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Resistencia mapuche al discurso racista en El Bols...

Resistencia mapuche al discurso racista en El Bolsón

El Club Andino se prende fuego, las llamas consumen casi por completo el edificio céntrico y el engranaje de una maquinaria aparentemente invisible donde conviven intereses inmobiliarios con los gobiernos local y provincial, en complicidad con los medios de comunicación afines, comienza a moverse para instalar el fantasma: son los mapuches. Son los mapuches terroristas. Pero, ¿qué hay detrás de este discurso? La doctrina Bullrich continúa con el punitivismo alentado por el Gobierno provincial en medio de una campaña electoral donde se juega, también en la Patagonia, un modelo de país para todxs o el de la desigualdad y concentración de la riqueza en pocas manos.

El Club Andino Piltriquitrón (CAP) de El Bolsón amaneció el 20 de octubre prendido fuego y los móviles de los grandes medios hegemónicos no tardaron en llegar. “Conflicto mapuche: en un nuevo incendio intencional en El Bolsón”, “Terrorismo mapuche en El Bolsón”, “Polémica luego de los ataques mapuches en el Sur”, fueron algunos de los titulares que rápidamente inundaron las páginas de diarios y colmaron horas de televisión.

La gobernadora Arabela Carreras acompañada del intendente Bruno Pogliano, ex contador del magnate Joe Lewis, habla de “terrorismo”. Y, sin más indicio que una carta anónima encontrada en el lugar y ningún tipo de conclusión por parte de la Justicia, desliza acusaciones contra los pueblos mapuches relacionándolos con dos incendios intencionales ocurridos este mismo mes, uno en al oficina de Turismo de esa localidad y otro en el puesto de Vialidad Nacional en Bariloche.

Sorprende -o quizás, no tanto- que otros incendios con los mismos indicios de intencionalidad que entre el 2014 y 2017 afectaron a una radio que se expresaba en contra del loteo en Pampa de Ludden y al Centro Comunitario de la Costa del Río Azul de Mallín Ahogado donde se reunía la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, no tuvieran el mismo tratamiento: estos hechos siguen aún sin esclarecerse.

Para Soraya Maicoño, referenta mapuche de El Bolsón, estas acusaciones vacías de pruebas son un “mensaje de escarmiento” para que “todo grupo social que quiera manifestarse contra cualquier proyecto extractivista sea tratado como terrorista”.

Esta sospecha de terrorismo “hace que el Estado asuma posiciones coercitivas y de persecusión para negar las reivindicaciones territoriales”, coincide Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche-Tehuelche.

La doctrina Bullrich continúa

Una delgada línea une la política represiva y antimapuche que Patricia Bullrich sostuvo durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad con el punitivismo exacerbado que pregona actualmente la gobernadora Arabela Carreras y referentes de Juntos Somos Río Negro -su partido- ante los conflictos territoriales con las comunidades.   

“Esta política es la continuidad institucional de ese comando unificado que en principio se pensó solo para las fuerzas de seguridad pero hoy se plantea en un grado mayor, donde las provincias de Río Negro y Chubut avanzan en una cruzada antimapuche, racista y, en el mejor de los casos, de violencia institucional”, denuncia Orlando Carriqueo y alerta: “En el peor, es terrorismo de Estado”.

Ese comando unificado que menciona Carriqueo hace referencia a la “doctrina Bullrich”, cuyo antecedente más feroz se encuentra en 2017 durante el operativo policial ordenado por la ex ministra en el Lof de Cushamen que derivó en la muerte de Santiago Maldonado.

Es que el incendio del CAP se da, además, en medio de una escalada de violencia que tiene como escenario la Cuesta del Ternero (a unos 15 kilómetros de El Bolsón), donde la Lof Quemquemtrew mantiene la recuperación territorial con un acampe humanitario desde hace un mes. Luego de la represión del 24 de septiembre, las fuerzas policiales de la provincia permanecen apostadas en el lugar impidiendo el ingreso de comida y abrigo con orden de la Justicia afín y el aval de un gobierno cómplice .   

Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Grabois y otrxs representantes de los derechos humanos pidieron un corredor humanitario para asistir a la comunidad ante el recrudecimiento de la violencia policial. “Aquí se está jugando con cuestiones humanas básicas”, remarca Soraya, quien también es una de las voceras de la Lof.

Quién está detrás de todo esto

Un rápido repaso por los nombres propios que, bajo el ala de la propiedad privada y el republicanismo, acusan a los pueblos mapuches de “terroristas”, permite comprender los verdaderos intereses que se esconden detrás de estos discursos replicados incansablemente por los medios masivos de comunicación.

Las autoridades del Club Andino Piltriquitrón fueron quienes, en 2010, le vendieron de manera irregular los terrenos a Laderas del Perito Moreno S.A y Laderas del Paralelo S.A para el “desarrollo” del Cerro Perito Moreno, un megaproyecto inmobiliario que incluye el loteo y construcción de una villa turística de elite sobre una reserva de agua. El año de la compra ninguna de estas dos empresas existían formalmente.

En Cuesta del Ternero, donde la Lof Quemquemtrew resiste, quien se adjudica el título de propiedad de esos territorios es el empresario Rolando Rocco.

En la década de los 90’ el Estado Nacional adoptó una política activa de promoción de plantaciones de pinos en la Patagonia en reemplazo de la forestación nativa. Por su alto nivel de combustión, estos pinares fueron en gran medida causantes de los incendios que en marzo de este año afectaron a cientos de familias de la Comarca Andina.

La familia Rocco recibió su primer permiso para utilizar tierras en Cuesta del Ternero para actividades de forestación, poda y raleo en 1999, según reveló la investigación del periodista Gustavo Figueroa. En el mismo documento expedido por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la (ex) Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, también figuran las empresas Papel Prensa S.A, de Héctor Magnetto y Tierras Sud, de Luciano Benetton.

“Evidentemente las personas que están ligadas al poder están perdiendo un gran negocio”, reflexiona la referenta mapuche Soraya Maicoño.

Violencia sí, derechos no

El complot mediático-empresarial se complementa con la complicidad del Estado Provincial, gobernado hace casi 10 años por Juntos Somos Río Negro.

Mientras el Gobierno rionegrino pide mayor presencia policial con fuerzas federales, se niega a cumplir con la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Esta Ley fue sancionada en 2006 y establece la realización de Relevamientos Territoriales, una política pública que busca proteger a las comunidades de posibles desalojos y contribuir en el reconocimiento del Estado sobre las tierras comunitarias.

“Río Negro no quiere firmar el convenio de Relevamiento”, denunció la titular del INAI, Magdalena Odarda a C5N, pese a que provincias vecinas como Chubut, que está pronta a adherir a esta política y Neuquén, que lo alcanzó hace pocos días, avanzan en materia de derechos para los publos originarios.

“Entendemos que esa es la vía para ir resolviendo estos problemas”, expresó la funcionaria al desmarcarse de la política represiva alentada por Juntos Somos Río Negro. “La forma de abordarlo es el diálogo y el reconocimiento de derechos”.

Foto de portada: Acampe humanitario de la Lof Quemquemtreu, Cuesta del Ternero. Crédito: La Chamiza
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Periodista feminista, socorrista y sureña. Nacida en 1995, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente trabaja en comunicación institucional, colabora como redactora en Feminacida e integra la Comisión de Comunicación de Socorristas en Red.

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