“Al principio hablábamos de lxs compañerxs que habíamos visto con vida en el centro clandestino y que todavía estaban desaparecidxs, después fue el tiempo de nombrar a los represores que pudimos reconocer, ahora es tiempo de hablar de cada unx de nosotrxs”.
Testimonio brindado al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar que se instauró en la Argentina entre 1976 y 1983, más del 30 por ciento de las víctimas del terrorismo de Estado fueron mujeres, de acuerdo a los datos recabados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). La violencia que las atravesó en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio fue específica y sistemática. Abusos sexuales, violaciones, agresiones verbales, amenazas, desnudez forzada, embarazos no deseados, abortos producto de la tortura, partos clandestinos, separación y apropiación de sus hijes y exclavitud sexual fueron algunas de las formas particulares que adquirieron estas violencias. Muchas denunciaron, incluso durante la dictadura, frente a tribunales militares, otras en organismos de Derechos Humanos y otras lograron hacerlo en el Juicio a las Juntas con el retorno de la democracia. Hoy, a 47 años del golpe de Estado ¿es posible realizar una lectura feminista de la memoria? ¿Por qué fueron invisibilizados durante tanto tiempo los delitos sexuales de la dictadura? ¿Qué aportes pueden brindar los feminismos para re-pensar las narrativas de derechos humanos?
Calladas, nunca más
Pensar el 24 de marzo desde una perspectiva feminista implica poder hacer un ejercicio de memoria que recopile e identifique la especificidad que tuvieron los mecanismos de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres e identidades feminizadas que, con su formación, militancia y pertenencia a organizaciones políticas y guerrilleras, cuestionaban el lugar para ellas otorgado en la sociedad patriarcal. “Ese modelo se basaba en lo que los propios terroristas de Estado llamaban ‘moral cristiana’ que no era más que el modelo de familia heteropatriarcal donde los roles de varón o mujer estaban completamente delimitados”, explica en diálogo con Feminacida Ana Oberlín, abogada especialista en género, derechos humanos y derecho penal, trabajadora del Ministerio Público Fiscal y respresentante de víctimas del terrorismo de Estado en procesos por delitos de lesa-humanidad. A su vez, agrega que por el lugar reservado que tenían las mujeres en la casa, la familia y fuera del espacio público; en los centros clandestinos sufrieron un tipo de violencia que iba más allá de las sexuales con el objetivo de disciplinarlas. “Eran continuamente tratadas de malas madres, de promiscuas, eran insultadas, todo por haberse salido del modelo sexo-genérico patriarcal que defendía el golpe”.
Olga Wornat, periodista y escritora, co-autora junto con Miriam Lewin del libro Putas y Guerrilleras entrevistada por este medio sostiene: “Toda la publicidad y propaganda del golpe estaba volcada a echar la culpa sobre las mujeres. Primero, a ‘la madre’ que no enseñó y cuidó a su hija como correspondía porque sino, nosotras tendríamos que haber estado casadas con hijxs y en nuestras casas. Y segundo, a las mujeres militantes: ‘Si vos sos una chica de buena familia ¿qué hacías ahí? ¿Qué hacías en los barrios pobres? ¿Qué hacías en la calle tirando panfletos y poniendo bombas? ¿Por qué no te casaste?’. Nos consideraban putas, si éramos guerrilleras, si leíamos y estudiábamos en la universidad, para los represores éramos putas”.
En el prólogo a la segunda edición del libro, la antropóloga, escritora y activista feminista, Rita Segato, aclara que la violación no es el resultado del deseo varonil desatado o la líbido masculina descontralada, sino que se trata de una retroalimentación del poder viril en sus diversas formas, ya sea física, política, económica, moral “porque el sujeto violador es un moralizador por excelencia” y es en este sentido que la violación es pedagógica porque su objetivo es replegar a las mujeres al orden patriarcal.
