El Informe de Relevamiento 2021 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) se realizó con el apoyo de UNICEF Argentina y en conjunto con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este relevamiento es de vital importancia para la gestión e implementación de políticas públicas que garanticen y restituyan de manera integral los derechos de niños, niñas y adolescentes infractores de la ley.
Todos los años, y principalmente desde los sectores políticos de derecha, se abren debates en cuanto a la baja en la edad de imputabilidad y al incremento de las medidas de “castigo” que merecería el incumplimiento de la ley por parte de infancias y adolescencias. En cambio, todas las iniciativas que se presentan en el Informe de Relevamiento tienen como objetivo avanzar en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal: la privación de la libertad como último recurso; el derecho a la defensa; el principio de legalidad; recibir un trato digno; la prohibición absoluta de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; entre otros.
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A la fecha del relevamiento, en el país había 4.437 adolescentes incluidos en los diferentes dispositivos de cumplimiento de una medida penal del país. El 95,5% eran varones. El 2,7% tiene menos de 16 años, el 39,1% de entre 16 y 17 años, y el 55,8% 18 años y más. El 80,1% cumple con alguna Medida Penal en Territorio, el 3,4% está alojado en un establecimiento de Restricción de Libertad y el 16,5% se encuentra en un centro de Privación de Libertad. Esto se adecua a los estándares internacionales vigentes en materia penal juvenil que imponen a los Estados aplicar la medida privativa de libertad como último recurso.
Según la experiencia en otros países de Latinoamérica, la baja en la edad penal mínima no redujo el índice de delitos sino que por el contrario afectó incluso las garantías procesales de niños, niñas y adolescentes.
Cabe señalar que resulta mínimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, sobre todo en la franja de 14 y 15 años. En Argentina, según el último “Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población”, había al 31 de agosto del 2020 2.221 adolescentes infractorxs o presuntxs infractorxs a la ley penal de hasta 17 años inclusive alojades en establecimientos o incluides en medidas territoriales del sistema penal juvenil de todo el país. Este número representa menos del 0,1% del total de adolescentes de 14 a 17 años del país. De ese total, la mayoría tiene entre 16 y 17 años.
¿Cuáles son las medidas judiciales que existen?
Cuando une adolescente de entre 16 y 18 años es penalmente responsable por un delito, se toman medidas judiciales con un abordaje socioeducativo. Estas pueden ser medidas penales en territorio que implican construir junto con le adolescente un escenario que les aleje de la transgresión a la norma penal, que les estimule a ejercer sus derechos y a respetar los derechos de las demás personas y a asumir sus responsabilidades dentro de su ámbito sociocomunitario. Esta debe ser la finalidad primera de cualquier intervención.
Luego existen las medidas de privación de libertad que comprenden intervenciones socioeducativas que incluyen la restricción o la privación de la libertad. Implica el ingreso a dispositivos de privación parcial o total de la libertad, y debe ser el último recurso. En caso de que eso suceda, la libertad debe ser el único derecho parcialmente suspendido: todos los demás derechos deben estar garantizados con miras a la reinserción sociocomunitaria.
Cabe recordar que, como en todos los casos vinculados con presuntas infracciones a la ley penal, rige el principio constitucional de inocencia, por lo cual la persona implicada debe ser tratada como inocente en todo momento, hasta que una sentencia firme declare su responsabilidad penal. Asimismo, es esencial tener en cuenta que niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo, por lo que no pueden ser juzgades y sancionades igual que las personas adultas.
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Según la observación Nº24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil del Comité de los Derechos del Niño del año 2019: “Los medios de comunicación suelen transmitir una imagen negativa de los niños que delinquen, lo que contribuye a que se forme un estereotipo discriminatorio y negativo de ellos. Esta representación negativa o criminalización de los niños suele basarse en una distorsión y/o una comprensión deficiente de las causas de la delincuencia, y da lugar periódicamente a que se reclamen planteamientos más estrictos (tolerancia cero, el criterio de las tres condenas, sentencias obligatorias, juicios en tribunales para adultos y otras medidas esencialmente punitivas)”.
Los datos relevados en el Informe pretenden instar a diseñar, planificar y ejercer una justicia restaurativa. Para ello, se propone un enfoque reflexivo que convoque al diálogo y que permita llevar a la acción distintas experiencias novedosas que permitan “una mayor cercanía, abordaje y articulación para las necesidades de las y los adolescentes”, indican desde SENAF.
