El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) está llevando adelante el Censo 2022 en todo el país. El cuestionario que deberán completar todes les habitantes de la Argentina está compuesto por 61 preguntas, 24 relacionadas a las características de las viviendas y los hogares, y 37 sobre la estructura de la población. “Cuántos y cómo somos, dónde estamos y cómo vivimos”, reza el lema del INDEC y en torno a esto surgieron inquietudes sobre su perspectiva de género y de derechos humanos. ¿Por qué se pregunta por el sexo asignado al nacer? ¿Qué pasa con les hijes? ¿Se está recabando información certera sobre las personas con discapacidad? ¿Por qué hay dilemas en relación a las personas en situación de calle?
Por Emilia Holstein y Victoria Eger
¿Quiénes somos?
El Censo de Población, Hogares y Viviendas, que se realiza cada 10 años, no solamente permite conocer la cantidad de personas que habitan el territorio argentino sino que también da cuenta de la transformación de la sociedad a lo largo de los años y, de esta manera, orienta las políticas públicas y de otros sectores a futuro.
Uno de los datos que se pretende develar con esta encuesta es de qué manera se conforman los hogares hoy en día. ¿Sigue existiendo la "familia tipo" de padre, madre y dos hijes? ¿Aumentaron las parejas del mismo sexo registral que conviven? ¿Crecen las viviendas monoparentales —de une sole adulte, casi siempre la madre— o unipersonales? También se preguntará por las personas que se consideran afrodescendientes o de pueblos originarios y sus lenguas.
Uno de los ítems que llamaron la atención con respecto a estas variables es el que indaga sobre la cantidad de hijes nacides con vida, el cual se consulta solamente a aquellas personas que ponen “mujer” como sexo asignado al nacer. Según el INDEC el objetivo es conformar la Tasa Global de Fecundidad, es decir “el número de hijos que en promedio tendría una mujer durante su vida fértil”.
Entrevistada por Feminacida Paula Magariños, directora de la consultora Punctum, investigadora y experta en género e innovación, explica que en esta instancia se busca la respuesta de las personas gestantes. "Se trata de preguntarle a quien gestó. Hay bebés que no nacen vivos y esto no necesariamente tiene que ver con abortos intencionales o espontáneos", sostiene. Pero entonces, ¿cómo se refleja la paternidad en el censo? ¿Qué pasa con aquellas personas que tuvieron hijes y hoy no conviven con elles?
Otra cuestión que quedó fuera de época en este censo es la pregunta por jefas y jefes de hogar. En la actualidad hay muchas personas que conviven con amigues o con otres con quienes comparten equitativamente la economía y el sostén del hogar. Sin embargo, no existe una opción que pueda reflejar este dato en la encuesta.
Identidad de Género, por primera vez
No sólo es la primera vez que este censo puede completarse de manera online, sino que también incluye una pregunta sobre la identidad de género en línea con la Ley 26.743, sancionada en 2012. Si bien esto es innovador y permite dar cuenta de la pluralidad de formas de autopercibirse —un eje clave en las políticas de género—, viene acompañada de un ítem sobre el sexo asignado al nacer que incluye las opciones mujer/femenino, varón/masculino, X/ninguna de las anteriores.
Hay diferentes posturas dentro del colectivo de personas travestis, trans y no binarias sobre este punto. Para muches, la pregunta por el sexo asignado al nacer es invasiva y hace referencia directa a la genitalidad de quien responde. Muchas personas trans deciden no hacer visible su identidad y esto debería ser respetado. ¿Por qué alguien tiene que brindar esta información si no lo desea? ¿Y si no se siente cómode exponiéndose de esta manera?
María Belén Correa es activista trans y fundadora del Archivo de la Memoria Trans. Según ella, esta pregunta viola el artículo 9 de la Ley 26.743 de Identidad de Género referido a la confidencialidad de la identidad. El mismo sostiene que no se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, excepto cuando lo autorice le titular de los datos. “El sexo asignado al nacer, encadenado al paradigma biologicista, es un atraso horroroso en un país con legislación vigente donde la diferencia sexual anatómica no determina ni condicional el reconocimiento civil de las personas”, explica Correa.
