La Red de Activistas Menstruales señala la falta de participación de las activistas en las políticas de gestión menstrual y, para su incorporación, trabajan en una Ley Nacional de Salud Menstrual que incluya la obligación de contratar activistas menstruales.
Por AMRed y Mónica Macha
Desde 2020 hasta ahora, más de 30 municipios y 5 provincias han sancionado leyes de salud menstrual que estipulan, entre otras cosas, la provisión gratuita de productos de gestión menstrual en espacios comunitarios. Esto sitúa a Argentina como el primer país latinoamericano en sancionar este tipo de normativas, sumando a la tradición de vanguardia en materia de derechos humanos en nuestro país.
La legislación, surgida del trabajo de numerosas organizaciones activistas, articulada por legisladores y legisladoras de todo nuestro territorio que recogieron estos reclamos es, sin duda, un notable avance para garantizar la salud sexual y (no) reproductiva. Sin embargo, el trabajo es continuo e integral y, relevando las experiencias de implementación de las políticas de estos años, se ha podido identificar un problema común: la falta de participación de activistas.
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La sanción de una Ley marco permitiría que los recursos del Estado sean maximizados mediante la intervención directa de quienes están presentes en esos territorios trabajando sobre salud menstrual desde hace años. No se trata solo de eficiencia en la ejecución de presupuesto público mediante la contratación de especialistas, sino también de asegurar la máxima calidad posible en un servicio que es de y para la ciudadanía.
La participación de activistas facilitaría la creación de programas locales interdisciplinarios adaptados a los diagnósticos e idiosincrasias particulares de cada lugar basadas en 4 ejes: salud, educación, ambiente y economía.
Las organizaciones que trabajan en el tema han generado el conocimiento que ha permitido en primera instancia justificar los proyectos de ley aprobados y presentados hasta el momento, que en sus fundamentos citan investigaciones, datos e informes elaborados por ellas.
En muchos casos, se observa que las políticas municipales y provinciales son implementadas por organizaciones territoriales que nunca habían trabajado en salud menstrual. Y que estas mismas organizaciones se capacitan utilizando materiales en los que figuran párrafos enteros sin citar de aquellos que las activistas han puesto en circulación de forma libre y gratuita.
Por esto, las acciones de 2022 están orientadas a la elaboración y sanción de una Ley Nacional de Salud Menstrual que incluya la obligación de contratar activistas menstruales para la elaboración, diseño e implementación de las políticas públicas a llevar a cabo. En el Día Mundial de la Salud Menstrual, dos sesiones plenarias, una en la Cámara de Diputados y otra en la de Senadores, ambas a sala llena, dieron cuenta de esta necesidad.
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Resulta imperioso no quedarse con la sensación de que el hecho de que existan legislaciones o se habla del tema es por sí mismo una solución de la problemática. Queremos y exigimos la mejor legislación posible para tener la mejor política posible ¿Será entonces la gestión menstrual una oportunidad para, al fin, generar programas integrales que incorporen y articulen todas nuestras experiencias en favor de una sociedad más igualitaria?
