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Les pa(de)cientes: apuntes sobre salud mental en clave de derechos

La Ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010 obligó al Estado a cerrar los manicomios para el año 2020 y a reemplazarlos por dispositivos que permitan la vida en comunidad. Sin embargo, hoy siguen existiendo. ¿Por qué no funciona la manicomialización? ¿Cómo influyen las representaciones mediáticas, los estereotipos y los prejuicios en la institucionalización de personas con padecimientos psicosociales? ¿Por qué la salud mental no debe ser abordada como una cuestión individual ni secundaria?

Foto de portada: Eri Aparicio


En 2010 se sancionó en Argentina la Ley 26.657 de Salud Mental, que venía a transformar la manera de entender la salud, a la persona que padece una enfermedad y a la relación entre el individuo y la sociedad. La idea era cambiar el modelo institucional-manicomial propuesto por la ley anterior centralizado en hospitales psiquiátricos. La intención fue pasar de “normalizar” a quien tenía algún padecimiento mental a través del destierro en el encierro, a crear una red de dispositivos y recursos de base comunitaria, accesibles e integrados.

Es otras palabras, la nueva ley llegaba para proteger los derechos y la autonomía de las personas con sufrimiento psíquico, fomentando la externación como regla y la internación como excepción. Y, de este modo, favorecer la inclusión social con la promoción de los tratamientos por fuera de los hospitales psiquiátricos.

¿Por qué no funcionaba la “manicomialización”? Según Eduardo Quiroga, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “las personas que ingresaban eran sometidas a diferentes formas de violencia y vulneración de sus derechos, y el modelo no daba una respuesta a las problemáticas de salud mental. Solo generaba exclusión y segregación”.

Chalecos de fuerza, lobotomías, aislamiento extremo, polimedicación, rejas, hospicios y manicomios. No solo en Argentina, sino a nivel mundial, se demostró que aislar a las personas con padecimientos mentales no lograba “curarlas” o “repararlas” de manera individual. Tampoco colaboraba con un plan de reinserción social luego de las internaciones, ni problematizaba una cuestión de base: no son solo un puñado de personas las que necesitan ayuda por un trastorno mental.

Por nuestras condiciones de vida, por nuestro contexto, por el ritmo que llevamos, por lo que consumimos, por cómo estamos habitando el mundo: somos muches les padecientes, con distintos grados de severidad. Por ejemplo, “la ansiedad es propia de la existencia humana, todes la experimentamos en mayor o menor medida, ante situaciones específicas o con regularidad porque es una respuesta ante un peligro”, explica Cristel Fabris, psicóloga especialista en ESI y violencia de género, en diálogo con Feminacida.

Hoy en día, cuando hay internaciones, es porque un equipo interdisciplinario decidió que es el mejor tratamiento posible en un momento indicado. Es decir, se entiende la internación como un recurso restrictivo al que se acude solo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones que se pueden hacer de manera ambulatoria, en su entorno familiar, comunitario o social.


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Para internar a alguien en contra de su voluntad, es decir, sin consentimiento, además hay que notificar a la justicia y designarle une abogade a la persona a internar. “Hay determinadas garantías porque a la persona se le restringe la libertad y esto solo pasa en el ámbito de la salud mental”, dice Eduardo Quiroga en una entrevista con este medio.

Se espera que la internación sea breve y que, una vez concluida, el paciente pueda continuar el tratamiento en su vida cotidiana: con el acompañamiento domiciliario adecuado o asistiendo a hospitales de día o de noche, o a casas de medio camino.  La idea es que les pacientes mantengan sus vínculos, la comunicación con sus familiares y su entorno social y laboral, justamente como parte de las estrategias de inclusión. 

La internación involuntaria puede darse cuando a criterio del equipo de salud interdisciplinario se evaluara que existe una situación de riesgo cierto e inminente (este fue uno de los cambios que trajo la nueva ley) para sí o para terceros y en qué medida. Y solo se da ante la ausencia de otras alternativas eficaces para su tratamiento.

Los psiquiátricos siguen existiendo y alojan a aproximadamente 12 mil personas a lo largo del país. De esa población, el 49 por ciento se identifica como varón; el 45 por ciento, como mujer; y hay un 1 por ciento que corresponde a identidades no binarias. El 60 por ciento de esas personas ingresó involuntariamente y muchas permanecieron ahí por no contar con dispositivos comunitarios ni vivienda.

De hecho, según datos del Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental del 2019, aunque el promedio de internación es de 8 años, el 25 por ciento lleva entre 11 y 90 años internada. “El problema es: ¿a dónde va el paciente? No podemos mandar a la gente a la calle, a la buena de Dios, porque después vuelven sin comer, sin dormir, sin hidratarse y en pésimas condiciones. Muchas veces, el paciente que viene al Hospital Borda es el paciente que no tiene nada”, cuenta a Feminacida Guillermo Jemar, coordinador de la guardia del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José T. Borda, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.


