En Argentina todavía existen los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF). A nivel social, suele haber una indignación general cuando escuchamos que esta práctica es frecuente en África y Asia: juzgamos coléricamente las vulneraciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes. Sin embargo, acá también sucede.
“Matrimonio infantil” implica toda unión formal o informal (esto incluye las uniones convivenciales tempranas y forzadas) entre una persona menor de 18 años y un adulto o niño. En Argentina es legal casarse formalmente incluso antes de los 16 años con autorización de un juez. Entre los 16 y los 18, es posible con autorización de sus representantes legales (en general, progenitores). Ahora bien, ¿estas leyes protegen el interés superior de les niñes? ¿Son coherentes con el principio de autonomía progresiva?
El matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos de niñas y adolescentes que profundiza las desigualdades de género y limita las oportunidades de desarrollo. Según el Comité de la CEDAW, los Estados no deben permitir el matrimonio antes de los 18 años, edad en la que se alcanza la madurez y la capacidad plena de actuar. ¿Qué capacidad de consentir tiene una persona de 15 años que se casa con un adulto que dobla su edad? ¿Hay consentimiento cuando no existen alternativas?
Un tema del que hay que hablar
Las uniones forzadas son una forma de violencia sistemática sobre los cuerpos de las niñas y adolescentes en las que se relacionan las violencias físicas, psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales en los ámbitos familiares y domésticos. Las niñas se unen en convivencia con hombres que duplican o triplican la edad. Eso implica un abuso de poder porque los hombres tienen herramientas económicas, información y un lugar en la jerarquía social que las niñas no poseen.
Uno de los motivos por los que las niñas o adolescentes “deciden” casarse es para salir del círculo familiar donde atraviesan violencias. Sofía Quiroga, directora ejecutiva de Jóvenas Latidas, explica: “La unión aparece como una estrategia de supervivencia en contextos de violencia. Las niñas piensan que al unirse o casarse escaparán de la violencia que sufren en sus hogares familiares. Pero lo que sucede es que se reproducen los círculos de violencia en sus parejas. Los matrimonios y uniones infantiles son una causa y también una consecuencia de la violencia: la violencia familiar impulsa la unión, pero el matrimonio infantil la reproduce en la pareja. Por ejemplo, las violencias sexuales se naturalizan bajo el supuesto derecho de propiedad. Entonces ya no importa el consentimiento”.
Paralelamente, las uniones infantiles tempranas y forzadas impactan en las oportunidades de las niñas y mujeres porque, cuando se unen o se casan, dejan la escuela y luego no tienen herramientas para acceder a un trabajo ni recursos propios, entonces dependen de sus parejas. Es decir, abandonan la posibilidad de tener autonomía económica. En este sentido, el matrimonio infantil repercute negativamente en la educación, salud y oportunidades de las niñas y adolescentes, y genera aislamiento social y mayores probabilidades de embarazos no intencionales.
Por ejemplo, la mayor parte de las niñas y adolescentes que contrajeron matrimonio o se unieron en convivencia en su niñez son madres antes de los 18 años. Si bien la cantidad de embarazos en la adolescencia se redujo en un 55 por ciento entre 2015 y 2020 gracias a la aplicación del “Plan ENIA” de prevención del embarazo no intencional, sigue siendo una problemática de salud pública.
Otro de los peligros de salud que se relacionan con esta problemática es el riesgo que tienen las niñas de contraer infecciones de transmisión sexual. Algunos de los factores de riesgo tienen que ver con la pobreza, los bajos niveles de educación (y de Educación Sexual Integral) y las desigualdades de género que restringen la capacidad de las niñas para tomar decisiones.
Según la organización Girls not Brides, las niñas unidas en matrimonio o convivencia tienen mayores posibilidades de contraer VIH porque tienen relaciones sexuales sin protección, muchas veces como resultado de violencias sexuales; porque tienen maridos mayores y no están en condiciones igualitarias para poder negociar relaciones sexuales seguras ni para poder acceder a los controles de salud y servicios de salud sexual y reproductiva que podrían brindarles información sobre su estado de salud y sobre cómo cuidarse.
Finalmente, hay otro tipo de escenario convivencial: los casos en los que la niña o adolescente ni siquiera “quiere” unirse. Es decir, a los casos en los que las familias entregan a las niñas para que se unan en matrimonio o convivencia a cambio de algo: dinero, comida, etcétera.
El problema del subregistro
“Estamos sistematizando casos de la ciudad de San Miguel de Tucumán y de la zona rural de Tucumán, donde las familias entregan a las niñas a cambio de comida o de un estipendio económico mensual", confirma Sofía Quiroga y aclara: "Son familias que, por lo general, son muy grandes y muy pobres, con 7, 8 o 9 hijos. Hemos escuchado a las madres decir que lo mejor era que se 'junten' porque es una boca menos que darle de comer en las casas. En el territorio en el que trabajamos hemos visto muchos casos y creemos que hay más, que esto se repite en otros lados”.
En Argentina prácticamente no hay estadísticas ni registros sobre la magnitud de esta práctica. Según una investigación de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) realizada en base a los datos del censo del 2010, aproximadamente el 5 por ciento de las niñas y adolescentes del país están casadas o conviven con varones que les llevan entre 10 y 15 años.
En general, esto se da mayormente en adolescentes entre 15 y 19 años. Sin embargo, también hay menores de 15. Las provincias en donde más arraigada está la problemática son Misiones, Chaco y Formosa, que son, paralelamente, las que encabezan las estadísticas de embarazo adolescente.
