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Peronismo del siglo XXI: ¿Cómo se traduce en derechos?

A partir del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se volcó en la arena política partidaria la discusión sobre el diseño de la política social. Por distintas razones, hace años que está en boga en la agenda pública. Ahora, una discusión histórica que atraviesa al peronismo se traslada al interior del Frente de Todos (FdT), pero con un carácter público. De esta manera, la política social se suma como un gladiador más al coliseo al que asistimos hace meses, donde se producen públicamente debates nodales sobre el rumbo del poder ejecutivo.

La nueva contienda que se desató después del 20 de junio es en torno a cómo debe intervenir el Estado con una situación que existe hace cincuenta años: millones de personas son excluidas del empleo formal. A su vez, ese debate es transversal a la pregunta sobre qué se reconoce como trabajo; la condición moral de quienes median entre las políticas sociales y sus receptores; las interpretaciones sobre el rol del peronismo en el capitalismo contemporáneo; y la discusión sobre el rol de las mujeres en el mercado de trabajo y en la comunidad. Para reponer el nuevo debate que se produjo dentro del FdT hay que poner en contexto los dichos más importantes de la vicepresidenta.

Hijes de las políticas neoliberales

Hace décadas que la forma del trabajo se transformó. Ante la emergencia de un capitalismo globalizado entran en crisis las relaciones salariales. Con el desmantelamiento del Estado de bienestar y los derechos conquistados para la clase trabajadora –como estrategia del capital en la lucha de clases- algunes aventurades llegaron incluso a pronosticar el fin del salario.

Más allá de estas discusiones teóricas y sus pronósticos, un hecho objetivo es que, desde la década del ’70 en Argentina hay una tendencia creciente al desempleo, subempleo, a la informalidad y la precariedad. Los dichos de Cristina sobre el surgimiento de los movimientos piqueteros podrían ponerse en estos términos: la pobreza y la precarización son “hijas de las políticas neoliberales” iniciadas hace cincuenta años. Y los movimientos piqueteros, en todo caso, apadrinaron con nuevas estrategias y formas de organización al resultado de estas políticas a les pobres y precarizades.


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Desde el vamos, esto pone en discusión el rol del peronismo y sus formas tradicionales de acción política. Los distintos espacios de trabajo dejan de ser el lugar privilegiado de organización política y, por lo tanto, los sindicatos también. Aparecen los territorios como lugar privilegiado, y allí, el rol de les “mediadores” en cuestión. Un movimiento político que nace con las políticas de ampliación de derechos, como el aguinaldo, las vacaciones pagas y las jubilaciones, se ve forzado a reconfigurarse y gestionar políticas sociales de distribución monetaria, de alimentos y otros bienes. Este proceso se da en paralelo a la privatización y descentralización estatal en la provisión de bienes y servicios. Entonces, estas políticas sociales, además de ser en muchos casos el único medio de subsistencia de los hogares, como contrapartida, cristalizan un ideario neoliberal: cada hogar es responsable de garantizar su bienestar administrando el dinero estatal y gestionando comunitariamente el cuidado desprovisto por el Estado.

Las mujeres son las más explotadas

El feminismo trae la discusión sobre la falta de reconocimiento del trabajo mucho tiempo antes de la existencia del neoliberalismo. Desde tiempo remotos, las mujeres se encargan de garantizar la reproducción de la vida en sus hogares y comunidades, pero solo existen casos excepcionales en donde estas actividades fueron reconocidas por el mercado y/o el Estado y retribuidas monetariamente. Sumando a esta discusión centenaria, los feminismos negros en Estados Unidos introducen la noción de interseccionalidad. El potencial de este concepto radica en que nos permite pensar en distintas formas de desigualdad y opresión que operan en simultáneo y, por lo tanto, con distintos niveles de violencia.

