A través de un tweet publicado en la cuenta del Ministerio de Capital Humano, se dio a conocer el cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR), lo que generó un gran impacto en lxs trabajadores y las organizaciones sindicales en las que se nuclean estas dependencias: allí trabajan alrededor de 600 personas. Los CDR estaban supeditados al ex Ministerio de Desarrollo Social —actual Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia— y distribuidos por todo el territorio nacional para acercar las políticas públicas a las 23 provincias de nuestro país.
El anuncio tiene como postulado la necesidad de reducir el déficit fiscal, ahorrar 5 mil millones de pesos al año, cerrar "las cajas de la política" y eliminar “ñoquis”. Según la cartera presidida por Sandra Pettovello, los Centros de Referencia actualmente funcionan como "aguantaderos de militantes”. En su lugar, proponen digitalizar los trámites y dispusieron una línea para comunicarse por trámites de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
"Estas conclusiones, que no tienen ningún fundamento conceptual ni metodológico —tomando en cuenta los criterios de organismos internacionales como el PNUD, UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo—, resultan apresurados y se convierten en falacias”, expresa Marisa, licenciada en Trabajo Social y especialista en planificación estratégica territorial y políticas comparadas de desarrollo, recientemente jubilada del Ministerio de Desarrollo Social después de 30 años como trabajadora estatal.
Luego de enterarse a través de una comunicación no oficial, la Junta Interna de ATE-Desarrollo Social impulsó asambleas para organizar a las trabajadoras y trabajadores afectados. La organización ya venía llevando a cabo denuncias de desarticulación de áreas claves, como la DADSE (Dirección de Asistencia por Situaciones Especiales), el programa alimentario que se encarga de financiar a los comedores y el desentendimiento de todos los proyectos de ejecución de política pública.
A esta evidente desidia y aparente inoperancia, se suma la decisión política del cierre de los Centros de Referencia, que implica no sólo la pérdida de puestos laborales, sino la falta de mediación para acercar la accesibilidad a diversos derechos y servicios que precisan las poblaciones más vulnerables en nuestro vasto territorio.
Podés leer más en: Estimada ministra Pettovello: hay diez millones de personas sin asistencia alimentaria
La historia de los Centros de Referencia
Para comprender más sobre la creación de los Centros de Referencia, es necesario ir hacia los años 90. El Ministerio de Desarrollo Social contaba con profesionales contratados en todas las provincias, ya sean a través de programas con financiamiento de organismos internacionales o programas nacionales, especializados en diversas temáticas como niñez, adultos mayores, programas de asistencia alimentaria, acciones frente a emergencias y catástrofes, proyectos integrales productivos en distintas escalas y emprendimientos.
Como consecuencia de la crisis del 2001, se genera una emergencia alimentaria en todo el país por la falta de ingresos absoluta que arrastró a la mitad de la población a la indigencia.
“En 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, se pone en marcha el programa Jefes y Jefas de Hogares Desocupados. La experiencia entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y un Consejo Asesor Nacional conformado por representantes de distintos sectores, como organizaciones sociales, sindicatos, empresas, Iglesia y el Estado, se propuso realizar operativos en todo el país por medio de consejos consultivos locales y provinciales. En un mes y medio inscribieron a dos millones de personas de los 2700 municipios del país, que tenían ingresos cercanos a 0 pesos”, relata Marisa.
En 2003 asumen Néstor Kirchner. Con Alicia Kirchner al frente del Ministerio de Desarrollo, entre 2004 y 2006 se comienza a crear al menos un equipo de profesionales por provincia para ordenar la accesibilidad, la respuesta y la solución a las necesidades más urgentes de todo el territorio nacional por los altos índices de pobreza.
Inicialmente se aglutinaron técnicos y profesionales que estaban dispersos en el territorio en una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social en la cual cada uno continuaría con su especialidad y línea de abordaje de problemas, pero trabajando en un equipo único para articular los recursos nacionales, provinciales y municipales. Esto permitió un anclaje territorial de las políticas y, de este modo, evitar que los intendentes o profesionales de los distintos gobiernos locales y provinciales tuvieran que trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para recorrer todas las dependencias públicas que les otorgarían respuesta a las urgencias que recibían constantemente en sus territorios.
