Católicas por el Derecho a Decidir junto a lideresas indígenas lanzaron un monitoreo que indaga sobre la atención integral de la salud sexual y reproductiva en población indígena y campesina en 12 provincias de Argentina. ¿Cómo piensan la salud sexual las mujeres indígenas? ¿Cómo acceden al aborto o a la Educación Sexual Integral? ¿Qué obstáculos se encuentran en los territorios? ¿Acaso el extractivismo puede afectar la salud sexual? ¿Quién se hace estas preguntas?
“El tema es amplísimo y podríamos conversar durante horas”, dice Mónica Menini, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y coordinadora general del Monitoreo sociocultural y lingüístico de acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos en pueblos indígenas y poblaciones campesinas.
Uno de los ejes de las encuestas fue el acceso al aborto. “Muchas veces las mujeres indígenas fueron criminalizadas por abortar con remedios caseros y obviamente que toda cosa hecha clandestinamente está mal. Pero bien hecho, con todos los cuidados, no”, señala Vanesa Barrientos, descendiente de sobrevivientes de la Masacre de Napalpí, de identidad qom y guaraní. Es también enfermera, investigadora y capacitadora en ESI con identidad indígena. Habla desde el territorio comunitario en la provincia de Chaco donde vive. Para ella, la ley de aborto “puso el debate de la vida, en función de qué vida queríamos”.
El trabajo de articulación intercultural inició, justamente en 2019, con el impulso de la Marea Verde que llevó la discusión por el aborto como un tema de salud pública a las casas, los medios, las escuelas y las calles. Y se consolidó en 2021, una vez lograda la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, con el desafío de dar a conocer sus alcances a los diferentes territorios. “La mayoría de las personas saben que el aborto se legalizó porque fue tan grande el debate que llegó a todos lados. Pero ahora, qué dice la ley, cuáles son los plazos, las causales, cómo se hace un aborto con medicamentos, toda esa información falta muchísimo”, cuenta la coordinadora de la iniciativa.
Sobre el acceso al aborto, el 78,8% de las mujeres respondió que no conoce los pasos para solicitar una interrupción voluntaria del embarazo en un hospital, CAPS u obra social.
De las 480 personas encuestadas, 40 reportaron haber enfrentado dificultades al solicitar la IVE/ILE, lo que representa un 8,3% del total. Las dificultades más mencionadas, recupera el informe, fueron “me sentí juzgada por el sistema de salud”, “me demoraron los turnos para hacerme exámenes” y “me dijeron palabras muy hirientes”. Entre las que respondieron que “me obligaron a escuchar los latidos del feto en la ecografía”, algunas añadieron que luego “me derivaron a una psicóloga para que me convenciera de no hacerlo”. Los datos revelan que en el 84,1% de los casos analizados no se respetó el plazo de 10 días establecido por la Ley 27.610.
Una investigación que empodera
En este proyecto de Monitoreo, las mujeres indígenas dejaron el lugar de informantes para ser las propias investigadoras. Ellas armaron el instrumento de entrevistas, las que hicieron la muestra, las que llevaron adelante las encuestas y las que hicieron el análisis de esos datos recopilados.
El monitoreo constó de más de 400 entrevistas realizadas en 12 provincias. Mujeres campesinas e integrantes de diversas comunidades, como las guaraníes, wichí, torotas, chulupíes, tobas, qom, mocoe, diaguitas, quechuas y mapuches respondieron, incluso en su propia lengua, preguntas sobre el acceso a la salud sexual. En total, 20 de los 34 de los pueblos originarios reconocidos por el Estado argentino respondieron las encuestas.
Verónica Azpiroz, politóloga mapuche de la provincia de Río Negro, fue la encargada de confeccionar el cuestionario. En diálogo con Feminacida, explica que las preguntas de la encuesta apuntan a visibilizar “ese vínculo que las mujeres tenemos con el territorio”, como las tareas de protección y de cuidado de las aguas y la naturaleza que llevan adelante las mujeres, el uso de las semillas o las plantas para la anticoncepción. Los modos de preparación y de transmisión de ese conocimiento.
La cultura mapuche hace foco en la dimensión del disfrute y el placer. “Quienes estudiamos algunas de las características propias de nuestra comunidad, describimos la cultura mapuche como pansexual”, explica Azpiroz y detalla: “No está puesto el foco en la identidad sexogenérica, sino en el disfrute de ese vínculo que se construye con un otro que puede ser de manera singular o polígamo. Porque en nuestra cultura la monogamia no era un valor en sí mismo, las relaciones socioafectivas tenían que ver con el control territorial”.
