El abuso sexual hacia las infancias (ASI) es una problemática estructural de nuestra sociedad, a la cual la lucha feminista logró escuchar, identificar, darle nombre, visibilizar y, en consecuencia, denunciar. La historia de M.P y C.R, su mamá, lamentablemente es un calco de muchas otras, donde los patrones se repiten: un varón que ejerce violencia, una mujer que tiene el coraje de denunciar y la Justicia que desoye, descalifica y abandona en un lugar de profunda desolación a las víctimas.
A sus ocho meses de embarazo, C.R decidió denunciar a su pareja en la comisaría local por reiterados golpes de puño en la cabeza. La violencia había iniciado mucho antes, a través de gritos, amenazas y, finalmente, golpes. La respuesta del juzgado de familia en esta ocasión fue una prohibición de acercamiento.
Con el nacimiento de su hija se dio inicio a una serie de enfrentamientos legales con el progenitor, donde a expensas del incumplimiento de la cuota alimentaria y su prontuario violento, se decide beneficiarlo con visitas a la menor, con sede en el domicilio materno, exponiéndolas a una situación de extrema vulnerabilidad al ser la propia Justicia la que habilita el ingreso del denunciado al hogar.
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En diálogo con Feminacida, C.R relata: “ Yo les decía que tenía temor, pero la jueza me sugería ir al psicólogo para superar mi miedo y que mi hija se pudiera vincular con él. Él venía cuando quería, me insultaba y a mis familiares; a mi padre lo amenazó de muerte”.
Dos años después, la niña a su corta edad comienza a poner en palabras y a dar indicios sobre un posible abuso sexual, por lo cual, en noviembre de 2021, su madre realizó la primera denuncia. Ante la consulta e intervención de diferentes profesionales se suspendió el régimen de comunicación.
Meses más tarde, el juzgado de familia decidió la revinculación de M.P con su progenitor, alegando que éste no estaba imputado. “La jueza no escuchó a mi hija porque solo tenía dos años, además me trató de mentirosa, de mala madre. Que nos vayamos de la audiencia y arreglemos entre nosotros, que ella está en ese cargo solo para cobrar su sueldo”, recuerda C.R.
Se estableció que dichos encuentros se hicieran en presencia de una asistente, cuyos honorarios se pagaban a medias. ”Mi hija volvió con marcas que manifestaba que habían sido hechas por su papá y que la asistente no estaba presente. Las lesiones han sido constatadas por profesionales pertinentes”, sostiene la madre protectora. Estas lógicas amedrentadoras y aleccionadoras se ven resumidas en los dichos de un asistente social hacia esta mujer: “Me dijo que tengo que reconsiderar todo lo que estoy haciendo y que lo de los alimentos no es importante”.
Actualmente son más de quince las denuncias que fueron desestimadas por “falta de pruebas”, la Justicia anula y desacredita la voz de esta niña y descalifica e injuria a su madre, negándoles, además, la contención que el Estado debe garantizarles.
“¿Si las cuidadoras son atacadas, quiénes cuidan?”
En plena dictadura militar, quienes encarnaban el poder tildaban de locas a las madres que buscaban desesperadamente a sus hijos e hijas. Consideraban que se trataban de las consecuencias de una mala crianza, justificando con total impunidad las desapariciones forzadas, torturas y distintas formas de abuso, depositando la responsabilidad de tales atrocidades en el mal desempeño de aquellas maternidades.
Es realmente penoso que ante un nuevo escenario, a cuarenta años del restablecimiento de la democracia, algunos sectores de la sociedad, tales como el Poder Judicial y, en sintonía, los medios de comunicación hegemónicos, repliquen argumentos similares ante las madres protectoras que hoy buscan justicia.
Ellas ponen cuerpo, mente y corazón en aquellos procesos que han mutado en verdaderos periplos judiciales en defensa de niñas, niños y adolescentes victimas de abuso sexual. En este sentido, el sistema no sólo desoye y revictimiza si no que además culpa a estas mujeres por “no estar atentas”, “por obstaculizar el vínculo con el progenitor” (en muchos casos siendo también el abusador), “por no estar enfocadas en cuidar a sus hijos e hijas”, por ser “malas madres”.
Es preciso preguntarnos: ¿Protege la Justicia a las infancias y adolescencias víctimas de abuso? ¿Por qué son juzgadas las madres protectoras? ¿Cómo contribuyen los medios de comunicación a estas lógicas revictimizantes y violentas?
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Mundanas es una organización que trabaja con la problemática especifica de abuso sexual contra niñeces y adolescencias como parte de las violencias de gènero mas invisibilizadas. Ante la mirada de costado de la Justicia, la salud y el sistema educativo, estas mujeres delinearon su propia idea de cómo debía accionar el Estado y se transformaron en una asociación civil. Con un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas atienden integralmente estas causas que son muy complejas porque involucran muchas vulneraciones de derechos. Brindando respuestas y contención, en la medida de sus posibilidades, allí donde el Estado no interviene, ellas tomaron la posta.
El inicio fue desde la propia experiencia, a través del caso de Luna. Hace 11 años que ella y su madre protectora, Yama Corín, están atravesando un proceso judicial contra el progenitor de la joven por abuso sexual.
Renata Vismara es maestra, licenciada en educación e integrante de la asociación. Sobre el juicio, advierte: “Ahora es a ella a quien tienen que rendirle cuentas el Poder Judicial, pero durante todo el periodo en el que fue una niña fue permanentemente desoída”
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El foco suele ponerse sobre las mujeres, haciendo énfasis en el estereotipo de madre “que tiene que estar presente permanentemente”, con una potente carga de responsabilidad acompañada de expresiones del estilo: “¿Cómo puede ser que le haya pasado eso y no se diera cuenta?” y "¿qué estaba haciendo esa madre cuando esto sucedió?".
En este sentido, la entrevistada cuestiona: “Hay situaciones que van poniendo en riesgo a las niñeces vulneradas porque estos discursos van haciendo que las madres sean las atacadas, las locas. Se las descalifica cuando son las que cuidan. ¿Si las cuidadoras son atacadas, quiénes cuidan?”
Vismara resalta también el accionar del Poder Judicial, las alianzas y los entramados de poder entre abogados defensores de pedófilos, jueces y las contradenuncias hacia profesionales que acompañan estos casos, prácticas que vulneran aún más a estas niñeces y sus madres. “No se puede entender que los jueces que no comparten la pedofilia defiendan abusadores, deben ser removibles”, afirma.
Ante este panorama es válido reflexionar sobre cómo abordan estos temas los medios de comunicación que consumimos. En los últimos tiempos hemos visto casos de instituciones escolares donde se señala a maestras y maestros como abusadores, donde se expone, se dan detalles, fomentando el morbo amarillista, pero con un nulo seguimiento. “Los medios no colaboran, lo único que interesa es vender, se busca revictimizar, preguntar crudamente, qué paso, qué te hizo, cómo te lo hizo, exponiendo sin tener ningún tipo de tapujo y responsabilidad”, indica Vismara.
La desprotección a la que enfrentan M.P y su mamá no es aislada. “Lo único que nos queda es visibilizar para sanar y prevenir. Si la Justicia no actúa, se debe apartar socialmente a los abusadores. Además luchar para que el Estado responda con políticas públicas para proteger la salud mental de madres e hijes que han sufrido abuso”, concluye la integrante de Mundanas.
Foto de portada: Daniella Fernández
