En Puerto Rico, distintas agrupaciones se organizan para repudiar y frenar el atropello que significó la anulación del fallo histórico de Roe vs. Wade, la cual eliminó el derecho al aborto a nivel federal. La medida de la Corte Suprema de Estados Unidos, que implica un profundo retroceso en materia de derechos reproductivos y no reproductivos, pone en riesgo a millones de personas con capacidad de gestar ya que habilita a que cada estado legisle sobre el tema de manera independiente.
¿Cuán accesible es el aborto en Puerto Rico? ¿Por qué la legalidad no es sinónimo de gratuidad ni de accesibilidad? En esta nota, Alondra Hernández Quiñones, internacionalista certificada en Derechos Sexuales y Reproductivos y militante de Aborto Libre Puerto Rico, argumenta por qué el derecho a decidir prima sobre la decisión del Tribunal Supremo estadounidense.
Puerto Rico es un archipiélago en crisis desde su fundación y es la colonia más vieja del mundo. Somos parientes de Latinoamérica y el Caribe aunque política y económicamente estemos subordinados por los Estados Unidos como efecto de todas las tensiones generadas por la Guerra Hispanoamericana. Actualmente, luego de más de un siglo, seguimos siendo un territorio que vive en perpetua invasión con un espejismo de soberanía a través del experimento colonial apoyado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que es nuestro estatus político, el famoso Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).
Puerto Rico: ni estado, ni libre, ni asociado
No ha de extrañarnos que, en un país sin soberanía, la autonomía de las mujeres y personas gestantes sea menospreciada y mancillada, puesto que nunca ha gozado de ese derecho fundamental. No lo reconocen como un derecho inalienable e inviolable, sino todo lo contrario. Los procesos de colonización instauraron el patriarcado y el racismo en nuestra médula social y los gobiernos coloniales se han encargado de atornillarlos en todas las esquinas.
A la sociedad patriarcal dominada y dictada por los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico le urge concentrar su poderío en la estructura de la mal llamada "familia tradicional", dentro de la cual se ejercen múltiples violencias en aras de procurar la supervivencia del Estado y de su poder en la vida de quienes históricamente han sido ultrajadas: las mujeres negras, pobres y las disidencias sexo genéricas. Aunque esos mecanismos sean retorcidos, la finalidad siempre será conservar la moral heterocentrada que les garantice beneficios y vida eterna.
El aborto en Puerto Rico existe desde antes del ELA e incluso de la redacción y aprobación de nuestra Constitución. Sí, la misma que no puede garantizar menos derechos que la estadounidense. La legalidad del aborto, específicamente durante la década del 1930 en adelante, surge como consecuencia de los efectos nocivos de los experimentos eugenésicos cuando las mujeres, en su mayoría pobres y racializadas, fueron conejillas de indias en el primer experimento a nivel mundial de la píldora anticonceptiva y la esterilización masiva.
Las consecuencias de dichas prácticas genocidas le requirieron a los gobiernos la creación de una infraestructura de servicios de salud para mitigar el desastre provocado. Estas nuevas instalaciones permitieron que mujeres estadounidenses y de la región que tuvieran capacidad económica pudieran viajar a la isla a realizarse un aborto de forma segura y legal.
Lamentablemente hemos visto cómo históricamente la fusión jurídico-política que produce ser la colonia más vieja del mundo ha incidido en el entendimiento de cuáles derechos nos cobijan e, incluso, en las formas en que nos organizamos como militantes y activistas. Hoy día, y a la luz de la nefasta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar el caso Roe vs. Wade, esta realidad nos impacta de forma peculiar.
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La desinformación colonial ha envalentonado a los grupos anti derechos reclamando la criminalización de quienes decidan sobre sus vidas y cuerpos. Esto quedó evidenciado con la radicación de un proyecto de ley a un día después de la revocación, el cual buscaba fijar una pena de 99 años de prisión a toda persona que se realizara un aborto. Esta pieza legislativa se suma a más de una decena de proyectos que intentan coartar, prohibir y criminalizar el derecho a decidir.
No hay democracia sin justicia reproductiva
El gobierno de Puerto Rico y sus componentes contemplan los servicios de salud sexual y (no) reproductiva como un antojo individual que nace desde una mera calentura achacada a la "mujer mala" o "de vida alegre", pensamiento que lo libera de su responsabilidad irrenunciable con la salud y vida de toda la población.
El gobierno portorriqueño tiene una obligación de garantizar los servicios esenciales como la salud y, por ende, el aborto. La situación colonial de la isla no debe representar un escollo en el acceso a las interrupciones de embarazo dado que, aún a pesar de la revocación de Roe vs. Wade, el aborto es legal en la isla y protegido por nuestro Código Penal y por el caso Pueblo vs. Duarte. Esta jurisprudencia es más liberal que Roe vs. Wade, ya que el derecho a la intimidad en Puerto Rico es mucho más abarcador y está recogido en nuestra Constitución.
A pesar de la legalidad, desde las poltronas se insiste en confundir a la población y, en consecuencia, la política pública sobre el aborto en Puerto Rico sigue siendo un tema ausente en el imaginario de un proyecto de país verdaderamente inclusivo y trans inclusivo. En una isla con 78 municipios, solo existen cuatro clínicas que brindan el servicio. Todas se encuentran en el área metropolitana, lo cual presenta problemas en el acceso por temas de movilidad y costos.
Legal no es sinónimo de accesible, y seguro no es igual a gratuito. Construir una nación verdaderamente democrática conlleva enfrentarnos a estas realidades y asumir que no hay libertad ni democracia sin justicia reproductiva. El acceso al aborto legal y gratuito es una deuda de la democracia y ya se han tardado en solventarla.
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Retroceder, jamás
El caso de Puerto Rico comparte con la región el embate de la tradición imperial sobre el control de los cuerpos feminizados y sexuados. El aborto no es consecuencia de actuar de manera errada, no es el resultado de "no cuidarte". Tampoco permitiremos que sea el castigo por disfrutar de la sexualidad. Es y será un servicio de salud que, al igual que un procedimiento quirúrgico ambulatorio, salva vidas.
Las instituciones gubernamentales se sostienen acatando el mandato colonial y protegiendo el legado perverso del coloniaje. Las conquistas históricas en materia de derechos humanos, particularmente de derechos de la mujer, se perciben desde un espejo de lucha colectiva. Frente a las circunstancias actuales es urgente regresar a la raíz de todo: lo popular, lo colectivo y lo comunitario, cuyo norte sea antirracista, transfeminista, anti imperialista y anti patriarcal. Nuestros cuerpos no son territorio de conquista y, cuando se trate de ello, no daremos un paso atrás.
Foto de portada: Ana María Abruña Reyes