Las diversas narrativas de la memoria, tanto las impulsadas por el Estado Nacional en los procesos reparatorios del 2003 en adelante, como las sostenidas por los organismos de Derechos Humanos, evidenciaron que el Golpe de Estado de 1976 fue parte de un plan integral y sistemático de exterminio íntimamente relacionado con las políticas económicas neoliberales implementadas, no sólo en Argentina, sino, en todo el continente latinoamericano. “El modelo de hegemonía que vino a garantizar el proceso tenía muchas aristas, siempre se habla de las relacionadas a lo económico, social, religioso, pero no se habla del modelo sexo-genérico que venía a imponer el terrorismo de Estado”, detalla Oberlín y este punto se vuelve central en el aporte que puede brindar la perspectiva de género para pensar porqué se tardó tanto en visibilizar y discutir el lugar que tuvo la violencia contra las mujeres.
Un secreto a voces
Diversas mujeres en plano medio corto relatan sus experiencias en los campos de concentración de la última dictadura militar. No miran a cámara, conversan con la entrevistadora que está fuera del cuadro. Todas sobrevivieron a la detención clandestina, algunas militaron en agrupaciones políticas estudiantiles, otras en organizaciones guerrilleras. Son de diferentes puntos del país, tenían distintas edades cuando fueron secuestradas y tienen algunas cosas en común: el cautiverio, la violencia sexual a la que fueron sometidas y las frases: “No, contar no se lo conté a nadie”, “No podía contarlo, lo que me acuerdo no lo soporto”, “Es algo que no, nunca lo he hablado”, “Ni siquiera mi familia lo sabe”, “No quería que fuera público, no quería que mi papá se entere”, “Tenía mucho miedo de qué iban a decir de mí”, “Entre nosotras lo sabíamos, pero no, no lo hablábamos”. Las imágenes corresponden al documental Campo de batalla. Cuerpo de mujer dirigido por Fernando Álvarez.
“Durante mucho tiempo, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención quisieron denunciar la violencia sexual, incluso durante la dictadura en tribunales militares y, sobre todo, en organismos de Derechos Humanos, en Argentina y en el exterior. Después, en democracia, en la CONADEP, en el Juicio a las Juntas”, desarrolla consultada por Feminacida Victoria Álvarez, Doctora en Estudios de Género, Magíster en Historia y Memoria y Becaria postdoctoral de CONICET. En la misma línea agrega: “En gran medida los testimonios siempre tienen que ver con la posibilidad de escucha que hay del otro lado y el problema fundamental es que, durante mucho tiempo, ellas no encontraron lo que yo denomino ‘marcos sociales de escucha’, ámbitos en los cuales poder denunciar y ser escuchadas sin ser culpabilizadas”.
Contrario a lo que podría imaginarse, los archivos de los tribunales militares cuentan con una gran cantidad de denuncias sobre violencia sexual cometida por los genocidas, aún así la revictimización y los interrogatorios que sufrían sobre sus vidas privadas desincentivó a que más mujeres se animaran a denunciar. “No es que no estuvieran los casos, si bien algunas personas denunciaron después, ya había denuncias desde la vuelta a la democracia. Sobre éstos no se avanzó durante la primera etapa de justicia, tampoco en CONADEP se registró con la importancia que debería haber tenido, sino más bien vinculado a la tortura como si fueran parte de lo mismo”, describe Oberlín y resalta: “Eso habla de la invisibilización casi absoluta de estos temas durante muchos años hasta que se retomó el proceso de Justicia. Recién ahí comenzaron a verse y tratarse las violencias diferenciales hacia las mujeres cis, no sólo las sexuales, sino otras violencias particulares hacia ellas”.
En las representaciones hegemónicas de la memoria las vivencias particulares de las mujeres han sido en gran medida marginadas. La violencia sexual a la que fueron sometidas no comenzó en 1976 ni finalizó con el regreso de la democracia. Incluso las repercusiones de las violencias que atraviesan hoy en día los cuerpos de las mujeres e identidades disidentes cargan con los mismos cuestionamientos: ¿qué hacía ahí a esa hora? ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué lo cuenta ahora que pasó tanto tiempo?
