En casi dos años de vigencia de la Ley de Cupo laboral trans, se emplearon a 600 personas en el sector público. Sin embargo, urge preguntarse cómo se amplían los derechos de la población travesti-trans para que el acceso al trabajo formal no resulte dificultoso.
Foto de portada: Catalina Filgueira Risso
Desde hace 10 años, Daniela Mercado se encuentra empleada en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Le contó a este medio que a los 27 empezó el secundario en el bachillerato popular Mocha Celis, lo que le representó una experiencia personal en la que recuperó la confianza y la seguridad en sí misma.
Daniela sobrevivió durante años a las múltiples violencias estructurales que las mujeres trans padecen en un sistema cis hétero-patriarcal que las margina socialmente. Se fue de su casa a los 13, luego de que su familia no aceptara su identidad y recurrió a la calle, donde se refugió junto con otras compañeras trans.
La Ley 27.636 de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’ se aprobó en junio de 2021. Promueve la efectiva inclusión laboral de la población trans mediante acciones concretas como el cupo laboral (1% mínimo) en el sector público, los incentivos para la contratación en el sector privado y el acceso a líneas de crédito del Banco Nación con tasas preferenciales para el financiamiento de emprendimientos.
“Empezar a estudiar fue una transformación enorme”, comparte Daniela. Al poco tiempo de ingresar al Mocha Celis consiguió trabajo en la cocina del instituto. Al año llegó al bachi la oferta de la dependencia del Poder Judicial en donde consiguió trabajo y continúa hasta el día de hoy.
“Cuando conseguí trabajo me di cuenta de todo lo que se me había negado. Me dije a mí misma que esto no debió haber sido siempre así”, manifiesta Daniela, que en mucho tiempo había creído que la calle era el lugar en donde tenía que estar y que no podía elegir al respecto. “Tener trabajo no es solamente ingresar al sistema, el trabajo te dignifica. Te das cuenta que tenés algo ordenador, tenés aportes jubilatorios, obra social”, agrega.
¿En qué lugares tiene alcance la Ley 27.636?
Según un relevamiento hecho por el Departamento Género y Diversidad del sindicado ATE (Trabajadores del Estado) y la Asamblea TTNB por la Salud Integral, a un año de sancionada la Ley 27.636 (julio de 2022), el 91% de las contrataciones se habían dado entre Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.
En el informe se dieron a conocer diferentes datos que no eran alentadores al momento de pensar el Cupo Laboral como política pública. Cuando la expectativa de vida de la población travesti-trans no supera los 40 años, de las 313 personas contratadas a julio de 2022, solo el 14% era mayor de 40.
Un año después, los números cambiaron, sobre todo respecto de la cantidad de personas trans incorporadas. En marzo de este año, la Unidad de Coordinación Interministerial (conformada por Ministerio de Mujeres, Ministerio de Trabajo e INADI), dio a conocer el último monitoreo, que da cuenta de 709 trabajadores registrades.
En una nota brindada a La Nación, Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, mencionó que las personas trans contratadas se reparten en 60% para organismos públicos del AMBA, y 40% en el resto de las provincias.
Ante la pregunta de cómo las personas trans llegan a ser demandantes de un empleo formal cuando las vulnerabilidades dificultan esta posibilidad, Daniela responde que el desafío es para ambos lados. “Para la comunidad trans y del otro lado también, de ver cuánto esperan de nosotras”, expone. “Creo que es una cuestión de cambio de paradigma, de cómo ves a la otra persona, es transformar la mirada desde ese lugar”, fundamenta.
Y aclara: “Obviamente podemos ser demandantes y exigir, pero mientras necesitamos ir aprendiendo. Cuando llegué al Poder Judicial no sabía que podía ascender, si el escalafón en el que estaba era administrativo o de ordenanza”.
Abrir las escuelas y los bachis, una oportunidad del Estado
En este sentido, la Ley 27.636 establece que la terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia de les trabajadores. A la vez, el artículo 6 menciona que las autoridades comprendidas por la Ley de Educación Nacional deberán arbitrar los medios para “garantizar la formación educativa obligatoria”, cuando las personas aspirantes a los puestos laborales no hayan completado su educación, como también asegurar la capacitación “con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión”.
Sin embargo, un reciente informe publicado por la organización Fundar y encabezado por Martina Ansardi y Gio Perchivale, responsables del programa Contratá Trans, que promueve la incorporación laboral en los ámbitos público y privado, da a conocer que no hay información suficiente sobre la implementación de mecanismos que busquen garantizar el acceso a la escolaridad formal y ámbitos de formación laboral.
“Puede haber oportunidad para vincular los procesos de incorporación con programas existentes como el Plan FinEs y las becas Progresar (cuyas convocatorias priorizan a personas TTNB sin límites de edad), como también con organizaciones y cooperativas sostenidas por la comunidad” detallan les autores de la publicación.
Daniela reflexiona acerca de cómo se puede acompañar socialmente a la integración del colectivo trans. Para eso, plantea la importancia de que se deje de asociar que las travestis quieren estar en una zona roja y problematiza la demanda del consumo de cuerpos. “Es como la prostitución, que resulta que es una opción ahora. Cuando me echaron de mi vivienda, no hay trabajo, ni puedo estudiar, ¿dónde está la opción?”, exclama. A la vez, nombra y recuerda el testimonio de la activista Lohana Berkins, quien dijera en una entrevista: “No es que yo un día me senté en el mullido sillón de mi casa y dije ‘a ver, ¿qué me vuelvo? ¿Una vecina facha, una prostituta o una travesti?’ ¡No tuve alternativa!”
Daniela refuerza que es necesario que haya conciencia de infancias y adolescencias trans para que se deje de reproducir que las travestis están ligadas a la prostitución. “Van a creer que esa persona tiene un problema, en vez de acompañar los procesos y las transiciones, y vamos a seguir generando víctimas en el marco de un sistema binario”, sostiene al respecto.
Reparar y abrazar el dolor ocasionado
Otro de los datos relevados por el informe de ATE Género y Diversidad y la Asamblea TTNB por la Salud Integral indica que, si bien en el 96% de las personas contratadas tiene cobertura de salud, un 58% tiene dificultades para que se le garantice sus tratamientos transicionales. La lectura que hacen desde la organización Fundar sobre esta cifra, es que en los últimos años se registró en las obras sociales y prepagas “una mayor reacción negativa hacia la incorporación de personas travestis-trans como afiliades, y ante la solicitud de tratamientos, intervenciones quirúrgicas, como así también una falta de corrección de datos en los sistemas”.
Daniela refuerza la importancia de que en la incorporación laboral se pueda hacer foco en las travestis-trans de mayor edad, que más vulnerabilidades han padecido y necesitan tener un futuro mejor. “Que se apunte a reparar como dice la palabra, una reparación que realmente venga a abrazar a la comunidad travesti”, clama.
“Tanto daño que ha hecho el Estado. Recién ahora podemos retomar estudios, sueños y permitir pensarnos desde otro lugar. Antes era impensado trabajar y estudiar. Las cosas cambiaron, pero no es un cambio que se haya dado gratuitamente. Fue una lucha de 30 años de activismo”, concluye.
