¿Cómo se cruzan las variables género y acceso a la vivienda? ¿Esto impacta principalmente en mujeres y disidencias? ¿Qué lectura feminista se puede hacer sobre la posible nueva Ley? Luci Cavallero, socióloga e integrante de "Ni Una Menos", participó de Sustancia X y conversó sobre estos interrogantes.
“Desde la pandemia aumentaron las consultas en las redes de Ni Una Menos para buscar ayuda. Primero en cuestiones relacionadas con aprietes o amenazas de propietarios, pero también nos escribían mujeres jefas de hogar que querían salir de un hogar violento y no podían juntar la plata para la renta, o no les alquilaban por tener hijes”, ejemplificó la militante feminista, quien trabaja en alianza junto a la organización "Inquilinxs Agrupadxs" desde hace algunos años.
Tal como expresó la socióloga, el acceso a la vivienda está en el centro de la agenda feminista. "Es uno de los principales problemas para quienes están pasando una situación de violencia y para quienes quieren imaginarse una idea de autonomía económica", continuó.
Entre sus puntos más destacados, la Ley de alquileres que se debate plantea volver a los contratos de dos años de duración con actualizaciones cada cuatro meses, según un índice o una combinación de índices acordados entre propietarios e inquilinos "mutuamente".
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Cuando la ley de Alquileres se sancionó en junio de 2020, el plazo mínimo de contrato pasó de dos a tres años. Si locatario e inquiline se ponen de acuerdo, se puede definir un plazo mayor. En aquel documento también se estableció que las actualizaciones del alquiler se realizaran, cómo mínimo, cada 12 meses y no de forma trimestral o semestral como se permitía hasta ese entonces.
Luci Cavallero advirtió que es claro que para quienes viven de su trabajo, teniendo en cuenta que si un salario mínimo está alrededor de los $80.000 y un alquiler promedio está casi al mismo valor, esto muestra la centralidad del tema a la hora de comprender las razones de la suba de la pobreza. “Sabemos también que entre las mujeres, las lesbianas, las trabas, las personas trans y no binarias los índices de informalidad laboral son más altos, los ingresos más bajos, por lo que la problemática se acentúa. La pobreza es más pronunciada en estos sectores”, analizó.
Además, de la encuesta realizada por "Inquilinxs Agrupados", surge que hay un sobreendeudamiento en la población inquilina. “Lo último que dejan de pagar es el alquiler entonces se endeudan”, dijo Cavallero y agregó que, de los datos obtenidos también se desprende que los hogares donde se observa la mayor deuda son los monomarentales. ¿Cómo no hacer una lectura feminista?
“Estos hogares hoy son como una figura sociológica donde se concentran las desigualdades. Generalmente, estas jefas de hogar no perciben la cuota alimentaria por sus hijes, tienen altos índices de informalidad laboral porque, al estar cuidando, tienen menos tiempo para dedicarle al trabajo formal. Encima este fenómeno es más oneroso, con prestamistas y tasas de interés más altas”, puntualiza la integrante de "Ni Una Menos".
Algo similar ocurre con la población travesti trans que generalmente vive en hoteles. “Durante la pandemia, observamos que la principal problemática que aparecía era que les inquilines se estaban endeudando en esos hoteles como una forma de aplazar el desalojo. Sin embargo, el hecho de acumular deudas se transforma en el motivo del desalojo”, detalla la socióloga.
Un hecho feminista
El debate por volver a modificar la ley aprobada en 2020, resultó con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados. También se habían presentado dos iniciativas para su derogación, pero no se aprobaron. A su vez, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el Interbloque Federal y otras alianzas menores se unieron para rechazar el proyecto del Frente de Todos que no pretende modificar dos puntos claves: mantener el plazo de 3 años y los ajustes anuales, pero con beneficios impositivos para los propietarios que vuelquen sus propiedades al mercado de alquiler y, de esta manera, incentivar la oferta.
La ley se está tratando desde hace más de una semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado con el apoyo de Legislación General. El Frente de Todos propuso abrir el debate convocando a una comisión con propietarios, inquilinos y cámaras inmobiliarias y, en base a sus testimonios, redactar un dictamen de reforma de la media sanción con un mayor consenso. Si se logra, el proyecto debe volver a la Cámara Baja.
La otra alternativa sería que se apruebe en el Senado sin modificaciones. No hay margen para resolver el tema y todos los bloques que componen el la Cámara Alta pronostican que este mes saldrá una nueva ley.
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Desde los sectores inmobiliarios insisten con que es necesario que las modificaciones se aprueben pronto o se podría frenar el mercado. A su vez, "Inquilinos Agrupados" se movilizó al Congreso y hubo diversas asambleas.
Sobre la importancia de la participación inquilina en los debates y comisiones, la militante feminista: “El feminismo viene a cuestionar relaciones de poder. En esta temática en particular, ocurre que el mercado inmobiliario, con un Estado que no interviene o que interviene poco como está sucediendo en este momento, tiene la decisión en sus manos de decidir quién tiene el derecho a vivir en la Ciudad. Hoy los propietarios son quienes eligen, bajo el aval de un mercado discriminatorio, quiénes son sujetos dignos de una vivienda y quiénes no”. Y concluyó: “Negarle la posibilidad de alquilar a una pareja gay es un acto discriminatorio y habla de una política patriarcal, homofóbica y transfóbica. Hay un espacio que está organizado e involucrado, que tiene voz propia y que nuevamente está levantándose en contra del avance por cercenar nuestros derechos”.
