El trabajo en casas particulares: entre la informalidad y el derecho a ser reconocidas

En 2013 se sancionó la ley N° 26.844 que estableció un piso de derechos y obligaciones para las trabajadoras de casas particulares y sus empleadores: desde vacaciones pagas y aguinaldo hasta días por enfermedad y seguro de riesgo. Esta ley fue el punto de partida para comenzar a discutir más derechos y un gran hito para la economía de los cuidados. Sin embargo, desde que asumió Javier Milei más de la mitad de las políticas de cuidado fueron desmanteladas, perjudicando especialmente a este sector, que hoy representa el mayor porcentaje de trabajo informal en las mujeres.

En Argentina el 70% de las trabajadoras de casas particulares no están registradas, no tienen acceso a los derechos laborales ni a la seguridad social. “Tenemos 1.200.000 trabajadoras de casas particulares de las cuales 700.000 están en la informalidad”, detalla a Feminacida Lucía Cirmi, economista y especialista en políticas públicas de cuidado. 

Además, este trabajo implica una gran porción dentro de la economía informal del país. Según un informe del Observatorio de las Violencias y Desigualdades de Género, si se registrara al total de trabajadoras, la tasa de informalidad de la economía se reduciría 6,7 puntos.

Radiografía de un trabajo invisibilizado 

El trabajo en casas particulares fue históricamente invisibilizado y la falta de inscripción en el sistema tributario profundiza las dificultades y deja expuestas a las trabajadoras. “Las tareas de cuidado aún no son entendidas como trabajo y así nos pueden pagar cuándo y cómo quieren, y no nos registran”, expresa Ana Altamirano, secretaria general del SINPECAF, el Sindicato del Personal de Casas de Familia de Córdoba. 

Las trabajadoras que no están registradas están en desventaja a la hora de acceder al sistema de salud, no tienen seguro de riesgo del trabajo y, fundamentalmente, no se pueden jubilar. “A veces no se toma real conciencia de lo importante que es hacer aportes contributivos. Tenemos que trabajar en esa concientización porque muchas veces dicen que trabajando en negro cobran más. No, compañera, vas a tener 60 años y no vas a tener ni un aporte, ¿qué vas a hacer? El cuerpo no nos da para trabajar tantas horas”, agrega Sonia Ilg, secretaria del SINPECAF.

El sindicato está compuesto por mujeres, todas trabajadoras de casas particulares, que asesoran y reciben a muchas compañeras para informarlas sobre sus derechos. Esta tarea la hacen ad-honorem y sostienen el espacio con su propia inversión. Están al cuidado de quienes cuidan. “Para mi es muy importante sostener el lugar porque somos, de todos los trabajadores, las que menos estamos cobrando y necesitamos ser asesoradas, conocer nuestros derechos para poder defenderlos”, señala Sonia. 

La falta de información y las urgencias de lo cotidiano terminan llevando a muchas trabajadoras a aceptar condiciones desfavorables. “La gran mayoría de nuestras compañeras son cabeza de familia, muchas son madres solteras y tienen que pagar un alquiler”, analiza Ana. En el sindicato es muy común que lleguen mujeres de 70 a 75 años a buscar trabajo porque no se pudieron jubilar.

La ley N° 26.844, conocida como Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, fue un gran avance y otros países la tomaron como ejemplo para sus propias normativas. Sin embargo, aún no se cumple del todo. “Hay muchos artículos que no están reglamentados, por ejemplo si vamos tres veces por semana a trabajar y la empleadora nos pide que un día no vayamos, cree que ese día no nos tiene que pagar, pero sí. También hay dudas con el pago porque hasta 24 horas semanales se paga por hora pero después de eso se paga mensual. Los empleadores no lo saben y las chicas tienen que venir a asesorarse”, describe Sonia.

La situación de las trabajadoras migrantes

Rosa es peruana y vive en Argentina hace más de 30 años. Desde 2013 trabaja en casas de familia y a estas dificultades también se le sumó la de ser migrante. “Uno de los requisitos para regularizar mi situación migratoria implicaba tener un contrato de trabajo, ¿pero cómo alguien te va a hacer un contrato si no te conoce y encima no eres del país? Esto te frena la radicación y te obliga a trabajar de sol a sombra para que el empleador te reconozca y después pedirle por favor que te registre. Tuve que regalar a veces horas de mi trabajo para que me puedan reconocer ese derecho”, relata.

Si bien la ley N° 26.844 establece derechos para todas las trabajadoras, sean del país o no, la falta de información y de cumplimiento de la normativa las deja expuestas a la voluntad individual. Al respecto, Rosa comenta que hay muchas compañeras de otras provincias y países que llegan sin saber leer: “Los empleadores hacen lo que quieren con ellas, las levantan a la hora que quieren o incluso les retienen el pasaporte como si fueran esclavas”.

En este sentido, la secretaria general del SINPECAF insiste en jerarquizar la profesión, capacitarse, lo que también suma valor a sus salarios y visibiliza más la profesión. “También está el problema de la distancia con lo digital, muchas compañeras no saben cómo buscar en Google o cómo hacer una transferencia. Esto también las deja expuestas a que el empleador haga lo que quiera”, advierte. La importancia de capacitar en lo digital y generar programas para terminar el primario o secundario son centrales para que las trabajadoras tengan más herramientas, puedan autogestionarse y pedir lo que les corresponde. 

Entre políticas de cuidado y un futuro incierto

Argentina tuvo hitos importantes en materia de políticas públicas para el sector. La deducción de ganancias en 2005 logró que se registrara a muchas trabajadoras, sobre todo en la clase más alta. Cuando se lanzó la ley en 2013 hubo mucha concientización y debate público, lo que trajo aparejado una gran cantidad de registraciones. 

