Ley Micaela: "La modificación del primer artículo es casi como querer derogar la ley"

“No sé si la Ley Micaela es una ley noble, lo que sé es que es una ley transformadora”, dijo Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela García y miembro de la Fundación Micaela García, durante el debate de la "Ley Ómnibus" en las comisiones de la Cámara de Diputados. 

En la segunda semana de discusión sobre los más de 600 artículos del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, participaron organizaciones no gubernamentales, organismos de Derechos Humanos, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil. 

Yuyo expuso durante diez minutos sobre lo que significa realmente la modificación de los seis artículos de la Ley 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado. 

El papá de Micaela hizo foco en dos puntos clave. En primer lugar, que la capacitación deje de ser en violencia de género para pasar a ser sobre “violencia familiar” es casi como querer derogar la ley. Además, está el problema de capacitar solamente a las personas que se desempeñen en la función pública en los “organismos competentes en la materia”. 

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Violencia de género no es sólo violencia familiar

En relación a la eliminación del concepto de violencia de género para pasar a hablar solamente de violencia familiar, Yuyo sostuvo que de esta manera se olvidan las otras modalidades contempladas en la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

¿Qué pasa con la violencia laboral, política, mediática, obstétrica y, sobre todo, institucional? En su intervención, García recordó que el espíritu inicial de la Ley Micaela era capacitar en todos estos tipos y modalidades para que el Estado no sea quien reproduce las violencias.

“Claramente es una violencia que está dentro del Estado, que ejerce el propio Estado a través de sus agentes. Por eso entendemos que todas las personas que integran los tres poderes del Estado tienen que capacitarse en esta ley”, concluyó.

Por otro lado, al simplificar estas capacitaciones también se está incumpliendo con tratados internacionales con jerarquía constitucional, como son la Convención de la CEDAW y la Convención Belém Do Pará. 

La violencia de género es transversal

“La ley se originó por el femicidio de Micaela, mi hija”, explicó Yuyo. Sebastián Wagner, el femicida de la joven entrerriana, había sido dejado en libertad aún cuando los informes psicológicos del servicio penitenciario indicaban lo contrario. El día anterior al asesinato de Mica, el padre de una adolescente quiso denunciar a Wagner por intento de violación en tres comisarías y nadie le tomó la denuncia. 

Ni el juez que liberó a Wagner ni los agentes policiales que no tomaron las denuncias se desempeñaban en “organismos competentes en la materia”. Es decir, con esta modificación personas como ellos no recibirían capacitación en violencia de género. 

Por eso, es necesario que la ley alcance a todas las personas que trabajen en el Estado, porque la violencia de género se vincula con muchas otras temáticas y todes les trabajadores estatales deberían saber cómo abordar estas situaciones. Pero además, porque el objetivo de la Ley Micaela es generar un cambio estructural en la sociedad, un proceso que lleva tiempo y se hace de a poco. 

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Las fake news se terminan con datos

Pablo De la Torre es el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, además de un férreo antiderechos y ex funcionario del PRO en San Miguel. Durante el debate de la semana pasada, De la Torre habló sobre la Ley Micaela como “una ley noble, pero que no ha dado resultado” porque “tenemos más muertes que antes”. Además, la consideró un gasto innecesario.

Yuyo García le respondió al funcionario: “No se gastaron millones en la implementación de la Ley Micalea. La mayoría de las capacitaciones se realizaron por trabajadoras del Estado Nacional que no cobraron un adicional por realizar esta tarea, sino que hacían una tarea militante”. 

En relación al número de los femicidios, es importante señalar que el impacto de esta ley no se mide en la cantidad de femicidios. Se encuentra vinculada a la capacidad que tienen los agentes del Estado para prevenir, acompañar y brindar soluciones frente a situaciones de violencia de género.

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Como dijo el papá de Mica, no sabemos si esta ley es noble o no, pero lo que sí sabemos es que es una ley transformadora. Desde su sanción hace cinco años —que fue acompañada por legisladores de todo el arco político— hubo cambios en la toma de denuncias, en las decisiones de los jueces, en el rol que el Estado juega en la vida de las personas que atraviesan situaciones de violencia de género. Para poder seguir avanzando en este camino, la modificación que propone la Ley Ómnibus no nos ayuda.