Cientos de integrantes de diversas organizaciones sociales del Área Metropolitana de Buenos Aires se acercaron ayer al Ministerio de Capital Humano para ser atendidos por su titular, Sandra Pettovello. Después de varias horas bajo el sol y en filas que alcanzaron las veinte cuadras, no obtuvieron respuesta. Hace días que referentes de comedores y merenderos advierten que el gobierno nacional no envía las partidas desde diciembre. Juan Grabois denunció penalmente a la ministra por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por no disponer la entrega de alimentos.
“Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Vengan de a uno. Voy a anotar el DNI, de donde son y van a recibir ayuda individualmente”, había dicho la semana pasada la ministra de la super cartera cuando varios referentes se acercaron para reclamar alimentos para comedores y merenderos. Una muestra de desfachatez e improvisación total. ¿Quién le explica a la exproductora de Luis Majul que la asistencia social y la seguridad alimentaria no pueden coordinarse de la misma manera que una lista de supermercado?
Mientras el vocero presidencial salía en conferencia de prensa a emparchar los dichos y a negar la convocatoria de Sandra Pettovello, la Iglesia Católica —a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina— manifestaba su preocupación y la “necesidad de anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria”. El pan de cada día, un clamor de justicia.
De acuerdo al Presupuesto Ciudadano 2024, la ejecución en alimentos de la Secretaría de Desarrollo Humano —dependiente del superministerio— fue del 0%. La realidad es que entretanto el gobierno “trabaja” en un nuevo sistema de asistencia directa y sin intermediarios a los comedores, hay diez millones de personas en todo el país que esperan su ración. ¿Y quiénes son las que hacen malabares para garantizar, por lo menos, un plato de comida? Las referentas y coordinadoras de los espacios comunitarios, claro.
Sin ir más lejos, el gobierno reconoció ayer —en una carta enviada por Luis Caputo y Santiago Bausili al FMI— que la pobreza tuvo un incremento de 5,3 puntos. De acuerdo a los datos citados por los funcionarios, esto significa que 2.491.000 personas quedaron debajo del umbral de pobreza.
¿En qué quedamos, ministra?
“Yo no los cité”, aseguró Pettovello después de que los medios hicieran eco de la cantidad de gente que esperaba ser atendida en las inmediaciones de la avenida 9 de julio. “Las filas del hambre”, titulaban los canales de televisión mientras devolvían imágenes con un tránsito vehicular sin interrupciones y personas aguardando en la vereda. ¿O no es así como hay que manifestarse después del protocolo anti piquetes de Patricia Bullrich?
Celeste Ortiz es secretaria de Cuidados Comunitarios de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y referenta de Barrios de Pie - San Miguel. Sin embargo, se define como una “cuidadora comunitaria”. Ayer se acercó hasta el Ministerio de Capital Humano junto a varios compañeros y compañeras. Actualmente, la zona que ella coordina —noroeste del Conurbano Bonaerense— cuenta con 14 espacios comunitarios que no solo se encargan de la asistencia alimentaria, sino también de la salud de la población, del acompañamiento educativo y del acompañamiento en situaciones de violencia de género.
“Queremos una mesa de diálogo para discutir la situación actual y resolverlo colectivamente”, sostiene Celeste en diálogo con Feminacida y agrega: “Cuando nos acercamos al Ministerio la semana pasada, la respuesta fue gas pimienta, represión policial y una postura desafiante y soberbia de la ministra”.
Si bien durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, había discusiones acerca de los pocos nutrientes que aportaban los alimentos secos, nunca cortaron el envío de mercadería como sucede ahora. “El gobierno actual no tiene la voluntad política de escucharnos, el diálogo es nulo”, indica la militante de Barrios de Pie - San Miguel.
María Antonella Aranda es referenta de Barrios de Pie - Esteban Echeverría, localidad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. Ella también hizo la fila para ser atendida por la titular de Capital Humano que —nos enteramos horas más tarde— andaba reunida con representantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIRA), y con Abel Albino, pediatra miembro de Opus Dei y creador de la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil. ¿El motivo de la cita? Firmar convenios de asistencia alimentaria “para financiar programas contra la desnutrición”. De esta manera, ACIRA recibirá 180 millones de pesos.
“Actualmente solo contamos con el refuerzo que envía el municipio, pero antes también recibíamos mercadería de Nación. Hoy nos organizamos para pedir donaciones y hacer rifas para seguir sosteniendo cierta estructura”, relata la militante de Esteban Echeverría, localidad conformada por una red de ocho centros comunitarios.
Que se entienda: el problema no es darle asistencia a las iglesias —que junto a los espacios comunitarios cumplen un rol clave en la asistencia alimentaria—, sino poner en el centro de la discusión a quiénes se deja de financiar y por qué solamente se priorizan a las organizaciones anti derechos para el destino de los fondos. ¿Pero cómo? ¿No era sin intermediarios, Sandra?
