El exilio de la periodista Luciana Peker en búsqueda de protección fue la muestra cabal de cómo ha recrudecido la violencia de género digital en Argentina, hoy una de las expresiones más estudiadas por la reiteración de escenarios similares en mujeres con voz pública. En las redes sociales las amenazas escalan a niveles intimidatorios muy altos en un contexto que pareciera avalar estos discursos reaccionarios y amedrentadores. ¿Las principales destinatarias? Comunicadoras, editoras, políticas y activistas de derechos humanos.
"Me voy porque estoy amenazada por mi trabajo, por denunciar abuso sexual. La situación no deja de crecer: publicás algo y te responden directamente con stickers o fotos de armas disparándote”, contó Peker durante el programa radial donde tenía una columna de género y así anunciaba su decisión de abandonar Argentina. Por lo que sostuvo la periodista durante su intervención, buscaría ejercer su profesión en un entorno libre de acoso y persecución.
Lo cierto es que la proliferación de la violencia en las plataformas digitales es tal que las mujeres atacadas dejan de publicar en sus redes sociales para cuidarse. En el caso de las políticas, suelen quedarse solamente con sus cuentas institucionales. En el caso de las comunicadoras y activistas, cambian la configuración de la privacidad —hecho que limita la llegada a cierta audiencia—, o cierran sus perfiles de manera momentánea o permanente.
El estudio “Ser periodista en Twitter. Violencia de género digital en América Latina”, coordinado por Lina Cuellar y Sandra Chaer en 2020, evidenciaba cómo el retiro de ciertas personalidades de sus redes significaba una condición para el derecho a la libertad de expresión. Según comprueba la investigación, las mujeres se corren del debate público para resguardarse de descalificaciones, amenazas e intimidaciones.
Sobre los ataques coordinados por trolls, se analizaron cinco casos donde las periodistas fueron vulneradas por sus expresiones críticas hacia los grupos que en ese momento estaban en el poder en sus países. Entre ellas, Denisse Dresser y Carmen Aristegui en México, y Camila Zuluoaga en Colombia.
Al respecto, las investigadoras indicaron que varios gobiernos de la región —o sectores afines— estaban realizando una importante inversión en la promoción de la violencia en redes sociales “con el objetivo de disminuir las voces disidentes y aún a riesgo del debilitamiento de nuestra democracia”.
Sandra Chaer, presidenta de la asociación civil Comunicación para la Igualdad, conversa con Feminacida sobre un “espíritu de época”. Ese aumento en los reportes de violencia digital que motivó aquella investigación nunca cesó: lo que hoy padecen Luciana Peker y Manuela Calvo —periodista riojana que afronta una persecución judicial por investigar un caso de abuso sexual— es una muestra de ello.
“El estudio puso sobre la mesa las operaciones y campañas coordinadas contra periodistas en redes sociales”, reconoce Chaer y observa una escena donde la violencia digital está aumentando fuertemente hacia todos los sectores: “Es transversal, va mucho más allá de los posicionamientos políticos”.
Un caldo de ataques a las conquistas feministas
Que la campaña electoral allanó el escenario para que se suscite una seguidilla de ataques a los movimientos feministas y LGBTIQNB+ no fue solo una sensación generalizada entre quienes nos dedicamos a la comunicación con perspectiva de género. Desde el cierre de las PASO hasta el 7 de diciembre de 2023 se registraron 169 acciones que avanzan en contra de ciertas conquistas feministas hacia activistas, símbolos, leyes o instituciones. El dato surge de un informe sobre el avance de la violencia política de las nuevas derechas realizado por el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales, dependiente de la Secretaría de Género y Diversidades de ATE Nacional.
Estas acciones, que tienen como objetivo debilitar y desprestigiar a las personas por su accionar político para perjudicar su función y capacidad de acción, se enmarcaron en el auge de la ultraderecha en Argentina que coronó con La Libertad Avanza a cargo de la gestión pública.
