“Luchar hoy significa no morir mañana”, dice el cartel de una mujer ayacuchana que reclama justicia, una mujer del sur al igual que Dina Boluarte, la primera y actual presidenta del Perú. Desde que asumió el mando tras la vacancia de Pedro Castillo, diversas regiones desataron su descontento hacia la élite política y corrupta del país. Ante ello, Boluarte respondió con un gobierno autoritario que reprime con violencia y anula toda vía de diálogo.
Foto de portada: Miguel Gutiérrez
El 14 de diciembre, el entonces ministro de defensa y ahora premier Alberto Otárola, anunció la aprobación del Estado de Emergencia en todo el Perú por un período de 30 días calendario. Una medida que agudiza el estallido social y restringe derechos constitucionales como la libertad, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. Durante este tiempo son las Fuerzas Armadas y la Policía quienes asumen el control del orden interno en todas las regiones del país. Hasta la fecha, su gestión ha cobrado cerca de 30 vidas y más de 300 heridos durante manifestaciones legítimas que exigen elecciones generales inmediatas.
En palabras de Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), “desde el momento en que se autorizó la participación de las Fuerzas Armadas ya hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo, puesto que no están preparadas para el restablecimiento del orden interno y el control de multitudes. Ellos utilizan armamentos de guerra y fusiles automáticos que no permiten el uso diferencial de la fuerza, están entrenados para eliminar objetivos militares, no para dispersar multitudes”.
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La situación que vive el Perú ya no es solo una crisis política: existe un estallido social que busca terminar con el gobierno cívico militar que ha posicionado en el poder a quienes perdieron las elecciones presidenciales, esa derecha rancia que esperaba tomar el control sin importar el costo. Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 71 por ciento del Perú rechaza el gobierno de Boluarte y el 80 por ciento al Congreso. Las cifras en contra de Dina se elevan en las regiones del centro y sur del país con un 79 y un 84 por ciento, respectivamente. Mientras que el repudio hacia el Congreso se concentra con mayor intensidad en el sur con un 86 por ciento y al norte con 82%.
Amenazas claras
Pese a la magnitud de las protestas en diversas regiones del Perú y las graves violaciones a los derechos humanos, Dina Boluarte y el Consejo de Estado no han dejado de respaldar la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. A través de un mensaje a la nación el 16 de diciembre, el Consejo de Estado amenazó a los protestantes e insinuó que si no frenan las manifestaciones “esas conductas pueden ser consideradas como infractoras de delitos muy graves que pueden merecer responsabilidades penales de privación de la libertad”. Asimismo, al día siguiente, la presidenta Boluarte tildó a los manifestantes de “grupos violentistas” a través de señal abierta y, al término de su discurso, cedió de inmediato la palabra a las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia Militar y la Policía.
En esa línea, recientemente se nombró al nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo O’Connor, un ex oficial del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante los años 1991 y 1998, quien trabajó junto a Vladimiro Montesinos y el expresidente Alberto Fujimori, ambos hoy presos por delitos de lesa humanidad. Liendo fue ayudante del jefe nominal del SIN, Julio Salazar, quien actualmente está condenado por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Además, de ser un defensor de la represión estatal y criminalización de las protestas, las cuales ha calificado como “insurgencia terrorista”.
Otro hecho resaltante es el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Boluarte. La embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, se reunió el 13 de diciembre con la presidenta para respaldar la “institucionalidad democrática y las acciones del Gobierno peruano para estabilizar la situación social”. Además, el secretario estadounidense, Antony Blinken, se comunicó con Dina para reafirmar su reconocimiento y brindar las medidas necesarias para “controlar la situación”. Como en el 2019, ante el golpe de estado en Bolivia contra Evo Morales, Estados Unidos se hace presente en los conflictos de territorios Latinoamericanos.
El Terrorismo de Estado vuelve
Negar la historia y no aprender de ella, nos orilla a repetirla. Durante los años 80 y 2000, época del Conflicto Armado Interno (CAI), las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú salieron a matar apuntando a un perfil específico, personas que pertenecen a las regiones más pobres, en su mayoría quechua hablantes y de zonas rurales. Esta vez la represión del gobierno actual parece perseguir el mismo perfil, teniendo un fuerte impacto en regiones como Ayacucho, Apurímac, Junín, Cusco, La Libertad y Arequipa, donde se ha disparado con proyectiles de armas de fuego en cabeza, cuello y tórax.
Un día después del anuncio del Estado de Emergencia, el 15 de diciembre, un grupo de manifestantes intentó tomar el aeropuerto de Ayacucho. Las tropas se reunieron mientras que los helicópteros volaban sobre la pista de aterrizaje y arrojaban granadas de gas para reprimir la protesta, según la Defensoría del Pueblo.
