Con un gobierno interesado en abrir las puertas del país a proyectos inyectores de divisas como la minería de litio, ¿perdimos esta batalla en materia ambiental? En esta columna, Eugenia Polesello repone data clave para analizar la situación de este recurso en Argentina. ¿Cómo impacta el mega DNU dispuesto por Javier Milei? ¿Quiénes están en la primera fila del conflicto y por qué?
Desde la total franqueza, habrá pocas iniciativas de gestión ambiental en el mandato de Javier Milei. Si la anterior política ambiental no alcanzaba, era torpe o poco aggiornada al mundo, la situación actual es casi mínima. No habrá arista ambiental en los abordajes de la agenda de la actual gestión más que, quizás, el efecto colateral de la disminución abrupta del consumo.
Afrontar la realidad implica que el único movimiento en dirección ambiental muy probablemente sea en reversa y abriendo las puertas del país a proyectos inyectores de divisas como la minería de litio. ¿Perdimos esta batalla?
Tres datos necesarios para analizar la situación litio en Argentina
1. Argentina es el cuarto productor mundial de litio, aportando al 7% del mercado. Su reserva —los recursos económica y técnicamente explotables— es la tercera del mundo. Estados Unidos importa litio de Argentina y es su proveedor más grande: 51% del total importado.
2. La reserva tiene muy bajos costos de producción, principalmente, porque la separación del agua y el mineral en cuestión se hace por la fuerte radiación de la Puna de manera natural. Eso hace que literalmente el costo de evaporación sea cero.
3. El litio se usa para la medicina, la elaboración de cerámicas y vidrios o la fabricación de baterías, pero el abismal aumento de su demanda surgió a partir de la aceleración de la transición a vehículos de bajas emisiones —los eléctricos necesitan baterías de ion-litio— y el almacenamiento de energía renovable. Según la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO
¿Qué dice la ley?
Al ser el litio un recurso natural, según el art. 124 de la Constitución Nacional, es dominio originario de las provincias que los contienen (es decir, de su propiedad y no de la República). Eso implica que los acuerdos comerciales para extraerlos dependen de los gobiernos provinciales, no de Nación.
La extracción ocupa territorios que pertenecen a varios pueblos originarios. Al respecto, Argentina es responsable porque ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, y firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Por ello, debe “obtener el consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo” (DNUDPI, artículo 32, punto 2). Sin embargo, el cumplimiento de esta ratificación es muy floja, no se fiscaliza y queda a criterio de la predisposición de las empresas mineras.
El mega DNU dispuesto por Javier Milei establece que "la minería es otra área con gran potencial en el país y que se encuentra notablemente subdesarrollada". Entró en vigencia la reducción de costos mediante la eliminación de Bancos y Sistemas nacionales de información comercial minera. Ya empezamos con dudas: si hace falta desarrollo, entonces, ¿por qué se eliminan los centros de procesamiento de la información comercial?
Ahora sí, vamos a mezclar estos ingredientes para revisar por donde viene la mano del interés mundial en las reservas argentinas.
Figurita repetida
La historia latinoamericana lleva acumulados cientos de casos de territorios cuyos abundantes recursos captaron las miradas mercenarias de todo el mundo. Por mencionar algunos ejemplos, pasó con la plata de Potosí, el caucho de Brasil, el petróleo de Venezuela y los nutrientes del suelo argentino. Luego de identificarlos, los circuitos de comercialización anglo-europeos hicieron posible lo impensado: la verdadera primera globalización de la mano de obra.
Si bien han cambiado las herramientas, los minerales y los productos finales, las lógicas extractivas se reproducen. Por eso, incluso aunque los materiales tengan una finalidad “noble” y se empleen para fabricar baterías para vehículos sin emisiones de gases de efecto invernadero, como vemos, la lógica de subordinar los territorios al recurso de moda parece no haber cambiado.
Caracterizamos esas lógicas como extractivas porque, aunque generen puestos de trabajo y alto dinamismo en territorios, el cierre de los proyectos deja un hueco físico y económicamente devastador para los territorios: la recesión, desempleo, el éxodo rural, desechos sin tratamiento, adicciones y la destrucción paulatina de un ambiente, incluyendo a su gente.
El nombre ya gastado “oro blanco” mueve montañas. Bueno, no literalmente, por suerte y por ahora. Lo que sí mueve es mucha, pero mucha agua. La salmuera necesita bombearse a piletas de evaporación. Luego, el sol hace el resto del trabajo y la evapora. Así, aflora el carbonato de litio a muy bajo costo.
