El acceso a un aborto seguro constituye un derecho fundamental que debería ser garantizado para todas las mujeres, niñas y personas gestantes. Sin embargo, países como Chile y Argentina se encuentran en una coyuntura crítica debido al discurso y accionar de políticos que han manifestado públicamente su oposición al aborto abogando por su penalización, poniendo en riesgo los avances alcanzados en esta esfera por ambas naciones, generando una alerta feminista generalizada entre las mujeres frente al posible retroceso en materia de sus derechos.
Chile y Argentina: avances y obstáculos
En Argentina, el aborto libre se legalizó en 2020 después de que el Congreso aprobara la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que reguló y legalizó esta práctica. Una norma que logró dar un mínimo en la regulación de los derechos sexuales y reproductivos, un avance que muchas legislaciones de otros países de la región aún no han alcanzado.
En este contexto, Javier Milei, el presidente electo en el balotaje ha manifestado públicamente su intención de derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y eliminar el Ministerio de la Mujer, junto con otras normativas que, de ser implementadas, podrían representar un alarmante retroceso en lo que respecta a los derechos en el país.
En un escenario paralelo, Chile se encuentra inmerso en un segundo proceso para la redacción de una nueva Constitución. La propuesta fue aprobada el 30 de octubre y será sometida a plebiscito el próximo 17 de diciembre.
Una de las enmiendas propuestas en la nueva Constitución de Chile generó una fuerte reacción a nivel nacional, particularmente en el movimiento feminista. Este artículo, impulsado por el Partido Republicano, establece que "la ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte", reemplazando la oración anterior, “del que está por nacer”. Un cambio que puede no parecer significativo a simple vista, pero tiene una relevancia considerable en términos legales.
Normativa que de ser aprobada, supondría un retroceso en términos de derechos, ya que no solo limitaría la posibilidad de promulgar futuras leyes relacionadas con este tema, sino que también pondría en riesgo la vigencia de las causales que permiten el aborto, lo cual ha sido uno de los avances legislativos más significativos en beneficio de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes en los últimos tiempos en Chile.
En cualquier democracia que aspire a ser verdaderamente inclusiva, el proceso de redacción de una nueva Constitución debería ser una oportunidad para reconocer y garantizar derechos para todas las personas. Es inadmisible en una sociedad democrática que el nuevo texto constitucional obstaculice o intente revertir logros legales tan importantes como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Al igual que en el caso de Argentina, un país que vio a miles de mujeres en las calles manifestándose durante años para lograr la legalización del aborto, ahora se encuentra en una situación en la que esta conquista está siendo cuestionada y rivalizada por las autoridades.
Esto no solo amenaza la autonomía de las mujeres, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, y a la integridad física y psicológica.
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La penalización como violencia de género
A pesar de que normativas como la ley de aborto en tres causales que están vigentes actualmente, no se hallan libres de obstáculos burocráticos como suele ocurrir en varios países, donde además de presentarse interferencias por parte de los gobiernos y las legislaciones restrictivas, las mujeres deben enfrentar la escasa disponibilidad de servicios, la desinformación, la estigmatización y la objeción de conciencia por parte del personal sanitario.
Calificar el aborto como un delito resulta en una injusticia y tiene consecuencias contraproducentes. Los abortos ocurren independientemente de las restricciones impuestas, y considerarlos delitos no reduce ni erradica su práctica. En cambio, esta postura obstaculiza el acceso a la atención médica adecuada, aumenta los riesgos y estigmatiza a quienes optan por un aborto, limitando su dignidad, libertad, autonomía e igualdad.
“Es clave entender que el aborto es como el vértice de las autonomías para las mujeres, es la base para pensar y para reflexionar en otras formas de emancipación. Por eso el aborto y los derechos sexuales son el corazón de la desigualdad, poder acceder a esas decisiones revierten en parte esta disparidad”, manifestó a Feminacida Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina (CDD).
Al respecto, Pamela Valenzuela, integrante de la Coordinadora Feminista 8M de Chile, recalca el constante rol de disputa que han adoptado frente al estado y los gobiernos de turno para instalar en la agenda pública la vida de las mujeres y niñeces. “Las mujeres no vamos a tener autonomía política en tanto el estado y los gobiernos insistan en promover legislaciones que nos la quitan”, remarca la vocera.
Los derechos, entre ambigüedades y creencias
Dentro del sistema patriarcal, la maternidad conlleva una serie de suposiciones, regulaciones, y métodos de control que limitan esta experiencia de acuerdo a intereses que no siempre coinciden con los deseos de las mujeres. A pesar de que la noción tradicional de la maternidad ha perdido influencia en los últimos años, en ciertos sectores de la sociedad aún persiste sin cambios.
Esta situación se puede evidenciar en la realidad actual de Argentina y Chile, donde han sido los partidos conservadores y de derecha quienes han manifestado su interés por la derogación de las normativas a favor del aborto.
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El aborto debe ser tratado como una cuestión de salud pública, despojado de consideraciones morales que puedan obstaculizar la ampliación del debate hacia cuestiones fundamentales relacionadas con la responsabilidad del Estado hacia las personas gestantes.
En el ámbito de los derechos de las mujeres, existe la amenaza constante de que estas cuestiones estén sujetas a revisión debido a las diversas perspectivas y opiniones que existen en la sociedad en torno a este tema. Así lo asevera Mónica Menini, Coordinadora del Proyecto Cuerpo y Libertades y parte de CDD Argentina: “Tenemos claro como movimiento que siempre vamos a tener que estar defendiendo nuestros derechos, estos son los que siempre se entregan, no solamente la ultraderecha partidaria lo exige, lo piden las iglesias, los gobiernos locales que son conservadores, todos, siempre están ahí intentando arrebatárnoslo”.
El aborto como un asunto de justicia
La capacidad de autodeterminación y la libertad para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, elegir conscientemente nuestros planes de vida y, en última instancia, optar por la maternidad deseada, deberían ser principios fundamentales en nuestra sociedad, especialmente teniendo en cuenta que se trata de cuestiones de derechos humanos.
La implementación de una legislación que permita el aborto libre forma parte de la responsabilidad histórica que los países y sus gobiernos tienen con las mujeres. A pesar de esto, el acceso al aborto sigue siendo una necesidad apremiante que la sociedad demanda, pero que el estado no ha abordado de manera adecuada, a pesar de su urgencia.
Si bien esto no sorprende, es un recordatorio de que las mujeres no pueden ni podrán nunca dar por garantizados sus derechos. El aborto es un problema de salud pública y la ley ha contribuido a ello.