El enfrentamiento se extendió hasta la noche e invadió las calles más cercanas, arrebatando la vida de 10 personas, entre ellas un menor de edad y otras víctimas mortales que no participaban de las protestas. "No fueron balas perdidas ni accidentes. Fueron disparos directos de los militares. Esta no es la forma de calmar a la población", señaló Luzmila Alarcón, familiar de uno de los asesinados en una entrevista para Reuters. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), durante el CAI, en esta región se asesinó y desapareció a más del 40 por ciento de víctimas totales. Ayacucho no terminó de cicatrizar sus heridas y hoy vuelve a sangrar.
Dos días después de la masacre en Ayacucho, cerca de 50 integrantes de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron los locales de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y el partido de izquierda Nuevo Perú, lugares donde se venían realizando ollas comunes y albergando a campesinas y campesinos de Apurímac, Cusco y Ayacucho que se iban a movilizar en Lima. La intervención se realizó desde las 8 de la mañana sin la presencia del Ministerio Público, defensa de la parte acusada ni intérpretes para las personas quechua hablantes y de lenguas asháninka.
Detuvieron a un total de 26 personas acusadas de terrorismo, y según la Policía, se incautaron pasamontañas, supuesta propaganda subversiva, una caja de clavos y machetes. Se presume que estos últimos fueron sembrados, puesto que si bien los machetes son herramientas que se utilizan en la labor diaria de la agricultura, estos lucían completamente nuevos y aún con códigos de barra. El ingreso de la defensa se permitió recién a las 14 horas y recién a las 18 llegaron los intérpretes.
Mientras tanto, diversas personas se congregaron fuera de los locales para exigir la liberación de los campesinos, quienes con mucho miedo recobraron la libertad cerca de la medianoche. Esta detención arbitraria buscó amedrentar las protestas, por lo cual los manifestantes que provienen de regiones han decidido tomar el espacio público y alojarse en la Plaza Manco Cápac, ubicada en el centro de Lima.
“Nos preocupamos mucho cuando nos enteramos que fue la DIRCOTE porque ya tiene antecedentes de intervenciones totalmente arbitrarias e ilegales bajo argumentos de terrorismo cuando en realidad no hay indicios”, indica Nadia Lazo, abogada en temas de violencia basada en género y criminología. En este sentido, confirmó que “la intervención de la policía fue desproporcionada, pueden intervenir con una orden judicial. En el Estado de Emergencia se limita la inviolabilidad del domicilio, pero bajo ciertos supuestos como una comisión de delito, lo que no sucedió, no sustentaron ni dieron la debida información al Ministerio Público, reuniendo una serie de irregularidades desde la forma de intervención, la diligencia, prohibición del ingreso de abogades y traductores”.
Recientemente, el 26 de diciembre, se ha notificado que se abrirá una investigación preliminar por el delito de terrorismo contra los campesinas y campesinos intervenidos y será la DIRCOTE quien estará a cargo de la investigación. “Durante la visita de la CIDH, se ha presentado un informe, lo que continúa es el proceso penal que tiene 3 etapas: diligencias preliminares que es parte de investigación preparatoria, donde se recaudan elementos para continuar con los delitos imputados o no, la siguiente es valoración de medios de prueba y finalmente el juicio oral. Esperamos que el caso quede en la primera etapa por ausencia de pruebas”, culmina Lazo.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Perú
Tras las graves violaciones a derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita técnica en Perú del 20 al 22 de diciembre. Durante estas fechas se reunieron con la presidenta Dina Boluarte e instituciones estatales como el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También recibieron informes y pruebas del abuso estatal de parte de organizaciones sociales, estudiantiles, movimientos sociales, periodistas y líderes de pueblos indígenas en Lima y Cusco.
Por otro lado, los abogados Abimael Méndez y Jack Diburga denunciaron penalmente a Dina Boluartey a sus ministros por los delitos de genocidio y homicidio calificado “en grave contexto de violación de derechos humanos”.
#CIDHEnPeru Delegación de la visita técnica de #CIDH estuvo en Lima y Cusco; se reunió con organizaciones, movimientos sociales y personas líderes de pueblos indígenas para recibir información sobre las protestas y el contexto de la crisis institucional. pic.twitter.com/OmvvnrzAYl
— CIDH - IACHR (@CIDH) December 22, 2022
No se van hasta el 2024
El 83 por ciento de la población peruana pide adelanto de elecciones generales, según el IEP. Sin embargo, la alianza tácita entre el Poder Ejecutivo y Legislativo pretende mantener a todos en el poder hasta abril del 2024.
Dina Boluarte presentó un proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones que fue debatido y aprobado por el Pleno del Congreso en primera votación, pero al tratarse de una reforma constitucional, se requiere de una segunda votación en la nueva legislatura a partir de febrero del 2023. Si logra aprobarse por segunda vez, se convocaría a elecciones en abril del 2024 y, en julio del mismo año, culminarían los mandatos de la Presidencia de la República, el Congreso y Parlamento Andino.
