Foto de portada: Miela Sol PH
La violencia doméstica que sufren las mujeres en sus relaciones personales no siempre se expresa en amenazas y lesiones, que son las formas más habituales en las que se encuadran los hechos que llegan a la Justicia. La violencia sexual, la violencia económica y la violencia vicaria son menos denunciadas. Sin embargo, aparece en el relato de las denunciantes con la misma presencia que los insultos y los golpes.
Antonela (*) es de La Plata y viene de una familia perteneciente a la región evangélica. De hecho, su padre es Pastor, y tiene un reconocimiento especial en ese ámbito. Cuando conoció a su ex esposo, un reconocido licenciado en Seguridad e Higiene Industrial y Control del Ambiente Laboral, él era un hombre de 24 años y ella una adolescente de 16 sin pertenencia social: su círculo estaba configurado por la familia y la Iglesia.
Sofía Caravelos y Martina Wall son las abogadas que acompañan la denuncia de Antonela que recayó en la fiscalía del Dr. Álvaro Garganta. “Luego de tantos años de violencias sufridas y representaciones penales insuficientes, pudimos finalmente reconstruir su historia ordenando todos los hechos aislados y plantear estratégicamente una denuncia que dé cuenta, no solo de los sufrimientos padecidos durante más de diez años, como la violencia física y sexual ejercida sobre Antonela durante el matrimonio, sino también evidenciar las bases que posibilitaron esta situación: la clase social a la que pertenece el violento y cómo ésta opera de determinada manera cuando se pertenece a un estatus y poder adquisitivo particular como es el caso de este hombre”, relatan en una entrevista con Feminacida.
Fue en la Iglesia donde él le propuso “ser novios” porque no había otra instancia que les permitiera vincularse dentro del ámbito en el que se movían. Antonela no quería, pero vio en esa propuesta una manera de relacionarse con alguien, aunque sin total conocimiento de las implicancias debido a su escaso recorrido y a las censuras que se ejercían sobre su vida social.
Sus padres se opusieron desde el primer momento porque él tenía un historial de consumos problemáticos. Durante un año se mandaron cartas. Cuando ella comenzó la carrera de Trabajo Social en el año 2000, esas salidas le permitieron encontrarse con él para verse. Al enterarse sus padres, le prohibieron nuevamente verlo e incluso estudiar con la misma regularidad. En ocasiones la encerraban. Tras rogar por un permiso para ir a rendir un final, se escapó del hogar familiar con quien luego sería su esposo. En ese momento, comenzaron una relación formal y para sus 23 años, se casaron.
Una vez casados, en 2005, sucedió el primer episodio de violencia física aunque ya había habido otros verbales. Cuando él vio las marcas que había dejado a Antonela, le pidió perdón llorando. “No hice ninguna denuncia. Comenzamos una terapia vincular”, relata la denunciante.
Él empezó una constante insistencia para tener hijos. Antonela pudo retardar un poco la situación advirtiéndole que era preferible primero establecerse económicamente. Tras trabajar mucho, incluso en tres lugares diferentes a la vez, lograron comprar una casa en un barrio periférico de la ciudad de La Plata. Este aislamiento fue crucial para intensificar las violencias de su parte.
El agresor se desempeña como licenciado en Seguridad e Higiene Industrial y Control Ambiental Laboral de varias firmas reconocidas en la zona de La Plata. Sus referencias comerciales se centran en gran parte en la Iglesia Evangélica a la que pertenece.
Sin embargo, como da cuenta el comunicado que las abogadas difundieron en los medios locales, el denunciado niega poseer ingresos. Sus amistades cristianas permiten que firmen terceros en su nombre cualquier tipo de documentación para evitar el pago de la cuota de alimentos. Sus habilidades y los recursos económicos le han permitido generar un escenario donde la convivencia con la madre de los hijos “está cuestionada”. De hecho, Antonela hoy solo vive con el menor de los tres.
