ+”.
Por su parte, Melisa García, presidenta de ABOFEM, destaca la formación en violencias de género al momento de recepcionar las denuncias. Y en esta línea le parece fundamental destacar las evaluaciones de riesgo al momento de tomar las denuncias. "Si el agresor es personal de las fuerzas de seguridad es un dato por demás relevante, donde un botón antipánico es una medida desajustada por ser insuficiente. Estandarizar las medidas de prevención dan como resultado que las mismas sean ineficaces”, aporta.
Peligran los avances legislativos impulsados por la lucha feminista
El Informe “Ni Una Menos 3J” —elaborado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires— destaca los avances legislativos y los impulsos de movimientos que surgieron tras un femicidio, intento de femicidio, travesticidios y transfemicidios.
En este recorrido, lamentablemente extenso, podemos señalar como punto de inflexión el femicidio de Chiara Páez. Este caso alentó una ola expansiva en todo el país, culminando en la convocatoria del 3 de junio de 2015 a las marchas bajo la consigna “Ni Una Menos”.
En 2018, la Cámara de Diputados aprobó la Reparación a Hijos e Hijas de Madres Víctimas de Femicidios, otorgándoles una pensión equivalente a una jubilación mínima hasta los 21 años, y vitalicia en caso de discapacidad. La Ley N° 27.452 lleva el nombre de Brisa, hija menor de Daiana Barrionuevo, víctima del femicida Iván Rodríguez en 2014.
Sin embargo, la red “Atravesados por el Femicidio” informa que desde diciembre de 2023 no se registraron nuevas altas para la reparación de la Ley Brisa, ni hay acceso a información sobre este derecho. Además, reportan interrupciones y retrasos en el pago de más de 1.400 reparaciones emitidas anteriormente en distintas provincias.
Micaela García, joven que fue violada y asesinada en abril de 2017 a la salida de un boliche en la ciudad entrerriana de Gualeguay por un agresor sexual que estaba en libertad condicional, fue otra víctima. Este caso propició la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, sancionada el 19 de diciembre de 2018. Esta ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
No obstante, el gobierno nacional afirma que “la violencia no tiene género” y sostiene que esta ley no ha dado resultado, reduciendo el problema a cuestiones de “violencia familiar”. “ El abandono de la atención específica de las mujeres y de la diversidad sexo genérica revela mas que la completa negligencia frente al flagelo. Se expresa una ideología política contraria a los derechos basados en género, una oposición explícita a los feminismos tal como ha sido enunciado por el propio presidente, en concordancia con los principios de las extremas derechas planetarias", concluye Barrancos.
Foto de portada: Catalina Filgueira Risso