La desigualdad de género es una de las formas más transversales y antiguas de organizar relaciones de poder. Si a esa forma de opresión le incorporamos la desigualdad económica -podríamos introducir muchas otras- aparecen las mujeres como “las más explotadas, las más basureadas en las prácticas misóginas”. En estas afirmaciones no parece cuestionarse el rol de las mujeres realizando labores en la comunidad, sino la naturalización y la falta de reconocimiento de estas. El valor de este trabajo es, justamente, su lugar indispensable para la reproducción de la vida.


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El rol de las mujeres en las luchas sociales y en las organizaciones comunitarias es evidente y su registro en el discurso del peronismo es algo reciente. Pero, su reconocimiento en el mercado, en el Estado y más específicamente en el campo de las políticas sociales, sigue siendo una deuda pendiente.

Capitalismo para todos y todas

“La caída del muro de Berlín le hizo creer a muchos que la historia se terminó y pensaron que no había otro modelo que no sea el neoliberalismo, pero surgió la resistencia de los pueblos”. De los levantamientos y la participación popular que dijo basta al neoliberalismo surgen gobiernos que proponen, sin cuestionar sus cimientos, que el capitalismo “en serio” debe ser “para todos y todas, sin exclusiones”. Y en este punto se ancla la discusión sobre las políticas sociales y los ingresos que se transfieren para garantizar el consumo (sobre todo de bienes básicos).

En otras palabras, la forma de acceder a ciertos bienes y servicios es muy desigual y eso configura ciudadanía(s) con fuertes inequidades en el acceso al bienestar. Quienes tienen ingresos para pagar los servicios que antes proveía el Estado tienen más derechos (comprados en el mercado). Cristina volvió a hablar de la relación Estado-mercado. Reponiendo el rol del primero para asistir a las empresas afectadas por las últimas crisis, el primer diagnóstico al que llega es que el Estado es imprescindible para el sostenimiento del capitalismo. Habría que agregar que el Estado también es imprescindible para el sostenimiento de la vida.

El discurso se da en el marco de la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo del ingreso -registrado y no registrado- ante el contexto de alza inflacionaria. Como también sostuvo en los últimos meses, la inflación no es necesariamente resultado del déficit fiscal (spoiler alert: es resultado de la economía bimonetaria). Más allá de la discusión técnica en torno a la inflación, lo que sacamos en limpio es que el problema no radica en el gasto del Estado, por lo tanto, la ejecución de políticas sociales no está en discusión. Tampoco parece ponerse en discusión la importancia de las mismas para sostener el gasto de los hogares más empobrecidos. Entonces, si no se discute el carácter de trabajo de algunas actividades y no se discute la ejecución de políticas sociales, ¿qué se está poniendo en debate? El “cómo”.

“El peronismo es laburo”

Históricamente el peronismo ha intervenido en la relación capital-trabajo, y de manera subsidiaria en el ingreso secundario de los hogares mediante distintas transferencias. Ahora, teniendo en cuenta que, como ya dijimos, la relación entre el Estado y el mercado se modificó en todo el mundo, los últimos gobiernos peronistas centraron parte del diseño de sus intervenciones sociales en la ampliación de la distribución del ingreso secundario -las políticas sociales de transferencia monetaria.

De esto se desprenden dos aspectos. Por un lado, bajo estos gobiernos continúa la iniciativa del Estado para intervenir en la relación capital-trabajo y regular mejores condiciones para aquellos sectores que sí están empleados. Y, por otro lado, la ampliación de políticas de transferencia de ingresos para aquellas personas que no son alcanzadas por el empleo, pero que son trabajadores y trabajadoras, que realizan actividades de rebusque, actividades productivas en cooperativas, etcétera. Es decir, se rediseñan las políticas sociales que históricamente tuvieron un rol auxiliar en el peronismo y pasan a ser centrales.


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A su vez, las políticas sociales pueden asumir distintas propiedades. La provisión de salud y educación es una forma; la provisión directa de alimentos es otra; y la provisión de dinero también. Acá aparece el principal debate: dentro de las transferencias monetarias existen algunas con condicionalidades (como la AUH) y otras con contraprestaciones (como el Potenciar Trabajo). Cada una deposita una expectativa diferente en quien la recibe, pero, en definitiva, lo importante a señalar es que, en las segundas, les receptores trabajan para el Estado (en general a nivel municipal).

