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Ley Farmacity: “Una madre que vive de su local tiene que competir contra un monstruo privado”

La aprobación de la “Ley Farmacity” le dio a las grandes cadenas de comercios el marco legal para instalar sus locales en los cuatro barrios populares de la Ciudad que están en proceso de urbanización. En esta nota, vecinas y vecinas alertan sobre las consecuencias del proceso de gentrificación a casi seis meses de la nueva legislación. ¿Cómo influye en el desarrollo de la economía social y popular?


La Ley de “Integración Productiva e Impulso al Trabajo de los Barrios Populares” -Ley N° 6545- fue aprobada en junio en la Legislatura porteña. Esta normativa beneficia a grandes cadenas empresarias con el 80 por ciento de exención impositiva al instalar sucursales en alguno de los cuatro barrios populares de la Ciudad alcanzados por las leyes de reurbanización: el Barrio Padre Mugica (ex 31), Barrio 20, Barrio Fraga y Barrio Rodrigo Bueno. A cambio, establece que el 30 por ciento de los puestos de trabajo generados sean destinados a habitantes locales.

Desde entonces, organizaciones sociales realizan movilizaciones, reclamos, envíos de cartas a las autoridades y audiencias en el Palacio Legislativo porteño para denunciar que esta legislación atenta contra los comercios barriales al representar una “competencia desleal”, que aumentará el valor de las tierras y del costo de vida en las villas. Esto refiere a un proceso de gentrificación, es decir, un proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado que provoca una revalorización y encarecimiento de los suelos y, por ende, produce la migración de quienes no puedan adaptarse al nuevo sistema condicionado por un grupo poblacional de un nivel social y económico más alto.

Vecinas y vecinos consultados por Feminacida afirmaron que esta ley fue aprobada sin diálogo ni consulta popular previa, ni tampoco generaron espacios de participación ciudadana durante el tratamiento del proyecto de ley en las comisiones de la Legislatura. Cabe destacar que los barrios y el Gobierno de la Ciudad tienen espacios de diálogo: las Mesas de Participación por la Reurbanización. “Dicen que la Ley Farmacity fue charlada en las mesas de participación. Pero yo formo parte de esas mesas y nunca se habló de esto. Nos enteramos directamente cuando la ley fue aprobada”, explicó Ivet a este medio, vecina de Villa 20.

Más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras forman parte de la economía popular, y 6 de cada 10 son mujeres, según el primer reporte general del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, realizado en diciembre del 2020.

Desde entonces, este escenario recrudeció. La feminización de la pobreza y de las tareas del cuidado del hogar obligó a muchas mujeres de barrios populares a abrir locales de comida y otros servicios durante la pandemia, a fin de subsistir la cuarentena y su consecuente aislamiento social.


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“La pandemia golpeó mucho a los vecinos y por eso aumentaron los comercios internos, especialmente las casas de comida, panaderías y artículos de limpieza. Acá, el 60 por ciento del pueblo es obrero de construcción y se vio obligado a hacer algo para subsistir, al igual que sus familias”, contó Saúl, quien vive desde la década del 90 en el Barrio Padre Mugica.

No casualmente, Silvana, referente de Villa 31 desde el ’86, señaló que “las vecinas mujeres son las que manejan las economías populares y son las que más trabajan en comercios barriales”. Y apuntó: “La mayoría de las veces son madres solas que no pueden ir a trabajar lejos. Ahora con esta ley, exponen a que una madre que vive de su local tenga que competir contra un monstruo privado”.

De igual manera, esta Ley Farmacity no sólo atenta contra los comercios locales, sino que representa una amenaza a todo el barrio. Su costo de vida se elevará a través de los precios, impuestos y la tasación de las viviendas. “Esto está pensado para la expulsión de los vecinos por el sistema inmobiliario y no para su integración a la Ciudad”, concretó Silvana.


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Competencia desleal

David es referente del Barrio Padre Carlos Mugica desde 1987. Entrevistado por este medio, contó que el año pasado se aprobó el Protocolo de Formalización de los Servicios Públicos que establece que no hay tarifa social para sus kioscos. “Tienen que pagar como cualquier kiosco de la CABA”, aclaró.

El Gobierno de la Ciudad difundió en un comunicado que “en todos los barrios populares de la Ciudad se están llevando adelante operativos de difusión e inscripción al Registro de las Unidades Productivas de la Economía Social y Popular (RUPEPYS), buscando que todos los emprendimientos, cooperativas y comercios de los barrios tengan a su alcance las herramientas para potenciar su trabajo”. Sin embargo, según David, ninguno de los locales barriales recibe tal ayuda estatal, y tampoco en la cooperativa que brinda servicio de internet en la que trabaja: “Creemos que va a haber una desigualdad en cuanto a los comercios que son preexistentes a la ley, ya que nosotros tenemos que pagar todos los impuestos, pero a las empresas grandes les perdonan la carga impositiva en un 80 por ciento en las cadenas que pongan tanto dentro como fuera del barrio”.

Por su parte, Saúl, del mismo barrio, quien administra allí un comercio polirubro opinó que empresas como Farmacity son “una topadora”, “un monstruo que va a terminar de matar a todos los comercios chicos” ya que cuentan con convenios comerciales que les permite hacer descuentos o tener exclusividad de mercado, también cuenta con más equipamiento tecnológico para el cobro con tarjeta o Mercado Pago, publicidad y ahora ayuda fiscal.