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Hace rato se había abandonado la definición que entendía a la salud solo como ausencia de enfermedades, y se había reemplazado por una definición integral, como un estado de bienestar físico, mental y social que permite hacerle frente a los desafíos que se nos presentan en nuestras vidas y en nuestra comunidad: los cambios, el estrés, la “realidad”, el “país”. En este marco, la ley definió a la salud mental como un proceso determinado por componentes biológicos, pero también históricos, socioeconómicos, culturales y psicológicos. Es decir, algo que no está fijo, sino que cambia ya que no somos un diagnóstico. Por eso, la atención en salud en estos casos debe ser interdisciplinaria.

Lo individual y lo social

La salud mental no es un problema individual, sino un problema colectivo. Es la sociedad la que debe albergar la diversidad de personas que hay. Y es el Estado el que debe generar herramientas para superar las barreras que hacen que no todes podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones.

Según el primer estudio epidemiológico argentino de salud mental realizado por la Facultad de Medicina de la UBA, 1 de cada 3 argentines mayores de 18 años tuvo un trastorno de salud mental en algún momento de su vida. Los más frecuentes fueron los trastornos de estado de ánimo (depresión, bipolaridad), los trastornos de ansiedad, el abuso de sustancias y las fobias específicas. Un dato para destacar es que las mujeres tienen 85 por ciento más de probabilidades de padecer trastornos de ansiedad.

En este sentido, la nueva ley apuntaba a la descentralización de la atención a la salud mental (en psiquiátricos) y la creación de dispositivos de medio camino, es decir, diferentes instancias intermediarias entre la internación y la reincorporación al entorno familiar, cotidiano y social del paciente.

En las distintas jurisdicciones debe haber centros de salud que puedan atender a las necesidades específicas de cada tratamiento, y también centros de día, oferta de asistencia y acompañamiento domiciliario. Esto resolvería el problema en el acceso a la salud ya que existe una gran diferencia entre la prevalencia de trastornos mentales y el número de personas que efectivamente recibe tratamiento. Además, la ley propone que se desarrollen dispositivos de servicios de inclusión social y laboral, cooperativas de trabajo, centros de capacitación sociolaboral y hogares para garantizar el acceso a una vivienda. Es decir, herramientas para la autonomía progresiva de las personas con discapacidad psicosocial.


Crédito: Eri Aparicio

Prejuicios en torno a “la locura”

“Me estoy volviendo loca”. “Ay, pará, estás paranoiqueando”. “Me siento bipolar”. “Soy re TOC”. ¿Cuántas veces escuchamos o usamos este tipo de frases? El lenguaje no es inocente y construye representaciones sociales e imágenes que se sostienen gracias a los medios de comunicación. Es momento de problematizar y desterrar los estigmas. Porque aún hoy se sostiene el estereotipo de que la persona con cualquier afección de salud mental es peligrosa o violenta.

Al respecto el abogado Eduardo Quiroga aporta: “Estos prejuicios avalan la institucionalización de las personas con discapacidad psicosocial, y su exclusión de los trabajos y de la educación. Y la realidad es que estas personas son mayormente víctimas”. Estos mitos que recaen sobre las enfermedades mentales perpetúan un sistema de discriminación y reclusión, y de ausencia de participación comunitaria, oportunidades y derechos de les padecientes.

Ante la pregunta por las representaciones que existen sobre “la locura” o el padecimiento psicosocial, la licenciada Cristel Fabris cuenta que se la ha demonizado desde el principio de la historia. “El exorcismo era para ‘el loco’ que no tenía las mismas creencias que ‘los normales’. Ahora se ha instaurado el estereotipo de lo peligroso, se cree que ‘lo otro’, lo que está fuera de control, lo que no acata reglas, no tiene sentido. Pero el verdadero peligro son los medios porque desinforman y generan miedo”, expresa la psicóloga.

Estos prejuicios no solo patologizan, sino que también criminalizan. ¿Entonces? Encierro. Esta idea estaba presente en la vieja ley de salud mental que, entre otras cosas, exigía a los hospitales psiquiátricos que definieran el índice de peligrosidad de les pacientes.

La salud mental es un tema de todes

“Los cambios o episodios que pueden existir a nuestro alrededor, así como las lógicas económicas y vinculares, nos afectan directamente. A veces irrumpen en nuestra rutina drásticamente y a veces nos van ‘golpeando’ de a poquito. Por eso aparece el concepto de estresores cotidianos y los diferentes factores que afectan nuestro estado de ánimo. Todo eso hace también a la salud mental”, explica Cristel Fabris para derribar mitos, creencias e imaginarios sobre la salud mental como un compartimento aislado del cuerpo, de la sociedad, de la cultura, de la economía o de la etnia.

