Mientras los incendios en Los Alerces y Nahuel Huapi ya consumieron 6.000 hectáreas de bosque nativo y obligaron a las autoridades provinciales a evacuar a la población aledaña, el proyecto de Ley Ómnibus, que ayer volvió a foja cero, pretende flexibilizar y, en algunos casos, derogar legislaciones fundamentales de protección del ambiente. En esta columna, Eugenia Polesello, licenciada en Ciencias Ambientales, desarrolla la importancia de las leyes que supimos conseguir y defender.
Hay tanto, pero tanto debate dando vueltas, que las temáticas parecen una nube densa que bloquea el sol, incluso en febrero. Las causas defendidas —cumulonimbus que anuncian la lluvia— se mezclan, se condensan y parecen enormes. Sin embargo, cada una de ellas ya está lloviendo (o llorando) por dentro. Solo basta un viento frío para que derrame su diluvio. ¿Cuántos veranos dieron alguna tregua en Argentina? Recuerdo muy pocos. Por eso, decoramos las palabras antes de adentrarnos a analizar la cuestión ambiental en medio de —otro— verano inolvidable.
A pesar de la eterna reflexión que podría hacerse sobre el estado actual de la dimensión ambiental, pareciera que nada debiera ser dicho al respecto. Porque primero la gente tiene hambre, hay inflación, hay crisis, hay elecciones. La realidad de varias causas defendidas —y ganadas— se desdibujó rápido y pareciera que nos mandaran a casa a rearmar nuestro oral para un final, ¿no?
Pero al contrario de lo que puede estar pasándole a muchos, sobrepasados de información post elecciones, hay más por decir y analizar de lo que creemos. Acá iremos por los temas ambientales, porque lo peor que podemos hacer ahora es continuar en silencio.
Nos ponemos en autos
La “Ley Ómnibus” se aprobó en instancia general el viernes pasado. Ello implicó que se aprobaran 6 de las 11 facultades solicitadas (materia económica, financiera, tarifaria, energética, administrativa y de seguridad). Sin embargo, a partir de la votación de artículos particulares, no hubo quórum sobre la delegación de facultades extraordinarias en materias clave para el oficialismo. Por ello, el mismo retiró el texto y volverá a comisiones generales.
La famosa “vuelta a foja cero” significa que se borran todas las modificaciones debatidas e incorporadas anteriormente. ¿La buena noticia? Más tiempo para pensar en frío —como si fuera posible— el contenido de esta bomba legislativa en materia ambiental.
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¿Qué temas ambientales están hoy en el proyecto de "Ley Ómnibus"?
Se trata de un total de 25 artículos que modifican las actuales leyes ambientales nacionales. Así como con el resto de las leyes derogadas u obscenamente modificadas en esta ley en paquete, cabe aclarar que ninguna de estas se sancionó fácilmente en su correspondiente pasado sino que, por el contrario, complejizan aún más la realidad ambiental aunque sean bienvenidas.
En un país federal, cuyos recursos naturales son propiedad originaria (es decir, desde antes) de las provincias, el gobierno nacional no puede “obligarlas” a gestionar los recursos naturales. Por ello, estas leyes tienen una base muy sólida como presupuesto mínimo, una especie de vara mínima nacional para proteger los bienes comunes naturales. También son orgullo nacional: demuestran que un país con muchísimas diferencias de parámetros de conservación ambiental puede y decide aumentar su nivel, mediante leyes de alcance nacional.
Eso es justamente hacer democracia ambiental bajo un modelo federal, con todas las fallas que puedan incurrir. Al igual que con leyes de otra materia que han sido afectadas, esta ley atropella todos esos esfuerzos económicos, políticos y sociales empleados para institucionalizar la protección ambiental.
Ahora, ¿qué pasa con el combo de artículos ómnibus? El capítulo III busca borrar las actuales definiciones de bienes naturales comunes (glaciares, bosques, entre otros), estrechándolos. ¿Y eso qué significa? Hay menos grises que antes. Por ejemplo, cambia lo que se entiende por glaciar. Glaciar definido en un sentido amplio, hacia uno hiper estrecho a tal punto que —quien sabe— en un futuro podría definirse como “un cascote de hielo”. El riesgo (o beneficio en billetes) está en que se admitirá la explotación económica sobre esos terrenos, antes prohibidos porque estaban amparados por las leyes.
