En América Latina y el Caribe se realizan alrededor de 6,5 millones de abortos por año según un informe publicado en el 2014 por el Instituto Guttmacher, especializado en derechos sexuales y reproductivos. En el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe nos preguntamos: ¿cuál es la situación en la región? ¿A qué se enfrentan las personas con capacidad de gestar a la hora de querer interrumpir un embarazo? Militantes, profesionales y especialistas de diversos países conversaron con Feminacida sobre la región con la tasa de abortos más alta del mundo.
Foto de portada: Nadia Petrizzo
La marea verde en Argentina
En mayo de este año, en medio de la pandemia por COVID-19, el gobierno de Alberto Fernández firmó una declaración por la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. La decisión apuntó a promover una respuesta con perspectiva de género ante la situación del aislamiento. “En este contexto, donde la salud está puesta en el centro del debate, es importante ver que las personas gestantes seguimos abortando y que el acceso a una interrupción es muy complicado, los riesgos y las violencias que se viven en el sistema de salud son más graves. Esto demuestra la urgencia de que se trate el proyecto y se apruebe”, describe Estefanía Cioffi, médica generalista integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En Argentina la interrupción del embarazo es legal desde 1921 bajo un sistema de causales. Todas las personas gestantes tienen derecho a abortar si representa un riesgo para la vida, para la salud o es producto de una violación. En el 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó, a través de un caso de derechos sexuales y reproductivos, una sentencia paradigmática que ratificó lo establecido en el código penal a través del conocido fallo “F.A.L.”. Si se contabilizan todos los tipos de interrupciones, se estima que se realizan entre 371.965 y 522.000 abortos por año en el territorio nacional. Los datos son estimados ya que un gran porcentaje se practica en la clandestinidad.
Durante el 2018 se discutió por primera vez en el Congreso de la Nación el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con más de 15 años militando la temática. El debate inundó las calles, consiguió la despenalización social y reactivó la demanda por el derecho a decidir, no sólo a nivel nacional, sino que en toda la región latinoamericana. Si bien el Senado dió la negativa, en mayo de 2019 volvió a presentarse y aún está vigente de ser tratado nuevamente en comisiones.
“La situación es bastante crítica. La irregularidad en las diferentes provincias demuestra claramente que la legislación actual de aborto no es suficiente para que las personas accedan. Lo más terrible es que esto es sumamente injusto porque en ciudades como Buenos Aires o Rosario realizar una interrupción es más o menos accesible en las primeras semanas de gestación, pero en Corrientes una niña abusada de 13 años es obligada a parir”, ilustra Cioffi en diálogo con Feminacida.
De acuerdo a un informe presentado por la Campaña, sólo 10 de las 23 provincias, incluyendo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están adheridas al Protocolo Nacional que reanudó el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, al comienzo del mandato en diciembre de 2019. Éstas serían Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fé, Jujuy, La Rioja, La Pampa, San Luis, Chubut y Tierra del Fuego. Por su parte Río Negro cuenta con protocolo porpio. Los protocolos de Catamarca, Córdoba, Chaco, Misiones, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz no cumplen los estándares del fallo F.A.L., ni están adheridos al protocolo nacional. Salta se encuentra adherida al protocolo del 2015 y Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y San Juan no cuentan con protocolo propio ni adhieren al nacional.
En el acceso a la salud sexual y reproductiva, la emergencia sanitaria por COVID-19 trajo complicaciones particulares y resaltó las desigualdades existentes.
Pese al comunicado que sacó el Ministerio de Salud de la Nación, el acceso al diagnóstico temprano de los embarazos resulta más complejo porque los test y ecografías no se realizan en la misma cantidad y porque los centros de salud están abocados a atender la urgencia. “Hay barreras distintas a las de antes, para acceder a cualquier centro de salud u hospital hay que pasar por un lugar donde te hacen una serie de preguntas. Entonces, no te encontrás con la persona que vos conocés y tenés confianza en ese centro, sino que te atiende personal administrativo que hace que no puedas decirle por qué fuiste y no perciba la urgencia de acceder al turno”, detalla la profesional de la Salud por el Derecho a Decidir y agrega que la no detección a tiempo provoca que las personas lleguen con embarazos más avanzados y que la posibilidad de interrumpirlos se complique.
