La denuncia de Roberto Mazzoni contra el empresario farmacéutico Alejandro Roemmers y el dirigente de River, Matías Barreiro, por presunta trata de personas y pedofilia, volvió a un interrogante que desde la desaparición de María de los Ángeles Verón a esta parte sigue en el aire. ¿Cómo operan las redes de trata en nuestro país? ¿Cuánto poder se puede ocultar detrás? Los recortes a las políticas públicas contra la trata de personas en la era Milei y patrones que se repiten.
Roberto Mazzoni se anima desde su asiento: “Necesito hacer mención a algo”. Es lunes 5 de agosto y está en la sala del Senado de la Nación en una jornada sobre "Trata Infantil". Alguien le alcanza un micrófono y su voz se amplifica. “Después del infierno que viví, he tomado la decisión de denunciar lo que para mí es la red de trata más grande de la República Argentina”, dice. En la sala reina el silencio. “Soy víctima de una red de trata, lo tengo denunciado en la causa 1052/2022 que está en el juzgado del doctor Ariel Lijo, el fiscal es Ramiro González”. La denuncia apunta contra el empresario Alejandro Roemmers y el directivo de River Plate y dueño del sanatorio Colegiales, Matías Barreiro.
Roemmers es propietario de la empresa farmacéutica más grande del país y está cuarto en el ranking de las fortunas más altas de Argentina, según Forbes. Con un patrimonio de US$2400 millones, sólo se ubica detrás de Marcos Galperin (Mercado Libre), Paolo Rocca (Techint) y la familia Perez Companc. Algunos medios lo nombran como “empresario, escritor y filántropo”. Pelo gris platinado, medio largo, ladeado hacia un costado, polera de cuello alto, una mirada pensativa que apunta al horizonte. Una sonrisa amable y blanca. Así se muestra en casi todas las fotos de su página web, donde se define a sí mismo como “precursor en la introducción de los conceptos de ética, responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y espiritualidad en el ámbito de trabajo” .
Barreiro fue candidato a presidente de River Plate en 2021 y actualmente es vocal de la Comisión Directiva del club. Su apariencia es menos fresca que la de Roemmers, aunque en sus fotos, como la que tiene de perfil de Facebook, también sonríe.
Acusados por supuesta trata de personas con fines de explotación sexual y suministro y comercialización de drogas, ambos emitieron comunicados donde califican de “falsa y difamatoria” la denuncia.
Sobre el caso
La denuncia de Mazzoni data de abril de 2022. Allí, dice que tanto Roemmer como Barreiro, junto a otros tres hombres más, habrían estado implicados en el delito de “trata de personas y de suministro y comercio de estupefacientes a diferentes individuos de distinto sexo, adultos y menores de edad”, según recupera el fallo de la Cámara Federal porteña donde ordena reabrir la causa. “Los denunciados se valían de la situación de poder que algunos de ellos detentaban, de dinero y de estupefacientes que suministraban a sus víctimas”, agrega el escrito.
Los hechos habrían tenido lugar en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires en donde se realizaban fiestas, presuntamente organizadas por Barreiro. Allí “se prostituían a hombres y mujeres, algunos de los cuales resultaban ser menores de edad a quienes, en algunos casos, se los drogaba sin consentimiento”, señala el fallo.
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Viviana Caminos, presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), cuenta que desde la organización tomaron conocimiento del caso a fines de 2023 y a partir de ahí iniciaron un proceso de investigación. Después de tres exhaustivas entrevistas con él, el análisis de la Cámara Gesell, un informe psicológico y otros testimonios, concluyeron que la denuncia “revela detalles característicos del modus operandi de la trata de personas”. “Encontramos no sólo indicios de trata, sino de delitos conexos, como la promoción de la prostitución y la facilitación de drogas en esas fiestas”, relata Caminos.
La causa fue archivada por Ariel Lijo en mayo pasado por supuesta falta de pruebas. Sin embargo, la Cámara Federal porteña ordenó desarchivarla al entender que era “prematuro” el cierre del expediente y recomendó tomar medidas que permitan esclarecer los hechos.