Desde la asunción de Javier Milei —aquel 10 de diciembre de 2023— el feminismo, de una u otra manera, se ha ubicado en el centro de los ataques libertarios. Y es que en un contexto donde las medidas del gobierno nacional representan una amenaza clara a los derechos adquiridos en materia de género y diversidad, poner a la dimensión del cuidado en el centro —como lo están haciendo las organizaciones feministas en Argentina— jaquea al sistema económico que se intenta instalar. Porque sí, intentarán distraer o desviar el foco de la crisis, pero también saben muy bien que sin el trabajo no remunerado que implican las tareas reproductivas, el plan no funciona.
De los sucesos registrados por el Observatorio, el 24% refiere a la violencia simbólica y discursiva ejercida. Entre los ejemplos que cita el estudio, hay mensajes odio que envió una persona que se infiltró en al menos dos organizaciones LGBTIQNB+. Incluían un sticker del ex presidente de facto Rafael Videla y varias amenazas: "Capo subite a mi Falcon y lo charlamos". "Ya van a ver loquitas, raritos de mierda. Se les van a terminar las hormonas, ya van a volver a usar pollera".
Dime lo que investigas y te diré si serás censurada
Ingrid Beck, Soledad Vallejos, Florencia Alcaraz, Paula Rodríguez, Paula Hernández y Juan Elman estuvieron a cargo de una investigación periodística que transcurrió durante 2020 para analizar el avance de la reacción conservadora en Argentina. A las pocas horas de haber publicado las conclusiones —el 13 de junio de 2021—, la web específicamente diseñada para tal fin fue dada de baja por un “ataque informático”. Al día de hoy, ese link se encuentra caído.
El trabajo incluía una línea de tiempo que iniciaba con el origen “relativamente arbitrario” de este movimiento en los años en que surge del Vaticano el concepto de “ideología de género” como reacción a los avances feministas y LGBT en los foros internacionales, hasta la actualidad. Pero principalmente constaba de un mapa interactivo que demostraba las conexiones de diversos actores sociales en la edificación de una agenda pública antiderechos y una militancia antigénero.
En diálogo con Feminacida, Florencia Alcaraz coincide en que el fenómeno de avanzada ultraderecha es mundial y que viene acompañado de un aumento de la violencia machista en línea. “Es grave y afecta a la libertad de expresión porque el principal efecto es la autocensura. El disciplinamiento se consigue de esa manera”, considera y avisa: “No solo tiene un impacto individual. También genera un repliegue en colegas y activistas que escapan a la visibilidad y que ni siquiera llegan al debate público por miedo o por esquivar estos ataques”.
Junto a Paula Rodríguez e Ingrid Beck, y con el apoyo de ONU Mujeres, en 2022 entrevistaron a 15 mujeres con voz pública de América Latina y El Caribe para estudiar la violencia de género en línea. El 80% de estas comunicadoras limitó su participación en redes sociales, omitiendo opinar o manifestarse sobre determinados temas, y el 40% manifestó haberse autocensurado evitando escribir o hablar sobre una temática de su pertinencia en el medio o ámbito en el que se desempeñaba.
“Es preocupante porque el ágora, el lugar de discusión pública, también aliado para abrir camino a las transformaciones sociales son las redes sociales. Hoy estamos en un contexto de pérdida de espacio cívico para las y los activistas de derechos humanos frente a esta constelación desdemocratizadora y fundamentalista. Es un panorama hostil que me preocupa y me ocupa: hay que leer el contexto para poder cambiarlo”, diagnostica Alcaraz.
Previamente, en 2021 se había publicado la investigación titulada “¿Es posible debatir en medio de discursos de odio?”, también realizada por Comunicación para la Igualdad y focalizada en cuentas de Twitter de Sudamérica, que arrojó a Argentina como el país en el que más aumentó la “violencia antigénero”. Entre los agravios se destacaron los ataques hacia el aspecto físico, las capacidades de decidir sobre los cuerpos y la idoneidad, tanto en mujeres como en identidades trans. En muchos casos, la violencia trascendió la virtualidad: el 46% de las entrevistadas recibió mensajes intimidatorios personales, el 33% vivenció un hecho violencia en la vía pública y el 4,2%, en su domicilio.