Del dicho al hecho
América Latina y el Caribe se caracteriza por contar con legislaciones restrictivas y políticas públicas deficientes para el acceso y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de que hay países que cuentan con marcos legales de avanzada en la realidad concreta de las mujeres y personas con capacidad de gestar, el acceso para interrumpir un embarazo no se traduce de la misma manera.
Desde 1997, Bolivia cuenta con tres causales que permiten la interrupción: embarazos productos de una violación y/o peligro de la salud y/o de la vida de la mujer. En cualquiera de los casos deben presentar una autorización judicial y ser atendidas por un médico certificado que cuenta con un reglamento técnico de aplicación. Lupe Pérez Cabrera, militante de la Campaña por el Derecho a Decidir, aclara a este medio: “En Bolivia las causales no funcionan para nada. Los médicos dan vueltas, hacen comisiones de salud donde argumentan que lo que deben hacer es peligroso para la vida desinformando a quien atienden”.
Crédito: Freddy Barragán / Página Siete
El país atraviesa un contexto de crisis con una crecida de grupos fundamentalistas que no sólo ocupan lugares de gobierno, también están presentes en todas las instituciones y obstaculizan el acceso a diversos derechos. “Al tener un sistema tan deficiente en educación sexual integral y en acceso a métodos anticonceptivos esto se traduce en que las cifras de aborto sean altísimas. Se calculan 80 mil abortos por año, de los cuales solo 300 son registrados en los servicios de salud. Esto da cuenta de que hay una clandestinidad tremenda”, asegura a este portal Pérez Cabrera. Asimismo, afirma que el problema en Bolivia no es un marco legal deficiente, sino que está en la criminalización y la ausencia de personal de salud sensible que abogue por este derecho.
La falta de registro de datos reales es algo que se repite en varios países. En Perú, por ejemplo, que cuenta con la misma legislación desde 1924, el aborto terapéutico es no punible en los casos en que sea el único medio posible para salvar la vida de la mujer o para evitar perjudicar su salud; y recién en 2014 se aprobó la guía técnica para su aplicación.
“No tenemos estadísticas de casos que se hayan atendido en hospitales con el procedimiento legal”, cuenta Nemarch, militante de la Campaña por el Derecho al Aborto en ese país, en diálogo con Feminacida. “En las clínicas privadas tampoco se registran porque al final todo termina siendo un gran negocio que cada vez agudiza más las brechas de desigualdad que existen en Perú”, agrega. Según el Ministerio de Salud, entre 2012 y 2018 424.570 mujeres, niñas y adolescentes fueron atendidas por abortos incompletos, lo que se traduce en un promedio de 60 mil abortos anuales.
México, por su parte, cuenta con uno de los marcos legales más garantistas de la región en términos de causales. Según datos recabados en el sitio web del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), los 32 estados federativos permiten la interrupción en caso de violación, 29 estados la permiten en caso imprudencial, 24 estados en caso de que haya peligro de muerte para la mujer, 16 lo permiten por alteraciones genéticas o congénitas graves, 14 admiten la causal de salud, 13 en casos de inseminación artificial no consentida, dos lo habilitan bajo la causal socio-económica, y sólo Ciudad de México y Oaxaca lo permiten con la voluntad de las mujer y hasta las 12 semanas de gestación.
“La realidad es que aunque tenemos un marco legal bastante garantista, su aplicación es bastante difícil y hay que ver caso por caso. Hemos tenido situaciones de niñas abusadas que, aún cumpliendo todos los requisitos, eran sometidas a comités de ética que retrasan mucho el procedimiento y ponen en peligro la vida de la víctima”, ejemplifica a Feminacida Julia Escalante, abogada feminista a cargo de la coordinación regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM).
“Aunque tenemos la despenalización, la mayoría de las mujeres viven con restricciones de facto, no de derecho, que son las que tienen que ver con la ignorancia del personal de salud que piensa que el aborto está penalizado en todas sus causales, o con la objeción de conciencia de quienes están en contra y hacen todo lo posible para obstaculizarlo”, puntualiza la especialista.
De acuerdo a datos publicados por la Dirección General de Epidemiología, en 2018 se registraron 667 muertes maternas de las cuales 58 se relacionaron con abortos inseguros.
