Ataques atribuidos a grupos antiderechos contra Las Comadres, la red de acompañantes de aborto del Ecuador, prendieron las alarmas de las organizaciones de derechos humanos ante una problemática que preocupa tanto a ese país, como a toda la región: la criminalización a defensoras y defensores de los derechos sexuales (no) reproductivos.
En Ecuador, un país donde más de 3 mil niñas menores de 14 años son obligadas a parir cada año, la red de acompañantes Las Comadres brindan información y acompañan a abortar de manera segura y cuidada.
Grupos vinculados a sectores antiderechos clonaron su línea telefónica pública en agosto de 2021 y, desde ese entonces, se hacen pasar por Las Comadres para estafar a las mujeres y otras personas que necesitan abortar. Esta fue la primera de al menos cuatro clonaciones más.
“Les pedían montos de dinero altísimos por la medicación, les daban dosis incompletas, información errónea, les decían que si no tenían para pagar que le den con teléfonos u otros objetos de valor”, cuenta Saraí, activista de Las Comadres en una entrevista con Feminacida. Además, solicitaban ubicación georeferenciada y realizaban visitas a los domicilios diciendo que iban médicas pero en su lugar terminaban yendo hombres vestidos de civil.
Frente al incremento de los hostigamientos y la falta de respuesta por parte de organismos estatales y de las empresas de telefonía, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador emitió una alerta pública.
“El único propósito de estos ataques es impedir que las mujeres, personas no binarias, hombres trans y otras personas gestantes accedan a información, acompañamiento y procesos seguros para el ejercicio de su autonomía reproductiva”, denunciaron y manifestaron: “La estigmatización del trabajo de Las Comadres es la antesala de la criminalización de sus integrantes, defensoras de derechos humanos”.
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Según los últimos datos publicados por Human Rights Watch, al menos 120 mujeres y niñas fueron criminalizadas por abortar en Ecuador entre 2009 y 2019. De ellas, 20 acompañantes y ocho profesionales de la salud fueron procesados penalmente.
“La penalización del aborto es la criminalización de la pobreza, es una cuestión de injusticia social”, señala Saraí. Las mujeres criminalizadas son las indígenas, afro, jóvenes y pobres, sobre todo de contextos rurales.
“Las formas de sancionarlas no siempre es la cárcel”, explica la activista y agrega que otra medida de sanción es el trabajo durante un año en “Centros de Cuidado Infantil”, cuya finalidad es la de “restituir el instinto maternal”. “Son formas de tortura”, denuncia.
En Ecuador el aborto sólo está permitido en caso de que corra peligro la vida de la persona gestante. Además, desde abril del año pasado la Corte Constitucional amplió la causal violación a todas las sobrevivientes y no sólo a las que transitaban alguna discapacidad, como establecía la norma hasta ese entonces.
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La Corte, en un dictamen histórico, despenalizó el aborto en casos de violación y ordenó a la Asamblea Nacional sancionar una Ley que lo regulase.
El proyecto de Ley fue elaborado en base a los estándares internacionales de derechos humanos con aportes de organizaciones feministas y de la sociedad civil y contemplaba el acceso al aborto para sobrevivientes de violación con plazos de hasta 12 semanas para mujeres mayores de 18 años y de 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad.
Sin embargo, el presidente conservador Guillermo Lasso vetó parcialmente el texto aprobado por la Asamblea, reduciendo los plazos a 12 semanas para todas las personas sin diferencia de condiciones etarias o socioeconómicas; incluyendo como requisito previo para el aborto la presentación de una denuncia, examen médico o declaración jurada; y eliminando la limitación de la objeción de conciencia.
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En este contexto de avanzada antiderechos promovida por un presidente ligado al Opus Dei, Saraí asegura que “el ataque a Las Comadres es también un ataque a los feminismos y a los movimientos sociales”.
Por eso, desde la red de acompañantes tejen solidaridades para seguir acompañando a las personas para que accedan a un aborto seguro, cuidado y feminista. Actualmente acompañan a más de 700 personas por mes de todo el país, tanto de zonas urbanas como rurales.
