Este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito cumple 19 años. Casi dos décadas de activismo para sacar a la interrupción del embarazo del tabú, del miedo y de la clandestinidad, para transformarlo en derecho: en ley.
La Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE) garantiza el derecho al aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación, inclusive, y a la interrupción legal por causales (ILE) luego de ese plazo para mujeres, niñas y personas gestantes de todo el territorio nacional.
El proyecto fue tratado en el recinto legislativo por primera vez en 2018, cuando alcanzó solo la media sanción en Diputados al calor de la marea verde que inundaba las calles. Luego se volvió a tratar en diciembre de 2020, cuando al fin fue sancionada después de un arduo debate que sobrepasó las paredes del Congreso. El aborto fue tema de conversación en la escuela, en los medios, en los almuerzos familiares, en las charlas con amigues.
Esta ley permitió que en tres años (desde su aprobación, hasta octubre de 2023) se realizaran 245.015 abortos seguros y legales en instituciones públicas de salud.
La Ley N° 27.610 hoy resiste a los sucesivos ataques del gobierno de Javier Milei gracias a las redes tejidas entre activistas y personal de salud. ¿Cómo se implementa este derecho en la gestión libertaria? La falta de medicación y de anticonceptivos, el desmantelamiento del Plan Enia y la avanzada antiderechos, en el centro del debate.
Faltantes de misoprostol, combipack y anticonceptivos
Una de las principales barreras en el acceso al derecho al aborto registrada en los últimos meses es el faltante de medicación como el combipack de mifepristona y misoprostol, el tratamiento más seguro y eficaz para el tratamiento según la Organización Mundial de la Salud, con el 98% de efectividad. También escasean los tratamientos de misoprostol solo y los anticonceptivos. Según denuncian en distintas provincias, desde el cambio de gestión, el Estado Nacional dejó de enviar insumos y el stock actual alcanzaría hasta junio.
Desde Córdoba, la doctora Andrea Nievas, cuenta a Feminacida que hasta mediados del año pasado había mifepristona en los centros de salud donde trabaja. “Teníamos stock y nunca tuvimos faltante”, afirma y agrega que el faltante empezó a notarse a principio de año. “Hay rumores de que estamos contando con lo último que queda de la compra. Hay una gran incertidumbre si vamos a tener o no medicación”, completa.
En hospitales de Jujuy quedan pocos. “El año pasado nos llegaron los combipack pero ahora no están llegando y sólo quedan poquitos misoprostol”, relata una trabajadora social del Hospital de Maimará.
En Misiones, la regional de la Campaña recibe cada vez más mensajes a sus redes sociales “de chicas desesperadas porque no pueden acceder por estas trabas”. “Algunas tuvieron que esperar un par de semanas por la falta de medicación”, relata a este medio Carolina Carbó, activista de la Campaña de esa provincia.
Desde Santiago del Estero, la referente de la Campaña Valeria Lazarte, asegura que “hay partidas hasta junio pero sólo de misoprostol”.
"En Tierra del Fuego, lo último que recibimos, tanto de insumos para el consultorio de IVE/ILE, como anticonceptivos, fue en marzo”, contó Jorge Farina, médico tocoginecólogo y referente del Programa de Salud Sexual, en la presentación del informe “Luz Verde”. “Mensualmente necesitamos unos 80 tratamientos y hoy tenemos más o menos en stock unos 300 tratamientos que vencen el mes que viene, por eso se inició la compra. Si bien tenemos el respaldo a nivel provincial, no hay plata”, amplió el profesional.
La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), el organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que debería encargarse de la distribución, está acéfala desde diciembre. Este medio consultó a la cartera sanitaria sobre la designación de la autoridad de esa dirección, pero no obtuvo respuesta.
Así, sin soluciones del Gobierno Nacional, la situación parece quedar librada a las provincias.
En algunos casos, como en Neuquén, Tierra del Fuego o CABA, los gobiernos locales solventaron la compra de insumos con recursos propios. Sin embargo, eso no ocurre en todos lados por igual y genera una enorme disparidad en el acceso en un contexto de alta inflación, donde hoy una caja de misoprostol en la farmacia ronda los 80 mil pesos.
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Plan ENIA, ¡afuera!