“Cuando salimos del relato del heroísmo y de los mártires y empezamos a ver formas de resistencia y a hacer una lectura feminista del testimonio de las mujeres, entonces se puede politizar la violencia sexual y pensar qué pasó en los centros de detención tortura y exterminio”, aporta Marta Dillon, periodista, activista, fundadora de Ni Una Menos e hija de Marta Taboada detenida-desaparecida. Además, argumenta que es ampliando las bases de los feminismos y politizándolos que podemos generar los espacios de escucha necesarios para quienes tienen algo que decir. “Muchas veces los delitos sexuales no se declaran para no herir a los hombres, padres, compañeros, varones de la familia o del partido y organización, y mientras no puedan enunciarse es como si se siguieran cometiendo, porque no hay reparación sin la posibilidad de nombrar”.
El Estado opresor es un macho violador
El primer tratamiento judicial que tuvieron los delitos sexuales como delitos autónomos en nuestro país fue en junio del 2010. Ese año, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a Gregorio Rafael Molina, ex suboficial de la Fuerza Aérea y jefe del centro clandestino La Cueva, a prisión perpetua por “violación agravada” en cinco hechos consumados y otro en grado de tentativa contra dos víctimas. La resolución de esta causa sentó precedentes en varios aspectos: por un lado, porque consideró a la violación en centros clandestinos de detención como delito de lesa-humanidad y, por otro lado, por la valoración que les otorgó a los testimonios de las víctimas sorteando las dificultades probatorias y dandole credibilidad a la palabra de las mujeres. Además, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo sosteniendo que “los abusos sexuales constituyeron parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el último gobierno militar en el marco del plan sistemático de represión estatal”.
Para comprender por qué se tardó 34 años en conseguir una reparación es necesario viajar en el tiempo hacia el retorno de la democracia. Fue en 1985 con el Juicio a las Juntas y el Nunca Más que se confirmó, a través de la Causa 13, el plan sistemático de exterminio que implicó el autodenominado “Proyecto de Reorganización Nacional”. Pero para entonces, los delitos sexuales no se consideraron en su especificidad propia, sino bajo el rótulo de tormentos. “Eso empezó a cambiar en los noventa con el boom de las memorias y con la aparición de la agrupación H.I.J.O.S. que puso en la esfera pública la dimensión afectiva. Además los debates que se dieron internacionalmente por los casos de Ruanda y la ex-Yugoslavia donde se planteó la necesidad de considerar la violencia sexual como una práctica sistemática y por lo tanto, un delito de lesa-humanidad que no prescribe”, recapitula Álvarez y expone: “Luego, en los Juicios por la Verdad, hay una escucha mayor. Si bien no hay posibilidad de condenar a los represores, los jueces tienen una apertura a la escucha porque justamente esas instancias fueron para recopilar información en función de alcanzar esa verdad de qué había pasado”.
Hasta 1999, la violación era un delito “contra el honor”, recién a partir de ese año empezó a considerarse como un delito “contra la integridad sexual”. A partir del 2003, con las políticas de memoria implementadas por el gobierno de Néstor Kirchner y, sobre todo, con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, de los indultos y la reapertura de los juicios, se abre en nuestro país una nueva posibilidad para la aparición de denuncias. “Es a partir de este avance y del movimiento de los feminismos que comienzan a sacar del ámbito privado a las violencias sexuales y se empieza a habilitar una escucha conducente que posibilitó que eso emerja”, afirma la abogada en Derechos Humanos.
En mayo del 2022, la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que excluía los delitos de violación y abuso sexual cometidos contra un grupo de mujeres mientras estuvieron detenidas.
Mientras el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó por delitos de lesa humanidad a Jorge Antonio Olivera, Horacio Julio Nieto, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco del Torchio, Daniel Rolando Gómez y a Alejandro Víctor Manuel Lazo; con los delitos de violencia sexual alegó que no podían incluirse por co-autoría.
“Esta resolución tiene implicancias en los demás casos porque la Corte Suprema se manifestó a favor de considerar a los delitos de lesa humanidad como parte del plan sistemático de la dictadura y citó la normativa a aplicar que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos obliga al Estado a sancionar en estos casos a los responsables”, explica Oberlín.