Silvana coincidió al explicar que “los vecinos comerciantes no reciben siquiera créditos a tasa cero”, y apuntó contra la “doble moral” con la que se juzga la asistencia social a personas de bajos ingresos y a grandes cadenas: “Estos empresarios son como los planeros del GCBA, porque poner sus locales en el barrio les sale casi gratis con tanto privilegio impositivo. Y lo termina pagando el Estado”.


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Asimismo, varias de las personas consultadas para esta nota han aclarado que, si bien “es cierto que muchos negocios no pagan impuestos en los barrios populares”, esto sucede “porque son comercios improvisados” que tienen la intención de crecer y formalizarse, pero “la mayoría son de familias humildes, que no tienen para pagar los impuestos de un local formal”.


Empleos golondrina

Uno de los principales argumentos oficiales para la implementación de esta ley es la asistencia a las emergencias económicas de los barrios a través de la generación de empleo en los nuevos locales.

Sin embargo, las y los comerciantes coincidieron en que es mayor el número y calidad de los empleos que se pierden que los que se ganan ya que, opinan, muchos de los puestos de trabajo que se generarán se tratan de “empleos golondrina”. Es decir, puestos de trabajo que no prometen sostenibilidad en el tiempo.

“Esto ya lo vivimos. No son trabajos estables los que ofrecen. Los pibes trabajan los tres o cuatro meses que dura una obra y nada más, por ejemplo”, opinó David.

Y, en la misma línea, Silvana adujo: “La influencia de la Ley Farmacity no es un invento nuestro. En la 31, vienen muchas empresas a instalarse desde que inició el proceso de urbanización. Pusieron un mayorista Diarco cerca de la YPF de Retiro, y esto generó que muchos de los comercios minoristas solventados por los mismos vecinos desde las economías populares empezaran a cerrar. ¿De qué generación de empleo hablan?”.

A cambio, representantes de los barrios populares instan a que se fortalezca el trabajo de las cooperativas y planes de empleo, además del auxilio a los comercios locales a fin de mejorar no sólo la cantidad de puestos de trabajo sino también la calidad, ya que aunque se tenga un ingreso económico, “suele no alcanzar”.


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Este es el caso de Celia, también vecina del barrio Padre Mugica, consultada por este medio. Ella es jubilada, pero debe seguir trabajando en su librería para subsistir: “No queremos gente de afuera que venga a sacarle empleo a los vecinos. Acá ya tenemos comercios que vendan las cosas que quieren venir a vender”. Y agregó: “Acá hay cooperativas de limpieza y otros servicios a las que ni siquiera les pagan bien. Deberían empezar por cuidar los empleos que ya existen. Hay muchísimas fábricas cerradas, pero para ellos la solución es abrir locales de grandes empresas privadas. Están menospreciando nuestro trabajo”.

Privatización: salud y educación

La ley en cuestión permite también el ingreso al barrio de instituciones privadas de salud y educación. Silvana teme una privatización de estas áreas, dado a que la prioridad de inversión del Estado porteño se encuentra enfocada en el beneficio fiscal del sector privado, en detrimento del sector público.

Hace 36 años que la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) reclama, sin éxito, el reacondicionamiento del Hospital Grierson. Quienes viven en dicha zona, deben ir hasta el Santojanni (Mataderos) o al Piñero (Flores) para recibir atención médica. Aún más, esta zona del sur de la ciudad sufrió, durante el 2020, un rebrote de tuberculosis a causa de la falta de viviendas y del hacinamiento, combinado con problemáticas económicas y ambientales.



Esto motivó también la denuncia del vaciamiento de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESACs), donde “es imposible conseguir un turno médico”; el desabastecimiento de las salitas y, además, la negativa de las ambulancias de entrar a muchos de estos barrios. Para saldar esto, hay incluso en los barrios promotoras de salud, mujeres capacitadas en cuestiones de salud que ayudan a sus vecinxs sin reconocimiento económico.

“Tenemos otras prioridades, como la creación de escuelas públicas secundarias. Los pibes de 11 años están yendo a escuelas nocturnas porque no consiguen una vacante. Sacaron hasta el micro de la primaria que llevaba a los chicos a la escuela”, aportó Ivet, quien trabaja hace seis años en una escuelita de deporte que brinda también apoyo escolar y merienda.

“En los merenderos empezaron a bajar las raciones al 50 por ciento durante la pandemia. Incluso, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad hizo en esa época una reunión con los comedores para decirnos que, como le estábamos haciendo frente a la pandemia, ellos se comprometían a que nosotros íbamos a ser reconocidos como comedores históricos. Pero nunca sucedió. Incluso llevamos esto a la Justicia, pero aun así nos siguen negando”, explicó la referente de Villa 20, cuestionando las prioridades de las autoridades porteñas.

Finalmente, Ivet resumió todo lo expuesto: “El GCBA en vez de pensar por nosotros, debería pensar para nosotros”. En la premisa de Ivet radica la diferencia entre un proceso de gentrificación, que parece proponerse con el impulso de leyes como la Ley Farmacity, y uno de urbanización e integración socio-económica. El camino que elijan las autoridades se definirá con el tiempo; pero elles ya tienen definido el suyo: seguir luchando en defensa de sus derechos.

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Periodista licenciada en Comunicación Audiovisual, egresada de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente trabaja como redactora especializada en género y derechos humanos. Además, se desempeña en el área de comunicación del Consejo de la Magistratura de la Nación.

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