La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) presentó un amparo colectivo para que sean revisadas las bajas arbitrarias en el programa Potenciar Trabajo. Cerca de 30.000 titulares de programas de asistencia estatal fueron dados de baja durante el primer bimestre de este año. Según anunciaron desde el Ministerio de Capital Humano, se detectaron “irregularidades” al realizarse la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de las personas beneficiarias.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la UTEP denunció que sin notificación ni derecho a defensa, se procedió a suspender a personas que tuvieron que viajar por cuestiones familiares, laborales, en el marco del trabajo en la economía popular, o incluso deportistas que fueron a representar al país en el exterior. “Esto no solo responde a un criterio ajeno a los establecidos en los lineamientos del programa Potenciar Trabajo, amparado en Ley de Emergencia Social, sino que tampoco se respeta el procedimiento de bajas", explicó la organización.
Estos recortes echan luz sobre distintas situaciones de mujeres que, por percibir alguna asignación familiar, pensión no contributiva por hijo con discapacidad o cobrar alimentos a través de embargos judiciales, también fueron dadas de baja del programa. Algunas de ellas dejaron de recibir su único ingreso.
Así también, referentas del Polo Obrero y de distintas organizaciones sociales han iniciado reclamos administrativos por cada uno de los casos que fueron eliminados de las nóminas mensuales para percibir el beneficio.
Según la auditoría oficial llevada adelante por la cartera conducida por Sandra Pettovello, se detectaron 27.208 titulares de Potenciar Trabajo —y doce de Potenciar Empleo— con supuestas incompatibilidades. Del programa pueden ser beneficiarias las personas mayores de 18 y menores de 65 años que estén en riesgo o estado de vulnerabilidad social o desempeñarse en alguna actividad de la economía popular, ser argentinx o extranjerx que resida legalmente en el país.
Los y las titulares pueden optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa. Muchas de las trabajadoras suelen desempeñar sus tareas en cooperativas de trabajo donde generalmente se encuentran a cargo de comedores y merenderos, brindando apoyo escolar o manteniendo la higiene de calles y plazas. La política pública incluye dos tipos de prestaciones: subsidios o créditos y un Salario Social Complementario equivalente a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que a febrero de 2024 fue de $78.000.
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Valeria forma parte de la cooperativa de trabajo de la agrupación Barrios de Pie que funciona en Brandsen, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es madre de tres niñes de 11, 9 y 4 años y desde este mes, y sin previo aviso, no percibió el ingreso con el que contaba principalmente para alimentos. “Cuando consulté en la Bolsa de Empleo cuál era la razón me dijeron que es porque percibo SUAF”, cuenta en diálogo con Feminacida.
El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) es uno de los esquemas de pensiones ejecutado por la ANSES. Es distinto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), dado que cuenta con montos distintos y aplica a otras personas. Es el sistema por el cual ANSES abona directamente las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia por sus cargas de familia a través de los bancos y correos, o mismo mediante acreditaciones en cuentas bancarias o cuentas sueldos.
Valeria cobra esta asignación por embargo de alimentos al progenitor de dos de sus hijos. Hasta el momento, percibir asignaciones familiares como la AUH o el SUAF no era considerado una incompatibilidad para ser parte del programa Potenciar Trabajo. De hecho, oficialmente tampoco lo es ahora, pero como el caso de Valeria —donde arbitrariamente se suspendió el pago— hay muchos similares. “Es una situación muy difícil que nos afecta en todo sentido. No hay plata que alcance”, lamenta.
A Patricia le sucede algo parecido. También forma parte de una cooperativa de trabajo que funciona en el partido Brandsen y es madre de tres hijes, uno de ellos con discapacidad. En la cuadrilla ambiental de la cooperativa le informaron que ya no figuraba en la nómina de cobro de Potenciar Trabajo de este mes. “Fue un impacto muy grande porque contaba con ese dinero y no pude comprar mercadería ni pagar las cuentas”, relata y aclara que no le dieron una explicación oficial sobre cuál había sido el motivo de la baja. Al igual que Valeria, percibe el SUAF por una de sus hijas y una Pensión No Contributiva por su hijo más pequeño con discapacidad.
Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales: personas incapacitadas en forma total y permanente, madres de siete o más hijes, personas mayores de más de 70 años (Pensión Universal al Adulto Mayor). Si bien entre los requisitos para acceder al programa Potenciar Trabajo figura el no recibir una pensión contributiva, cuando ésta era por hijo con discapacidad, no aplicaba la restricción, al menos hasta ahora.
En consonancia con la situación de vulnerabilidad que afecta en mayor medida a niñeces y mujeres, al 14 de febrero de 2024 el valor de una Canasta Básica Total (CBT) según INDEC es de $596.823,18 para dos adultos y dos niños mayores de seis años. Incluye, además de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), los bienes y servicios no alimentarios. Solo para alimentarse, una familia necesitó $285.561 en enero de 2024. Esto significa que la variación mensual de la CBA fue de 18,6 por ciento mientras que la de la CBT fue de 20,4 por ciento. Variaciones del 296,4 por ciento y 264,9 por ciento en términos interanuales.
Lo cierto es que con las bajas, el Estado Nacional se ahorra unos $2.000 millones y la noticia de dejar de percibir ese ingreso ocurre en un marco donde 57% por ciento de la población argentina está por debajo de la línea de la pobreza.
Las familias monomarentales son las más empobrecidas
Paola Urquizo es licenciada en Psicología Clínica y creadora de la cuenta Familias Monomarentales Argentina. Consultada por Feminacida, aporta: "En general, las mujeres que acceden al cobro del Salario Familiar sufren alguna damnificación extra. Por un lado, si se cobra AUH y el progenitor registra trabajo, ANSES considera el grupo familiar y no a quien está a cargo de los hijos e hijas y se da de baja AUH para percibir SUAF que se ajusta al ingreso de ese titular”. Para enero de 2024, los montos actualizados del SUAF, según ANSES, fueron: $20.660,30 por hijo para ingresos familiares hasta $264.703; y $13.934 por hijo para ingresos familiares entre $264.703,01 y $388.216.
La especialista en políticas de cuidados advierte, además, que desde noviembre hasta ahora se incrementaron sobremanera los casos en los que hubo aumentos en los salarios por paritarias e impactaron en la reducción de las asignaciones familiares. “Las tablas no se ajustan a los recursos que necesita una familia con hijes para sostener ese hogar”, continúa Urquizo y agrega: “En muchísimas situaciones, esos ingresos nunca llegan a las infancias y dejan a las mujeres sin protección social”.
La vulneración de derechos que no cesa se incrementa en mujeres con hijos. “Hay madres que se acercan a pedir algún tipo de asistencia y al verificarse que, por ejemplo, que el progenitor es responsable inscripto o tiene tal monto de ingresos o se declaró como monotributista, tampoco les corresponde ningún tipo de ayuda. Cuando se intenta explicar que no paga cuota alimentaria, que no ejerce cuidados o que se está en proceso judicial, la respuesta de ANSES es siempre la misma: ‘agregue esta situación a la demanda judicial’”, ejemplifica Urquizo. Así los procesos se alargan y se diluyen oportunamente siempre en detrimento de los derechos de las infancias y adolescencias.
Cabe recordar que las cuotas alimentarias suelen fijarse en torno del 20 por ciento del SMVM. Recientemente, a través de la Resolución 4/2024, se fijó un mínimo de $180.000 para trabajadoras y trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo y de $900 por hora para aquellas personas jornalizadas desde el 1 de febrero. A partir del 1 de marzo pasará a $202.800 para los trabajadores mensualizados y a $1.014 la hora.
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“Hay muchas familias monomarentales que ni siquiera tienen iniciados demandas de alimentos porque resulta mayor el gasto de pagar una abogada e iniciar una demanda que la cuota que en un futuro se puede llegar a obtener siempre y cuando el progenitor no genere todos los obstáculos posibles para que eso no sea posible”, concluye la psicóloga consultada quien también acompaña a mujeres en estos procesos judiciales.
Según datos proporcionados por UNICEF, en Argentina se calcula que 1.600.000 mujeres están a cargo de hogares con niños, de los cuales solamente 2 de cada 5 reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma. En otras palabras, hay un 11,7 por ciento de hogares donde los niños conviven únicamente con sus madres. De ese total, se calcula que un 92 por ciento está bajo la línea de pobreza e indigencia.
Foto de portada: Victoria Eger