El autoempleo, entonces, rompe con la prédica individual y se vehiculiza a través de cooperativas. Éstas se extienden y amplían en el marco de las políticas neoliberales, pero el reconocimiento de cooperativas que lo “contienen” y su institucionalización se consolida con el giro en la orientación de las políticas sociales del kirchnerismo, que ponen el eje en la productividad de las políticas sociales.


El IFE puso de manifiesto el alcance de la precariedad y el desempleo en Argentina: alrededor de un 50 por ciento de la población económicamente activa lo solicitó. Actualmente existen distintos proyectos de políticas sociales que ponen el eje en la necesidad de la provisión de un ingreso por parte del Estado que garantice un umbral de derechos, equivalente a la canasta básica alimentaria, como el proyecto de un Salario Básico Universal (SBU). Esta propuesta se incorporaría a la red de políticas monetizadas que ya existen, como la Asignación Universal por Hijo y el Salario Social Complementario.

Ahora, a la propuesta del SBU, se suma la discusión en torno a les mediadores para la inscripción y regulación de las contraprestaciones. Una de las propuestas es la centralización de altas y bajas desde los municipios, lo cual, abre otra pregunta respecto de quién coordinaría el trabajo de les titulares de la prestación: ¿les trabajadores del municipio? También cabe la pregunta sobre la existencia de “punteros” dentro de la agencia estatal: ¿No existen dentro de la administración pública mecanismos de gestión ineficientes? ¿No existen excepciones dentro de la agencia estatal? ¿Asignación de recursos de manera selectiva? Incluso, pensando en otras instituciones donde el peronismo intervino históricamente, ¿no existen acciones “punteriles” en los sindicatos?

En definitiva, tanto la discusión en torno a nuevas políticas de transferencia de ingresos, como al rol de les mediadores nutre a la agenda política de nuevos debates saludables para pensar en el diseño de nuevas formas de intervención social ante el cambio en el escenario económico y social.


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Sin embargo, aunque se trata de políticas de justicia distributiva que mejoran la condición económica de los hogares para acceder a ciertos bienes básicos, no resuelven un problema estructural más profundo. ¿Cómo es el acceso al sistema de salud en los hogares con menos ingresos? ¿Y a la jubilación? ¿Quiénes realizan las tareas de cuidado en esos hogares? ¿Existen licencias pagas?

Las políticas de transferencia de ingresos no dejan de depositar la responsabilidad de la gestión del cuidado y reproducción en los hogares. Quienes se encuentran en los estratos medios y altos de la sociedad acceden a la salud a través del subsistema de obras sociales o privado; realizan aportes previsionales para poder jubilarse; en algunos casos pueden tercerizar las tareas de cuidado para les integrantes del hogar. Entonces, si no se discute (y se transforma) el rol del Estado en la provisión de estos servicios y derechos se vuelve a la pregunta sobre el rol del peronismo en el capitalismo contemporáneo.

Si en la década del ’40 el peronismo introdujo derechos sociales y civiles inexistentes hasta el momento para la clase trabajadora, la discusión en el seno del peronismo hoy es cómo devolver estos derechos al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Que es lo mismo que decir, cómo devolverle al Estado la centralidad en la provisión de bienes y servicios y las facultades para regular la relación capital-trabajo, generar mayores fuentes de empleo y en condiciones formales. Queda claro que lo que falta no es trabajo: el principal ausente es el reconocimiento de derechos para quienes ya están trabajando.

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Nació en Buenos Aires, en mayo de 1991. Militante feminista. Es licenciada en Sociología por la UBA. Es profesora en el CBC y becaria del CONICET. Maestranda en Sociología Económica y doctoranda en Sociología en la Escuela IDAES-UNSAM. Investiga las transformaciones de la política social.

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