La campaña "Cuota alimentaria al día" pone el foco en una problemática cada vez más sensible para las madres argentinas: la dificultad para recibir el cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de los progenitores. Durante todo agosto, se difundió la importancia de que las madres sepan que esa cuota es un derecho y que, como tal, debe cumplirse. Según el último Índice de Crianza, en el tercer trimestre de 2022 hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares con niñes y sin presencia de cónyuge, es decir, monomarentales. Esto representa al 11,7 por ciento del total de hogares.
En estos hogares viven más de tres millones de niños y niñas, lo que representa aproximadamente dos hijes por vivienda. Entre las jefas de estos hogares, el 26,1 por ciento tuvo ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 4,6 por ciento, menores a la línea de indigencia.
Desde la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ), vienen visibilizando este tema hace unos meses. En esa línea, se presentaron en el Congreso Nacional, en junio pasado, tres proyectos de ley. Gabriela Carpineti, directora de la DNPFAJ, los explica: “El primero es el proyecto que promueve que el Estado garantice el patrocinio jurídico gratuito para procesos como la demanda de alimentos. El segundo es un Fondo Compensatorio hasta tanto existan los alimentos provisorios o la sentencia definitiva a cargo del Estado. La propuesta implica que este aporte provisorio debe ser financiado por el impuesto a las ganancias de las funciones judiciales, impuesto que aún los jueces no están pagando. El tercer proyecto implica modificaciones al régimen de alimentos que existe hoy en el Código Procesal Civil y Comercial como por ejemplo que se dé por notificado por WhatsApp o por redes sociales el demandado ya que la imposibilidad de notificarlos en sus domicilios reales, demora el inicio de los trámites”.
De acuerdo a datos de UNICEF, el 50,2 por ciento de los hogares en los que no vive el padre de les niñes, no recibió dinero en concepto de cuota alimentaria en los últimos 6 meses, y el 12 por ciento sólo recibió cuota alimentaria algunos meses. Es decir, 3 de cada 5 hogares a cargo de mujeres no reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma.
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Camila tiene 28 años, vive en el sur del conurbano bonaerense y es mamá de Lucía, de siete. Hace dos años está separada del progenitor de su hija. “Al comienzo, me propuso pagarme un alquiler para que yo abandonara la casa que construimos juntos en un terreno que le pertenece a su familia”, relata y continúa: “Luego de seis meses me dijo que le implicaba mucho gasto y que ya no podía pagarlo, así que tuvimos que ir a vivir a la casa de mi abuela. Desde ese momento, el dinero en concepto de cuota varía mes a mes, dependiendo de lo que él considere y cuando lo considere”.
Camila trabaja informalmente en el negocio de una tía, recibe una remuneración diaria que, a fin de mes, no alcanza para cubrir la canasta básica familiar. “En este momento no puedo tener otro tipo de trabajo porque, si bien en el local no gano mucho, me permite salir cuando tengo que llevar a mi hija al médico, a sus terapias, a veces también la llevo al local conmigo porque no siempre tengo quien me ayude con sus cuidados”, agrega la entrevistada que, como muchas otras madres, dedica casi cien por ciento de su tiempo a los requerimientos de su niña.
Según datos de 2023 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG), el 59 por ciento de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos. El 73 por ciento de estos hogares usa el crédito para comprar comida o medicamentos.
La función de los Centros de Acceso a la Justicia
Desde la DNPFAJ, atienden en la línea telefónica 137 y en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de todo el país a las madres que crían solas y no reciben el aporte económico que les corresponde a ellas y a sus hijes. Sobre esto, Carpineti resalta la importancia de estos espacios, que funcionan como oficinas de atención abiertas a todo público, conformadas por equipos interdisciplinarios que contempla abogados/as, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales y personal administrativo que brindan atención legal y psicosocial a personas que encuentran barreras para hacer cumplir algún derecho. “Allí también asesoramos para desarrollar trámites de prestaciones sociales y brindamos la posibilidad de la representación legal ante el Poder Judicial mediante la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito", subraya.
“Las veces que intenté hacer averiguaciones para iniciar una demanda por alimentos con abogados particulares, debía pagar hasta la consulta de asesoría y eso implicaba dejar de pagar o comprar otra cosa”, cuenta Brenda, mamá de tres niñes, quienes tampoco recibe la cuota alimentaria que le corresponde pagar al progenitor de sus hijes. “Finalmente, cuando supe de los Centros de Acceso a la Justicia, me acerqué y allí pude iniciar el trámite recientemente”, agrega.
Actualmente, existen 108 oficinas de CAJ que, a su vez, tienen itinerancias propias: asistencias fijas semanales en determinados barrios o zonas que llevan adelante operativos que se promocionan en la página web con actualización semanal, muchas veces con un eje específico, como puede ser el incumplimiento de la cuota alimentaria.
Los CAJ funcionan de lunes a viernes y tienen horarios fijos, según la localidad o ciudad donde se ubican. “Se organizan por provincias y por regiones, ya que la realidad de cada territorio y sus problemáticas son diversas y sus idiosincrasias también”, detalla Gabriela Carpineti y suma el dato de que en los últimos tres años y medio de gestión y teniendo en cuenta la pandemia, momento en que disminuyó fuertemente la asistencia presencial, recibieron a más de 266 mil personas y más de 567 mil consultas.