Chile es uno de los casos más recientes de despenalización del aborto. La Ley 21.030 promulgada en el 2017 permite la interrupción del embarazo en tres situaciones: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el feto no pueda continuar su vida extrauterina y cuando el embarazo sea producto de una violación. La Mesa de Acción por el Aborto arroja que las interrupciones se encuentran entre 80 y 260 mil por año, de las cuales sólo el 3 por ciento entran en las causales aprobadas por la ley. “Si bien está en el papel, las limitaciones son muchas.
En la causal violación, por ejemplo, muchas chicas prefieren hacerlo por su cuenta, porque cuando asisten al hospital tienen que hacer la denuncia y hay un proceso de revictimización constante donde les hacen relatar una y otra vez lo que les sucedió. Entonces el acceso a la interrupción por la ley es muy complejo”, relata a Feminacida Francisca Rusque Pérez, perteneciente a Ni Una Menos - Activistas Feministas.
En el grupo de los países con legislaciones de causales, Colombia es uno de los casos más controversiales. Si bien la sentencia 355/2006 de la Corte declaró el aborto como un derecho para las mujeres en los casos de violación, malformación fetal o peligro de la vida para la madre, en el Código Penal colombiano continúa tipificado como un delito. “Hay una incongruencia total en nuestro sistema jurídico que pone a las mujeres en la obligación de maternar forzadamente ante el peligro de ir a la cárcel. Además existen barreras sociales, culturales y religiosas muy claras en Colombia que no te permiten abortar de forma segura”, comenta a este medio Lizza María, periodista y militante feminista.
Un informe del Instituto Guttmacher estima que el 44 por ciento de los embarazos no planificados terminan en un aborto inducido, lo que se traduce en 400.400 interrupciones por año. En 2008, sólo 322 cumplieron con las causales y fueron Interrupciones Legales del Embarazo realizadas en instituciones de salud.
En Ecuador, desde 1970 el aborto es no punible en los casos en los que es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer o de su marido y en el marco de que peligre su vida, su salud o si el embarazo es producto de una violación a una “mujer idiota o demente”. Si bien en 2017 los movimientos de mujeres intentaron una reforma para que incluyeran más causales, esto no fue aprobado. De acuerdo al Anuario de Estadísticas del Ministerio de Salud, 21.939 mujeres llegan cada año a un hospital por aborto y el 42 por ciento son niñas o adolescentes menores de 24 años. En el 2017, el aborto inseguro fue la segunda causa de muerte femenina.
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Costa Rica es otro Estado que podría formar parte de la lista de aquellos que lo tienen prohibido. El Código Penal de 1971 indica que la interrupción es no punible cuando sea consentida por la mujer para salvarle la vida, siempre y cuando no haya otra posibilidad. Todas las demás opciones que estén fuera de esa causal son penadas con hasta 10 años de cárcel. Además es otro de los países que presenta enormes trabas culturales y sociales para su aplicación. En los casos de violencia sexual puede solicitarse un “perdón judicial” que queda a criterio del juez en otorgarlo o no.
Un informe realizado por la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe, publicado en 2019, indica que un total de 97984 mujeres llegaron a hospitales de Costa Rica entre 1997 y 2017 por complicaciones en abortos incompletos. En 2019 el Movimiento de Mujeres y Feministas le pidió al gobierno de Alvarado emitir una norma técnica que aclarara la aplicación del aborto terapéutico basada en el compromiso asumido por el Estado ante la CIDH.
Hacia el sur, el regreso del conservadurismo con el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil produjo grandes limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Si bien el aborto está permitido y despenalizado desde 1940 hasta la semana 22 de gestación, el acceso se ve sumamente obstaculizado por grupos conservadores y antiderechos. “Tenemos una legislación que permite la interrupción por causales. En casos de violencia sexual, formación anencefálica del feto y/o riesgo de muerte”, explica Fernanda Castro, militante de la Campaña por el Derecho a Decidir.
En diálogo con Feminacida, detalla que hace poco hubo un caso de una niña de 10 años abusada por su tío en el que tardaron mucho en poder solicitar la interrupción. “La niña estaba de seis meses y le fue realmente difícil acceder al hospital y pusieron trabas para retrasar el proceso. Incluso una influencer provida publicó sus datos en internet y comenzaron a perseguirla y acusarla de asesina. Fue un caso que trajo mucha conmoción porque la chica tuvo que viajar a otra ciudad para poder abortar”.
