Este 30 de diciembre se cumplen tres años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): el fiel reflejo de la lucha feminista organizada. Pero, ¿qué datos tenemos hasta acá?
Foto de portada: Micaela Arbio Grattone
El aborto es mucho más que un acto individual. Transformó la vida social, política y sanitaria del país. En concreto, reconoció el derecho a decidir de mujeres y disidencias, pero también implicó cambios en los sistemas de salud y la política pública. No es sólo una prestación más que brindan los equipos de sanitarios, sino también un hito para la sociedad que participó en uno de los debates más relevantes de la historia reciente.
El Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health, monitorea la implementación de la Ley 27.610 y analiza su constitución e importancia como un derecho. “Es mucho más que un aborto” es el reporte del proyecto. Allí se refleja la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina a tres años de su legalización.
Desde 2020, el aborto se incorporó como una práctica en centros de atención primaria de la salud y en hospitales en todas las provincias, y se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Desde la aprobación de la ley hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras en instituciones públicas de salud. Además, desde que se aprobó la ley hasta junio de 2023, la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92 por ciento de las cuales fueron sobre aborto.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto garantiza de forma integral acciones preventivas, estándares de calidad y de atención antes, durante y después del aborto. También cuenta con protocolos de atención actualizados según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Derechos en riesgo
El proyecto de “ley ómnibus” presentado este miércoles por el gobierno nacional propone modificaciones a la ley de los 1000 Días. Pretende reformar el artículo 1 de la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, que enumera objetivos para garantizar "la atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y niñas hasta los tres (3) años de edad".
En cambio, la iniciativa del Gobierno habla de "madres embarazadas", "niños desde la concepción" y no hace alusión a otras identidades de género con capacidad de gestar.
Además, sugiere agregar al capítulo 3 la "detección y asistencia a la madre embarazada y su hijo por nacer", el acompañamiento familiar y el fortalecimiento de la primera infancia.
Los datos son claros al momento de mostrar el desempeño de la política pública nacional y provincial, y la importancia de la intervención estatal, aún cuando las desigualdades territoriales para acceder al derecho persisten y deben ser corregidas. Pero el reconocimiento del derecho de las personas gestantes a decidir sobre su vida reproductiva significa mucho más.
Gio Eiriz es articulante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la región CABA. En entrevista con Feminacida, observa el impacto directo de estas nuevas políticas liberales en mujeres y disidencias sexo-genéricas: “La invisibilización y negación de la desigualdad de género y del patriarcado es el punto de partida para muchas de las medidas tomadas. La derogación de leyes que afectan a la clase trabajadora de la que somos parte, nos coloca en un lugar aún más relegado y empobrecido donde gestar y parir es nuestra principal función”.
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“Más allá de que desde la Campaña veníamos demandando más presupuesto y acompañamiento para las personas que padecen violencia, nos parecía importante tener un ministerio específico para la problemática de género. Su reducción a subsecretaría, el desfinanciamiento y el vaciamiento de esta y otras políticas estatales, ratifica que niegan toda existencia de desigualdad de género y violencia machista y que pretenden también quitarnos la libertad de decidir sobre nuestros propios proyectos de vida”, agrega.
El camino para que se promulgara la Ley de IVE fue largo y de ardua labor de activismos, construcción de alianzas y cabildeo legislativo. En 2006, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se presentó un proyecto. Fue firmado por 72 diputados y diputadas de diez partidos políticos diferentes. Así, por primera vez desde 1921 se logró insertar el debate en el recinto. En 2020, un nuevo proyecto presentado por el entonces presidente Alberto Fernández fue aprobado por ambas cámaras, producto de una larga historia de lucha. Llegó para responder también a una demanda social: las agendas de género y feministas, de salud pública, de derechos humanos, del colectivo LGBTIQ+ y de personas con discapacidad, entre otras.
Miso y mife, soberanía nacional
A tres años de su legalización, el aborto es una prestación más dentro del sistema de salud que aspira a garantizar el acceso universal a prácticas seguras en todas las provincias y en los tres subsectores de salud: público, privado y obras sociales.
Una de las fortalezas de la política de acceso al aborto seguro es la producción pública de los medicamentos para abortar, lo que contribuye a una mejor disponibilidad de las drogas y mayor accesibilidad económica. Los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro producen misoprostol. El santafecino, además, produce mifepristona.
En su artículo 264, el DNU 2023/70 deroga la ley N° 27.113 que tenía por objeto promover la actividad de los laboratorios de producción pública, es decir, aquellos que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal. Así se suprime la "Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)" lo que afecta la actividad de instituciones de alto prestigio dedicadas a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de remedios, vacunas, insumos y productos médicos.
