Personal administrativo del hospital Papa Francisco de Salta le negó la atención a una mujer que asistió con trabajo de parto y dio a luz en la vereda del lugar. “La recepcionista nos dijo que no había especialistas para atender a mi esposa”, contó a medios locales, Sergio Flores, padre de la beba que debió nacer de urgencia y sufrió lesiones por la caída.
Por su parte, el director del hospital, Daniel Mamani, afirmó que la situación no tendría que haber ocurrido ya que sí había médicos que podían atender a la mujer y que sancionarán al personal administrativo que negó la atención.
Ayer, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, informó la destitución de la autoridad máxima del Hospital Papa Francisco. Si bien la decisión estaba tomada, el hecho de violencia obstétrica aceleró el proceso: el 3 de febrero Mamani dejará sus funciones.
El hospital está ubicado en la zona sudoeste de la capital provincial. El viernes pasado la mujer asistió al lugar en la madrugada acompañada por su esposo y con fuertes dolores. Cuando en la recepción le informaron que no podían atenderla por la falta de personal, le indicaron que se dirigiera a otro centro de salud por sus propios medios. Llamaron al 911 para pedir traslado y la policía también se negó a ayudarla. Cuando salió del lugar, debió parir a su hija en la vereda. “Había ambulancias allí estacionadas, pero no nos ofrecieron el traslado”, relató el padre de la niña.
El trato digno y respetuoso no debe ser una opción
La ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres entiende a la violencia obstétrica como una de sus modalidades. Laura Quevedo es licenciada en Obstetricia, partera, integrante de la organización Al Matriz y coautora del newsletter de Feminacida “Poder y Parir”. Consultada por este caso, analiza y apunta: "Este tipo de accionar sobre las personas gestantes es común desde el sistema de salud. En el orden de prioridades siempre quedamos a lo último. Parece que molestamos, que estorbamos. Las mujeres de zonas rurales o de bajos recursos son las más afectadas en nuestro país y esto se refleja claramente en la situación vivida en Salta".
Como consecuencia de que se le negara la atención médica, en el momento del parto la niña sufrió una fractura de clavícula producto de la caída al piso. Al ver la situación, algunas personas que estaban en el lugar ayudaron a la mujer y exigieron en el hospital que acudieran a asistirlas. Recién en ese momento, y ante tal gravedad, el personal médico atendió a la mujer. Junto con su beba fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil, pero al esposo no le permitieron acompañarla.
Quevedo reconoce la importancia de la gestión estatal, la cual debería procurarse para trabajar en erradicar esa violencia poco tratada y tan naturalizada. “Es necesario y urgente que existan maternidades seguras y centradas en la familia, con personal idóneo que reciba a las personas gestantes y las acompañe; que se respeten sus procesos y derechos y que se le brinde la atención necesaria, adecuada y oportuna que establece la ley 25.929 de Parto Respetado la cual establece el ser considerada una persona sana y respetar los procesos naturales de las personas en proceso de gestación”, aclara.
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Los casos de violencia obstétrica no son aislados. Según el informe Violencia obstétrica: Análisis de los registros de la Línea 144 recientemente publicado y elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, entre 2017 y 2021 se recibieron 268 denuncias por prácticas, situaciones y/o condiciones de atención que incurren en violencia obstétrica. En 2021, el 75 por ciento del total de las denuncias realizadas corresponde a haber recibido un trato deshumanizado y la mayoría de los casos ocurrieron en instituciones de salud privadas.
Como refiere la licenciada en Obstetricia, los números también son el reflejo del lugar de poca relevancia en que están puestos los derechos y procesos sexuales y reproductivos de las personas con capacidad de gestar.
"Otra cuestión que no podemos dejar de lado es la postura institucional de los individuos que accionaron en esta situación, pero que es el reflejo de políticas y de culturas. El no creerle a la mujer, menospreciar y minimizar sus palabras, responsabilizarla a ella y a su compañero de gestionar el traslado, habla de la inequidad de poderes. De un lado está la mujer y en el opuesto el lugar 'del saber'. Y en base a eso se acciona. El poder de la institución y el saber médico tienen mayor relevancia y peso", aporta la coautora del newsletter de Feminacida “Poder y Parir” para visibilizar la violencia obstétrica.
Recientemente se conoció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado argentino a pagar una indemnización por un caso de violencia obstétrica donde murió Cristina Brítez Arce. El hecho ocurrió en 1992 en la Maternidad Ramón Sardá cuando la mujer cursaba un embarazo de más de 40 semanas.
El proceso judicial se inició ni bien falleció Cristina. En la sentencia, la Corte IDH responsabilizó a Argentina por “la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud”, así como de los derechos “a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de la niñez y protección judicial” de sus hijes. Asimismo, determinó que la mujer no obtuvo el tratamiento médico que requería de acuerdo a su embarazo y sus factores de riesgo, ni contó con información completa sobre las posibles alternativas de tratamiento y sus futuras implicancias.
De acuerdo a las vulneraciones de derechos detalladas en el fallo, el máximo tribunal ordenó ciertas medidas de reparación y resarcimiento económico para el hijo y la hija de Cristina. Además, instó al Estado a diseñar una campaña de difusión que visibilice la violencia obstétrica y los derechos relacionados con el embarazo, el trabajo de parto y el posparto.
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¿Exigir derechos o garantizarlos?
Dirigir el mensaje de prevención de la violencia obstétrica hacia las mujeres es recaer en hacerlas responsables de las vulneraciones que sufren. En lugar de ello, la postura correcta sería hacer foco en les profesionales de la salud. Sin embargo, reconocer a la violencia obstétrica como una violencia arraigada y estructural es un paso importante. En un momento de suma vulnerabilidad como es el embarazo y el parto, la revalorización de las necesidades de quien atraviesa este proceso es esencial. En ese sentido, correr el foco de la violencia obstétrica que apunta a las mujeres como las responsables de exigir buen trato, y en consecuencia ponerlo en quienes la ejercen, parece ser el mejor medio para prevenirla y erradicarla.
Para ello, la gestión de las políticas públicas es central. El proyecto de ley "Red de Casas de Parto" presentado por la diputada nacional Mónica Macha es una iniciativa al respecto. Busca que quienes gestan puedan parir con un acompañamiento respetuoso, junto a su familia y lejos de la violencia obstétrica. Además, en línea con la disposición de estos espacios, la capacitación profesional adecuada en un marco de respeto y valorización de las gestantes no puede disociarse.
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Reconocer la importancia que tiene que las personas gestantes puedan recuperar el protagonismo y la autonomía sobre sus cuerpos es un proceso que requiere de acciones e intervenciones en las que el rol del Estado es determinante. Aprobar una ley no es garantía de que ésta se cumpla. Resta afrontar el desafío de vencer dificultades para que los deseos y exigencias de aquellas personas que cursan un embarazo sean oídos.