Una de ellas fue atender a la denuncia que la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata realizó en el mismo juzgado días antes del cierre de la causa y que no fue tenida en cuenta. Allí se aportaron dos víctimas más que dijeron haber sido drogadas durante esas fiestas en las que los mismos imputados habrían estado involucrados.
“En los últimos días el fiscal de la causa pidió que se cite a los testigos a declarar”, informó Viviana Caminos. Una medida que había sido solicitada por Mazzoni en su intervención en el Senado y que llega luego del impacto en medios y redes sociales que tuvo el tema en las últimas semanas.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en tanto, también intervino en el caso y está trabajando en las medidas de protección para Mazzoni, quien manifestó “preocupación” por su seguridad personal. Caminos le contó a este medio que recibió llamados “intimidatorios” por parte de personas vinculadas a Roemmer. “Espero que no, pero así como pasó conmigo también pudieron haberse comunicado con los testigos”, alegó.
"Están protegidos"
En medio del debate de la candidatura impulsada por el oficialismo del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de la Nación, el video con las palabras de Mazzoni se volvió viral e instaló un interrogante que desde la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón a esta parte sigue en el aire. ¿Cómo operan las redes de trata en nuestro país? ¿Cuánto poder puede ocultarse detrás?
“En la Argentina la trata de personas es una problemática muy extendida. Desde el año 2006 cuando se le dio media sanción en el Senado a la primera formulación venimos peleando para que este delito sea castigado y perseguido adecuadamente”, analiza Vanina Biasi, diputada nacional del Partido Obrero y referenta de la lucha contra la trata de personas y la esclavitud sexual y laboral.
El problema es la complicidad. “El poder judicial de la Argentina tiene un contenido de clase muy concreto: cuando se trata de mafias comandadas por sectores de gran poder económico, definitivamente, inclina su balanza para protegerlos”, afirma la diputada.
En ese sentido, Viviana Caminos coincide: “Cuando hay grupos de poder económico, esto es protegido tanto por la policía, como por la justicia y el poder político”.
Tal cual sucedió con el caso de Loan donde fue citado a declarar Diego Pellegrini, un senador cercano a Gustavo Valdés, señalado como quien llevó a declarar a Laudelina Peña el día que la mujer instaló la teoría del accidente. Declaración que el gobernador celebró en sus redes sociales como “un gran paso en la resolución del caso”.
La vinculación con el mundo del fútbol tampoco es nueva y recuerda a la causa por los abusos sexuales en las divisiones inferiores del Independiente denunciada en 2018 y que todavía espera llegar al juicio.
Sin políticas públicas, hay trata
En su política de achicar el Estado, el presidente Javier Milei demanteló los programas de acompañamiento a víctimas y lucha contra la trata de personas, fundamentales para la atención y prevención de este delito.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que el gobierno recortó en un 94,5% las partidas presupuestarias destinadas a este tema. "Las actividades de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia, tenía un presupuesto de $650 mil millones de pesos y en el primer trimestre de 2023, se ejecutaron 437 mil millones. En cambio, en el primer trimestre de 2024, se sub ejecutó la partida, lo que ajustado por inflación implicó un recorte del 94,5%", indicaron.
Además, traspasó al Comité y el Consejo Federal Contra la Trata desde la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que significa un pasaje hacia un enfoque netamente policial de la problemática.
“En los últimos meses se rescataron más de 150 victimas de trata de personas. Ninguna de ellas recibió la más mínima asistencia económica pese a la obligación que tiene el Estado Nacional por su legislación y adhesión a convenios internacionales”, denunciaron desde la Fundación La Alameda.
A este escenario de desprotección se suma el contexto económico. “El crecimiento de la vulnerabilidad de los niños los expone más a este tipo de mafias”, señala Vanina Biasi. “Tenemos que luchar fuertemente para terminar con ellas”, concluyó.