Algo que comparten casi todas las culturas indígenas es una concepción holística de la salud, donde hay un cuerpo mental, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual en el que viven las ancestras. “Son dimensiones que los monitoreos de salud sexual y reproductiva omiten porque suponen el cuerpo de una mujer como un organismo solamente biológico al cual hay que medir accesibilidad. Se deja de lado la importancia que tiene la salud mental y la salud espiritual”, amplía Azpiroz.
En este sentido, afirma que cuando una mujer no tiene la seguridad de vivir en un territorio “difícilmente pueda disfrutar de su sexualidad porque está en plena tensión, en peligro de desalojo, de fumigación, de que se lleven el agua para las mineras”. “Así como en el territorio estamos viviendo un proceso de deterioro, también el espacio y el tiempo dedicado al disfrute se reduce porque la tensión está puesta en la sobrevivencia”.
Memorias del destrato
En el monitoreo fueron identificados diferentes obstáculos para el acceso a los derechos sexuales de mujeres, jóvenes y niñas originarias. Están las barreras estructurales de la ruralidad que limitan el acceso al sistema de salud en general, como las distancias para llegar a los centros de salud, la falta de caminos y transporte.
Otra barrera es la lingüística. Si bien, un 64,9% de las personas entrevistadas dijo haber recibido información sobre derechos sexuales a través del sistema de salud público o de programas nacionales o provinciales, sólo un 19,9% de ese total afirmó haberla recibido en su lengua.
Muchas de las mujeres indígenas hablan mejor sus propias lenguas que el español y hay pocos equipos médicos que cuenten con intérpretes que faciliten esa comunicación. “Cuando estamos en una situación de parto o de aborto esto se transforma en violencia”, indica Menini. “¿Y qué pasa cuando el equipo de salud no conoce a nuestras culturas y, por ignorancia o desconocimiento, genera un destrato en la atención?”, se pregunta. A esas memorias, de las madres y abuelas, Vanesa las llama “memorias del destrato” y son también parte de las barreras que obstaculizan el acceso a los derechos sexuales de mujeres, jóvenes y niñas originarias.
Por ejemplo, cuando el personal de salud no deja entrar al Geh kuxan, acompañante de la persona que consulta, al consultorio. “Ahí la medicina mapuche entra en tensión con el modelo médico hegemónico”, asegura Azpiroz. O cuando, desde las instituciones, se desconocen las acciones tanto espiritual, como física y de vinculación con la naturaleza que llevan adelante las mujeres Qom durante la menstruación. “En general los equipos de salud no conocen las culturas indígenas y tienen pocas herramientas para brindar una atención con pertinencia cultural”, señala la referente mapuche.
También hay restricción en el acceso cuando se relega una atención en el servicio de salud ginecológico debido a las tareas de cuidado, que ocupan mucho tiempo en la cotidianidad de las mujeres indígenas. El testimonio incluido en el Monitoreo, de una monitora campesina de Ojo de Agua, en Santiago del Estero, señaló: “Mis compañeras que tienen 40, 50 años, nunca se habían hecho un PAP. Aunque tuvieron hijos, nunca se hicieron ningún control ginecológico, salvo durante el embarazo. Ni hablar de una mamografía, eso parece algo mucho más avanzado”.
Ante la pregunta “¿recuerda que el personal de salud haya realizado prácticas sin su consentimiento durante la atención médica?” Los resultados revelaron un dato alarmante: el 21,3% de las mujeres reportó haber sido sometida a intervenciones médicas no consentidas.
A ello se suma la presencia del machismo dentro de las propias comunidades. “Los caciques varones que dejan de darte beneficios que ellos logran y vos quedas excluida si te volvés la señora que denuncia”, relata Mónica Menini, con la salvedad de la complejidad que implica denunciar a un hombre indígena ante una justicia discriminatoria.
Por su parte, Vanesa, la lideresa qom/guaraní, reconoce que hablar de violencia en la comunidad “llevó muchos años”. Para ella, estas entrevistas posibilitaron espacios de conversación con su mamá y sus hijos acerca de las violencias que se habían mantenido invisibilizadas.
Así, este trabajo de articulación entre Católicas por el Derecho a Decidir y lideresas indígenas concluye con propuestas dirigidas a efectores de salud, al movimiento feminista y hacia adentro de las comunidades originarias para abrir nuevas miradas que permitan pensar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos desde la interculturalidad.
―Este artículo fue producido producido en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir―