Puestos de trabajo en peligro
María Spaventa es licenciada en Trabajo Social y trabaja en el CDR de Córdoba. Está conformado por profesionales técnicos de distintos programas: economía social, alimentación, género y diversidades, niñez y familia. En diálogo con Feminacida, cuenta que ese Centro de Referencia es uno de los más grandes del país y que la medida no sólo es un ataque al federalismo, sino una demostración en el cambio de paradigma de atención a sujetos de derecho a “beneficiarios merecedores”.
"Están en riesgo 140 puestos de trabajo y aún no tenemos noticias de nuestra continuidad. Les trabajadores territoriales tienen un bagaje y vínculos construidos que permiten allanar el camino, con humanidad y escucha activa", comenta Spaventa.
Los equipos de los CDR son altamente profesionalizados, se dedican a atender cuestiones complejas que se deben a las múltiples dimensiones que adquieren la pobreza y los distintos mecanismos de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad. “Una persona no es un cúmulo de problemas que puede autodiagnosticar su situación escribiéndola en un formulario para pedir ayuda. Los equipos profesionales tienen que construir ese problema y esa demanda para poder responderla”, aclara Marisa.
Por su parte, Spaventa recuerda que a lo largo de sus años de trabajo en el territorio le han tocado vivir situaciones de riesgo como quedar en el medio de balaceras y tener que refugiarse en centros de salud, o que se incendiara la camioneta que trasladaba a ella y sus compañeras para acercar las políticas. Por eso expresa su profundo dolor ante el destrato que sufren hoy en día las trabajadoras estatales cuando se refuerza el relato falaz que se arma en torno a ellas.
Como delegada de ATE, la trabajadora cordobesa expresa: “No es libertad, es muerte la que avanza”. Y enseguida remarca la importancia de la participación y la lucha por los derechos de trabajadores y trabajadoras.
Patricia Coronel se desempeña en el CDR de Mar del Plata. Es licenciada en Sociología y maestranda en Políticas Públicas con perspectiva de género. En una entrevista con este medio, habla sobre la composición del equipo: “Las delegadas somos mujeres y la mayoría de las trabajadoras son sostén de hogar. Somos las compañeras las que nos ponemos al hombro la lucha y la representación de les trabajadores”.
Te recomendamos leer: "Esta vez hay que ir": el cuidado en el centro de la escena del 8M
Hasta el 10 de diciembre se llevaban a cabo políticas de ayuda habitacional con respecto a emergencias climáticas e incendios. Además, se otorgaban medicaciones de alto costo, por lo que hoy hay personas que aguardan acceder a su medicación. En el CDR de Mar del Plata funcionan varios organismos además de Desarrollo Social: la Biblioteca Nacional, el Centro de Acceso a la Justicia, el cual hace operativos en conjunto con el INADI, el Ministerio de Mujeres de la provincia y la ANDIS.
“Tengo hechos varios cursos de la Ley Micaela. Iba a sociedades de fomento y comedores a dar talleres para abordar situaciones de violencia de género, que era una necesidad que estaba vigente en el territorio local”, repone Coronel.
Cabe destacar que la ciudad de Mar del Plata tiene un millón de habitantes y, por fuera del Conurbano Bonaerense, es el segundo centro urbano más grande de la provincia de Buenos Aires. Cerca del 50% de las familias marplatenses están por debajo de la línea de pobreza y es la ciudad con más desempleo del país. El 67 % de las personas desempleadas son mujeres y sostén de familia, por lo que retirar las políticas públicas que se dirigían en su mayoría a este grupo no tiene que ver solo con el corrimiento de Estado, sino con la falta de perspectiva de genero y un desinterés hacia la importancia de mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. Actualmente son mas de treinta mil familias que se quedan sin la ayuda alimentaria.
También podés leer: Bajas en "Potenciar Trabajo": el ajuste lo pagan las familias monomarentales
El corrimiento del Estado impacta directamente en los sectores socioeconómicamente más castigados y vulnerables. "Las personas muchas veces no cuentan con teléfono celular o tienen uno por grupo familiar por lo que presentan dificultades para completar formularios o llamar a un teléfono de asistencia. Resulta inviable la opción de que se comuniquen por teléfono o canalicen sus demandas en un formulario", cuenta Coronel y coinciden con Spaventa sobre la persecución y estigmatización hacia los trabajadores del Estado.
Asimismo, remarca que sus tareas son indispensables ya que muchas veces son los primeros en llegar cuando hay una demanda: “Por supuesto que hacemos política pública porque creemos en un Estado presente y no nos conformamos con que una gestión de gobierno ensanche la desigualdad social”.