¿Dónde empieza la fina línea que separa la supuesta “normalidad” de la “anormalidad”? ¿Quién definió estos conceptos y en qué se basaron para definirlos? ¿“Lo normal” es ser productives en un mundo capitalista? ¿Cómo podemos estar “bien”, viviendo en un sistema económico que genera tanta desigualdad? El filósofo sudcoreano Byung-Chul Han dice que vivimos en sociedades de rendimiento constante, lo que en algunas personas provoca enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno límite de personalidad o el déficit de atención.

Según Han, la excesiva positividad puesta en la persona nos responsabilizan por el “éxito” o ”fracaso” individual en un mundo meritócrata. Sufrimos agotamiento porque en nosotres recae el peso de encontrar motivación, hacer varias cosas a la vez, tener iniciativas, estar al tanto de lo que pasa, ser productives. Rendir, rendir, rendir. Nos convertimos en animales de trabajo y trabajamos cada vez más: en el colectivo, en la casa, en la cama con el teléfono. Y quien no trabaja, no puede sobrevivir. 

Fabris explica que “un trastorno podría pensarse como una alteración en la rutina o en el funcionamiento ‘normal’ y/o esperable. También como un conjunto de síntomas que puede estar vivenciando una persona”. Según detalla la profesional, estos trastornos que afectan la salud mental pueden ser temporales o pueden estabilizarse, pero no se rigen con la lógica médica de la “cura”. “Esto es fundamental para comprender el efecto de los síntomas y para aliviar el miedo a la pérdida de control”, continúa Fabris. ¿Acaso no tenemos o tuvimos alguna vez ese temor? El miedo a la marginalidad, a la exclusión, a la pérdida de criterio o de noción de la “realidad”. El más allá de la hegemonía del acá. El des-borde.

La dignidad del riesgo

La vida misma supone riesgos constantes para quienes vivimos. En menor o mayor medida, cocinar, caminar por la calle, bajar y subir escaleras, ducharnos; o bien, escalar, viajar, andar en distintos vehículos, implican una cierta cuota de riesgos. La dignidad del riesgo reivindica la necesidad de autonomía de las personas que sufren distintos tipos de afecciones de salud mental. Es decir, que las restricciones que tengan “por su propia seguridad”, no les quiten la oportunidad de vivir una vida plena y significativa. Esto contempla, desde ya, la necesidad de apoyos razonables, supervisión y acompañamiento. Equilibrar el riesgo con la seguridad es un modo de fomentar la autonomía como un factor indispensable para el bienestar. 

La Ley de Salud Mental por sí sola no va a poder resolver esta complejísima problemática, aunque su redacción sea o no excelente. Porque si no se acompaña de políticas activas de salud y transversales (que contemplen también el acceso a la vivienda, a un trabajo, a la educación, a la integración comunitaria), no puede avanzar.



Al respecto, el psiquiatra Guillermo Braña indica: “Nosotros tenemos una afluencia de pacientes de todo el conurbano, tanto en la zona norte, el oeste y el sur, que por supuesto que nos desbordan en nuestra capacidad de darles un servicio. Este tipo de pacientes es una población vulnerable, que muchas veces no tiene ningún tipo de cobertura en salud, no tienen ningún recurso económico ni subsidio del Estado. Algunos han logrado tramitarlos, otros no. Por lo tanto, las condiciones socioeconómicas en la que se encuentra la población que nosotros atendemos es muy vulnerable en todo aspecto. Más aún, sumándole la patología mental que tienen y que agrava la situación”.

Entender la salud mental en clave de derechos significa buscar caminos para integrar, para generar oportunidades, para vivir vidas dignas junto a seres querides, para poder acceder a trabajos y a tratamientos de calidad. Esto tiene que ver con garantizar los derechos de las personas con cualquier padecimiento psicosocial, para que puedan desarrollar una vida independiente en comunidad.


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El problema no es la ley, sino que no se implementa como debería. Hoy por hoy, la respuesta principal sigue estando pensada en torno a los manicomios. Porque la salud mental pareciera entenderse como algo al margen de la salud. Menos del 2 por ciento del gasto total de salud se destina a salud mental, según los datos del Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental del 2019. Además, gran parte de estos recursos se destinan a los hospitales psiquiátricos.

Falta personal, faltan estadísticas oficiales, falta perspectiva de derechos humanos. Es decir, un tratamiento pensado para la persona, en vistas de su integración.


¿A dónde llamar por asistencia o acompañamiento en salud mental? En la Ciudad de Buenos Aires, al 0800-333-1665. En la Provincia de Buenos Aires, al 0800-222-5462.

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Filósofa egresada de la UBA, feminista, militante por los derechos humanos y especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género. Trabaja como docente.

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