Ángeles Kabaradjian lleva más de dos años en conflicto con la Escuela Normal 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es docente feminista y trabaja allí desde el 2016. Pero el 9 de marzo del 2020, cuando decidió adherir al Paro Internacional de Mujeres, lesbianas, trans y no binaries, fue cesanteada por las autoridades del colegio: le quitaron las horas cátedra de Lengua y Literatura que había tomado la semana anterior. Desde Ademys denuncian que este proceso estuvo cargado de irregularidades y esconde un acto discriminatorio y aleccionador.
Foto de portada: Daniella Fernández
Días antes de que Argentina decretara el aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID19, Ángeles Kabaradjian estaba a punto de tomar un cargo interino de Lengua y Literatura en la escuela en la que trabaja, en el barrio porteño de Palermo. Estas horas estaban vacantes ya que la docente anterior se había jubilado. Ángeles se presentó en la Normal Superior N° 6 el día viernes 6 de marzo y asistió al acto público interno para firmar el acta —de la cual no le dieron una copia— y la documentación correspondiente a la asignación de las horas cátedra.
El lunes siguiente, fecha en la que estaba convocado el Paro Internacional de Mujeres, lesbianas, trans y no binaries, la docente decidió adherir a la medida y se lo notificó a la vicedirectora dos horas y media antes del inicio de su jornada laboral, vía WhatsApp. La respuesta que recibió fue un emoji con el pulgar hacia arriba. Pero cuatro horas más tarde, la vicedirectora le pidió que fuera a la escuela.
“Yo le escribí y la llamé inmediatamente, a lo cual me respondió que tenía que ir a tomar ‘posesión del cargo’ en persona. Si bien le insistí con que ya lo había tomado el viernes y no entendía lo que me estaba diciendo, le avisé que me iba ya mismo para el colegio, a lo que me contestó que ella desconocía la norma de cómo se toma un cargo y que tampoco sabía si tenía que ir o no”, explica a Feminacida.
Ángeles asegura que no le habían aclarado nada de esto durante el acto. “Fue una especie de trámite, no un acto público como estábamos habituados a hacer. Yo entendí que ya estaba todo cerrado”, recuerda. Cuando llegó al establecimiento, se encontró con un acta firmada donde le informaban que la cesaban de las horas. A su vez, la supervisora, que despectivamente le miró varias veces su pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal anudado en la muñeca, la trató de manera hostil y le dijo que debía perder esas horas porque había adherido al paro.
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“Acá había un acuerdo con la conducción que postergaba la toma de posesión, pero luego la escuela impidió que Ángeles tomara las horas por no haberse presentado en tiempo y forma. Sí, se atuvieron a la normativa, pero desconociendo el acuerdo interno. Hubo animosidad en su interpretación”, sostiene Amanda Martin, legisladora del Frente de Izquierda y Secretaria General de Ademys, a Feminacida. Desde ese momento, los abogados del sindicato han recurrido a distintas instancias para elevar este reclamo, pero no han recibido respuestas.
Violencia de género también en las escuelas
En todos los años que llevaba trabajando en la institución, Ángeles asegura que jamás había tenido un problema en relación a sus posturas ideológicas, políticas ni de ningún tipo. Pero desde que cambió la gestión interna, aproximadamente en septiembre de 2019, comenzó a ser víctima de acoso laboral por parte del nuevo director.
“En repetidas ocasiones me insistió con que le escribiera a su teléfono particular ante cualquier inquietud o solicitud, ya fueran éstas en relación a cuestiones educativas o de índole personal, las cuales me provocaban mucha incomodidad”, relata en el recurso de reposición presentado ante el Ministerio de Educación. Ella recibía maltratos y persecuciones por parte de Fariña; de hecho, el día anterior al acto público, él le había gritado delante del aula por haber llegado tarde.
“Siempre nos incomodaba, sobre todo a las mujeres. Un compañero me ofreció salir de testigo porque vio como me había gritado enfrente de todo el mundo. Han pasado un montón de cosas, pero nadie hace nada porque tienen miedo de que les pase lo que me pasó a mí. Te dejan con miedo”, detalla a este medio. Sumado a estas irregularidades, la docente señala que las horas que le quitaron volvieron a aparecer en el acto público apenas tres días después de lo sucedido, cuando esos procesos suelen tener plazos más lentos.
Una política gubernamental que avala
Todas estas violencias se enmarcan en un contexto general sumamente adverso para las mujeres: el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires sigue desconociendo el derecho constitucional a huelga los días 8 de marzo. Hace algunos días atrás, trascendió que el gobierno porteño decidió descontarle el día nuevamente a docentes y trabajadores municipales que adhirieron al Paro Internacional de Mujeres, lesbianas, trans y no binaries en 2022.
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“Acá hay un agravante, que es que en el gremio docente somos 80 por ciento mujeres. Nosotras tenemos derecho a organizarnos colectivamente para reclamar sobre la violencia de género que sufrimos, pero el gobierno no lo está respetando”, subraya la Secretaria General de Ademys.
Esto explica también por qué Ángeles aún no consiguió que se haga justicia. Inicialmente, los abogados del sindicato acudieron a la Supervisión correspondiente para explicarles la situación interna dentro de la escuela. Pero en lugar de intervenir, allí avalaron la decisión de quitarle las horas. Algo similar sucedió cuando intentaron acudir directamente al Ministerio de Educación, donde presentaron un acto administrativo, pero nadie acusó recibo.
“El caso de Angie es un hecho discriminatorio contra las mujeres que decidimos adherir voluntariamente a la huelga el 8 de marzo”, analiza Martin. “Desde el Ministerio aseguraron que este año habían ofrecido la posibilidad de que las trabajadoras pudieran retirarse más temprano de los establecimientos para poder ir a la marcha, pero esto es totalmente falso. Nosotros seguiremos presentando los recursos administrativos e insistiendo hasta que consigamos una respuesta”, concluye.
