Justyna Wydrzyńska es una activista feminista polaca, defensora de los derechos humanos que podría ser condenada a tres años de prisión por acompañar a una mujer en situación de violencia de género a acceder a un aborto seguro en Polonia. El 8 de abril tuvo lugar la primera audiencia del juicio en ese país y las redes de acompañantes de abortos de América Latina salieron a respaldarla. Frente a estos escenarios de criminalización, ¿cómo tejer redes que nos salven? La apuesta política de quienes acompañan abortos.
“Tengo un nudo en la garganta y el estómago cerrado. Estoy nerviosa pero, ¿quién no lo estaría? Es la primera vez que me siento en el banquillo de los acusados”, escribió Justyna en una carta publicada por Amnistía Internacional el mismo día que comenzaba el juicio en su contra. Se trata del primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por ayudar a una mujer a acceder a un aborto sin riesgos.
En 2020, cuando comenzaba la pandemia, una mujer polaca quiso acceder a un aborto, pero su marido violento lo impidió. Por eso se contactó con Aborto Sin Fronteras, una red de organizaciones europeas que brindan información, apoyo y financiamiento a personas en Polonia que necesitan abortar en sus casas o en clínicas en el extranjero.
Así conoció a Justyna, una de las fundadoras de Abortion Dream Team, quien la ayudó a conseguir las píldoras para interrumpir ese embarazo no deseado. En noviembre del año pasado la activista fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”. Hoy enfrenta cargos de hasta tres años de cárcel.
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Polonia es uno de los países de Europa con la ley más restrictiva en torno al aborto: sólo está permitido en casos de violación, incesto o cuando corre peligro la vida de la persona embarazada.
Según Amnistía Internacional, entre enero de 2021 y enero de 2022, más de 32 mil personas de Polonia se pusieron en contacto con Aborto Sin Fronteras y más de 1.500 recibieron ayuda de la organización para viajar al extranjero a abortar.
Las redes que nos sostienen
Los abortos y los acompañamientos existen e insisten. Y trascienden fronteras. Desde la Red Compañera, red latinoamericana y caribeña de acompañantes de abortos, publicaron una carta en apoyo a Justyna, donde aseguran: “Nos mueven los deseos de acompañar a quienes abortan y, como vos, consideramos que acompañar no es un delito. Delito es criminalizar, penalizar, abandonar”.
Verónica Vera, activista abortera de Las Comadres (Ecuador) e integrante de la Red Compañera, alerta por el grave precedente que este juicio puede representar para otras latitudes. “Sentimos muy de cerca lo que significa este juicio en la vida de Justyna y también una amenaza cercana respecto a nuestra labor como acompañantes porque podría sentar un precedente muy negativo”, advierte y agrega: “Justyna podría ser cualquiera de nosotras, que hemos decidido hacerle frente al miedo, al silencio, a las leyes restrictivas y a la soledad. Porque abortar puede ser una experiencia distinta, puede vivirse como un derecho”.
Ruth Zurbriggen, activista argentina de Socorristas en Red y Red Compañera, añade: “Queremos que quienes abortan lo hagan en las mejores condiciones, de forma libre, cuidada y ojalá amorosamente acompañadas. También queremos que quienes acompañamos abortos, tengamos la posibilidad de vivir libremente los acompañamientos”.
Frente a estos escenarios de criminalización, las redes de acompañantes tejen estrategias de cuidados para que quienes lo necesiten, puedan abortar. “Las redes de acompañantes existimos para hacerle frente a las leyes restrictivas que pretenden criminalizar”, sostiene Vera.
“Que lo oigan quienes tengan que oirlo, hemos acompañado ayer, acompañamos hoy, acompañaremos mañana”, pronuncia Ruth. “Ni juicios ni amenazas van a parar esas decisiones porque así elegimos vivir nuestras vidas: acompañando a quienes abortan con los pies en el barro, poniendo nuestros cuerpos y nuestros corazones para cuidar la vida y la salud de quienes nos conectan para abortar”.
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La situación en América Latina y el Caribe
La mayor parte de los países de América Latina y el Caribe cuentan con legislaciones restrictivas en torno al aborto y los niveles de criminalización varían según cada territorio.
Al respecto, Verónica Vera explica que en países donde las leyes son restrictivas, “lo que hacemos las acompañantes es un ejercicio de acción directa”. “Nuestro acompañamiento logra que las mujeres y otras personas que abortan puedan llevar adelante su decisión sin tener que enfrentarse a todas las violencias de la clandestinidad”, continúa.
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“Quienes decidimos acompañar abortos sabemos que, efectivamente, en muchos contextos, nos arriesgamos. Hemos tomado la decisión política de arriesgarnos”, sostiene la activista y valora: “Porque más allá de la posibilidad de ser criminalizadas y perseguidas, está la necesidad de transformar los mundos en los que vivimos. Y esa transformación la hacemos posible en cada acompañamiento”.
La criminalización está presente también en países donde las leyes permiten el acceso al aborto. En Argentina, donde existe la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la médica salteña Miranda Ruiz enfrenta actualmente una investigación penal por haber garantizado un aborto legal.
Cuando los estados y los gobiernos criminalizan, como es el caso de Justyna y Miranda, las redes feministas forjan solidaridades para sostener y tramar mundos más justos.