Siguiendo la línea de la investigación, las cuentas de referentes individuales son las que reciben una agresión mucho más directa y virulenta que las institucionales debido a su intervención con posicionamientos políticos. Ya se decía en ese momento: la cuenta de Lali Espósito, —junto a la de Florencia Peña y Luciana Salazar— fue tildada como “super influenciadora aliada del feminismo”. ¿Qué quería decir? Que aunque no siempre tuvieran una inserción social, política y cultural acorde a las agendas feministas, predominaban en términos de interacciones con perfiles afines. Por lo tanto, no es casual que la cantante pop haya sido el centro de los agravios comandados por el mismísimo presidente de la Nación hace menos de un mes.
“Con mis hijos no te metas” (y con el ASI, menos)
Luciana Peker ya había advertido sobre el aumento de los ciberataques recibidos en una entrevista con Télam, en mayo del año pasado. Allí ya avisaba sobre la desprotección a la que estaba sometida: no sólo se estaba enfrentando a diversas situaciones de hostigamiento en redes sociales, sino también a "riesgos muy graves que, hasta ahora, en estos 40 años de democracia en Argentina, las periodistas no conocíamos”.
Además, señaló: "Todas las que denunciamos abusos sexuales, y lo hacemos desde hace mucho tiempo, hemos sido amenazadas y recriminadas, nunca es fácil, pero esto es otra escala de riesgo".
En La Rioja, la periodista Manuela Calvo sigue siendo víctima de una violencia sistemática por investigar casos de incesto paterno filial y revinculaciones forzosas de las infancias con sus abusadores. Constantemente recibe amenazas anónimas a través de sus redes sociales y, en su caso, la persecución también es judicial: en 2022 fue “por desobediencia a la autoridad y obstrucción de contacto de menores con sus padres no convivientes”, tras haber denunciado públicamente el caso de la niña Arcoiris.
Anteriormente, la Justicia de la provincia había allanado la casa de Calvo para secuestrar sus elementos de trabajo. Fue intimada y se le impidió estrenar un cortometraje que denunciaba la violencia institucional ejercida por el Poder Judicial en casos de Abuso Sexual en la Infancia (ASI).
Yama Corín es mamá protectora e integrante de Mundanas, una agrupación feminista que combate el abuso sexual contra las infancias (ASI) y defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes. En una entrevista con Feminacida, habla sobre el surgimiento de las organizaciones anti derechos e insiste en que son una expresión de un proceso que desencadenó en algo más peligroso: ganar las elecciones y estar en el poder. “Han ejercido presión sobre periodistas y se aliaron con aquellos que responden a su lógica ideológica. Estas organizaciones tuvieron un crecimiento más minucioso, más oculto. Ahora las podemos ver con mayor claridad porque se fueron destapando y su discurso fue cada vez más habilitado y más habilitante”, aporta la activista.
Mientras tanto, el monitoreo a medios y redes realizado por Comunicación para la Igualdad en 2019 —que surgió por el preocupante avance de los grupos antiderechos en Argentina a partir del debate por la despenalización y legalización del aborto— reparó en la cobertura que algunas empresas mediáticas le daban a estas agrupaciones: “Cabría preguntarse entonces por el vínculo de los medios con las fuentes: ¿por qué son menos consultadas personas alineadas con la agenda de derechos humanos y de género? Y no solamente organizaciones feministas sino también instituciones públicas vinculadas a estos temas”.
Una de las organizaciones con importantes influencias en toda la región es “Con mis hijos no te metas”, una ONG que surgió en Perú en 2016 y hoy apoya expresamente al gobierno de Javier Milei. Su origen fue meramente reaccionario a la “ideología de género” y entre sus reclamos se encuentran la derogación de las leyes de aborto y de Educación Sexual Integral. En Argentina, estas campañas contra la ideología de género basadas en hashtags y trolleos pasaron abiertamente a la arena política durante las elecciones de 2019. “Tenían expresión propia en el Frente NOS, una de las 6 alianzas que disputó la primera vuelta electoral”, destaca este monitoreo que propone un análisis discursivo de la comunicación de estas agrupaciones.