¿Cuál es el peso de los mandatos de las generaciones anteriores? Algunas de las conclusiones del estudio dan cuenta del peso de los preceptos ancestrales que aún existen y repercuten en las posibilidades de niñas y adolescentes. Otra evidencia es la fuerza que tienen los estereotipos de género que reproducen y naturalizan los matrimonios y uniones convivenciales infantiles.
Por eso, FEIM lanzó la campaña “Sí, ¿quiero?” para visibilizar el alcance de la problemática del matrimonio infantil y los embarazos no intencionales en adolescentes menores a 15 años, también para poblaciones indígenas. Uno de los objetivos fue amplificar las voces de mujeres de distintas comunidades originarias: grabaron distintos spots radiales en cuatro lenguas originarias: Wichi, Pilaga, Qom y Guaraní además de un video subtitulado en qom en el que explican las consecuencias de esta unión en la infancia y adolescencia.
Mariana Isasi es la Jefa de Oficina del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA). En diálogo con Feminacida, adelanta: “Promovemos que a partir de las actas de matrimonio, se sepan y sistematicen las edades de los cónyuges. La información es acotada porque lo que más vemos son las uniones convivenciales en las que no están formalmente casades. También tenemos información gracias a las partidas de nacimiento, porque ahí se anotan las edades de les progenitores. Nos gustaría saber qué dice el censo del 2022”.
El matrimonio infantil es una problemática compleja, cuyo abordaje implica reforzar y fomentar el acceso a la educación, eliminar la pobreza y trabajar sobre normas y estereotipos de género (entre ellos, el mandato del matrimonio). En este contexto, ¿qué solución hay para que el matrimonio y la maternidad no sean el único destino posible?
Algunas estrategias
¿Con qué apoyos cuenta una niña que convive con alguien mayor? ¿Cómo deberían responder las instituciones educativas ante la deserción por embarazo o unión convivencial en la adolescencia? ¿Y los mecanismos de protección de derechos?
“Desde Jóvenas Latidas proponemos un enfoque integral de trabajo con las familias, con las niñas y adolescentes, con los servicios de salud y educación, y también con los gobiernos para la creación de políticas públicas de contención, de protección de la niñez y adolescencia y para la prevención del matrimonio infantil”, indica Sofía Quiroga y continúa: “Cuando trabajamos con las niñas y adolescentes no les decimos que no se tienen que casar ni las juzgamos, sino trabajamos sobre los posibles proyectos de vida para que puedan pensarse en otro camino no asociado con la maternidad o la unión como destino, que es el único que se les ha enseñado”.
Desde la organización intentan articular y trabajar de manera tal que si las adolescentes realmente se quieren unir, que sea una decisión no condicionada por agentes externos como la pobreza, la desigualdad, el hacinamiento o la violencia. “Creemos que si tuvieran otras posibilidades educativas, económicas, o de desarrollo no elegirían unirse o casarse para sobrevivir”, agrega la directora ejecutiva de Jóvenas Latidas.
A nivel regional también existe un programa interagencial formado entre UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Parte de la estrategia internacional en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es que la edad de matrimonio permitida sea a partir de los 18 años sin excepciones.
Mariana Isasi amplía: “Es clara la relación que existe entre esta problemática y la pobreza. Por eso trabajar en términos del desarrollo económico de las comunidades, de las mujeres y de niñas para que las familias tengan sustento es una estrategia que ayuda a que haya menos matrimonios y uniones tempranas”.
Habrá que ver qué datos surgen a partir del último censo y qué indicadores dan cuenta de la magnitud y alcance de esta problemática. Por ejemplo, en términos de acceso a la salud, escolaridad, maternidad adolescente, la pobreza como problemática exponencial y el acceso a oportunidades equitativas para niñas, adolescentes y mujeres. Parece irreal que hoy existan uniones convivenciales tempranas y forzadas; niñas que abandonan sus estudios por el “destino” de una maternidad no planificada y una comunidad que juzga las vulneraciones de derechos de les niñes cuando las vemos de afuera, pero las invisibiliza cuando nos toca hacernos cargo.
Sin embargo, este abuso de poder no puede visibilizarse de manera aislada. ¿Acaso no es el chineo otra manera de ultrajar los cuerpos de las niñas y adolescentes que no tiene respuesta del Estado? El chineo es la violación sistemática de las niñas indígenas que se produce a lo largo del país en manos de hombres criollos y que muchas veces violan en grupo. Es una práctica colonialista, machista y con un fuerte componente de odio étnico racializado.
Las violencias contra las infancias y contra las mujeres no son solo las que se muestran, sino también las que se omiten. Por un lado, la falta de cifras sobre matrimonios y uniones forzadas en la infancia en Argentina muestra cómo el Estado le suelta la mano a una franja etaria y genérica que debería estar escolarizada, asistir a los controles médicos y tener la capacidad para planificar una familia: elegir si ser madre, cuándo, cómo y de cuántes hijes.
Mientras el chineo evidencia la crudeza de las prácticas machistas en violaciones sistemáticas y las intersecciones entre las múltiples discriminaciones que sufren las niñas indígenas, el Estado se ausenta frente a generaciones de niñas que no pueden elegir porque no tienen otra opción, porque no tienen la autonomía suficiente y porque son entregadas como objetos a disposición cuando son forzadas a contraer matrimonio. Entonces, al fin y al cabo, todo lo que callamos, resiste.