Crédito: AP
En agosto de este año se intentó aprobar un proyecto presentado por organizaciones provida que pretendía disuadir a todas las personas que solicitaran una interrupción. Por ahora no logró avanzar. Según el Informe de la Red de Periodistas Feministas en Brasil, se realiza un aborto por minuto y el 60 por ciento de quienes lo realizan son personas de entre 18 y 29 años.
Saquen el punitivismo de nuestros cuerpos
Las legislaciones más punitivas se concentran en los países de América Central, a los que también se suman Venezuela y Paraguay.
República Dominicana, Honduras, Haití y El Salvador tienen el aborto penalizado por completo en todas las circunstancias, incluso en los casos de violación. Las penas oscilan entre 3 a 10 años de cárcel y son tanto para las mujeres que intenten interrumpir como para quienes las asistan.
Un informe publicado por Human Rights da cuenta de que en Honduras 820 niñas de entre 10 y 14 años fueron obligadas a parir durante el 2017. A su vez, el país tiene prohibida la pastilla anticonceptiva tanto para su uso como para su comercialización y siquiera cuenta con un protocolo de atención para las víctimas de violencia sexual.
En El Salvador la clandestinidad de la práctica implica que no se cuente con datos oficiales. La Encuesta Nacional de Salud Familiar del 2008 arrojó que entre el 2005 y el 2008 se registraron 19290 abortos que no se distinguen entre aquellos voluntarios y/o espontáneos.
Venezuela cuenta con una de las legislaciones más restrictivas de América del Sur. “El aborto está tipificado como delito en el código penal y es castigado con seis meses a dos años de prisión. Solamente si se trata de un embarazo ectópico o alguna situación que sea de vida o muerte de la madre, caso en el que se realiza el procedimiento quirúrgico por el Estado”, especifica a Feminacida Carolina Santiago, perteneciente a la organización Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y Reproductiva (FaldasR).
Uno de los cinco países que no tiene aborto terapéutico siquiera por causales es Nicaragua e incluso su caso es paradigmático porque sufrió un retroceso en el acceso a los derechos en el 2006. “Nicaragua tuvo aborto no penalizado por causales durante 167 años. Pero parte del resurgimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional a cargo de Daniel Ortega tuvo que ver con una campaña que impulsó muchísimo la penalización del aborto terapeútico como una estrategia de cooptación de los sectores más conservadores que no iban a votarlo de otro modo”, asegura a este medio una militante feminista acompañante de interrupciones del embarazo. Su identidad es resguardada por las persecuciones políticas que sufre en su país.
Crédito: Carlos Herrera
Nicaragua se encuentra atravesando la crisis socio-política más grande de los últimos años. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerca de 70 mil personas se vieron forzadas a emigrar desde abril del 2018 a causa de las reiteradas manifestaciones antigubernamentales y la represión en manos del Estado. En este sentido, las organizaciones feministas y de promoción de derechos humanos se vieron desmembradas, muchas abandonaron el país y no hay quienes puedan dar cuenta de lo que realmente está sucediendo. “Hay una gran cantidad de chicas que se mueren desangradas en los hospitales porque no las atienden. Los abortos clandestinos que he acompañado son realmente escalofriantes. Vas a una casa super precaria, dejás a la compañera ahí sola, volvés a las tres horas, no sabes quién la atiende, qué droga le dan para sedarla. Es realmente el medioevo”, concluye.
La legislación de Paraguay es de 1997 y la única posibilidad de interrupción es en el caso de que la vida de la madre corra peligro. “Si bien tenés la causal, el juez se niega a firmar la autorización y el médico argumenta que no quiere matar ninguna vida, entonces no se lleva a cabo a ninguna. Por otra parte, tenes un sistema de educación con un Ministro que prohibió la educación sexual en el país y mandó a quemar los libros que tuvieran escrita la palabra género”, relata a este medio una militante que acompaña abortos y cuya identidad fue reservada por la persecusión que sufren las feministas en Paraguay.
En Guatemala y Panamá hay algunas causales permitidas en el marco del aborto terapéutico que solo puede practicarse por profesionales y en los casos que sean para salvar la vida de la mujer. Ninguno de los países cuenta con estadísticas oficiales de cuántas interrupciones se realizan ni de cuántas mujeres mueren a causa de la clandestinidad. En Panamá la discusión sobre la despenalización no está presente en la agenda pública y tampoco cuentan con ley de educación sexual y reproductiva.