“Nos quieren borrar la ideología y la identidad de estos espacios para oprimirnos todavía más”, aporta Celeste.
Ollas vacías
La emergencia no distingue geografías. El cartel que cuelga de la puerta del comedor Las 7 esquinas, del barrio porteño de Mataderos, avisa: "El Gobierno de la Ciudad solo entrega 145 raciones. Hemos hecho el listado de los beneficiarios. Búsquese en la lista. Ya no tenemos donaciones para dar de comer a todos los que necesitan".
Lo que ocurre en el comedor y merendero Los alegres pichoncitos del barrio “La Carcova”, en la localidad bonaerense de José León Suarez, es similar. Actualmente solo reciben asistencia del municipio de San Martín. “Está costando mucho que las pibas cocinen y cada vez son más las familias que se suman. En poco tiempo, pasamos a atender de 24 a 32”, insiste Sandra, encargada del espacio comunitario hace 22 años. La incertidumbre angustia: “Vamos calculando semana a semana, hasta el viernes estamos cubiertos. Hoy no sabemos lo que es comer carne. Solo hay guisos y a veces no alcanza para todos”.
“Tengo el comedor hace 19 años”, repone Paola, responsable de la Red de Comedores y Merenderos del partido de San Martín y encargada de Tiempo Libre. En una entrevista con Feminacida, no deja de asombrarse de la cantidad de personas que ahora se acercan al espacio que organiza para pedir algo de arroz o una lata de tomates.
“Cada vez que cocinamos usamos 25 paquetes de fideos y, actualmente, atendemos de lunes a viernes por la noche. De las verduras y de la garrafa nos encargamos por nuestra cuenta. Gas solo usamos dos veces por semana, el resto de los días se cocina a leña porque, de esa manera, la garrafa rinde todo un mes”, detalla.
Los testimonios de todas las entrevistadas coinciden. Cada vez hay más demanda y menos alimentos. La mayoría de los comedores tuvieron que reducir la entrega de porciones: en vez de cinco días a la semana, dos o tres; en vez de almuerzo y cena, solo en horario nocturno; y, en algunos casos, alcanza nada más que para la merienda. “No queremos cerrar los centros”, asevera María Antonella, mientras que Celeste observa: “Los precios no tienen control. Muchas familias dejaron de tener las cuatro comidas diarias y empezaron a priorizar solo algunas. Las que más vienen son mujeres e infancias. También jubiladas y jubilados”.
Ante el recorte de las partidas, comedores y merenderos nucleados en UTEP se organizaron para pedir donaciones en diferentes supermercados de la provincia de Buenos Aires y a nivel federal. Sin embargo, también se achicaron los aportes de los comerciantes cercanos debido a la crisis económica que se acentuó luego de la asunción de Javier Milei.
El menosprecio, la arrogancia y el silencio desesperan. “Hace meses que desarrollamos distintas acciones para pedirle al gobierno la reincorporación de la mercadería. Presentamos varios petitorios y no obtuvimos respuesta”, cuenta Celeste para referirse a la movida llamada “Ronda de las ollas vacías”. Caminatas para denunciar la falta de alimentos que tuvieron lugar a fines de diciembre en el Ministerio de Capital Humano, el Hotel Libertador —lujoso alojamiento que albergó al presidente en funciones durante semanas y que aún desconocemos el financiamiento de esa estadía— y la Quinta de Olivos cuando Milei finalmente se mudó allí.
"El gobierno de Javier Milei no envió partidas a ningún comedor. No le importa que 10 millones de personas reciban asistencia alimentaria", denunció la semana pasada María Claudia Albornoz, de La Garganta Poderosa, en una entrevista radial. ¿Cuánto demorará la ministra en atenderlas una por una?
El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) reconoce la existencia de 34.782 comedores populares en todo el país. La organización La Poderosa cuenta con el “Observatorio Villero”, herramienta que les permitió calcular cuántos platos de comida elaboran a diario a partir del relevamiento de porciones que producen los comedores de su organización desplegadas en todo el país. Asimismo, quienes trabajan en estos espacios comunitarios son, en su mayoría, mujeres y disidencias: 134.449 personas.
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Llama la atención que ahora los discursos mediáticos demonicen o subestimen el rol de las cuidadoras comunitarias. Los mismos comunicadores que durante la pandemia ponderaban con ahínco el rol de las trabajadoras de los merenderos y comedores, hoy las tildan de “piqueteras” y “gerentes de la pobreza”.
La cuestión es que ya no saben cómo seguir. Que se declare la emergencia alimentaria, reclaman, y que la construcción de un banco de alimentos para asistir a centros comunitarios a nivel federal se haga realidad. ¿Es mucho pedir? Tal vez, para quienes proponen una ayuda extra a las familias de clase media que no puedan pagar la cuota de los colegios privados de sus hijos, es un montón.
Foto de portada: MTE Argentina y La garganta poderosa
