Con el avance del agronegocio, Argentina se convirtió en el país que más litros de agrotóxicos utiliza por persona por año en todo el mundo: 12 litros por habitante. Frente a un modelo que genera enormes daños en la salud y el ambiente, y profundiza la concentración de la riqueza en unxs pocxs, ¿qué alternativas hay? En esta nota, la campaña #BastaDeVenenos y la lucha de los pueblos fumigados.
Verónica Garri estaba volviendo del médico con su hija, tras una consulta por los nódulos que empezaron a salir en el cuerpo de la niña, cuando lo vio: el mosquito, esa máquina de brazos largos que rocía veneno por el campo, estaba pulverizando con agrotóxicos a 300 metros de su hogar, a 824 metros de la Escuela Primaria N° 5 de Capilla del Señor, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Esto ocurrió a pesar de la cautelar que establece que las fumigaciones no pueden estar a menos de mil metros de zonas pobladas y una ordenanza ganada por la lucha popular que prohíbe las pulverizaciones aéreas.
Tanto Verónica como su marido tienen glifosato en el cuerpo. Lo descubrieron después de que a su hija más chica le diagnosticaran alopecia, una enfermedad que produce la caída total del pelo. “Ahí empezamos a entender que todo esto podía ser a causa de las fumigaciones”, cuenta en diálogo con Feminacida.
“Veo las consecuencias, las enfermedades, todas estas cosas raras que están pasando en el barrio. En su momento, tres criaturas como Ana, de la misma escuela, habían tenido este cáncer mortal. Era algo que no podía ser”, relata Gabriela. Ella también vive en Capilla del Señor, su hija de trece años falleció de cáncer. “Yo no tenía noción, después de la muerte de Ana conocí lo que era la fumigación”, agrega.
En Exaltación de la Cruz, de las 60 mil hectáreas que la componen, 30 mil son utilizadas para el monocultivo. “La mitad del Municipio está envenenado”, asegura Verónica. Una encuesta vecinal realizada en 2019 en dos barrios de Capilla del Señor registró 50 casos de cáncer en 30 manzanas. Además, un estudio a cargo de un especialista de la Universidad Nacional de La Plata de las muestras de agua tomadas en abril de este año arrojó que hay presencia de seis agrotóxicos en el agua de red y de pozo y catorce en el suelo.
En la comunidad de Presidencia Roca, provincia de Chaco, cientos de vecinos sufrieron diferentes cuadros de intoxicación, vómitos, dolor de cabeza y descompostura luego de que, en octubre, un avión fumigador de la estancia Dos Panos (perteneciente al grupo Unitec Agro, del millonario Eduardo Eurnekian) sobrevolara los campos de algodón transgénico cercanos a la zona de viviendas.
Santa Lucía es una comunidad rural de 5.700 habitantes, ubicada a unos 50 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán. En ese rincón de la Argentina, entre plantaciones de cañas de azúcar y limones, se encuentra el Colegio María de la Esperanza. “Estaban fumigando el campo y había un acto afuera, con los chicos formados. Uno se desmayó y otro se fue a vomitar al mismo tiempo. Ahí empecé a investigar”, relata Celsa, bióloga y maestra rural.
Le llamaba la atención la cantidad de niñxs que se descomponían, vomitaban o tenían ardor en los ojos y la garganta cada vez que la máquina pasaba por los campos linderos rociando agrotóxicos. Una encuesta que realizaron como parte de un proyecto escolar sobre un 10 por ciento de la población expuso una realidad alarmante: gran cantidad de abortos espontáneos, múltiples casos cáncer, malformaciones de nacimiento, Síndrome de Down, diabetes y autismo.
Celsa era de pararse frente a las máquinas fumigadoras para intentar que no pasaran en horario escolar y perdió varios embarazos en ese tiempo. A la secretaria del colegio que la acompañaba le diagnosticaron lupus y a la semana tuvo un ACV.
