En esta columna, la economista Noelia Méndez Santolaria propone hacer foco en el sistema tributario y de seguridad social para poner en valor el enorme aporte que realizamos las mujeres e identidades feminizadas con nuestra fuerza de trabajo al sistema económico. Es decir, al sostenimiento del mercado y de la vida en sociedad.
Es difícil —por no decir imposible— tender puentes con el gobierno actual y ello restringe considerablemente cualquier recomendación de política fiscal que se haga desde el punto de vista del gasto. Al incidir en la otra cara de la moneda de la política fiscal, la de los recursos, hay un potencial de acción que necesariamente debe tomar relevancia: el poder judicial, el legislativo y el sindical son quienes pueden constituirse hoy como resistencia a la profundización del empobrecimiento de quienes menos tienen.
Para que estos poderes puedan estar a la altura del rol que hoy les reclama la historia, necesitan transformarse bajo liderazgos feministas. Ahora bien, ¿por qué las feministas somos el blanco de los ataques anarcocapitalistas? Justamente tiene que ver con que nuestras propuestas subvierten el orden establecido alrededor de los mercados y los intercambios de dinero. Repudiamos los sacrificios humanos en pos del capital financiero y proponemos sistemas económicos organizados en torno al sostenimiento de la vida y los cuidados.
Los desarrollos de las economistas feministas, como los de Corina Rodríguez Enríquez, nos permiten argumentar que el mercado nos debe su existencia a quienes realizamos cotidianamente el trabajo de cuidar. Es decir, todas aquellas tareas que nos permiten transformar recursos materiales e inmateriales en bienestar efectivo, desarrollar nuestras capacidades, renovar la energía vital y la fuerza laboral que luego volcamos al mercado. Esto incluye cualquier acción que requiramos para cuidar de nosotras mismas, pero también para el cuidado de nuestros seres queridos y personas con menos autonomía (como las infancias, las vejeces, las personas enfermas, o con discapacidad): compartir momentos, preparar comidas, limpiar el lugar que se habita, gestionar citas médicas y recreacionales, garantizar la asistencia a entidades educativas y trasladar a quienes cuidamos hacia las distintas actividades de la vida cotidiana, entre tantas otras cosas.
La mayoría de estas tareas de cuidado la realizan, de forma no remunerada, las mujeres e identidades feminizadas. La mayor parte de los cuidados se resuelve al interior de los hogares, pero también gracias a las redes de contención familiar y comunitarias o, cuando el poder adquisitivo lo permite, mediante la contratación de servicios de trabajadoras de casas particulares. Además, una parte significativa del cuidado de los hogares se alivia gracias a los servicios de educación y salud, en donde la provisión pública es clave. La experiencia de la pandemia permite pasar estos conceptos por el cuerpo: durante el aislamiento, vivimos en carne propia la falta de alternativas para resolver los cuidados por fuera del hogar. Las consecuencias en términos de trayectorias educativas y laborales, y en la salud física y mental de ese momento se sienten incluso en la actualidad.
Sin embargo, las visiones tradicionales de la Economía son ciegas al aporte de los cuidados. Y son estas ellas quienes le dan forma a la idea que tenemos de qué es trabajo, cuál es el rol del Estado y cómo pensamos los principios rectores de justicia en los tributos.
Entonces, lejos de emprender una vuelta a las viejas doctrinas, es necesario desarmar estos preconceptos desde el potencial transformador que ofrecen los feminismos para poder parir nuevos significados de justicia social y, lo más importante, poder pasar a la acción que resista la crueldad institucionalizada en el poder ejecutivo.
Como se demuestra en el Primer Informe de la Cocina de los Cuidados del CELS, la administración Milei, en sus primeros 120 días, instaló una ofensiva contra las condiciones de vida, la organización y gestión de los cuidados en toda la sociedad. “Es también un escenario de reorganización del Estado con un efecto concreto en la desjerarquización de las áreas con incidencia en la organización de los cuidados. Esto significa menos presupuesto, menos incidencia y un efecto rebote en municipios, organizaciones y todos los sectores de la sociedad porque aumenta las tareas de cuidado en la casa y la demanda en las organizaciones territoriales”, indica el documento.
El disciplinamiento económico de los que menos tienen no sólo se da desde el lado del gasto sino también desde los recursos. El reciente paquete fiscal elevado al Congreso por el ejecutivo propone beneficios impositivos para los más ricos que incluyen moratorias, regímenes especiales y blanqueos, profundizando la regresividad del sistema tributario argentino. No se observa ningún alivio para las personas de menores ingresos, en donde las mujeres están sobrerrepresentadas.
Párrafo aparte merece el nuevo proyecto de Ley Bases que elimina la moratoria previsional. En caso de que se apruebe, 9 de cada 10 mujeres no podrían jubilarse porque no alcanzan los 30 años de aportes y pasarían al régimen de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): una pensión que rige desde los 65 años y es un 20% menor que la jubilación mínima.
Para contrarrestar la ofensiva es necesario consolidar una unión entre trabajadorxs —aún más solidaria e inclusiva— que reconozca el trabajo de cuidado y llevar adelante desde el poder legislativo y judicial reformas tributarias y de la seguridad social que pongan los cuidados en el centro y tengan por objetivo el sostenimiento de la vida en sociedad para verdaderamente mejorarle la vida a la gente.