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El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe es Sociedad del Estado provincial y se encuentra en “alerta”, según su directora Elida Formente. Recientemente se convirtió en la primera institución pública de Latinoamérica en producir y distribuir mifepristona, un medicamento que, junto al misoprostol, constituye el procedimiento más eficaz para interrupciones voluntarias del embarazo, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El LIF se constituyó como Sociedad del Estado por ley provincial en 1999. Sin embargo, produce medicamentos para el sistema público de salud de Santa Fe desde 1947. Es el principal proveedor de entre los cinco laboratorios públicos que abastecen al programa REMEDIAR, la política pública que surgió en 2002 y se consolidó para garantizar el acceso a medicamentos a más de 16 millones de argentinas y argentinos. Entrega botiquines con medicamentos esenciales en más de 8.100 centros de salud de todo el país.
Entre las especialidades que produce el laboratorio santafesino se encuentran antibióticos, corticosteroides, antihipertensivos, hipoglucemiantes, antihipertensivos, antiespasmódicos, antiparasitario, antipsicóticos, analgésicos opioides, antifebriles, anticonceptivos, protectores solares, repelentes. En total son 46 medicamentos que abarcan un amplio espectro de necesidades.
En cuanto al abastecimiento de insumos para la provisión de abortos en los servicios de salud públicos, la política pública desde la aprobación de la ley IVE/ILE ha sido una condición necesaria para mejorar la calidad en la provisión de abortos. Es claro que sin insumos no hay garantía de un aborto seguro. En ese sentido, la directora del laboratorio santafesino, afirmó que “no hay muchos laboratorios en el mundo que hagan este tipo de medicamentos", y destacó que "el laboratorio público argentino siempre está a la vanguardia”.
Según los informes públicos, no fue hasta octubre de 2018 que el misoprostol fue registrado para usos en salud reproductiva en dosis adecuadas. Durante el primer semestre de 2022, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y del Ministerio de Salud (DNSSR) se distribuyeron 38.229 tratamientos de misoprostol. Durante 2021 se distribuyeron 74.071, cuatro veces más que durante 2020. En 2022 se incorporó la distribución del llamado combipack (mifepristona + misoprostol) ampliando las opciones para el aborto con medicamentos y acercándose a los estándares de calidad internacional.
Entre 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.540 insumos para la interrupción del embarazo.
El contexto social y político que vive el país, tras la asunción del líder de La Libertad Avanza, cuestiona y pone en riesgo esta conquista, entre tantas otras, que impactan grave y particularmente en mujeres y disidencias. Esto no solo amenaza la autonomía, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, y a la integridad física y psicológica.
Aquello que supimos conseguir
El debate atravesó las calles, las escuelas, los medios de comunicación, las mesas familiares, las charlas de amigas y los lugares de trabajo argentinos. Más de 4,5 millones de personas vieron la transmisión en vivo, solo en los canales oficiales del Congreso de la Nación Argentina donde participaron legisladores y expositores con opiniones disímiles: 810 en Cámara de Diputados y 802 en Cámara de Senadores. Sanitaristas, profesionales de la salud y del derecho, activistas, ciudadanas de todas las edades incluyendo adolescentes, políticos y políticas, y periodistas de diferentes lugares del país, expresaron sus argumentos y aportaron datos durante la discusión pública.
El proceso legislativo y el texto de la ley fueron de inspiración para los sistemas democráticos de la región al plasmar la regulación de la objeción de conciencia y el acceso dentro de un sistema de salud desigual y fragmentado. El proceso de movilización social que concluyó en la norma aprobada también despertó admiración en otros países.
No obstante, aún con el compromiso de los equipos y las autoridades, todavía se observa una brecha territorial en el acceso al derecho: las 1982 instituciones públicas que dan acceso están distribuidas desigualmente. Si se miden los servicios en instituciones públicas disponibles por mujer, hay 3 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que hay 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa.
Se produjo un descenso progresivo de las niñas que llevan embarazos a término (desde 2.350 en 2018 a 1.394 en 2021), lo que implicó una disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% entre 2018 y 2021. Esto se debe en gran medida a la Educación Sexual Integral (ESI) y al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Por eso, el acceso al derecho a decidir es también una oportunidad para que niñas, niñes, niños y adolescentes hablen del abuso, de maternidades forzadas y de sus necesidades de cuidados.
Solo entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13. Como indica el reporte Es mucho más que un aborto, “son mujeres, adolescentes y otras personas gestantes con ciudadanía plena, que no mueren y pueden elegir acerca de sus vidas en libertad e igualdad”. El aborto protege la vida y no hay marcha atrás que sea posible.