Otras posiciones sostienen que la división entre sexo y género permite tener información sobre las personas trans y a partir de ahí construir políticas específicas para esta población. "El censo por el momento está registrando estas variables por separado y es un gran avance desde el punto de vista de la información que tenemos sobre nuestra población para poder sofisticar los análisis sobre género", explica la especialista en metodología de la investigación Magariños. Y agrega: "El censo es una fuente de información extraordinaria. Tenés una gran cantidad de cuestiones interseccionales para observar, de acceso a derechos humanos básicos, a derechos sociales. Por supuesto, se puede profundizar pero no es algo para pedirle al censo, no es una encuesta en la que preguntas todo lo que querés saber sino que es paramétrico, es el marco de referencia. Y tenés otros instrumentos que llevan adelante el INDEC y las oficinas de estadísticas de los estados provinciales que también permiten sofisticar los análisis posibles".
Nicolás Basso es antropólogo y trabaja en el equipo técnico del INDEC. Si bien no estuvo en la redacción de las preguntas vinculadas al género, explica que los censos necesitan mantener una comparabilidad con los datos de las encuestas anteriores y también con aquellos recabados en otros países. "Teniendo en cuenta esto, se decidió mantener por separado las preguntas de sexo asignado al nacer e identidad de género para lograr mantener la comparabilidad histórica (ya que la pregunta de sexo asignado al nacer es histórica). También hay que tener en cuenta que la temática es novedosa en el mundo de las estadísticas y el marco normativo internacional está por construirse", señala Basso. Para él, siempre existe una tensión entre conservar la regularidad de las variables y la necesidad de registrar nuevas dinámicas y procesos sociales.
En cuanto a la pregunta por la identidad de género, Daniela Ruiz, activista trans y directora de teatro, entiende que “encontrarnos a nosotras mismas en las estadísticas” es central y sobre todo cuando esta cuantificación se realiza desde el Estado. “Realmente, poder repensar nuestra manera de vernos en el registro en este censo es importante, es un gran avance”, explica y agrega: “Primero, para saber lo que necesitamos las organizaciones de la sociedad civil y también nuestra comunidad travesti trans, es saber quiénes somos”. Sin embargo, Ruiz hace una salvedad importante: a futuro sería interesante no necesitar esta distinción entre sexo y género para las estadísticas.
Censo y discapacidad: la batalla es cultural
Cristina Goupillaut es integrante de la organización Villa María Sin Barreras. Entrevistada por este medio, asegura que el Censo 2022 no menciona la palabra discapacidad y que sólo se refiere a personas con “dificultades” y “limitaciones”: para caminar o subir escaleras, para recordar o concentrarse, para recordar el domicilio de la casa donde viven, para comunicarse, para oír aún usando audífonos, para ver aún usando lentes o para comer, bañarse o vestirse solas.
“No preguntan si la dificultad o limitación es temporal o definitiva cuando todo esto es imprescindible para la elaboración de políticas públicas en relación a la discapacidad”, advierte la referente y cuestiona: “En este momento se está elaborando la nueva ley de discapacidad que suplantará a la que se creó en la dictadura —y hoy se cumple a duras penas, muy poco —, ¿para quién irá dirigida si no saben dónde, cómo ni cuántos somos?”
Silvina Peirano es profesora de Educación Especial y especialista en Sexualidad y Diversidad Funcional. En diálogo con Feminacida, coincide con Goupillaut: “Este censo no hace otra cosa que utilizar eufemismos para mencionar a la discapacidad, y encima en negativo: todos conceptos limitantes, minusvalizantes. Se desdibuja la importancia de haber hecho una movida tal y no tomar registro de cuántas personas con discapacidad tenemos en nuestro país y en qué condiciones malviven”. Además, agrega que tampoco se sabe cuántas personas con discapacidad murieron durante la pandemia, y no sólo a causa de Covid-19.
Argentina adhiere a la terminología del Grupo de Washington conformado por países, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de personas con discapacidad e investigadores que acuerdan términos y modos de relevar datos a nivel mundial. “Utiliza la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad para medirla. Fue aprobada en el año 2001”, detalla Sandra Ferrero, integrante del Observatorio Nacional de Discapacidad y de la comisión directiva de SADOP de Río Cuarto, y agrega: “Sin embargo, esos términos son consecuencias de las barreras que ofrece el medio”.
