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Una reforma de la Ley de violencias acorde a los avances

¿Qué cambios implica la reforma integral de la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales? ¿Por qué se habla de un proceso participativo y federal? Si bien en 2009 la legislación resultó de avanzada, posibilitó que se visibilicen las violencias que con anterioridad estaban naturalizadas y reconoció derechos producto de la lucha histórica, es necesario que sea revisada para adaptarla y asumir nuevos compromisos que profundicen la lucha contra todas las formas y modalidades de violencias.

Foto de portada: Catalina Filgueira Risso

“Consideramos imprescindible adaptar la Ley a los tiempos que corren mediante un amplio proceso de diálogo federal que permita revisar la vigencia de algunos de sus preceptos. Hay ejes rectores -como los de interseccionalidad y de diversidad- que no pueden quedar sujetos a la voluntad política de los gobiernos”, sostienen desde el MMGyD.

Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados dio cuenta de los principales ejes de cambio que pretende la reforma. Entrevistada por Feminacida, sostuvo: “Las actualizaciones están ligadas a incorporar distintos tipos de violencia por motivos de género, como la violencia en la política o la violencia digital o en las adultas mayores. Creo que un eje importante debe ser las desigualdades y el racismo que sufren muchísimas compañeras de nuestro territorio plurinacional. Por otro lado, una clave ineludible es actualizar el carácter binario de la ley para incluir la perspectiva de lesbianas, trans y travestis”.


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Sobre esta perspectiva en particular, Alba Rueda, quien estuvo a cargo de la subsecretaría de Políticas de Diversidad, dependiente del MMGyD, insistió: “Es necesario abrir el universo, analizar el sistema patriarcal y el hetero. Las violencias están entendidas de modo binario por lo que no atraviesan de la misma manera a las mujeres cis que al colectivo LGBTI+. La reforma pretende un análisis específico, mecanismos de acción y asistencia específicos acordes a los lugares donde las personas travestis y trans desarrollan sus actividades”.

Hacia un abordaje integral

La integralidad tiene que ver con que la violencia por motivos de género no responde a una única causa por lo que su abordaje debe ser multiactoral, multisectorial y articulando territorios y niveles gubernamentales. Es por ello que la reforma propone adaptar las herramientas vigentes, actualizar la normativa acorde al paradigma que se propone (transversal y que considera la perspectiva de diversidad y multisectorial) fortaleciendo el rol de las provincias, los municipios y las organizaciones sociales territoriales.

A este respecto, la diputada Macha agregó: “Aquí se encadenan violencias institucionales, de género, de clase, de raza, económicas y simbólicas. Este abordaje de integralidad atendería la situación puntual, su dimensión política, jurídica, psicológica y material. Se pretende que esta actualización surja de un amplio proceso social, político, territorial y participativo liderado por el Congreso Nacional en articulación con el MMGyD, que construya los principales lineamientos que una nueva ley deba contener”. Para ello, se llevarán a cabo foros territoriales de consulta participativa en cada provincia. “Son espacios de encuentro y debate para construir de forma colectiva los nuevos lineamientos. Serán federales y podrán participar universidades nacionales, organizaciones sociales, comunitarias, espacios que trabajen la temática. La idea es construir una ley con todas las miradas”, detalló la diputada por el Frente de Todos.

Según informaron desde el MMGyD en la propuesta de reforma presentada el 25 de noviembre pasado, el proceso se realizará en tres etapas. La primera consiste en foros territoriales de consulta participativa en cada provincia, incluyendo a todos los sectores que quieran participar. En segundo lugar, la conformación de mesas de trabajo con especialistas en torno de los distintos ejes tales como la necesidad de reformas judiciales en materia de violencias por motivos de género; en cuanto a violencia económica por motivos de género; violencia digital por motivos de género; acceso al Hábitat y acceso al Trabajo. En la tercera etapa se elaborará el documento final para la nueva Ley (propuesta de anteproyecto de Ley) en base al resultado de las Etapas 1 y 2, a ser elevado el 25 de noviembre de 2022.


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El proceso total en su conjunto no podría durar menos de un año y la primera etapa no debería ser menor a seis meses para garantizar la calidad y el alcance del proceso participativo. “No pienso la ley actual en términos de deficiencias, sería injusto para una ley que fue de vanguardia en toda Latinoamérica. Más bien creo que hoy, a la luz del feminismo de masas, necesitamos poder ir un paso más lejos”, indicó Mónica Macha. 