Estas historias se repiten en los pueblos fumigados. Es que, en los últimos 25 años y de la mano de la expansión del agronegocio, Argentina se convirtió en el país que más litros de agrotóxicos utiliza por persona por año en todo el mundo: 12 litros por habitante.
El modelo del agronegocio se instaló en nuestro país en 1996 cuando el gobierno neoliberal de Carlos Menem aprobó la llegada de la soja transgénica, una especie genéticamente modificada para resistir al glifosato. Este herbicida es utilizado para matar la maleza y mantener los monocultivos de la soja, el algodón y el maíz. Hasta el 2000 fue la multinacional estadounidense Monsanto quien mantuvo su patente y, desde ese año, otras compañías como Syngenta comenzaron a producirlo.
“Actualmente tenemos un 1200 por ciento más de litros anuales de agrotóxicos que hace 25 años”, revela Alicia Massarini, Dra. en Ciencias Biológicas, integrante de la Unión de Científicxs Comprometidxs con la Sociedad y el Ambiente de América Latina y del grupo GESTA Colectiva.
A pesar de haber sido calificado como “probablemente carcinogénico para los seres humanos” por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glifosato representa el 65 por ciento del total de los agrotóxicos que se utilizan anualmente en el país.
Gloria Sammartino, del Área de Alimentación de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), suma que el agronegocio es “un modelo extractivista”. “Se basa en distintas tecnologías para la producción de monocultivos que se transforman en commodities y se exportan para ganancias de un sector corporativo cada vez más reducido”.
Entre las consecuencias que está provocando este modelo, Massarini advierte por el “daño a los ecosistemas” producto del reemplazo de cultivos y otras producciones como la ganadería y los tambos, lo que encarece los alimentos; “la destrucción del ambiente”; y las “graves afectaciones de salud de la población rural, pero también de la población urbana”.
Los agrotóxicos como el glifosato llegan a nuestros cuerpos a través del agua y el aire, también están presentes en el suelo, el algodón (en productos como pañales o toallitas) y hasta en los alimentos. Así lo demostró un estudio del Senasa publicado en 2019, donde se registraron 80 tipos de agrotóxicos en diferentes frutas y verduras.
Basta de Venenos
Un cambio es posible y hablar de ello es el primer paso. A través de la campaña #BastaDeVenenos, impulsada por lxs realizadorxs del documental “Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva” y diversas organizaciones sociales, se busca dar a conocer esta problemática para promover la toma de conciencia en la población y transformar este modelo productivo que trae graves consecuencias en la salud y el ambiente.
Personalidades del arte, del periodismo, la alimentación y de los derechos humanos se sumaron a esta iniciativa. La actriz Laura Azcurra es una de ellas. “Acompaño esta campaña para visibilizar y contar qué son los agrotóxicos”, afirma y continúa: “El ecofeminismo tiene que ver con esto, en ambas luchas estamos combatiendo este sistema opresor, abusador, que quiere controlar la reproducción de nuestros cuerpos y de la tierra”.
También participan Susy Shock, Nora Cortiñas, Hilda Lizarazu, Julia Mengolini, Alejandro Bercovich, entre otrxs.
Luchar contra un gigante
“Cuando llevamos los resultados a la toxicóloga, nos dijo: tienen dos salidas. Una, mudarse. Y la otra, luchar. Ponerse un escudo fuerte y grande e ir con todo. Y bueno, decidimos la segunda. ¿Por qué tenemos que irnos nosotros de nuestra casa?”, se pregunta Verónica, que vivió toda su vida en Exaltación de la Cruz al igual que su mamá, su papá y sus abuelxs.
Un manto de silencio cubre los campos de verde homogéneo, de verde artificial. Ahí donde sólo crecen los monocultivos de la soja, el algodón y el maíz, los medios de comunicación locales evitan hablar de esta problemática. Y hay quienes lo ven como “normal”.