Hacia una justicia social feminista: pensar los impuestos desde los cuidados
Los principios de capacidad contributiva y equidad son los pilares en los que se apoya el derecho tributario para fundamentar la aplicación de impuestos. Reformular el concepto tradicional de capacidad contributiva desde una perspectiva feminista sirve para visibilizar a aquellos que evaden sus responsabilidades de cuidado, gravarlos correspondientemente y desarrollar mecanismos de acción positiva que emparejen la cancha para las mujeres y diversidades.
Como se desarrolla en el reciente informe "Tributación feminista: los casos de Argentina y México", de ACIJ y Fundar, la capacidad contributiva se refiere a una determinada suficiencia económica para aportar al sostenimiento de los gastos del Estado y de la vida en sociedad. Esta capacidad no es directamente observable y, por ello, se estima a partir de su manifestación en transacciones mercantiles y monetarias. Es decir, en la compra de bienes y servicios, en la percepción de un ingreso por el trabajo o por la tenencia y explotación de determinados activos y riqueza.
La contribución a la sociedad y a la economía que realizamos las personas cuando cuidamos escapa a esta aproximación dineraria/mercantil de la capacidad contributiva: la mayor parte del trabajo de cuidar se realiza sin que medie remuneración alguna. Además, el hecho de que a las mujeres se nos asigne una mayor responsabilidad sobre las tareas de cuidado nos deja en una posición de desventaja con respecto a los varones a la hora de insertarnos en el trabajo remunerado.
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo realizada en 2021 mide el tiempo que las personas dedican a las tareas de cuidado y muestra que, en promedio, ellas cuidan 6:07 horas al día y ellos cuidan 3:30. Esto se traduce en trayectorias laborales más precarias y con menor acceso a bienes y riqueza.
Las estadísticas permiten mostrar que mientras que solo la mitad de las mujeres en edad de trabajar participan del mercado laboral, 7 de cada 10 varones lo hacen. Además, tienen menos probabilidades que los hombres de conseguir un empleo: la tasa de desempleo de las mujeres se ubica sistemáticamente por encima de la de los varones, la brecha de género en la tasa de empleo es de casi 20 puntos y cuando consiguen empleo es más probable que sea en condiciones informales y no registradas.
En síntesis, las mujeres ganan por su trabajo en promedio entre un 20 y un 30% menos que los varones y brecha que se amplía cuando el trabajo es informal.
Estas desigualdades se traducen en una mayor incidencia de la pobreza en las mujeres y una masculinización de la riqueza: más de 6 de cada 10 personas en el estrato de menores ingresos son mujeres y esta proporción se invierte en el decil de más altos ingresos en donde ellas sólo representan al 35% de las personas más ricas.
A pesar que el aporte de los cuidados está totalmente invisibilizado en la teoría tributaria, es posible observarlo: el informe titulado "El aporte de los cuidados al PBI", de la ex Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DEIyG) le asigna un valor de mercado a las horas de trabajo no remunerado y de cuidado captadas en la Encuesta del Uso del tiempo. El informe advierte que si tuviésemos que pagar por todo el trabajo de cuidados que se realiza de forma no remunerada, los cuidados serían la actividad que más aportaría a la economía, representando un 16,8% del PBI, sólo seguida por el comercio y la industria. Además el 70% de ese aporte lo realizan las mujeres y el 30%, los varones.
La perspectiva de los cuidados aplicada a la capacidad contributiva permite también pensar la contribución que realizan las distintas actividades económicas a la vida y a la sociedad. En el trabajo remunerado operan también los tradicionales estereotipos de género que asignan de forma injusta a las personas determinadas tareas según su género. Es así como se da una feminización de los empleos que tienen un componente de cuidado como la educación, la salud, el trabajo en casa particulares, en donde las identidades feminizadas representan más del 70% de la fuerza laboral (DEIyG). Estas actividades, que suelen estar peor remuneradas y tener peores condiciones laborales que aquellas típicamente asociadas con lo masculino (como la industria manufacturera, el transporte y la construcción), resultan esenciales para la reproducción de la sociedad y quienes participan de ellas realizan una contribución diferencial al sostenimiento de la vida.
Muy por el contrario existen otras actividades que, por su carácter extractivista y el peligro que representan para el ambiente, comprometen la reproducción social, como la minería y la deforestación. ¿Se respetaría el principio de igualdad si se le exige la misma contribución monetaria a quien dedica su actividad productiva y su tiempo al cuidado y sostenimiento de la vida que a quien no lo hace o desarrolla una actividad que pone en peligro esa reproducción vital? ¿Puede alguien estar exento de su responsabilidad de cuidar la vida?
Es necesario repensar el principio de justicia detrás de la capacidad contributiva para dar cuenta del aporte de enorme relevancia económica que realizan las personas cuando cuidan sin obedecer a la lógica del intercambio mercantil o de forma pobremente recompensada. Hacerlo permite visibilizar la posición acreedora de las mujeres, que cargan con la mayor parte de este trabajo en términos de aporte a la vida en sociedad. Hasta tanto no se cierren las brechas estructurales de género, la política y el derecho tributario deberían tomar esto en cuenta a la hora de decidir sobre quiénes recaen los tributos. Tal vez así se equipare la balanza.
Esta nota forma parte del dossier "Cuidadoras: el trabajo que mueve al mundo".
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