Una cuestión importante para mencionar es que la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, incorporó bajo su órbita a la línea 137, histórica herramienta destinada a brindar contención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming. Además, se ampliaron los servicios con una segunda opción que asesora en cuestiones legales, administrativas y psicosociales, ybrinda información sobre los CAJ. Esta línea atiende las 24 horas, los 365 días del año.
“La impronta que logramos incorporar durante esta gestión a los CAJ y la Línea 137 tiene que ver con un mirada social y colectiva de los conflictos; es decir, si bien asistimos a individuos, también intercedemos en conflictos que tienen otro carácter y dónde es importante que el Estado se muestre presente y sobre todo, eficiente. Conflictos de tierras, desalojos, acompañamientos en procesos de violencia institucional, etc. Muchas veces somos el Estado disputando prácticas nocivas del propio Estado; y creemos que en ese sentido cumplimos un rol fundamental", concluye la Directora.
La urgencia de garantizar el alimento
Según el informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en Argentina, la mayoría de las mujeres son madres. El 78 por ciento de las mujeres de entre 35 y 45 años convive con al menos un hije y el 97 por ciento de los niños, niñas y adolescentes conviven con sus madres. Además, según el informe de UNICEF, Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en niñas, niños y adolescentes en Argentina, 2 de cada 3 niñas y niños en Argentina son pobres. Por eso, hablar de este tema para hacer cumplir el derecho de las infancias en las familias y en la Justicia es un asunto cada vez más importante.
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La cuota alimentaria es necesaria para pagar comida, educación, salud, ropa, tiempos de cuidado y otras necesidades de las infancias y adolescencias, para que tengan todas las oportunidades que se merecen y un mejor futuro. En esta línea, el proyecto "Cuota alimentaria al día" entiende que hacen falta modificaciones legislativas que pongan el eje en la naturaleza urgente del alimento y su prelación jurídica, cuya tutela normativa tiene reconocimiento y jerarquía transnacional.
Por ello, adhieren a crear un Fondo Alimentario Estatal que se fundamenta bajo la posibilidad de ser financiado con fondos emergentes del propio sistema judicial, utilizando como respaldo el informe ¿Por qué Argentina necesita un nuevo sistema de cuidados? elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género junto con UNICEF. Allí se pone en eje el impacto económico que presentan las economías de las mujeres en general, y en lo específico, en su rol de cuidadoras. Y también enfatiza en cómo esta carencia impacta en el PBI de un país; ahí radica la necesidad de invertir en la economía con una perspectiva de género.
“A su vez, se detectó que se requerían algunas modificaciones a lo ya existente y algunas instituciones nuevas. En lo atinente a las modificaciones, es necesario que la ley procesal tanto de Nación como también las provincias, agilicen sus procesos y flexibilicen algunas exigencias rituales para remover los obstáculos que impiden el acceso de niños, niñas y adolescentes, a gozar del derecho del que son titulares”, remarca Carpineti, autora de los proyectos presentados.
“Entendemos que las dificultades para acceder a los tribunales facilitan la evasión en el cumplimiento de parte del alimentante, que tiene la tendencia a 'patear' el cumplimiento, o inclusive el pacto, hacia adelante. Es jurídico y es cultural, pero debemos pensar un esquema de urgencia, casi cautelar, que impulse a las partes a acordar alimentos lo antes posible -que lo entiendan conveniente antes de litigar- y, en todo caso, poder corregir o limar cuestiones al momento de renovar las condiciones de un nuevo pacto. Y que si eso no ocurre, pueda existir una vía expedita, similar a un juicio sumarísimo o al proceso de amparo, que además no implique un sobrecosto significativo para la parte que cumple con la prestación alimentaria”, sostiene la directora de la DNPFAJ.
Lo que no es admisible es dejar al niño, niña o adolescente sin la necesaria cobertura alimentaria. Con esa orientación, los proyectos proponen que el proceso alimentario tenga un esquema sumarísimo, sin instancias prescindibles, tales como el alegato o la recusación sin causa, en donde se pueda trabar el proceso con la sola constatación demostrable de la notificación de la demanda iniciada.
Este es un nudo que se reitera en los procesos por alimentos y que consiste en la imposibilidad de notificar la demanda por distintos vericuetos procesales que en definitiva implican los que se llama un “exceso ritual” que, claro está, beneficia a los evasores. “El mensaje enviado a un dispositivo electrónico, a una red social de pertenencia demostrable, a un correo electrónico o número telefónico, en donde conste que efectivamente se notificó, resulta suficiente para considerar que la contraparte se informó del juzgado y secretaría, y de aquello que se le demanda, de forma tal de poder oponer excepciones, brindar razones y ofrecer prueba”, avisa Carpineti.
A su vez, en el proyecto se propone que el momento de fijación de alimentos provisorios por parte de la magistratura debe ser en la primera audiencia o instancia de intervención, sin que el demandado pueda excusarse, dado que se trata de una medida cautelar y urgente. De hecho, el juez o la jueza tienen que estar facultados a fijar un embargo preventivo sobre el monto alimentario en caso de considerarlo necesario.
Criar un hije no es solo una canasta enorme de objetos materiales, es también tiempo de cuidado que recae fundamentalmente en las madres, sobre todo en la primera infancia. En ese sentido, estos proyectos de ley presentados ante el Congreso Nacional proponen otra arista más en el camino hacia la justicia igualitaria.