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En 2008 nació el primer hijo de ambos. Hacía poco tiempo había fallecido el padre de su esposo. Él comenzó a consumir cocaína y a ausentarse por largos períodos de la casa. Un período de violencia que ella recuerda como exacerbado y profundo. “Cuando estaba presente, la violencia era constante y también la insistencia por tener otro hijo”, relata Antonela en su denuncia. Los episodios habían trascendido ya el ámbito privado. Los insultos y empujones se daban incluso en presencia de amigos de él, lo que la avergonzaba y colaboraba con el círculo de silencio que suele enredar a las víctimas.
Como suele suceder luego de episodios más extremos de violencia, el círculo de perdones, regalos y buenos comportamientos se tradujo en un nuevo embarazo que, al poco tiempo de comenzar, devino nuevamente en insultos, golpes y abusos sexuales.
Sus vínculos sociales, luego de 10 años de exclusiones, violencias, encierros y tres hijos en común, eran prácticamente nulos. Su red de contención estaba reducida. Una amiga finalmente pudo ayudarla a huir del hogar: “Cuando caí en la cuenta de que también mis hijos estaban en riesgo, pedí ayuda y me fui”.
Mientras regía el período de restricción, él se mudó frente a su casa, ubicada además en un barrio alejado de todo, pasando por alto toda prohibición ya que al no haber seguimiento por parte de quienes deberían brindar protección, los victimarios se manejan con total impunidad. Cumplida la medida, el agresor volvió a la casa.
A este hostigamiento le siguieron persecuciones en la calle y merodeos en el lugar de trabajo de Antonela de los cuales constan capturas de pantalla de cámaras de seguridad y filmaciones bajo medidas de prohibición de acercamiento vigentes. Incluso relatos de vecinos.
En este contexto, él pidió el divorcio, realizó múltiples denuncias y comenzó su estrategia legal para cumplir con sus amenazas: “No te voy a dejar a vivir, no te voy a dar un peso y te voy a sacar a los chicos”. La intencionalidad de continuar violentándola a través de los hijos es clara.
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Una tarde en que el hijo mayor de ambos se encontraba en una plaza cercana a su casa, el padre merodeaba por la zona y se lo llevó sin dar aviso. Hizo una denuncia contra Antonela por abandono de persona diciendo que lo había encontrado deambulando por la ruta y manipulando a su hijos para que mientan en los relatos.
Posteriormente, en ocasión de tener que hacer el cambio de tenencias e incumpliendo el régimen comunicacional, él quiso llevarse al segundo hijo y logró hacerlo, incluso con la Policía presente, lo que explicita la cofradía masculina y ciertas habilidades de su clase social. Nunca más volvió y nadie cuestionó esta situación. Sus abogadas agregan que “nunca cumplió con ninguna medida. Ni con las medidas cautelares, ni con las restricciones de acercamiento, las comunicacionales y el régimen de alimentos”.
Los recovecos de la Justicia
“Cada persona que atraviesa una situación familiar violenta tiene dos caminos: el proceso judicial civil y el penal, que tienen lógicas muy distintas”, explica Martina Wall, una de las abogadas del caso, y agrega: “Este camino recorrido con el que nos encontramos cuando Antonela llegó a nosotras, estaba muy viciado por las denuncias de ambos. Luego de que en los comienzos ella lo denunciara a él por las violencias físicas ejercidas, él le hizo innumerables contradenuncias amparándose en mentiras y sus vínculos con la Policía local”.
El proceso de familia ante una separación vincular tiene una finalidad determinada, destinada a organizar la organización de la vida familiar y patrimonial una vez disuelto el matrimonio. Por ejemplo, regular el régimen comunicacional, la responsabilidad parental, cómo va a ser la dinámica familiar, entre otros asuntos.
