Tras idas y vueltas, el gobierno nacional convocó a los gremios y a los titulares de las carteras educativas de las jurisdicciones para dialogar sobre el salario mínimo docente. A pocos días del inicio de clases, en las comunidades educativas abunda la preocupación en torno a los sueldos y al cese de fondos nacionales indispensables para la sostenibilidad de las escuelas.
Paola sale de dar clases en Rafael Castillo, partido de La Matanza, una mañana de diciembre con 30 grados. Se sube al auto, agarra el celular y abre Uber, la aplicación que de ahora en más le va a permitir llegar a fin de mes. Su sueldo como docente de Inglés no le alcanza. El de su marido, comerciante, tampoco. Desde que le diagnosticaron diabetes a su hijo, a mediadios del año pasado, tiene que gastar más plata en medicamentos, que aumentaron más de 100 puntos por encima de la inflación. Llega enero y Paola no puede irse de vacaciones. Se dedica a transportar pasajeros y baraja seguir haciéndolo durante el año, mientras planifica y corrige exámenes, si no aumenta significativamente su salario.
La inflación acumulada en lo que va del 2024 es de un 46,1%, según el INDEC. Como Paola, cientos de miles de profesores, maestros y maestras ―hay cerca de un millón y medio en todo el país― están a la expectativa de la negociación de la paritaria nacional docente, que establece un piso orientativo de acuerdo salarial para todas las jurisdicciones. Actualmente, el salario mínimo es de 250 mil pesos: menos de la mitad de una canasta básica total que necesita una familia para no ser considerada pobre ($596.823).
Si bien la convocatoria de la paritaria nacional docente es obligatoria desde la sanción de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo en 2005, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho hace una semana que “la paritaria nacional docente no existe”. La escena trae recuerdos del macrismo, cuando el ex presidente de la Nación Mauricio Macri se negaba a generar dicha instancia, lo cual desembocó, entre otros motivos, en la Escuela Pública Itinerante como acción de reclamo. Una iniciativa que primero se desarrolló frente al Congreso y luego viajó por distintos puntos del país.
Finalmente, ayer, la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano se comunicó con los titulares de las carteras educativas y los sindicatos para dialogar el martes 27 de febrero “a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente".
Unas horas antes de este anuncio, los gremios docentes habían anticipado un paro nacional para el próximo lunes, día en el que inicia el ciclo lectivo en varias jurisdicciones. Una preocupación central es el cese del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representa aproximadamente un 10 por ciento de todos los salarios docentes argentinos. Este fondo fue producto de la carpa blanca y la lucha docente llevada a cabo en 1997 durante más de mil días en respuesta a la enorme disparidad salarial que trajo como consecuencia la descentralización del sistema educativo con el menemismo.
Sonia Alesso, secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), remarca a Feminacida que el contexto actual le recuerda a esa época: “Un montón de gente había votado pensando que iba a estar mejor y al poco tiempo comenzó un ajuste brutal que también llegó a la educación pública”.
Desde su conquista a través de la Ley N° 25.053, todos los gobiernos habían prorrogado el FONID vía decretos o leyes. Frente a este contexto, diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal y el Frente de Izquierda presentaron proyectos de ley para extender su vigencia durante al menos cuatro años más.
Solo el uno por ciento del presupuesto de la Administración Pública Nacional y los organismos descentralizados se destina al FONID, de acuerdo a los cálculos del experto en financiamiento educativo Alejandro Morduchowicz. “La discusión no es por el dinero”, asegura el especialista. Otro aspecto a destacar es que los montos destinados al fondo ya estaban contemplados en el presupuesto 2024 que prorrogó el del 2023: un total de $333 mil millones, el 14 por ciento de la partida designada a Educación.
El ajuste toca la puerta de las escuelas
Hoy, CTERA realizará un congreso donde evaluará posibles medidas de fuerza. A la quita del FONID se le suma la suspensión de pagos del Fondo de Compensación Salarial Docente, que genera equilibrios en las provincias que no alcanzan a cubrir el valor del salario mínimo (8 de 24), el de los Fondos de Comedores Escolares, el de Infraestructura Escolar y los aportes de Conectividad y Material Didáctico.
Para Alesso, el retiro de los fondos de comedores es dramático: “Las directoras y supervisoras están desesperadas. Ya en diciembre me llamaban para decirme: ‘Mirá, Sonia, no está alcanzando la comida y cada vez tenemos más pibes que vienen a buscarla en diciembre’”.
Una de las pocas políticas del gobierno nacional de cara al inicio del ciclo lectivo fue el incremento de un 311 por ciento de la asignación de Ayuda Escolar que alcanza a 7.300.000 de estudiantes. Las familias que pueden solicitar este aporte son las que reciben una Asignación Familiar o Universal y tienen hijes en el sistema escolar, ya sea en el nivel inicial, primario o secundario.
Consultada por este medio, Maru Bielli, legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión de Educación, subraya que no alcanza: “Se trata de un aumento de 52 mil pesos a lo largo de todo el año. Es importante que exista, pero es totalmente insuficiente, sobre todo si vemos la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los salarios. No refleja una mejora sustancial en la capacidad de las familias para resolver la canasta escolar, que es uno de los principales problemas para el inicio de clases: cómo acceder a esos insumos que se necesitan para trabajar todo el año”.
Argentina tiene “la canasta escolar más cara del mundo”, según un informe de la consultora Javier Miglino & Asociados. El conjunto de útiles necesarios para comenzar las clases cuesta actualmente 93 dólares, un 41 por ciento más que la de Estados Unidos o Brasil y más del doble que la de México.
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En ese marco, desde el bloque de Unión por la Patria en CABA proponen crear instrumentos de financiación del Banco Ciudad para la compra de útiles escolares mediante planes de cuotas y reintegros, ampliar el boleto educativo a estudiantes del nivel superior, trabajadores docentes y no docentes y una ley que le ponga topes a los aumentos de las escuelas privadas que reciben subsidio estatal, las cuales son 7 de cada 10 en territorio porteño.
Bielli afirma que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tiene dos opciones: “O se desentiende de las consecuencias que genera el proyecto económico de Javier Milei en las familias porteñas, o intenta, desde los recursos con los que cuenta la Ciudad, llevarles un poco de alivio”.
El inicio de clases se avecina en un escenario de profunda incertidumbre en lo que es la garantía del derecho social a la educación. “Cuando el gobierno nacional se desentiende de la función educativa, también estamos hablando de obras y construcción de escuelas, de entrega de computadoras y de libros, y de una serie de políticas públicas que se ponen en peligro bajo esta mirada que tiene el presidente de que el Estado no tiene que hacerse cargo de la política educativa”, concluye Bielli.