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¿Se puede pensar la tenencia de armas desde una perspectiva de género?

Por Catalina Filgueira Risso y Solana Camaño


El 25 por ciento de los asesinatos a mujeres cometidos durante el 2021 en Argentina fueron realizados con armas de fuego y uno de cada nueve fueron en manos de agentes de las fuerzas de seguridad. Así lo indica un informe de la Asociación para el Análisis de Políticas Públicas (APP) en alianza con el Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que fue realizado con el apoyo de la Embajada de Irlanda.

El trabajo que analiza la tenencia y portación de armas desde una perspectiva de género se detiene en una serie de puntos. En primer lugar, la investigación advierte que esta situación no solo se traduce en femicidios, sino que también trae aparejado el miedo de las mujeres que conviven con quienes portan las armas. “La presencia de un arma de fuego en un contexto de violencia doméstica lo agrava enormemente. Es una amenaza latente”, afirma a Feminacida María Pía Devoto, directora de APP y coordinadora de la Red de Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe (SEHLAC). 

Este escenario se ve reforzado por el hecho de que, de acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el 99 por ciento de los usuarios de armas registradas son varones. Según Yohanna Solis, coordinadora general del CEPI y del “Observatorio de Mujeres y Diversidades: política, paz y desarrollo”, este cuadro reproduce violencia simbólica y “un modelo violento de disparidad de poder que está asentado en bases de una construcción patriarcal dándole un valor a la masculinidad tóxica que hace que sea violento ya el entorno”.

Si bien la mayoría de los usuarios que portan armas son civiles, entre el 2020 y el 2021, los agentes de las fuerzas de seguridad que cometieron femicidios aumentaron del 2,5 por ciento al 9,6 por ciento. De las 25 personas pertenecientes a las fuerzas, al menos 13 cometieron los delitos con sus armas reglamentarias. Según Devoto, este escenario subraya la necesidad de repensar el Estado policial que tiene que ver con que las personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad tengan constantemente el arma, no sólo en su trabajo, sino en su casa, en sus espacios privados. “Que una persona porte 24 horas al día un arma cuando su trabajo es solo 8 horas por día implica que haya una relación entre la persona y el arma y una relación entre esa persona y su entorno, porque es una presencia y una amenaza permanente”, explica, por su parte, Solis.


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La problemática se torna doblemente compleja cuando se piensa en las posibilidades de denunciar. “No es lo mismo denunciar un caso de violencia de género que otro y mucho menos hacerlo en las fuerzas de seguridad, cuando la persona que te violenta pertenece a esas fuerzas porque funciona ahí, también, esa estructura de encubrimiento”, describe la coordinadora del CEPI. 

Existen mecanismos para restringir la portación, la tenencia y el transporte de las armas por parte de las fuerzas de seguridad cuando han sido denunciadas por situaciones de violencia de género. La resolución 1515 del 2012 del Ministerio de Seguridad de la Nación reconoce el agravante que existe en los casos de violencia de género cuando la persona denunciada integra las fuerzas de seguridad y por lo tanto, cuenta con un arma disponible.

Esta medida, que se adoptó en consonancia con el cumplimiento de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, dispone que la utilización del arma sea sólo en el espacio de trabajo y por las horas en que se encuentra en servicio para aquellos que cuenten con causas judiciales. 

“Conocemos las limitantes que tiene una denuncia para, primero, asentarse y luego, transformarse en una causa que se judicialice. Ahí aparecen los obstáculos del sistema para que se dé dentro de las condiciones de la resolución”, apunta Solis y Devoto agrega que la ANMAC también cuenta con la posibilidad de suspender licencias de armas de fuego a personas de la sociedad civil cuando se le presentan oficios judiciales por violencia de género, pero eso no implica la entrega del arma, sino que quien es suspendido ya no se considera como legítimo usuario.

El problema que aparece es el del subregistro, ¿hasta dónde el Estado está en capacidad y conocimiento para implementar estos mecanismos de protección? 