Ferrero participó de una reunión previa al censo convocada por el Consejo Consultivo de Discapacidad donde disertaron distintos dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad y los directores del INDEC. Ante la discusión planteada por les referentes, los funcionarios públicos adoptaron esa clasificación para medir de una manera universal y, de acuerdo a lo que relata la docente, debía complementarse con una encuesta para terminar de recolectar datos eficientes. “Esa segunda encuesta aún no está elaborada y es la que, según el INDEC, arrojaría los datos necesarios para elaborar políticas públicas”, avisa Ferrero.
“El censo es un punto más en este gran océano de abandono”, observa Peirano y Goupillaut amplía: “Muchos derechos son ignorados. Quedamos siempre al margen de la sociedad. Parece que la palabra discapacidad molesta, que ni desde el Estado ni desde la sociedad se acepta la diversidad. Se toma al colectivo de las personas con discapacidad como un colectivo de gente padeciente, enferma, que no quiere, que no puede cuando en realidad este universo es vasto, numeroso y maravilloso”.
Al respecto, Ferrero asevera: “No hubo decisión política de incluir de manera equitativa a las personas con discapacidad. Habrá que esperar que el censo termine y conocer la opinión de quienes se sintieron excluidos con esta herramienta y con derechos vulnerados”. Si bien se estableció un manual de estrategias de accesibilidad para la jornada, la integrante del Observatorio Nacional de Discapacidad desea que “quienes realicen el censo de manera presencial utilicen barbijos transparentes para aquellas personas sordas que realizan lectura labial y también conozcan la lengua argentina de señas para quienes se comuniquen de esta manera”.
“Tenemos diez años por delante para solucionarlo. Es muy simple, las personas con discapacidad tenemos un certificado. No es mucha ciencia preguntar si en la casa hay alguien que posee ese certificado y en base a eso preguntar el resto: género, edad, estudió, pareja, trabajo”, aconseja la integrante de Villa María Sin Barreras.
La calle no es un lugar para vivir
Es la primera vez que el Estado buscará determinar cuántas personas en situación de calle hay en territorio argentino. Si bien distintas organizaciones sociales apoyaron la decisión, también plantearon inquietudes y dilemas sobre la recolección y el registro de los datos.
Horacio Ávila, integrante de Proyecto 7, Asociación Civil para el abordaje integral, multidisciplinario y colectivo de las problemáticas de las personas en riesgo y situación de calle, presentó ante el INADI una denuncia por discriminación por discriminación hacia estas personas en el marco del Censo 2022: no solo por el nombre, ya que estas personas carecen de hogar, sino desde un punto de vista metodológico.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la recolección de datos estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA en un horario reducido: desde las 20 horas del 17 de mayo hasta las 2 de la madrugada del 18 de mayo. Según denuncian desde Proyecto 7, no era lo acordado en una reunión previa con Marco Lavaga, titular del INDEC. El acuerdo inicial implicaba que el evento durase todo el día y hablaba de puestos en diferentes puntos de la ciudad para que las personas que no dispongan de tecnología puedan acercarse a ser censadas.
Según argumentan desde la organización, el censo no arrojará datos fidedignos porque no recorre todo el territorio y se realiza solo en horario nocturno y con personal acotado. Es decir, “una metodología equivocada e ineficaz que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace años y que sólo refleja números mentirosos”. Por tal motivo, las organizaciones sociales realizan sus propias estadísticas a través de registros autogestionados. De acuerdo al último relevamiento alternativo realizado por más de 50 agrupaciones, entre ellas Proyecto 7, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), 7251 personas estaban en situación de calle en la Ciudad en 2019.
“Se habla de un censo poblacional y no de un censo ‘catastral’, por consiguiente, debe incluir a toda la población incluyendo a aquellos que se encuentran durmiendo y sobreviviendo en las calles de toda la Argentina”, asegura la organización Proyecto 7 en un comunicado publicado en sus redes sociales.
En una sociedad que cada vez visibiliza más las múltiples realidades que la integran, las estadísticas para cuantificarla tienen que estar preparadas para reflejar esta diversidad. Y para lograrlo es necesario que la medición parta desde una perspectiva que nos incluya a todes. Porque los datos por sí mismos no son más que números que pueden reforzar o desarmar prejuicios: todo depende de cómo estén construidos —es decir de la metodología — y de cómo sean leídos. Quizás este sea un desafío para quienes desarrollen los resultados en la etapa posterior.