“El patriarcado supo tejer sus redes de sostenimiento. El sistema supo aleccionar a las mujeres y disidencias que denunciamos abusos, ha practicado una violencia particular para mantener el silencio aleccionante en todas las demás”, concluye Corín.
Una alerta internacional
Ya son varias las organizaciones internacionales que alertan sobre la violencia de género hacia mujeres con voz pública en Argentina. UNICEF, UNFPA, PNUD y ONU Mujeres desarrollaron un manual de herramientas de acción “para visibilizar los ataques con sesgo de género contra las mujeres periodistas que impactan en el ejercicio de la libertad de expresión y afectan la calidad de las democracias”.
Esa violencia de género en línea hoy también toma forma en una práctica llamada doxxing —o “doxeo” en español—. Irina Sternik, periodista especializada en ciberseguridad, la llama “ingeniería social”: se trata de revelar por redes sociales información privada de una persona con la intención de dañar su trayectoria pública o profesional. La dinámica se inscribe en un método de acoso que últimamente se usa para extorsionar y hostigar a comunicadoras y divulgadoras. Pero el ataque no es solo hacia ellas sino que también intimidan a sus familias y círculos íntimos.
El de Julia Mengolini puede ser un caso testigo. El perfil de Twitter de la periodista y fundadora de Futurock es difamado constantemente y la pregunta por qué hacer estuvo muy presente en una intervención pública posterior a este “carpetazo digital”. El manual, dirigido por María Belén Del Manzo, coordinadora de la Red de Editoras de Género de UNFPA Argentina, sugiere: identificar el origen del ataque, reforzar las medidas de seguridad digitales, revisar la información personal disponible en línea, ubicar las pruebas y preservarlas para una eventual denuncia. Algo fundamental: “frente a las estrategias de desinformación es importante considerar el alcance de no tomar acciones para aclarar los hechos que generan el hostigamiento y la violencia”.
Otro caso de doxeo es el que hace días recibió Gabriela Ivy, estudiante de Ciencias Políticas y creadora de contenidos cuyo perfil se hizo viral en Tik Tok. La activista trans, que publica videos a diario donde profundiza sobre el fenómeno libertario, denunció por sus redes que el ataque llegó a tal punto que la empresa de sistemas donde trabaja comenzó a recibir reseñas negativas en Google que nada tenían que ver con el servicio brindado, claro. Una muestra de cómo estas prácticas también tensionan los entornos de quienes padecen la violencia digital.
¿Qué más hace falta para ponderar el rol del periodismo feminista en este escenario? En un contexto que coopera con el amordazamiento de las voces de mujeres y disidencias con un reconocido activismo de género y de derechos humanos, el ejercicio de una comunicación bajo esas premisas resulta vital.
“Me gusta pensar a los feminismos —y dentro de esto al periodismo feminista— como una conversación que sigue, en este contexto, de manera más estratégica. Siempre estuvimos en el centro: desde esa pregunta inquisitiva de dónde están las feministas hasta en el discurso de Javier Milei en Davos. Nos persiguen y nos señalan por nuestras conquistas. En esa conversación nos falta colocar la posibilidad de imaginar un buen vivir feminista: no solo estar del lado de la denuncia y la demanda, sino también poder instalar nuestros deseos de vida. Tenemos que poder comunicarlo y transmitirlo de una mejor manera”, propone Alcaraz.
Pero cuando una cuarta parte de las mujeres víctimas de violencia digital acaba perdiendo sus empleos o no renueva su contrato, cuando la mitad de las trabajadoras tienen miedo de perder su fuente de ingresos, cuando la página web de Télam —una de las agencias de noticias más importante de la región— sigue fuera de línea y con sus trabajadores dispensados tras la medida de intervención del gobierno nacional, la cuestión también radica en fortalecer a las organizaciones que trabajan con perspectiva de género y de derechos humanos: robustecer las estructuras de los medios autogestivos y cooperativos que hoy disputan la construcción de sentidos y que compiten —aunque el uso de tal verbo sea injusto— con empresas multimediáticas que concentran el poder.
Foto de portada: Micaela Arbio Grattone
