En el aniversario de la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, en un escenario de avance de derechas y retroceso de derechos, referentas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) reflexionan sobre lo que significó esta Ley para los feminismos, los desafíos que se presentan en la era Milei y la importancia de las redes activistas que tejen, tejen, cuidan y sostienen.
A las 4.12 de la madrugada del 30 de diciembre de 2020 miles de mujeres, amigas y desconocidas, jóvenes y adultas, viejas y niñas se encontraban juntas en las puertas del Congreso, en las plazas de ciudades y pueblos, tomadas de las manos, abrazadas, con el pañuelo verde bien atado y el glitter destellando el color de la esperanza, cuando la pantalla marcó los resultados: 38 afirmativos, 29 negativos, 4 ausentes, 1 abstención. El grito de festejo que provenía de las calles inundó el Congreso de la Nación. “Resulta aprobado”, dijo la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
Tras largos años de lucha feminista y de un intento frustrado en 2018 que no logró torcer el rumbo de la Marea Verde, era sancionada la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El derecho al aborto se convertía en ley.
Diana Hernández vivió “esos días maravillosos” en la ciudad de Córdoba, en la plaza Vélez Sarsfield, donde se había organizado la vigilia. “Fue una espera larga, con ciertas incertidumbres, tratando de esperar los datos que nos pasaban las compañeras que estaban presencialmente en el Congreso y también en las en las provincias. Nos llegaban imágenes de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero”, recuerda.
-¿Qué significó la sanción de esta Ley para los movimientos feministas?
Raquel Revuelta, integrante del equipo de gestión de CDD Argentina: La sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) marcó un hito histórico en la lucha feminista, consolidando décadas de activismo y visibilización de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Representa el reconocimiento del poder transformador de los movimientos feministas, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, donde la "marea verde" se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza.
Demostró la capacidad de convocatoria de miles de mujeres de todas las edades y pertenencias (territoriales, socioculturales) que aun sin antes identificarse como feministas o activistas, se sintieron parte, se sintieron convocadas. Mientras muchas personas decían "no es un tema prioritario, antes hay que saldar otras deudas", para un número impresionante de mujeres y diversidades representó la oportunidad de enfocar en la libertad de decidir sobre el propio cuerpo la posibilidad de reivindicar los derechos de las mujeres y visibilizar una diversidad de opresiones.
También reafirmó la capacidad del feminismo para incidir en políticas públicas, desafiando estructuras patriarcales y religiosas que históricamente han limitado la autonomía de las mujeres y personas gestantes.
Diana Hernández, Equipo de comunicación de CDD Argentina: La conquista de la ley forma parte de un largo recorrido del movimiento feminista y de la diversidad. Habilitó un camino para pensarnos desde la autonomía y la soberanía sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida. Instaló el debate en cada casa y ámbito de nuestra vida, poniendo el foco en una temática silenciada durante mucho tiempo en nuestra sociedad.
El aborto como deuda de la democracia y su reconocimiento, no solo como un derecho sino también como una cuestión de salud pública, ha sido uno de los mayores logros producto de años de reflexión, activismo, incidencia y movilización del movimiento feminista. Creo que la sanción de la ley demostró que el aborto estaba despenalizado socialmente y que su legalización era parte de un consenso en nuestra sociedad. Es muy emocionante mirar hacia atrás y ver el largo recorrido que hemos hecho hasta acá, no sólo antes de la ley sino también luego de su aprobación.
-¿Y qué significó para las mujeres, niñas y adolescentes en términos de acceso?
Raquel Revuelta: Es una herramienta crucial para combatir embarazos forzados en niñas y adolescentes, especialmente en contextos de violencia sexual y a su vez fortalece el acceso a servicios de salud seguros y gratuitos, reduciendo significativamente los riesgos asociados al aborto clandestino.
El derecho al aborto en riesgo en la era Milei
Ahora esas herramientas que la referenta de Católicas por el Derecho a Decir valora como “cruciales” especialmente para evitar embarazos forzados en niñas y adolescentes, dejaron de ser una prioridad para la gestión libertaria.
Entre sus políticas de ajuste y vaciamiento del sistema de salud pública, el gobierno de Javier Milei desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), una política pública implementada desde la gestión de Mauricio Macri a raíz de la alarmante tasa de embarazos no deseados en niñas y adolescentes, que continuó en el gobierno de Alberto Fernández y se convirtió en un faro para toda América Latina porque logró reducir esa tasa en un 50%.
Pero ese no es el único retroceso a los derechos sexuales que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Hace unas semanas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que en 2025 el bloque oficialista de La Libertad Avanza intentará presentar un proyecto para derogar o modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), algo que ya habían intentado sin éxito a principios de año con un proyecto de la diputada libertaria Rocío Bonacci.
Si bien los intentos de voltear la ley han fracasado hasta ahora, el Gobierno nacional esgrime otra estrategia, más sutil, más imperceptible: el vaciamiento.
Desde el inicio de la gestión, el Gobierno paralizó la compra de insumos esenciales para el acceso al aborto, poniendo en riesgo “la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes ante las barreras en el acceso a prácticas sensibles al paso del tiempo, como la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE)”, según expresaron desde la Amnistía Internacional a raíz de un pedido de informe solicitado el Ministerio de Salud de la Nación.