También en el marco de la Justicia de Familia o de Paz, se dictan medidas de protección de acuerdo a la Ley 12 569. Es una legislación muy antigua, pero que se usa mucho aún. De allí se desprenden las “medidas cautelares”. En su artículo 7, por ejemplo, se establece la restricción perimetral, la exclusión del hogar y, en su último inciso, dice que el juez podrá tomar las medidas que considere necesarias para cada situación.
Lo más destacable de esta ley son las medidas protectorias en favor de la persona violentada. Se busca primero la protección. Cuando estas medidas se incumplen (por ejemplo, cuando la persona violenta incumple la prohibición de acercamiento o de contacto), se inicia una causa penal por desobediencia. Es decir que por el marco procesal vigente en nuestra provincia, los conflictos se segmentan en cantidad de nuevas actuaciones. Estos expedientes, difícilmente se conectan entre sí.
Cuando una mujer hace una denuncia por hechos de violencia doméstica, la comisaría –en general la Comisaría de la mujer y la familia, pero también las de seguridad- desdobla las actuaciones. Por un lado eleva la denuncia al ámbito de familia o a la justicia de paz para el dictado de las medidas de protección. Y por otro, lo lleva al penal para la investigación de los hechos.
“En este contexto, Antonela tenía en su contra diez denuncias diferentes, por distintos delitos, en distintas fiscalías, algunas sin carátulas, lo que dificulta poder tener una idea ìntegra del conflicto”, detalla Martina Wall y continúa: “Desarmando esta situación fue que nos encontramos con los 'recursos' que implementa su ex marido”.
“Reordenar y desarchivar las múltiples denuncias anteriores que Antonela había hecho nos permitió encontrarnos hoy ante este escenario en el que exigimos que se tengan en cuenta todas la violencias: las físicas, las menos visibles como el impedimento de contacto para con los hijos, las anteriores, las actuales, todas”, destacan las abogadas.
Antonela ya había logrado irse del hogar. Los operadores judiciales en el ámbito de familia nunca consideraron el contexto de violencia de género. Sus intervenciones apuntaban al régimen comunicacional entre los niños, y en ese sentido, consideraban las denuncias que ella había hecho en contra de su ex esposo como en un plano “de igualdad”. En uno de los últimos encuentros ante la jueza, les solicitó que cumplan con el vínculo comunicacional, pero que cesaran con las denuncias de ambas partes para no “entorpecer la situación”. “Fue tremendo que la jueza los considerara en un pie de igualdad”, relatan las abogadas.
Las violencias por razones de género siempre se entrecruzan con otras violencias y desigualdades. En el caso de Antonela, donde ambos protagonistas son de clase media, las violencias se configuran de diferente manera a cuando suceden en otros sectores que atraviesan otras vulnerabilidades. En ese contexto aparecen mecanismos de coerción culturales, como el deber conyugal, que en este caso deviene en abuso sexual, y la violencia vicaria vinculada también a la violencia económica. Imposible disociar género y clase.
“Diálogos desobedientes”: Hablemos de violencia vicaria
Al análisis sus abogadas suman: “En estos casos, se configura el perfil de un violento de otro sector social que trasciende la violencia física porque tienen recursos para menoscabar y ejercer el poder. Generalmente, no tiene cientos de denuncias de parte de su víctima. No hay antecedentes penales por otros hechos criminales Poseen otros facilitadores de impunidad como el sostén de familias con poder adquisitivo, una imagen que sostener que configura vergüenzas que ocultar, etcétera”.
Hoy Antonela sólo puede ver a sus hijos en contexto de terapia vincular con una terapeuta, entre otros profesionales que no cuentan con perspectiva de género. Si bien se incorporó al caso la figura de las de abogadas del niño, en el proceso algunas renunciaron. Además, se evidenció que el caso y los intervinientes estaban manipulados por el ex esposo, según dan cuenta las letradas. “La desigualdad no era sólo para con la violencia ejercida sino también en cuanto a los recursos que ella tenía para defenderse”, advierten.
(*) El nombre de la denunciante fue cambiado para proteger su identidad.