De esta manera y a través de lo que se conoce como el Fallo Martel, la Corte revocó por unanimidad esta decisión y sostuvo que el juzgamiento de los hechos debe realizarse necesariamente con perspectiva de género, teniendo en cuenta lo que establece la Convención de Belem de Pará de la cual Argentina es firmante desde 1996.
Es sumamente importante para las víctimas e intrínseco de la reparación simbólica que los responsables sean condenados particularmente por las violaciones sexuales. Visibilizar la violencia sexual del pasado que, muchas veces fue ocultada para no correr el foco de lo que se consideraba más importante (como conocer el destino de las personas desaparecidas), echa luz sobre la violencia sexual del presente y permite construir nuevos lazos reparatorios entre lo personal y lo político.
Hacia una reivindicación feminista de la memoria
Según los datos arrojados por el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, de un total de 1114 personas condenadas, hasta hoy, por crímenes de lesa humanidad, 154 fueron responsabilizadas por delitos sexuales y otras 29 llegaron acusadas a debate y resultaron absueltas.
“Hemos avanzado muchísimo en el proceso de justicia. Hoy hay 295 sentencias de las cuales el 16 por ciento abordan delitos que sufrieron mayoritariamente mujeres cis, aunque cualquiera que escucha los testimonios sabe que ese porcentaje es bastante mayor”, asegura Oberlín. De las 295 sentencias, 47 se traducen en delitos de violencia sexual contra 212 vícitimas.
“Falta avanzar sobre el ensañamiento con las personas trans, gay y lesbianas que fueron perseguidxs, antes y después del terrorismo de Estado, aunque en ese momento se encrudecieron”. A pesar de no haber sido incluídes en el informe del Nunca Más de la CONADEP, Carlos Jauregui -primer presidente de la Comunidad de Homosexuales de Argentina- publicó en La Homosexualidad en la Argentina sobre 400 personas de la comunidad LGBTIQ+ detenidas y desaparecidas durante el proceso. La ‘moral cristiana’ y la restauración del orden cis-heteropatriarcal violentó los cuerpos de todas las personas que intentaron cuestionarlo y desafiarlo. En una entrevista realizada en mayo del 2022 para el podcast Identidad de Género: 10 años de una reparación, María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, describió que fue gracias a testimonios de compañeras trans que Etchecolatz y otras personas de la policía fueron condenados y remarcó: “Nosotras no necesitamos una reparación distinta a la que tuvo el resto de la sociedad, necesitamos estar consideradas dentro de la misma reparación”.
A su vez, a raíz del dilema que a veces se presenta respecto de la cifra de detenides-desaparecides aseguró que: “Las que apelamos por los 400 legajos y una apertura de éstos, no es que queremos que cambien el número a 30.400. Una vez que esos legajos aparezcan serán parte de los 30 mil. Mientras tanto, seguirán siendo 30.400 para nosotras”.
Victoria Álvarez reflexiona: “Las preocupaciones actuales permiten, entre otras cosas, volver la mirada sobre el pasado y reparar en problemáticas que antes habían permanecido invisibles, demostrando, al mismo tiempo, que la memoria no se construye de una vez y para siempre sino que es un trabajo constante que se realiza a partir de las preguntas y de las demandas del presente”.
Marta Dillon señala que hay vínculos entre los movimientos de Derechos Humanos y los feminismos que buscan la construcción de una memoria alternativa. “La justicia tiene que dejar de ser patriarcal y necesitamos una reforma con perspectiva de género. Esto es muy necesario pero no se va a poder hacer si no tenemos una memoria feminista de lo que significa el patriarcado administrando justicia que nos permita hilar todos los hechos y seguir demandando cada vez que lo hacemos por una o por une, por todes”.
Este 2023 se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. Mantener viva y actualizada la memoria es imprescindible. Volver sobre los hechos y preguntarles un poco más, incomodarnos hasta la verdad y exigir más que nunca a que la Justicia esté a la altura para poder seguir coreando juntes: Nunca Más.