Además, la AFIP mandó intimaciones a familias de altos ingresos, donde se presumía que podría haber una trabajadora, e invitaba a registrarla. “El programa Registradas fue el último hito que le habló específicamente al sector y nació con la idea de dar un incentivo extra, pero también un subsidio, así como existe para los que pagan Ganancias, para quienes registran y están en la clase media”, explica Lucía, que estuvo a cargo del diseño y coordinación del programa junto al equipo del Ministerio de las Mujeres.

En los pocos meses que el programa tuvo publicidad y se dio a conocer se duplicó la tasa de registro mensual en la AFIP, con 40.000 trabajadoras registradas. Sin embargo, esta política pública se descontinuó cuando asumió Javier Milei. El contexto actual hace casi imposible pensar en nuevas políticas públicas que puedan apalancar el sector, aún cuando las que estuvieron vigentes demostraron tan buenos resultados. 

Según el informe "La cocina del cuidado", del Centro de Estudios Legales y Sociales, más de la mitad de las políticas de cuidado fueron desmanteladas: de 43 políticas de alcance nacional, 21 ya fueron eliminadas, 15 están en estado de alerta y sólo permanecen 7. Además, el DNU 70/2023 de Milei derogó el artículo 50 de la ley N° 26.844 que penaba con multas a los empleadores que no registraran a sus trabajadoras, incentivando así el trabajo informal.

La avanzada de desregulación dificulta y vulnera a los sectores informales de la economía y aún más a las trabajadoras de casas particulares. La ley permitió poner un piso e ir pidiendo más, pero este retroceso implica volver a defender los derechos ya conquistados. “La Comisión Nacional de Trabajadores de Casas Particulares establece un básico pero si, por ejemplo, vos tenés muchos años de trabajo en cuidado y además tenés capacitaciones y referencias, son condimentos que hacen que tu salario crezca. Podés exigir que se pague por encima del básico. Hoy lamentablemente ni siquiera podemos discutir los últimos aumentos porque el Estado Nacional no los homologa”, explica Ana Altamirano.

En el 2024 hubo un aumento salarial del 35% para el sector, pero el gobierno no lo publicó en el Boletín Oficial y, por lo tanto, tampoco figura en la AFIP, donde los empleadores consultan para pagar los sueldos. Así, muchas trabajadoras continúan cobrando el mismo sueldo de diciembre en un contexto de devaluación del 118% e inflación de 68% en tres meses. “Nosotras veníamos discutiendo sobre viáticos de transporte, el derecho a que nos provean de un uniforme y todo esto te distrae, te saca el foco y te lleva a sostener los mínimos elementales para sobrevivir”, puntualiza la sindicalista. 

Para ella, lo que faltan son campañas de concientización que pongan el foco en que el trabajo en casas particulares es un trabajo remunerado: “Debería pasar como con la Ley Micaela, en la que todos los espacios estatales tenían que tener la formación, entonces si yo voy a ANSES, que sepa que tengo esos derechos y que me derive a las áreas que corresponda. Sumaría mucho si, por ejemplo, en la televisión aparece una plaquita diciendo ‘si sos trabajadora de casas particulares, tenés que estar registrada, estos son tus derechos’”. 

Sin embargo, hay acciones concretas que pueden hacer la diferencia. Lucía Cirmi clasifica a las familias en tres grupos para las cuales se podrían tomar diferentes medidas. El primero es el de familias de clase alta que cuentan con toda la información pero no registran a la trabajadora porque saben que nadie va a entrar a su casa a comprobarlo. “Estas familias viven en countries y nosotros deberíamos poner una responsabilidad sobre la administración del country para que todas las trabajadoras que ingresen todos los días estén registradas. Esto se puede controlar, como se hace con los proveedores, y sería una medida que podría hacer la diferencia”, detalla.

El segundo grupo es el de las familias de clase media, cuyos integrantes son también trabajadores. En estos casos muchas veces tienen los recursos pero lo que falta es la información. “Para recibir un subsidio en las en las empresas de más de 100 personas, tenés que haber mostrado el recibo de tu trabajadora de casa particular, pero las oficinas de Recursos Humanos podrían hacer esto en todos los casos. Que no existan estos intermediarios hace que por ejemplo hoy, a 11 años de la sanción de la ley, haya gente que cree que registrar a la trabajadora es incompatible con recibir la asignación universal por hijo, por ejemplo”, explica Cirmi.

Finalmente, el último grupo se compone de familias con menores ingresos, para las cuales Lucía menciona que debería existir un subsidio para la contratación de trabajo de cuidado. “La necesidad de tener una ayuda en casa no es un privilegio de clase. En un hogar monoparental con chicos, necesitás una niñera y podría ser contratada de esta manera, pero para eso tiene que trabajar el Estado mediante subsidios para que ese apoyo exista”, agrega. 

Estas no son medidas imposibles ni inimaginables y ya se han probado en otros países, como Francia, que cuentan con un sistema de cuidados y mejoraron mucho sus pirámides poblacionales. Sin embargo, lo que se está discutiendo en el Congreso de la Nación es todo lo contrario.

La Ley Bases, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, perjudica directamente a las trabajadoras de casas particulares por la informalidad que caracteriza al sector. En esta publicación, Lucía Cirmi señala que de las 250.000 mujeres a punto de jubilarse, el 94% no va a llegar a los 30 años de aportes y tendrán que esperar hasta los 65 años para cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que hoy ronda los $150.000.

Esta nota forma parte del dossier "Cuidadoras: el trabajo que mueve al mundo".
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