La “Ley Ómnibus” volverá a tratarse en comisiones. Así lo solicitó el bloque de La Libertad Avanza durante la votación en particular del proyecto, que había sido aprobado en general el viernes pasado. El texto estaba siendo desguazado: debían tratarse más de 300 artículos y, tras cuatro horas de sesión, habían sido rechazados seis de los doce votados hasta el momento.
De acuerdo al reglamento que rige el funcionamiento de la Cámara de Diputados, queda sin efecto la aprobación en general que el oficialismo había logrado luego de la sesión maratónica de la semana pasada: jornadas atravesadas por la represión policial en las afueras del Congreso y por manifestaciones en contra de la ley en diferentes puntos del país. Según establece el artículo 155, “se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”.
La "Ley Ómnibus" vuelve a foja cero. Es decir, se deberán conformar las comisiones nuevamente para considerar el proyecto presentado por el poder ejecutivo y emitir un dictamen para que se vote en la Cámara de Diputados.
Una reversa que, a casi dos meses de la nueva gestión, avisa: en Argentina el Congreso es la cocina de la política y nada pasa como agua por tirante si no es con consensos previos. Ya lo había advertido el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, minutos antes del pedido de cuarto intermedio para la reunión entre Martín Menem y los jefes de bloques: “Le pedimos al oficialismo que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder, hay que ganar". Ya lo dice el refrán: el perro viejo, si ladra, da consejo.
“Todos los mecanismos institucionales de la democracia, que implican consenso, construcción de debates con los diferentes actores, armado de las comisiones necesarias para poder debatir y dictaminar sobre cada uno de los puntos que está ley abarcaba, no fueron constituidos”, sostuvo Lorena Pokoik, diputada de Unión por la Patria, en diálogo con Feminacida. Además, marcó el profundo desconocimiento de las instancias de diálogo en la construcción de las mayorías parlamentarias.
¿Error de principiantes?
En un escenario cargado de torpeza, inexperiencia e ignorancia sobre el funcionamiento del poder legislativo, llegó el rayo lilinizador. Con una publicación en Twitter fiel a su estilo, Elisa Carrió cruzó a los opositores aliados: “Lo que se está votando es un horror constitucional. Los que votan a favor, no hablen nunca más de Republica. Esto es simplemente traición a la patria y muchos van a terminar presos por regalar negocios al sector privado monopólico , ligados a la política y a la casta económica”. En un par de líneas, la jefa de la Coalición Cívica ubicaba en la palmera a la oposición dialoguista acusándolos de violar la constitución.
La cuestión es que no estaban los votos garantizados para los artículos que el oficialismo ponderaba fundamentales y, de los tratados hasta el momento, habían perdido la mitad. Una estadística poco prometedora cuando todavía faltaba someter a votación el capítulo de privatizaciones. Recalculando: todo puede malir sal.
El final es conocido. Sesión levantada, desfile de legisladores y funcionarios por los medios de comunicación, La Libertad Avanza trinando en redes contra los gobernadores y una batalla que, por ahora, queda del lado del campo popular. “Tenemos la fuerza para enterrar la Ley Ómnibus”, manifestó Celeste Fierro, legisladora porteña por el FIT-U, en una entrevista con La Retaguardia luego de que el gobierno no pudiera continuar la votación por artículos. Saluden al proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que, así como está, se va.
Había una consigna que caló en las manifestaciones de los últimos días: "Siempre colectivo, nunca ómnibus". Para Pokoik, la movilización del pueblo en la calle, el debate parlamentario y el involucramiento en la discusión de diversos actores sociales fueron factores clave para frenar el proyecto de ley que venía a llevarse puesta la vida en común. “Esta ley no declaraba la emergencia social ni alimentaria ni de ninguna de las necesidades básicas que atraviesa la Argentina. Era una ley para consolidar el poder de los grandes grupos concentrados, de entrega de la patria, basada en el libre mercado y en todas las viejas recetas que ya muchos países latinoamericanos han experimentado en los ‘90 y que han fracasado sistemáticamente”, repuso la legisladora.
Por su parte, la diputada Mónica Macha, quien en su intervención durante la sesión por la votación en general había advertido sobre el retroceso en materia de derechos para mujeres y diversidades, aseguró que la “Ley Ómnibus” era destructiva porque implicaba una “desorganización del Estado Nación”.
Entrevistada por Feminacida, Macha habló sobre la desprotección a la que está siendo sometida el pueblo argentino. “No se está generando el acompañamiento para las mujeres embarazadas y necesitan medicaciones especiales por tener gestaciones con alguna complicación, para niñeces que padecen cáncer, para personas con discapacidad”, ejemplificó la legisladora para dar cuenta de la crueldad en la que se enmarcan las discusiones del recinto.
Ayer el Ministerio de Capital Humano suspendió la atención de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), encargada de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, y que no poseen cobertura médica.
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“El gobierno optó por el camino de más amenazas, más miedo y más extorsión. Pero es un honor que a 40 años de democracia haya un límite que mayoritariamente el conjunto de los diputados y diputadas no estuvieron dispuestos a cruzar. Eso sí es para celebrar y seguir dando la pelea. Vivimos en un país donde tenemos todo para pensar un modelo de crecimiento con desarrollo e inclusión social”, concluyó Pokoik.
Cuidado, DNU suelto
Hay un mega DNU que está en vigencia y el Senado debe sesionar para aceptarlo o rechazarlo. “La presidenta de la Cámara Alta está incumpliendo con sus atribuciones y deberes como funcionaria pública”, denunció hace unos días el interbloque de senadores de Unión por la Patria y le exigió a la vicepresidenta de la Nación que deje de retrasar el tratamiento del decreto.
“Es un peligro. Tenemos una responsabilidad institucional desde el Congreso, más allá de la judicialización de muchos de sus capítulos, de poder ponerlo en debate aquí adentro porque tiene muchísimas medidas que son inconstitucionales y que generan mucho daño para nuestro pueblo”, advirtió Pokoik.
La agenda parlamentaria debería enfocarse en el tratamiento del mega DNU porque los plazos ya están vencidos. Según la Ley 26.122 sancionada en 2006, que regula la intervención del Congreso respecto a los decretos que dicta el presidente, el jefe de Gabinete tiene 10 días hábiles desde la publicación del DNU en el Boletín Oficial para su comunicación al Congreso. En el caso del decreto 70/2023, la caducidad se cumplió el 8 de enero. Ya estamos un mes tarde, que alguien le avise a Villarruel.
