Un grupo de 29 legisladores de la provincia de Tucumán impulsó el 1 noviembre un proyecto de ley que atentaba contra los derechos de las personas gestantes a acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación. La iniciativa encabezada por el peronista Marcelo Caponio, parecida a la presentada por el radical Raúl Albarracín el año pasado, consideraba inviable “toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto”. Hace unas horas el proyecto se cayó: las comisiones de Familia y Derechos de la Mujer firmaron la negativa del dictamen y no podrá votarse. La decisión archivó el proyecto.
Obligación de parir
“Esta iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial, del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo”, repudiaron en un comunicado las organizaciones Mujeres por Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro, el Centro de Estudios Estado y Sociedad (CEDES) y el Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
En el segundo capítulo, el escrito describía medidas de acción para garantizar el “derecho a la vida desde el momento de la concepción", que incluyen campañas de concientización, subvenciones, convenios, asistencia telefónica, el diseño de una guía de recursos y la conformación de “redes de voluntarios” para acompañar a la mujer durante la gestación y en los primeros meses luego del parto.
En los casos de testimonios sobre situaciones de abuso sexual, el proyecto establecía la obligación de realizar una ecografía, y el artículo N°21 habilitaba al personal sanitario interviniente a realizar una denuncia y requerir la intervención del Defensor de niños, niñas y adolescentes si consideraba que la declaración era falsa. Eso representaba un retroceso enorme en el abordaje de situaciones de violencia de género.
Además, el proyecto buscaba promover la creación de centros de atención a la maternidad y, en su artículo N°18, aludía al “fomento a la adopción” como la única alternativa para aquellas mujeres que no desearan ser madres. La figura de objeción de conciencia se fijaba tanto para las instituciones como para el personal médico.
Los derechos sexuales y reproductivos en Tucumán
La presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer, la peronista Graciela Medina, y la presidenta de la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad, Sara Alejandra Assán se mostraron firmes en avanzar con esta legislación. Sin embargo la propuesta obstaculizaba el acceso a aborto no punible en las causales contempladas en el artículo N°86 del Código Penal, que data desde hace casi 100 años, y ratificadas por el fallo F.A.L de la Corte Suprema.
Tucumán es una de las pocas jurisdicciones del país que todavía no adhirió al protocolo nacional que regula el ejercicio de ese derecho. Y los sectores conservadores quisieron ir por los derechos conquistados: el 2 de agosto la provincia fue declarada “pro vida”.
Entre 2012 y 2016, se realizaron sólo 16 interrupciones legales del embarazo en los hospitales provinciales, pero 6714 mujeres se acercaron con complicaciones por abortos clandestinos o inseguros, según un informe realizado por la organización Mujeres por Mujeres. De ese total, se registraron 14 muertes. Todas evitables.
Foto: Micaela Arbio Grattone