¿Se va entendiendo el creciente interés de inversores extranjeros? En términos de recursos ecológicos, lo más dañino del proceso de obtención del litio es la alteración del flujo de agua superficial en zonas de muchísima aridez (llueve en promedio 200 milímetros anuales, diez veces menos que en el noreste argentino, o lo que llovió en Buenos Aires esta última semana). Imaginate vivir en una región donde el agua no abunda, en donde gran parte del acceso al agua potable se ve comprometido y, encima, lo poco que hay solo es bombeado para esa actividad.
¿Quiénes están en la primera fila del conflicto con el litio y por qué?
El conflicto —como muchos socioambientales— no se divide fríamente en detractores y estimuladores. No son “los ambientalistas” versus “los desarrollistas”, estos antagonismos no resultan prácticos para analizar escenarios tan críticos. Sí, tenemos litio. Sí, necesitamos producir. Sí, necesitamos disminuir la pobreza, pero un solo recurso no bastará para salvarlos. Necesitamos consultas, negociaciones y consensos.
En San Juan, Catamarca y Jujuy resisten numerosas organizaciones indígenas en defensa de su tierra y su derecho a participar y ser consultados. En el departamento de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, las asambleas de "El Algarrobo" y las comunidades indígenas "Atacameños del Altiplano" y "Antiofaco del Altiplano" nuclean familias que viven al borde del famoso salar del Hombre Muerto, justo donde se producen casi 30 mil toneladas anuales de carbonato de litio.
Estos pueblos explican en miles de entrevistas que su mirada no es “anti-desarrollista” o “anacrónica” como se las categoriza, pero sí demandante de una consulta pública acerca de cómo integrar la actividad económica con la vida puneña a largo plazo. Aunque esto parezca demasiado ambicioso, o una actividad molesta que los argumentos desarrollistas buscan evadir, se trata de un paso ineludible para garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Ah, claro, y respetar un derecho constitucional.
Román Elías Guitián, cacique de Atacameños del Altiplano, declaró la semana pasada: “No estamos en contra del progreso, sólo queremos que hagan las cosas bien, porque así nos están destruyendo”. Por su parte, Doña Santos Claudia Vásquez, que es parte de la comunidad de "Antiofaco del Altiplano", expuso en numerosas ocasiones que las consultas públicas no respetan ningún requisito, como por ejemplo, garantizar el acceso gratuito a la información y a la consulta. “Por el contrario, ponen un QR para ser escaneados (en territorios de poca conectividad) o bien trasladan las asambleas a zonas con menos población, más inaccesibles”, aclara.
Incluso ante los visibles esfuerzos de las comunidades por comprender los objetivos e intenciones, los datos se ocultan y se encajonan, pero “quienes frenan el desarrollo son los ambientalistas”. Hay mucha saña con demonizar al ambientalista, pero poca estrategia de integración social y apertura de la consulta pública según las constituciones provinciales. Una gestión adecuada de esa consulta, consenso y negociación llevaría a menos “trabas ambientalistas”, tan bastardeadas.
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El dorado del Altiplano
Maristella Svampa es socióloga e investigadora, especialista en conflictos socio-ambientales y extractivismos. Según ella, las innumerables injusticias sociales, ambientales y geopolíticas a las que nos enfrenta el litio parecen confirmar una “nueva encerrona civilizatoria”.
Las dinámicas coloniales se modernizan y nuevamente la visión eldoradista de las élites buscan una solución mágica y acelerada de nuestros problemas con la exportación de algún bien natural que exige el mercado mundial. Por una vez en la historia argentina contamos con una oportunidad externa para revertir esta tendencia eldoradista y realizar actividades productivas que significativamente impulsen económica, social y ambientalmente. ¿Cómo lo hacemos?
Frente a los perjuicios que ocasiona la extracción de salmuera, CONICET está desarrollando prototipos de extracción que no requieren de grandes piletas de evaporación y por ende, el proceso tiene menos demanda hídrica.
Quizás, con el tiempo, veamos nuevas invenciones sobre estas técnicas. Mientras tanto, no se termina la batalla sin dar esta discusión. Queda pendiente saber si el auge de las tecnologías “limpias” podrá acompañarse también con innovación de la gestión territorial. Poco servirá la implementación de extracciones de menor demanda hídrica si no aumentamos la ambición de transparencia de los proyectos mineros en su integración social.
Ahora bien, si por el contrario se llevaran fielmente a cabo los procesos participativos de consulta pública, se reglamentaran los destinos de las regalías provinciales y ase rmonizaran las regulaciones entre jurisdicciones, al menos tendríamos más experiencias recorridas en torno a estos proyectos y se podría mejorar sus procesos de adaptación al territorio, y no a la inversa.
Al final de cuentas, los obstáculos que encuentran las empresas mineras son fundamentalmente por los pueblos que reaccionan por la falta de consulta, por tocar sus territorios sin permiso, por faltarles el respeto en cuanto a sus creencias y costumbres, como si no fuésemos sus compatriotas.
