Bajo el hashtag #LeydeVIHyHepatitisYa, organizaciones de la sociedad civil abocadas a mejorar la calidad de vida de personas VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) reclaman el pronto tratamiento del proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS. A pocos meses de que pierda estado parlamentario por tercera vez, ¿por qué es importante una nueva Ley?
Mientras las elecciones legislativas marcan la agenda de funcionarios y funcionarias de todos los partidos, hay un proyecto que espera ser tratado de manera urgente en el Congreso: el proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS. Elaborada por más de 40 organizaciones y redes de todo el país, esta iniciativa busca incorporar la perspectiva de derechos humanos y de género y mejorar la atención integral de las personas con VIH u otras enfermedades de transmisión sexual.
En Argentina existe desde 1990 la Ley Nacional del Sida, una ley que fue vanguardia en su momento pero que hoy, a más de 30 años de su sanción, quedó desactualizada.
“Es una excelente Ley, una de las primeras en el mundo y la región, pero hay muchas conquistas en estos 30 años que no están reflejadas”, explica a Feminacida José María Di Bello, presidente de Grupo Efecto Positivo (GEP), sobre la normativa vigente. “Esta Ley es producto del enfoque biomédico, en el 90’ era otro el conocimiento que teníamos sobre VIH y la sociedad civil estaba con poca organización”, agrega.
La iniciativa de un nuevo proyecto nace en 2014 con una convocatoria del Ministerio de Salud Nacional de la que participaron redes de personas con VIH, organizaciones sociales y sociedades científicas, con el apoyo de Naciones Unidas a través de ONUSIDA y de la Organización Panamericana de la Salud.
La primera presentación tuvo lugar en 2016 y, pese a haber registrado algunos avances, quedó frenada en la Comisión de Legislación Federal y Presupuesto, por lo que a fines de 2017 perdió estado parlamentario.
En 2018 hubo una nueva presentación, con la firma de Fernanda Raverta, Daniel Arroyo y catorce diputados y diputadas más. Esta versión contó con el agregado de artículos previsionales que buscaban dar respuesta a la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas personas con VIH.
“Durante el macrismo el Gobierno dejó de dar las pensiones no contributivas, por eso en la versión de 2018 las incorporamos al proyecto: para que tengan letra en la Ley y no dependan de la gestión que venga”, contextualiza Di Bello.
Fueron incorporadas al proyecto las pensiones no contributivas y la jubilación anticipada a los 50 años y con 20 años de aporte. “A las personas con VIH, por estar excluidas del sistema laboral, les es muy difícil lograr juntar los 30 años de aporte y difícilmente llegan a la edad jubilatoria ya que, en sí mismo, el VIH genera un envejecimiento del organismo”, amplía le referente del GEP.
Pero ninguna comisión trató la iniciativa, no se logró dictamen y a finales de 2019 perdió estado parlamentario por segunda vez. La tercera presentación ocurrió en septiembre del año pasado con la firma de legisladores y legisladoras de todos los bloques y es fruto de una nueva revisión colectiva del texto de 2018.
“Nos parece muy importante que después de 30 años se actualice el marco legal, porque la situación es totalmente diferente, hay desafíos nuevos y logros que hay que sostener”, había dicho en su momento la actual ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.
Una nueva Ley
Este nuevo proyecto de ley propone declarar de interés público nacional una respuesta integral al VIH, las hepatitis, tuberculosis e ITS. Esto significa que va “más allá de la respuesta biomédica” porque está formulado en “clave de derechos humanos”, afirma Di Bello. En su Artículo 6°, el proyecto establece derechos y garantías básicas como la no discriminación o estigmatización en los ámbitos laborales, educativos, el sistema de salud, ni en cualquier otro.
Una de las principales barreras con las que se encuentra la población del VIH al momento de ingresar al mercado laboral es el estigma y la discriminación. Ya en 2017, ONUSIDA alertó que “el estigma y la discriminación asociados al VIH impiden que la población acceda a servicios relacionados con dicho virus”.
En este sentido, Di Bello advirtió que “las personas con VIH son excluidas en el ámbito laboral porque todavía en la Argentina, y de manera muy frecuente, se siguen haciendo los análisis de VIH de manera forzosa”.
El “Índice de Estigma y Discriminación hacia las Personas con VIH” señala entre sus conclusiones que “el inicio de una relación laboral sigue siendo una instancia de estigma para las personas con VIH”. Según este estudio, el 17 por ciento de las personas encuestadas declaró haber tenido que realizarse el examen de VIH para el ingreso a un empleo y un 16 por ciento aseguró que le realizaron la prueba sin su consentimiento. Entre las mujeres cis, la proporción ascendió al 21 por ciento.
Además, asegura que las mujeres trans son quienes presentan mayores índices de estigma por VIH en el sistema de salud y en la sociedad en general. “Para estas mujeres, el estigma del VIH se refuerza con otro, derivado de su identidad de género”, afirma el estudio.
El nuevo proyecto de Ley contempla, además, un capítulo específico dedicado a las mujeres y personas con posibilidad de gestar.
Es urgente
Organizaciones vinculadas al VIH lanzaron una campaña en redes sociales para visibilizar la necesidad urgente de que el Congreso trate este proyecto de ley antes de que en diciembre vuelva a perder estado parlamentario.
Según detallan en el comunicado, más de 10.000 personas fallecieron por enfermedades relacionadas al sida “desde que el proyecto que modifica la Ley 23.798 pierde estado parlamentario en el Congreso Nacional sucesivamente desde 2016”.
Este lunes hubo una reunión de asesorxs de la Comisión de Salud, presidida por el diputado Pablo Yedlin (FdT), donde se decidió darle el visto bueno al proyecto de ley con la incorporación de las recomendaciones realizadas por Anses. Hay expectativas de que se trate en comisiones conjuntas para que llegue lo antes posible al recinto y se consiga la media sanción antes de diciembre.
“Hay cierto grado de incertidumbre por todo lo que se viene demorando, pero en los términos de la reunión de asesores es buena la situación. Es fundamental que se empiece a tratar en comisiones”, concluyó Di Bello.