El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que había logrado reducir los embarazos en la adolescencia en un 50%, fue desmantelado: el Gobierno Nacional no renovó los contratos de les 700 trabajadores que el programa tenía en todo el país.
Iván es uno de los trabajadores desvinculados del Plan Enia en Salta. Su tarea era coordinar las Asesorías en Salud de Adolescentes en colegios secundarios y centros de salud. En diálogo con Feminacida relata que “la tasa de fecundidad adolescente de Salta era la más alta a nivel nacional y en el tiempo que estuvo activo el Plan, pasó de 35.1 cada mil en 2018, a 12,7 cada mil en 2022”. Se redujo más de la mitad.
El plan se había empezado a implementar en 2017 a raíz del alarmante pico de embarazos adolescentes registrado en 2015 con 110 mil embarazos y se desarrolló en doce provincias consideradas prioritarias.
Las estadísticas señalan que 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales y en las menores de 15 años la cifra aumenta a 8 de cada 10, la mayoría como consecuencia del delito de abuso sexual.
Para revertir esta problemática, el Plan Enia realizó capacitaciones a asesorxs, consejerxs, docentes y personal de salud para garantizar el acceso a la educación sexual integral en escuelas y en espacios comunitarios; a la salud y la contención con consejerías en los centros de salud, salitas y hospitales; y a métodos anticonceptivos.
Pero ahora, el Plan ENIA que fue ejemplo de política pública para América Latina y el Caribe, está vacío.
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Son antiderechos
La avanzada de los discursos de derecha, como los dichos del presidente al referirse a “la agenda sangrienta del aborto” o la instauración del día del niño por nacer, también tienen sus consecuencias en el acceso al aborto.
Así lo cuenta una de las médicas del Hospital de Bariloche: “Como nunca, hemos presenciado un cambio en las usuarias. Ahora van casi camufladas a la consulta, solas, en estadios más avanzados de su embarazo y con mucha culpa”.
“Hay un empoderamiento de los sectores antiderechos en el gobierno de Milei”, analiza una integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Salta. “Si bien siempre existieron, vemos un nuevo impulso en estos sectores que han rodeado el Hospital Maternoinfantil de carteles denunciando que el aborto es un asesinato. Tienen dinero para sostener eso porque son carteles importantes. Nadie se las arranca. Ya fueron denunciadas pero ahí siguen”, observa.
Los ataques también son contra la Educación Sexual Integral, que en algunas provincias se ve disfrazada por la neurociencia. “Notamos en Salta una falta de implementación de la ESI con un apoyo explícito a la educación emocional, la neurociencia, retirando los contenidos de género”, advierte la docente.
“En muchos lugares las alianzas políticas les allanó el camino a los sectores antiderechos”, explica Gisel Eiriz, integrante de la Regional CABA de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, al referir al largo camino que vienen haciendo estos sectores que incluso cuentan con representación en las legislaturas nacional y locales.
En este contexto, Eiriz reivindica: “Es el activismo el que pueda contrarrestar el avance de estos sectores que no quieren que decidamos sobre nuestros cuerpos”.
Seguir en campaña
Desde la sanción de la Ley N° 27.610 de acceso al derecho al aborto en todo el país, desde la Campaña entendieron que se trataba de un piso de posibilidades, pero que la lucha no se acababa ahí. “Sabíamos que la ley era un paso formal y después la pelea por la implementación iba a ser lo difícil”, señala la activista de CABA, mientras que Valeria Lazarte, de la Regional Santiago del Estero, añade: “El camino con ley o sin ley era seguir en la campaña”, añade .
En sus primeros tres años, la ley, aunque con barreras que hoy se profundizan como las violencias en algunas instancias, se implementó en casi todos los territorios. Pese a los ataques, sigue vigente aunque el vaciamiento es un intento de derribarla de hecho.
En este contexto desde la Campaña se propusieron aunar luchas y estar presentes con el pañuelo verde en cada asamblea popular: “Se quiere sellar un pacto antiderechos y antiobrero. Proponemos un mayo revolucionario de les estudiantes, trabajadores, movimientos sociales, indígenas, feministas y lesbotransfeministas como respuesta y sostenemos con firmeza: mayo no es pacto, es revolución”.