En detalle, las siguientes son las temáticas vulneradas por el paquete de artículos de la ley:
- Semillas: es un tema bastante encajonado, porque no es beneficioso para productores pequeños y medianos. En la "Ley Ómnibus", Argentina adheriría a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991. Básicamente, permite más mercantilización de variedades vegetales patentadas por semilleras e impide al productor su reproducción ilimitada (a menos que pague por el canon por uso de patente, claro).
- Régimen Federal de Pesca: desregula los cotos de caza y pesca.
- Fertilizantes: deroga regulaciones como la distancia mínima requerida para fumigaciones rurales sobre territorios domiciliarios o escolares, entre otros.
- Bosques: permite que las provincias puedan autorizar el aprovechamiento económico de categorías de bosque y que Nación hoy estrictamente prohíbe.
- Glaciares: achica la definición de glaciar (para que sean menos los protegidos).
- Incendios: modifica sustancialmente el Control de Actividades de Quema y Ley Manejo de Fuego.
A veces parece que son temas abstractos, pero recordemos que ya tenemos daños de coyuntura, consecuencia de la desinversión en previsión ambiental. El incendio en el Parque Nacional Los Alerces, al sur de nuestro país, continúa: al día de hoy, y después de doce días de fuego, se perdieron 6.000 hectáreas de bosque nativo.
Si bien esto aplica para varias legislaciones, nos detendremos en tres que son hipersensibles a la realidad actual: Ley de Control de Actividades de Quema, Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos y Ley de Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial.
La modificación de cuajo de la Ley N° 26.562 de Control de Quema flexibiliza los permisos de la quema productiva. La "Ley Ómnibus" buscó explícitamente habilitar fuegos que no tengan ninguna relación con la protección ambiental, literalmente dejando el fuego al azar. Muestras de posibles consecuencias de ello son los actuales focos de incendio en Los Alerces, y Nahuel Huapi. Este último —a la altura de Arroyo Cretón— reunió 51 brigadistas y bomberos para su control. De nuevo, recursos estatales conteniendo los riesgos y emblemas de protección nacional. Paradójico que este último es un parque fundado con motivos de defensa de fronteras, pero que ahora no se entienda tan bien ese argumento.
Venimos de un diciembre con temporales furiosos que dejaron muy claro que disminuir inversiones o provisiones en mitigación y adaptación al clima es demasiado severo. El cambio climático tiene evidencias claras en estos eventos meteorológicos. La protección controlada del bosque nativo, mediante la Ley N° 26.331 de Bosques, conserva funciones estructurales del ecosistema como barrera ante vientos y absorción de lluvias intensas. Por eso, la prevención es clave para evitar víctimas fatales como las de Bahía Blanca el 16 de diciembre.
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La Ley N° 26.639 de Glaciares ha logrado conservar gran parte de zonas cordilleranas glaciar y periglaciar de amplios proyectos mineros. No solo es nocivo dar de baja esta ley, sino aún más cuando le sumamos las demás flexibilizaciones. Por ejemplo, al derogarse la Ley N° 26.737 de Tierras no solamente se libera el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en minería, sino que además se habilitan zonas para aprovechamiento minero, cosa que antes no.
La oposición ya apoda al artículo 502 como el Barrick Gold, justamente porque responde a sus intereses de explotación sobre zonas cordilleranas de la puna y cuyanas. Carpetazo: Barrick Gold tiene historial de empleados procesados por delitos de derrames de cianuro en San Juan en 2015. A espaldas del pueblo, se esperaba acuerdo para derogarlo de parte de todos los bloques de diputados, cuyas provincias están interesadas en dichas inversiones.
No olvidar. Incluso cuando el ambiente debe ser noticia, como el análisis de los incendios en Nahuel Huapi, siempre se lo pondrá en menor prioridad detrás de otras causas “más urgentes”. Si insertar estas disertaciones en agenda es complejo en un estado relativamente estable en Argentina, imaginemos lo imposible que se torna la inserción de las perspectivas ambientales entre el licuado de temas tan sensibles y básicos para la ciudadanía, como el respeto por las garantías constitucionales, la delegación de facultades y la división de los poderes. Por eso, hablar de esto es un gran acto de protección.