Un paneo por las políticas públicas en la materia

En 2020, desde el Estado Nacional se lanzó el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022 con el fin de intervenir de manera estratégica  sobre las violencias. Además, la propuesta modifica el abordaje estatal de estas violencias y pone en acción herramientas para el corto, mediano y largo plazo.

Las medidas implementadas se estructuran en los ejes de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la Justicia. Las cuestiones de ordenamientos centrales son las violencias extremas (femicidios, travesticidios y transfemicidios); la autonomía económica de las personas en situación de violencia; y la dimensión cultural y estructural de las violencias por motivos de género.

Una de las principales líneas de trabajo se condensa en el Programa Acompañar, que brinda apoyo económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses para apoyar los procesos de salida de situaciones de violencia por motivos de género de mujeres y LGTBIQ+, y que alcanza en la actualidad a cerca de 90 mil personas. Asimismo, se ha promovido una línea de ingreso especial al Programa Potenciar Trabajo para personas en situación de violencia de género, alcanzando a 11.640 mujeres y LGTBIQ+. Esta ayuda pretende ser clave para poder dar los primeros pasos en la generación de proyectos de vida con independencia económica. En este mismo sentido, más recientemente, desde el Programa Producir se trabaja en el fortalecimiento de proyectos productivos de organizaciones comunitarias que contienen a personas que han atravesado situaciones de violencia de género.


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Paralelamente, la creación del Ministerio ha implicado una jerarquización institucional que ha favorecido el fortalecimiento de recursos como la Línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento las 24hs de los 365 días del año, y que en 2021 recibió más de 90 mil consultas.  

En lo que hace al acceso a la justicia, este año se creó el Programa Acercar Derechos (PAD), que durante 2021 ha asistido a más de 2250 personas en situación de violencia por motivos de género a través de las coordinaciones provinciales que se han conformado con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social. También este año se concretó el traspaso del Cuerpo de Abogadxs al MMGyD, con el compromiso de triplicar la cantidad de profesionales que lo integran. 

Otro de los programas lanzados fue el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU), a través del cual se ha acompañado a más de 190 familiares de víctimas de femicidio. Este acompañamiento consiste en apoyo económico, asistencia psicológica, asesoramiento legal, articulación para traslados y asesoramiento en la tramitación de la reparación establecida en la Ley N° 27.452.

Por último, se dio paso a la Campaña Nacional de Prevención Argentina Unida contra las Violencias de Género, de carácter permanente que trabaja sobre el origen de las violencias: las desigualdades de género y la construcción de otras masculinidades.

Sigue siendo urgente

Desde el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven se dieron a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2022, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. En ese período se cometió un femicidio cada 28 horas en lo que va de 2022, 33 intentos de femicidio y cuatro intentos de femicidios vinculados. Además, dos transfemicidios/travesticidios, pero cabe recordar que la cifra está subrepresentada ya que para la fuente de datos del observatorio, los medios de comunicación, estos crímenes no suelen ser noticia.

Como aseguró Alba Rueda, investigadora en materia de género y primera mujer trans a cargo de la subsecretaría de Políticas de Diversidad, “los mecanismos y espacios de acción para la población LGBTI+ deben ser específicos porque las violencias ejercidas sobre nosotrxs son específicas. Hay que analizar la dimensión social y política, los espacios donde el patriarcado se expresa porque se siente invadido”.

Sumado a estas cifras, ocurre que el 59 por ciento de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas, el 55 por ciento ocurrió en la vivienda de la víctima y 15 en la vía pública. Dos de los femicidas pertenecen a la policía; seis de las víctimas habían realizado al menos una denuncia y cuatro tenían medidas de protección. Al menos 43 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en lo que va de 2022.

Atentxs a estas cifras, resulta clave no pasar por alto el hecho de que la mayoría de los femicidios ocurren en la propia casa de la víctima, lo que da cuenta de que la implementación de políticas públicas, medidas y herramientas para detectar situaciones de riesgo y generar condiciones y oportunidades para que quienes conviven con su agresor cuenten con la posibilidad de acceder a una vivienda digna es imperioso.

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Nació en noviembre de 1988. Es Profesora en Letras con formación en género, feminista y militante. Actualmente vive y trabaja en el conurbano bonaerense y sueña con que le paguen por viajar y escribir desde otros rincones del mundo.

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