“Es muy difícil tocar este tema”, admite Gabriela quien también optó por el camino de levantar la voz aunque cueste y duela, aunque se le cierren puertas como le pasó con un trabajo. Tanto ella, como Verónica, pertenecen a Exaltación Salud, una organización vecinal defensora del ambiente y de lugares libres de fumigaciones.
“Yo lo hago por la memoria de mi hija y por los que están de pie, luchando, para que se sepa que hubo chicas que se enfermaron y se murieron por esta porquería y a nadie le importó”, afirma Gabriela. “Nosotros no elegimos vivir de esta forma, nos están imponiendo vivir esta maldita vida de enfermedades”.
Después de varios años, la lucha contra los agrotóxicos se convirtió en parte del proyecto institucional del colegio tucumano María de la Esperanza. También lograron que no se fumigue en horario escolar. “Estamos en una etapa de concientizar a los vecinos y vecinas porque el uso de agrotóxicos se ha extendido a la cultura de los pueblos rurales. El glifosato se utiliza en los baldíos, Vialidad lo usa en la ruta y los mismos vecinos en sus jardines”, cuenta Celsa.
Para la maestra, la Agroecología es la “única esperanza”. Por eso construyeron una huerta agroecológica que, aunque no pueden cosechar sus verduras porque las fumigaciones en campos más alejados continúa, ayuda a que lxs chicxs “vuelvan a relacionarse con la producción del propio alimento y lo puedan replicar en sus casas”.
Hay una salida: ¡Agroecología ya!
Si bien el agronegocio para la exportación se instaló en los 90’, se fue profundizando a lo largo de los años y con el pasar de gobiernos de diferentes signos políticos. Frente a este modelo que genera enormes daños en la salud y el ambiente, y que profundiza la concentración de la riqueza en unxs pocxs, ¿qué alternativas existen?
“La salida está a la vista, está en curso. Se trata de los emprendimientos agroecológicos de distinta escala que se están desarrollando, que muestran que se puede producir alimentos sanos, seguros y soberanos”, afirma Massarini.
La dirigente de la UTT, Gloria Sammartino, coincide: “La Soberanía Alimentaria y la Agroecología son una respuesta porque buscan una distribución equitativa de la tierra, el acceso a los bienes colectivos, a las semillas, al agua. Esto es un grito, una alarma que no va a silenciarse”.
La Agroecología es una alternativa que busca producir alimentos sanos y libres de agrotóxicos para dar respuesta al problema del hambre y la malnutrición con trabajo a los pequeñxs y medianxs campesinxs.
“La experiencia de las organizaciones sociales es muy importante porque desde abajo se está demostrando que este modelo es posible”, reivindica Gloria. Desde el 2017 la UTT viene promoviendo la producción agroecológica en el conurbano bonaerense y son cada vez más las familias las que eligen este modelo. A esto se le suma la Red de Comedores Soberanos creada por la organización campesina en el marco de la pandemia para acercar alimentos saludables y a precios populares a la gente que vive en las ciudades.
Para que este cambio sea posible, el rol del Estado es fundamental. Así como durante el neoliberalismo promovió el agronegocio, es el momento de que las políticas públicas se orienten a la transición a otras formas de producción menos dañinas y socialmente más justas.
Hasta ahora el Gobierno Nacional no ha dado señales claras en esta dirección, por el contrario, en octubre aprobó la comercialización de la semilla del trigo transgénico HB4 resistente al glufosinato de amonio.
“Si se comienza a cultivar este trigo, la base de nuestra alimentación va a estar afectada por una semilla transgénica que, además, será rociada por un herbicida que es 15 veces más tóxico que el glifosato”, denuncia Massarini y reclama: “Hace falta escuchar las voces de las comunidades que están seriamente afectadas por este modelo tóxico que en un solo grito están diciendo ¡Basta de Venenos!”.
