Reforma judicial: una deuda pendiente

Desde hace casi tres semanas, el proyecto de reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández copó los pasillos de Tribunales y Comodoro Py. La propuesta desató una oleada de apoyo y de críticas, incluyendo una serie de marchas para repudiarla y múltiples discusiones en las redes sociales. Aunque en otras ocasiones ya se intentó sacudir estas estructuras oxidadas y burocráticas, hasta el momento nunca se logró un cambio profundo. A horas de la votación en el Senado, ¿por qué es necesaria una reforma que cree nuevos juzgados? ¿Cómo contempla el proyecto las demandas de los feminismos?

Fotos: Agencia Télam

En la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Judicial está dividido en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de delitos comunes como robos, y el Penal Económico (Contencioso Administrativo y Tributario), que aborda delitos tributarios, causas por contrabando y lavado de dinero, entre otros. El proyecto presentado por el oficialismo propone la unificación de estos dos, conformando así un nuevo fuero Penal Federal. Además, propone duplicar la cantidad de juzgados, que pasarían de 23 a 46.

La estructura total quedaría conformada por una Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo con 9 salas; 17 tribunales orales (incluyendo la creación de 5 nuevos) y 46 juzgados. También se contempla la creación de 23 fiscalías de primera instancia y 8 Defensorías Oficiales. Estas nuevas dependencias intervendrían en el fuero Penal Federal junto con los representantes del Ministerio Publico Fiscal.

Según se explica en el proyecto, esto servirá para “investigar y sancionar de una manera mucho más eficaz los fenómenos delictivos cada vez más complejos, y de manera particular, aquellos que desarrollan las organizaciones criminales”. Cabe aclarar que las modificaciones no implican ningún cambio en el Código Penal o Civil y Comercial. 

Para el resto de las provincias, se prevee que haya 63 juzgados federales de primera instancia; seis cámaras federales nuevas (Catamarca, Formosa, Salta y Jujuy, San Juan, San Luis Santiago del Estero) más dos salas nuevas en la ya existente Cámara Federal de Rosario y una en la de Mar del Plata, lo que implica un total de 27 cargos de juez; y 2 nuevos tribunales orales federales (en Chaco y Corrientes), es decir, 6 nuevos cargos. A su vez, el dictamen acordado la semana pasada atendió el planteo de los organismos de derechos humanos de mantener las Secretarías con competencia específica en este tema. La propuesta original incluía, además de la unificación penal, una fusión del fuero Contencioso Administrativo Federal con el Civil y Comercial Federal, pero esto fue eliminado. De aprobarse, la implementación de la ley se realizaría en un plazo de dos años.

¿Cambio estructural o burocracia?

Aunque en varias oportunidades se intentó llevar adelante una reforma similar, la idea siempre generó un férreo rechazo del Poder Judicial. “Dentro del Código Procesal Penal Federal, la estructura actual permite que los jueces tengan un poder enorme porque dirigen las investigaciones y deciden si la causa va a juicio. Pero seguir aumentando la cantidad de juzgados es contradictorio con la idea de sacarles poder absoluto a los jueces, porque se sigue multiplicando la misma estructura burocrática una y otra vez”, señala a Feminacida una fuente de Comodoro Py cuya identidad fue reservada. 

¿Permitirá esta reforma descentralizar el poder concentrado que gozan hoy muchos jueces “intocables”? ¿O será simplemente una reforma burocrática? Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), explica a Feminacida que esta propuesta parte de un diagnóstico que evidencia que la Justicia Federal tiene un funcionamiento promiscuo con los servicios de inteligencia. En ese sentido, busca proponer algún tipo de solución al respecto.

– ¿Cuáles son los puntos más llamativos del proyecto?

– Fundamentalmente, que la creación de nuevos juzgados no implica una mejora en las investigaciones de las causas. Estamos con un código acusatorio que determina que el juez de instrucción es también el encargado de investigar y juzgar. Entonces, uno de los factores importantes a tener en cuenta es el poder absoluto que tiene un juez sobre una causa. Tendríamos que avanzar hacia la real implementación del código acusatorio y crear más fiscalías, no tener más jueces. Desde los fiscales, nuestra propuesta es que cambie la lógica de investigación.

– Se habló de una posible falta de transparencia en los concursos para elegir jueces y juezas subrogantes. ¿Qué riesgos existen sobre ese punto?

– Los jueces y juezas subrogantes se eligen con un sistema complejo donde intervienen los Consejos de la Magistratura. Además, los nuevos juzgados no intervienen en causas viejas. La radicación de las causas no va a cambiar, entonces esos concursos no se van a poder “digitar a dedo”.

– ¿Es posible que haya un cambio profundo en los tiempos de resolución de la justicia?

– Este proyecto no modifica los procesos judiciales en ese sentido. Sabemos que los tiempos de la justicia son lentos, que están lejos de la ciudadanía y que no tienen perspectiva de género. Ese esquema no se ve modificado con esta reforma. Hoy nadie que va a hacer una denuncia cree que va a haber justicia en sentido abstracto. Las mujeres no recurren a la justicia porque no confían en el sistema. Yo creo que tenemos que cuestionarnos esto, aceptar la crisis y pensar cómo incorporamos la perspectiva de género en las investigaciones, no solo en fallos y condenas.

Un análisis feminista

La primera cláusula del proyecto que da cuenta de una mirada que contempla a los feminismos aparece en el artículo 16, sección tercera del proyecto, que refiere a los criterios de selección para jueces y juezas subrogantes. Allí se afirma que “se deberá respetar la diversidad de géneros en la selección”, pero no se establece en qué porcentaje ni se especifica de qué manera. Algo similar se menciona en el artículo 37, según el cual “deberá valorarse la perspectiva de género”. En diálogo con Feminacida, la presidenta de ABOFEM Argentina Melisa García apunta que es “innegable” la necesidad de una reforma que tenga en cuenta estas cuestiones.

– ¿Cuál es el panorama actual?

– La justicia está colapsada. Hay un número reducido de juzgados donde se sortean causas complejas como delitos de trata, o de lesa humanidad, y sería importante que hubiera una variedad más amplia. Ahora bien, hay otra cuestión que tiene que ver con el acceso democrático a la justicia. Sabemos que el ingreso al Poder Judicial ha sido históricamente a través de conocidos. Necesitamos más espacios donde las mujeres puedan ocupar cargos de autoridad. Además, habría que implementar un filtro real que exija capacitación en perspectiva de género. No alcanza con que haya diversidad en los puestos, sino que también tenemos que hacer hincapié en la formación que reciben quienes ocupen esos espacios, y eso no se está garantizando. Los cursos de la Ley Micaela tendrían que ser obligatorios.

– ¿Qué implica la creación de juzgados en las distintas provincias?

– Hoy en las provincias te encontrás con un solo juzgado de familia y un juzgado de paz, y ahí se colapsa el sistema. Por eso es importante la ampliación de juzgados. Pero el proyecto está teniendo varias trabas porque no se termina de discutir la cuestión de fondo: ¿Necesitamos la reforma porque la justicia está colapsada? Si, es cierto, pero no estamos garantizando que se aplique un sistema acusatorio en su totalidad, y a la vez la formación en género tampoco se está tratando como debería. Cuando empezaron las audiencias sobre el proyecto, una crítica muy grande fue respecto de la amplia presencia de varones. Creo que las modificaciones tienden a mover un poco el avispero, pero no se está poniendo el foco donde realmente hay que ponerlo.


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