“Conforme información suministrada, en lo que va del año no se entregaron insumos a las provincias para garantizar el acceso al a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esto se debe a la falta de stock y a que los procesos de licitación para la compra de Misoprostol y Mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, sufren demoras desmedidas”, detallaron desde la organización. “Esta información representa un retroceso en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva, en tanto en el año 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona”, alertaron.
Como reflejo de ello informaron que crecieron en un 80% en comparación con el año pasado los reclamos que reciben por diversas barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
-¿Qué desafíos se presentan para la implantación de la IVE en el gobierno de Milei? ¿Este avance de las derechas afecta al acceso aborto?
Raquel Revuelta: Por un lado, los recortes en programas de salud sexual y reproductiva que han afectado la disponibilidad de insumos esenciales como misoprostol. Al depender exclusivamente de cada provincia el acceso al aborto es desigual, dependiendo de las provincias y su compromiso con la implementación de la Ley.
Por el otro, las narrativas regresivas. La promoción de discursos anti-derechos refuerza el estigma social hacia quienes acceden al aborto o lo brindan y genera un retroceso sobre ideas y prácticas machistas, patrialcales, racistas, capacitistas.
A pesar de esto, la Ley tiene un fuerte respaldo social y jurídico, lo que dificulta su derogación, pero no elimina los riesgos de retrocesos en la práctica.
Diana Hernández: El avance de la derecha y el contexto que estamos viviendo afecta el acceso a una multiplicidad de derechos que hasta hace poco parecían incuestionables. Esto es parte de la crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos; y en este sentido, no solo el acceso al aborto se encuentra en riesgo, sino también los modos de vida y un habitar en el mundo desde la convicción, la esperanza y el reconocimiento de que los derechos son colectivos o no son.
El gobierno de Javier Milei pone en crisis lo común para instalar una idea mesiánica donde lo financiero cobra relevancia y la injusticia social, basada en la crueldad y el sálvese quien pueda, es el precio que paga nuestro pueblo desde que asumió. Pienso que como organizaciones tenemos la ineludible tarea de defender lo común, de reencontrarnos y articular alternativas desde una imaginación política que vuelva a poner en el centro la vida por sobre los negocios especulativos y el individualismo.
La situación es gravísima y nos pone en alerta. La retirada del Estado nacional como garante de derechos, implica el traspaso de responsabilidades hacia los estados provinciales, ampliando las brechas entre los que más y menos tienen, profundizando las desigualdades de una manera atroz. Sin embargo, seguimos tramando y fortaleciendo redes y articulaciones, porque sabemos que es y siempre ha sido allí donde se configura y crece la resistencia donde se protegen y defienden los derechos.
Las redes que tejen, tejen y sostienen
Desde las organizaciones feministas saben que la ley no fue ni será el techo, sino más bien el piso desde el cual desplegar y ampliar posibilidades. Saben también, que las leyes hay que empujarlas y que solas no se implementan.
-¿Qué papel juegan las organizaciones feministas en el sostenimiento y el cuidado de este derecho?
Diana Hernández: El rol de las organizaciones feministas y de las redes es fundamental para garantizar el sostenimiento y el cuidado de este derecho. Ningún derecho se ejerce en abstracto. No son letras puestas en un papel sino que abren al ejercicio de la ciudadanía, al reconocimiento de la dignidad de las personas en el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el alimento.
Son posibles gracias a personas de carne y hueso comprometidas en hacerlos realidad. La ley 27610 se logró gracias a un gran debate colectivo y al consenso de amplios sectores de nuestra sociedad, y por eso es una ley que supo interpelar mucho más allá de quienes levantaron esa bandera en los recintos. Hoy también son esas redes las que garantizan y fortalecen el acceso al aborto seguro en cada rincón del país.
A 4 años de la sanción, son 1982 los centros de salud y hospitales públicos que han incorporado y sumado profesionales para atender esta demanda. En este sentido, el rol de profesionales de la salud, obstétricas, agentes sanitarios y promotoras, de la mano de organizaciones, gobiernos locales, universidades y activistas ha sido y es central para garantizar derechos en los distintos territorios del país.
Desde CDD venimos trabajando intensamente en esto, porque entendemos que sin fortalecer esas alianzas, sin contar con insumos, capacitación, información, es imposible defender lo ganado y dar batalla a un modelo de gestión a nivel nacional que insiste en negar derechos y despreciar profundamente la vida.
Entre otras acciones, Católicas por el Derecho a Decidir realizó campañas de comunicación, elaboraron materiales y realizaron capacitaciones “para contrarrestar narrativas anti-derechos, utilizando una perspectiva teológica feminista que desarma los argumentos religiosos conservadores”, dice Raquel Revuelta. “Trabajamos con juventudes y sectores vulnerables; llevamos adelante acciones judiciales y articulamos con redes de profesionales de la salud para garantizar el acceso seguro y respetuoso al aborto; realizamos incidencia política y social y acompañamos y construimos alianzas junto a mujeres indígenas y rurales para fortalecer el ejercicio de sus derechos reproductivos”, puntualiza.
Así, desde los feminismos siguen tejiendo y sosteniendo para cuidar, sin dar un paso atrás, los derechos conseguidos.