Luz verde para decidir
Sólo tres países cuentan con la interrupción voluntaria del embarazo despenalizada. Cuba, Uruguay y Puerto Rico son los territorios resaltados en verde en América Latina y el Caribe. El caso más completo es el de Cuba donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada hasta las 12 semanas de gestación y basta con la solicitud expresa de la mujer para que sea realizada en instituciones de salud por un profesional autorizado. En los casos en que la vida de la mujer o del feto corran peligro, está permitido hasta la semana 22 inclusive.
Las penalizaciones se aplican en los casos de que no haya consentimiento de la mujer o que quien realice no sea un médico matriculado. La última encuesta de fecundidad realizada a personas de entre 15 y 54 años data del 2009 y da cuenta que el 21 por ciento de las personas interrumpieron voluntariamente al menos una vez en su vida. El acceso gratuito y universal permite que el aborto sea realizado en condiciones altamente saludables y profesionales. Como consecuencia, en 2018 no se registraron muertes por interrupciones del embarazo y éstas siquiera figuran entre las causas de mortalidad materna en la isla.
Siguiendo la dinastía verde de las islas, Puerto Rico también cuenta con el aborto despenalizado, aunque su caso es un poco particular. Forma parte de Estados Unidos como un territorio libre y asociado y, si bien en 1952 obtuvo el permiso para tener una constitución propia y elecciones generales, ninguna de sus legislaciones locales puede ir por encima de la jurisprudencia federal. “En 1973 bajó la autorización inmediata de legalizar los abortos basándose en el derecho a la intimidad de las personas y Puerto Rico la acogió”, historiza Alondra Hernández, Internacionalista, especialista en Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos, Ciudadanía y Acceso a la Justicia de los cuerpos feminizados, militante de Aborto Libre PR.
El aborto es legal en cualquier término y se accede a través de clínicas privadas y especialistas que cumplen regulaciones del Departamento de Salud. “Si bien está permitido, eso no lo hace accesible. Un aborto durante las primeras semanas de gestación cuesta unos 300 dólares y hay que tener en cuenta que el 69,6 por ciento de las mujeres de la isla viven en condiciones de pobreza. Por otro lado, las clínicas se encuentran en el área metropolitana lo que hace que territorialmente también sea inaccesible”, detalla la especialista en conversación con Feminacida.
A través de la Ley 18.987 sancionada en el 2012, Uruguay se posicionó entre los países más avanzados legislativamente en materia de aborto del Cono Sur. La práctica está legalizada en el Sistema Nacional Integrado de Salud hasta la semana 12 de gestación por voluntad de la persona y hasta las 14 semanas en caso de violación. Para el acceso se realiza una evaluación por un equipo interdisciplinario y se deben cumplir cinco días de reflexión. El 94 por ciento de las personas han ratificado su decisión de interrumpir según datos del Ministerio de Salud. Una investigación presentada por Mirá que te Miro, una plataforma que trabaja temas relacionados con la salud de las mujeres, reveló que Uruguay cumple con cerca del 80 por ciento de los compromisos de salud y derechos sexuales y reproductivos que asumieron en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de la ONU.
Datos arrojados por Mujer y Salud en Uruguay (MySU) dan cuenta que se realizaron 44628 interrupciones voluntarias del embarazo entre 2013 y 2017. Entre las principales barreras a las que se enfrentan las personas se encuentra la objeción de conciencia por parte del personal médicos.
La deuda es con todas
Niñas abusadas, mujeres forzadas a maternar ante el peligro de la cárcel, adolescentes que mueren desangradas, disidencias que siquiera son tenidas en cuenta por los marcos legales y deseos cohibidos ante el peligro de un embarazo no intencional. La repetición de las experiencias en América Latina y el Caribe dan cuenta lo urgente que es saldar la deuda de la interrupción voluntaria del embarazo. A su vez, desde los feminismos, continuar ocupando los territorios construyendo alternativas concretas y reales a las posibilidades de vida que pretenden otorgarnos.
En este Día de la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el pañuelo verde anuda relatos polifónicos y un reclamo colectivo por el derecho a decidir. Este objeto parece ser el síntoma de una época y una generación que, ante la avanzada conservadora de los grupos antiderechos, insiste en la construcción de redes que permitan conquistar la soberanía de sus cuerpos.