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Sin datos no hay política pública

En Argentina, la ley que regula la adquisición, uso, tenencia, portación y/o transmisión de armas es la Ley Nacional 20.429 de Armas y Explosivos sancionada en 1973, la ANMAC es el ente que se encarga de su aplicación y fiscalización. Tal como retoma el informe de APP y CEPI, actualmente, existen 1.562.332 armas registradas en este organismo, de las cuales el 84 por ciento pertenecen a civiles. Desde distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con temáticas de desarme, estiman que hay unas seis millones de armas circulando por fuera del mercado formal. 

“Tampoco se sabe cuáles son las armas que hay en circulación. Los datos que se tienen son de las armas que han tenido alguna vez, algún registro. Hasta 1994, no era necesario registrar el arma cuando la comprabas y tuvimos, previo a la década del noventa, un país con muchas empresas estatales de fabricación que, al igual que muchas otras empresas estatales, sufrieron el proceso de privatización del menemismo”, describe la directora de APP. 

Uno de los mecanismos con los que el Estado identificaba la cantidad de armas en circulación era la Encuesta Nacional de Victimización que realizaba el Ministerio de Seguridad de la Nación junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La última se publicó en 2017 y daba cuenta que el 3,9 por ciento de los hogares argentinos tenían un arma de fuego. “Se descontinuaron completamente estas encuestas nacionales. Nosotrxs las habíamos solicitado porque son herramientas muy interesantes que te permiten sacar ciertas conclusiones sobre el universo total de armas y sabiendo cuáles están legales, poder identificar el mercado irregular”.

Otra herramienta con la que cuenta el ANMAC es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que fue creado en el 2008 por la Ley 26.216, más conocido como el Plan de Desarme. Este plan tiene el objetivo de reducir la circulación de armas en la sociedad mediante la entrega anónima a cambio de un incentivo económico. Desde el 31 de diciembre de 2021, el programa se encuentra suspendido hasta que el Congreso de la Nación apruebe la nueva ley de prórroga para la puesta en funcionamiento. 


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Por su parte, la coordinadora del CEPI asegura que así como hay un subregistro del universo de la tenencia y portación de armas, lo mismo sucede con el registro de feminicidios. “Si bien en la Argentina contamos con un informe muy bien construído como es el Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte, este presenta las limitantes que tiene el sistema”, señala y detalla: “El informe está hecho sobre mujeres cis e incluye cinco transfemicidios que son los que se pudieron reconstruir por las mujeres trans que habían realizado su cambio registral. Pero hay un montón de asesinatos que quedan caratulados así y no como femicidios. Así como tampoco tienen información del medio comisivo, por lo que no podés saber si fueron armas de fuego”.


Crédito: ANMAC

Pensar las armas desde una perspectiva de género

Como señala el informe, el 99 por ciento de las armas están en manos de varones. Esto demuestra una clara masculinización en el uso de las armas de fuego, pero ¿por qué sucede y de qué manera se imponen los estereotipos de la masculinidad en la tenencia de armas?

“Hay un sesgo de género que va desde la constitución de las fuerzas hasta la concepción del uso de las armas y que está muy atravesado por el concepto estereotipado de masculinidad”, ilustra Solis. Devoto explica que “el símbolo que tienen las armas es el del poder asociado a la virilidad, a la reafirmación de la idea del macho”. Por eso ambas sostienen que es importante desmitificar y desarmar ese imaginario que asocia el arma al poder, a la protección y a la seguridad. 

La coordinadora de SEHLAC sostiene que restringir el acceso a armas de fuego a personas que tienen antecedentes de violencia de género puede tener un impacto real así como cuando se realiza una denuncia que se incluya la pregunta sobre si quien está siendo denunciado tiene o no un arma, para poder evaluar el riesgo de vida real que corre quien denuncia. 


Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género podés comunicarte con la Línea 144 que brinda contención, acompañamiento y asesoramiento las 24 horas del días, los 365 días del año en todo el territorio nacional. Si te encontrás en una situación con riesgo de vida, comunicate al 911.


Foto de portada: ANMAC

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