El Pleno del Consejo Constitucional en Chile aprobó la normativa que busca "proteger la vida del no nacido". Esto podría abrir la puerta a la invalidación de la ley vigente que permite la interrupción del embarazo en tres causales: cuando existe riesgo para la madre, inviabilidad fetal o en casos de violación.
Foto de portada: Esteban Felix (AP)
Actualmente, en Chile se está desarrollando un segundo proceso constituyente para trabajar en la redacción de una nueva propuesta constitucional que modifique la antigua Carta Magna, vigente desde el año 1980.
El órgano redactor está compuesto en gran parte por partidos de derecha. Uno de sus actores más influyentes es el ultraderechista Partido Republicano (PR), quien ha reafirmado su intención de derogar la actual ley de aborto en Chile en múltiples ocasiones.
Bajo este pensamiento colectivo, y ejerciendo su mayoría como grupo redactor, es que instauraron un nuevo artículo en el borrador de la nueva constitución. El punto establece que “la ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte” y reemplaza la frase “del que está por nacer”. Esto alertó a diversas organizaciones y agrupaciones feministas frente a la posibilidad de retroceso y derogación de la ley del aborto en tres causales, vigente desde el año 2017 en el país.
El que y el quien
Según las regulaciones vigentes, la modificación propuesta al inciso 1 del artículo 16 entraría en conflicto con la Ley Nº 21.030, la cual regula la despenalización voluntaria de la interrupción del embarazo en tres causales. Esto se debe a que la Constitución actual protege la vida del "que" está por nacer, mientras que en la nueva norma se está abogando cambiar el "que" por el "quien".
"Tenemos un Consejo de ultraderecha que se ha aliado con la derecha tradicional para restringir la autonomía de las mujeres postulando una norma que dice que protege la vida de quien está por nacer, lo que abre la puerta a un posible debate sobre la vigencia de la ley de las tres causales, lo cual es una amenaza real", insiste Vivian Franco Palacios, integrante de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) y de la defensoría feminista del Sur.
Esta modificación no se limita a un simple cambio de pronombres, sino que refleja un reconocimiento por parte del PR y "Chile Vamos" de considerar al embrión como una entidad con derechos. Bajo esta premisa, adoptaron una posición que va en contra de los derechos que históricamente las mujeres han luchado por conseguir.
Como respuesta a esta situación, diversas organizaciones y colectivas feministas convocaron a manifestarse y actuar en contra de esta medida represiva. "Anunciamos desde ya que no obedeceremos en el caso de que esta norma se apruebe. Haremos valer nuestro derecho a la desobediencia civil al respecto", afirma Franco Palacios a Feminacida.
No bastan las tres causales
Chile actualmente permite la interrupción del embarazo en tres circunstancias específicas de acuerdo con la ley: cuando existe un riesgo para la vida de la madre, en casos de inviabilidad fetal y cuando el embarazo es resultado de una violación. Sin embargo, aún persisten obstáculos en la implementación efectiva de esta ley a nivel nacional.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud, se han documentado 3.609 casos de aplicación de la Ley de Interrupción del Embarazo en Chile desde el año 2018 hasta septiembre de este año. De estos casos, 1.077 se han realizado debido a un riesgo vital para la madre, 1.710 por inviabilidad fetal y 822 como resultado de situaciones de violación.
Sobre esta misma línea, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, detalló públicamente que el promedio de edad de quienes han accedido a la interrupción del embarazo por causal de violación es de 23 años. Del total, 139 casos corresponden a menores de 14 años.
A pesar de que estos datos son de conocimiento público, aún existen sectores que no comprenden plenamente el impacto que tiene penalizar el derecho de las mujeres, niñas y personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos.
Las cifras mencionadas corresponden a los abortos realizados en base a las tres premisas establecidas. Sin embargo, estas cifras aumentarían significativamente si se consideran los casos de mujeres que se ven obligadas a recurrir a la clandestinidad para interrumpir su embarazo, ya que no están amparadas por ninguna de las tres causales y/o se les ha negado el procedimiento bajo la objeción de conciencia.
La disputa por la soberanía del cuerpo
Es probable que esta propuesta en contra de la interrupción del embarazo no logre ser aprobada, al igual que el conjunto de la Constitución que se presentará a la nación el 17 de diciembre próximo. No obstante, esta situación generó una nueva oportunidad para poner en tela de juicio los derechos fundamentales de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos.
Exigir el derecho al aborto libre y seguro es una necesidad apremiante. El Estado debe garantizar los derechos de las mujeres y personas gestantes; un imperativo moral evitar las muertes, daños físicos y psicológicos que se sufren por abortar.
Es preocupante la creciente influencia de la agenda conservadora de la derecha en la propuesta de una nueva constitución. Se espera que este texto sirva como un instrumento para promover la cohesión social y proteger los derechos de todas las personas. En este momento, es fundamental defender los avances logrados y trabajar hacia una constitución que refleje la diversidad y respete los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque la república debe ser inclusiva y colaborativa con las mujeres, no arremeter contra ellas y su libertad.
